Municipalidad Provincial de Cajamarca — Res. 644-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/Incidentes peligrosos (Incumplimientos en materia de SST que causen la muerte o invalidez permanente total o parcial. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia del sujeto inspeccionado a la diligencia inspectiva (comparecencia virtual) programada para el día 13 de enero de 2022, a las 15:30 hora; en consecuencia, no ha aportado la documentación y/o efectuado las aclaraciones pertinentes relacionadas a la investigación, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. La autoridad de trabajo manifiesta en el descargo que el certificado de trabajo adjunto, se aprecia que el descanso médico por incapacidad se otorgó por enfermedad común, lo cual no es así, tal certificado de trabajo fue otorgado por haberse diagnosticado la enfermedad de COVID-19. ii. Se precisa tal situación porque, la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, es la competente para realizar los trámites de los procedimientos de inspección laboral iniciados por SUNAFIL, y la abogada encargada de realizar en específico tales trámites, contrajo COVID- 19, la misma tuvo contacto directo con los demás trabajadores, por lo que la entidad municipal como empleador y con la finalidad de garantizar la salud de los demás y máxime si se encontraban con síntomas, es que inmediatamente se les envió a realizar cuarentena, en base a la recomendación realizada por el MINSA. iii. Asimismo, debe tenerse en consideración las recomendaciones realizadas por el MINSA tanto para el trabajador y empleador, frente a un trabajador que contