Municipalidad Provincial de Maynas — Res. 128-2023

Mediante Orden de Inspección N° 517-2020-SUNAFIL/IRE-LOR, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 008-2021-SUNAFIL/IRE-LOR (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el accidente de trabajo mortal ocurrido el 09 de julio de 2018, al trabajador Erwinson Vilca Viena (Obrero - Podador de árboles), habiéndose detectado el incumplimiento respecto a la implementación y cumplimiento

Que, mediante Imputación de Cargos N° 014-2021-SUNAFIL/SIAI, de fecha 16 de febrero de 2021, notificada el 18 de febrero de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 016-2021-SUNAFIL/SIAI, de fecha 17 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Loreto, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 025-2021-SUNAFIL/IRE- LOR/SIRE, de fecha 07 de abril de 2021, notificada el 09 de abril de 20213, multó a la impugnante por la suma de S/ 302,655.50, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 30 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 025-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 011-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 06 de mayo de 20214, la Intendencia Regional de Loreto declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 30 de septiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 011-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, señalando los siguientes alegatos:

Mediante Resolución N° 064-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 25 de enero de 20225, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral declaró fundado en parte el referido recurso de revisión y, en consecuencia, estableció la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 011-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, ordenando que se retrotraiga el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se emitió dicha Resolución de Intendencia, por considerar los siguientes puntos:

Mediante Resolución de Intendencia N° 009-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 16 de marzo de 20226, la Intendencia Regional de Loreto declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 08 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 009-2022- SUNAFIL/IRE-LOR.

La Intendencia Regional de Loreto admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 242-2022- SUNAFIL/IRE-LOR, recibido el 19 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299817, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299818, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo9 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR10, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR11 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”12.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional13.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 009- 2022-SUNAFIL/IRE-LOR, que confirmó la sanción impuesta de S/ 302,655.50, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 21 de marzo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que es “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”14. Además, se señala que “si bien, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”15.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo, según el Glosario de Términos del RLSST, presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como:

Por su parte, el RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. Así, su Glosario de Términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo mortal padecido por el señor Erwinson Vilca Viena (podador de árboles), con fecha 09 de julio de 2018.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST), tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales17, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo18.

Ahora bien, bien, el artículo 21 de la norma mencionada en el párrafo anterior prescribe que, “las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:

Por su parte, el artículo 49 del citado cuerpo normativo establece que “el empleador tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)” (énfasis añadido).

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, los fundamentos jurídicos sétimo y octavo de la Casación Laboral 1225-2015-Lima, han establecido:

Cabe señalar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el principio de responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”19, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si la causa determinante de accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si es consecuencia del incumplimiento por parte del empleador de las normas de SST.

Al respecto, es oportuno mencionar lo establecido como precedente vinculante por la Resolución de Sala Plena 005-2022-SUNAFIL-TFL sobre el nexo causal en un accidente de trabajo:

Al respecto, de los actuados se advierte que se imputa a la impugnante, la infracción por no acreditar documentalmente la implementación y cumplimiento de medidas preventivas (IPER, Registro de accidente, cargos de entrega de EPPs), sobre los riesgos de la actividad laboral realizada por el señor Erwinson Vilca Viena, produciéndose el accidente y posterior muerte del trabajador, debido a un traumatismo encéfalo craneano.

Respecto a la matriz IPER, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales (énfasis añadido).

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (énfasis añadido).

En ese entendido, del Acta de Infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que el accidente de trabajo ocurrió en circunstancias que: “el trabajador venía realizando la actividad de poda de árboles sobre una escalera de aproximadamente 3 metros de altura, al encontrarse posicionado sobre la misma, dando cortes con machete a una rama de un árbol de altura y por acción del movimiento de la rama donde se encontraba posicionada la escalera del trabajador, éste terminó cayendo al pavimento haciendo contacto con la cabeza. Tras este lamentable hecho, fue trasladado al Hospital Apoyo Iquitos donde falleció”.

Como se ha señalado de las normas antes invocadas, constituye obligación de todo empleador adoptar las acciones pertinentes orientadas a cumplir con su deber de prevención. En ese entendido, se verifica que de las acciones ejecutadas el día del accidente de trabajo, la impugnante incumplió con dicho deber de prevención, pues como ha sido constatado por el inspector comisionado, no cumplió con identificar los peligros y evaluar los riesgos del puesto de trabajo de “poda de árboles”, labor que desempeñaba el trabajador afectado.

Asimismo, se tiene que, en la visita inspectiva del día 10 de julio de 2018 efectuada al centro de trabajo, el inspector comisionado consulta a las siguientes personas de la Municipalidad Provincial de Maynas: los señores Percy Paolo Díaz Gil (Supervisor), Karen Yanet Pimentel Cahuaza (Titular de la sección de parques y áreas verdes), Luis Enrique Mori (Fiscalizador de poda y tala de árboles) e, Isabel Vásquez Bartra (Abogada de la Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental), si los trabajadores cuentan con algún documento que evalúe los riesgos laborales como la IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgos), antes y durante de la actividad laboral; las cuales refieren no contar con la IPER y/o algún documento que evalúe e identifique riesgos laborales y que el día de suscitado el accidente no se había evaluado riesgos laborales. En ese contexto, ante la inexistencia de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos el día del accidente de trabajo mortal, el trabajador se encontraba en indefensión acerca del ejercicio de sus funciones en dicho entorno. Lo que permite colegir que, las circunstancias en las que ocurrió el accidente mortal no pudieron ser controladas ante la ausencia de la información necesaria, por medio de la IPER. Por lo que, se evidencia el nexo causal del incumplimiento atribuido, con el accidente de trabajo ocurrido, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto al Registro de accidente de trabajo e incidentes, sobre el particular, la LSST dispone en el artículo 42, que “la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente”. Asimismo, el artículo 87, establece que “las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, y se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez años posteriores al suceso” (énfasis añadido).

De igual manera, el artículo 92 de la LSST establece que: “el empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas” (énfasis añadido).

Por su parte, el artículo 33 del RLSST, dispone que: “los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y medidas correctivas (…). Los registros a que se refiere

En ese entendido, del Acta de Infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que la impugnante no contaba con el registro de accidente de trabajo e incidentes del accidente de trabajo suscitado al trabajador Erwinson Vilca Viena el 09 de julio de 2018. Al respecto, conforme a la exigencia precisada precedentemente, la impugnante debía contar con un registro de accidentes de trabajo e incidentes, debiendo ser exhibido dentro del procedimiento de inspección en razón a los requerimientos de información ordenados por el personal inspectivo, en mérito a la investigación del accidente de trabajo. No obstante, cabe precisar que la falta de registro de accidente de trabajo e incidentes no constituye una causal del accidente de trabajo mortal; es un hecho consecuente al accidente, que sirve para identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas, básicas y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. Por tanto, no se evidencia el nexo causal del incumplimiento atribuido, con el accidente de trabajo ocurrido, correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a la entrega de equipos de protección personal, sobre el particular, la LSST establece en el artículo 21, que “las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: (…) e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta” (énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 60 dispone que: “el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos” (énfasis añadido).

Por otro lado, el Glosario de Términos del RLSST, define a los Equipos de Protección Personal (EPP) como: dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (énfasis añadido).

En el caso en particular, conforme ha sido corroborado por el personal inspectivo, la impugnante no acreditó el cumplimiento, al no exhibir el cargo de entrega de los equipos de protección personal al trabajador afectado. Asimismo, se tiene que, en la visita inspectiva de fecha 10 de julio de 2018 efectuada al centro de trabajo, el señor Percy Paolo Díaz Gil (Supervisor) manifiesta, respecto a los equipos de protección personal, que “el trabajador contaba con: Botas de jebe, pantalón jean, polo manga larga, casco; no haciendo uso del arnés o algún equipo de protección contra caída, debido a que el trabajador refería incomodidad al usarlo durante la actividad de trabajo”.

Respecto a lo alegado por la impugnante, en referencia a que el cálculo de la multa a imponerse no se condice con las normas aplicadas en la Resolución de Sub Intendencia, toda vez que, en esta última establece que se aplica el numeral 28.11 y no el numeral 28.10; es preciso señalar que, la infracción cometida por la impugnante conlleva al agravante tipificada en el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT, la cual establece lo siguiente:

Por tanto, se advierte que la determinación de la sanción impuesta a la impugnante ha sido desarrollada y establecida conforme a los criterios exigidos en el artículo 47 del RLGIT, así como en mérito a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, además de que la impugnante ha gozado de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento administrativo sancionador, de manera que se le ha permitido ejercer su derecho de defensa dándole oportunidad de ejercer sus argumentos. En tal sentido, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Contrario a lo alegado por la impugnante, respecto a la constatación de los hechos, se advierte del “Anexo a la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”21, de fecha 10 de julio de 2018, lo siguiente: “1) Se procedió a visitar el Área de Recursos

Asimismo, se evidencia del Anexo citado, la manifestación del señor Percy Paolo Díaz Gil (Supervisor) el cual relata que, “el trabajador accidentado laboraba como podador de árboles grandes y que el día del accidente tenía como zona de labor el Malecón Tarapaca, iniciando sus labores a las 6:45 horas, mientras se encontraba posicionado sobre una escalera de 3 metros aproximadamente, (el trabajador accidentado según la manifestación del supervisor de la actividad, laboraba con apoyo del señor Francisco Sinuir Chujutalli, quien sujetaba la escalera y garantizaba el posicionamiento del mismo), y es al, subir la escalera y cortar una rama del árbol, que cae por acción del movimiento de la rama y termina en el pavimento después de haber tenido contacto con la cabeza”.

Por otro lado, cabe señalar que en mérito al artículo 24 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-TR, “las Municipalidades proveen a los trabajadores los EPPs necesarios, en función a los riesgos existentes en las actividades desarrolladas por los obreros municipales, conforme a la tabla del Anexo 1. Asimismo, los EPPs deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilice, y deben estar certificados con alguno de los estándares internacionales que aprueba el Instituto Nacional de la Calidad. El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo asegura la entrega de los EPPs al inicio de las actividades y su recambio cada vez que exista desgaste”.

Asimismo, el artículo 35 del citado cuerpo normativo dispone que: “todo trabajo en altura desarrollado por obreros municipales, como la poda de árboles, limpieza de locales y otras instalaciones, riego de jardines desde la parte superior de la cisterna, entre otros; debe contar con un sistema de protección contra caídas adecuado, conforme a lo indicado en el Anexo 1. (…)” (énfasis añadido).

Por tanto, queda desvirtuado lo alegado por la impugnante, respecto a la constatación de los hechos, en razón que se evidencia de los considerandos desarrollados que se ha cumplido con constatar y fundamentar los hechos que motivaron el Acta de Infracción emitida y que sustentan la comisión de la infracción tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, logrando determinar la responsabilidad de la impugnante en el accidente mortal ocurrido al señor Erwinson Vilca Viena, el 09 de julio de 2018.

Respecto al número de afectados en el presente procedimiento administrativo sancionador; sobre el particular, la impugnante alega que el acta es nula. Al respecto, corresponde reiterar la aplicación de la infracción contenida en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, y a su vez el artículo 48.1-C del RLGIT que establece:

Al respecto, el TUO de la LPAG contempla en el inciso 6 del artículo 248 lo siguiente:

Además, el artículo 48-A del RLGIT, referido al concurso de infracciones, establece que cuando una misma acción u omisión del empleador constituya más de una infracción prevista por dicho reglamento, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad.

En esa línea, mediante Resolución de Superintendencia N° 233-2017-SUNAFIL, de fecha 13 de noviembre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema Inspectivo”, entre los cuales se encuentra el criterio sobre concurso de infracciones:

Sobre el principio de concurso de infracciones, Morón Urbina señala que: “a diferencia del principio de non bis in ídem que aborda el tema de la concurrencia del régimen sancionador para un mismo hecho, esta norma regula el supuesto que dentro de un mismo régimen y procedimiento sancionador la conducta ilícita pueda calificar en más de un supuesto la relación de hechos típicos”23.

En base a lo expuesto, no corresponde que se aplique el principio de concurso de infracciones al caso materia de análisis, toda vez que la sanción administrativa reprocha comportamientos en función a intereses públicos y derechos fundamentales que son distinguibles en este caso; por lo tanto, hay un distinto fundamento en cada uno de los tipos que el administrado está exigiendo se aplique dicho principio de concurso de infracciones, y que fueron sancionados por separado por el inferior en grado, siendo

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 025-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 009-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias. Además, contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Por otro lado, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la impugnante. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Entonces, de las actuaciones realizadas, se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de diciembre de 202024 con la finalidad de que la impugnante cumpla con: “1. Exhibir el Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes, con la investigación (de las causas inmediatas, básicas, declaración de testigos, fotografías, croquis, etc.), y la adopción de medidas correctivas, debidamente acreditadas, conforme a ley, respecto al accidente de trabajo del señor Erwinson Vilca Viena, con DNI N° 48105957”.

Siendo ello así, de la evaluación del expediente investigatorio, se advierte que las actuaciones inspectivas estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, en razón del accidente de trabajo sucedido el 09 de julio de 2018, al trabajador Erwinson Vilca Viena (Obrero - Podador de árboles). Al respecto, obra en el expediente inspectivo los requerimientos de información de fecha 1825 y 2626 de noviembre de 2020, a través de los cuales, el inspector de trabajo solicita al ahora impugnante que remita, entre otros, el “Registro de accidentes de trabajo e incidentes, con la investigación (de las causas inmediatas, básicas, declaración de testigos, fotografías, croquis, etc.), y la adopción de medidas correctivas, debidamente acreditadas, conforme a ley, de los accidentes de trabajo de los trabajadores que se indican en el cuadro N° 01”. Sobre el particular, se advierte del Informe N° 074-2020- ABSYC-SGRH-GA-MPM27, de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrito por la Lic. Enf. Jessy Souza del Área de Bienestar Social y Capacitación, la manifestación de la impugnante referida a que “no se logró ubicar la información solicitada del accidente de trabajo del señor Erwinson Vilca Viena (fallecido)”.

De igual manera, se verifica que se ha dejado constancia a través del Oficio N° 3867- 2020-GSSA-MPM28, de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrito por el señor Raúl Chuquipiondo, Gerente de Saneamiento y Salud Ambiental de la impugnante que, “en diciembre de 2018, se efectuó la transferencia de gestión para el periodo 2019-2022, la cual no se realizó adecuadamente, por el incumplimiento de las disposiciones de Ley, así como los actos u omisiones de las ex autoridades de la Municipalidad Provincial de Maynas, por presuntos actos orientados a ocultar información (…)”.

Asimismo, se tiene que, en la visita inspectiva de fecha 10 de julio de 2018 efectuada al centro de trabajo, la encargada de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Maynas, Karen Yanet Pimentel Cahuaza, manifestó que no cuentan con el Registro de accidentes e incidentes. En ese contexto, en el numeral 4.10 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia que, respecto a la materia de Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidente de trabajo e incidentes), la impugnante no acreditó contar con el registro de accidente

Luego del análisis de los documentos antes detallados, el inspector que suscribe ha verificado que la impugnante no ha cumplido con la normatividad vigente, en cuanto a la adopción de la medida solicitada en la Medida Inspectiva de Requerimiento notificada el 02 de diciembre de 2020, esto es que el empleador no “acreditó la documentación requerida en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, dicho acto constituye infracción a la labor inspectiva”. No obstante, se advierte del correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 202029, en respuesta a la medida inspectiva de requerimiento, que la impugnante manifiesta: “referente al señor Erwinson Vilca Viena, no hay registro de accidentes de trabajo e incidentes laborales en el periodo 09/07/2018. Cabe informar que la Municipalidad Provincial de Maynas está en la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su conocimiento y demás fines”. En base a la propuesta del Acta de Infracción, el inferior en grado confirmó la sanción determinada por la autoridad de primera instancia.

En tal sentido, se evidencia que la autoridad sancionadora no ha realizado una correcta valoración de los documentos aportados en la etapa inspectiva, en la medida que la impugnante, por medio la encargada de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Maynas, manifestó que no cuentan con el Registro de accidentes e incidentes. Advirtiéndose además del Informe N° 074-2020-ABSYC-SGRH- GA-MPM, suscrito por el Área de Bienestar Social y Capacitación, que no lograron ubicar la información solicitada del accidente de trabajo del señor Erwinson Vilca Viena y, del Oficio N° 3867-2020-GSSA-MPM, suscrito por el Gerente de Saneamiento y Salud Ambiental de la impugnante que, por la transferencia de gestión no se realizó adecuadamente, por presuntos actos orientados a ocultar información. Precisando que no hay registro de accidentes de trabajo e incidentes laborales en la fecha del accidente de trabajo ocurrido al señor Erwinson Vilca Viena (Obrero - Podador de árboles), señalando incluso que se encuentran en la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro de trabajo.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que la actividad probatoria debe valorarse en su conjunto con todos los medios de prueba presentados, tanto en la etapa inspectiva como en la sancionadora, de lo que se colige que la impugnante, a fin de dar cumplimiento a la medida de requerimiento, adjuntó los documentos mencionados, demostrando a dicha fecha la imposibilidad de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

Así, debemos precisar que uno de los principios sobre los cuales se sustenta el procedimiento administrativo es el de presunción de veracidad preceptuado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG; por el cual la autoridad administrativa de trabajo debe presumir que, los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Cabe señalar, que en caso la documentación presentada no satisfaga la

A mayor abundamiento, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador31. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión – a consideración de esta Sala – atenta contra el principio de razonabilidad32.

En ese sentido, en el caso materia de autos correspondía únicamente el determinar las conductas infractoras y el proponer las sanciones por tales conductas. A consideración de esta Sala, el emitir una medida de requerimiento teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de la misma.

Finalmente, por las consideraciones antedichas, corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión, dejando sin efecto la multa impuesta por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.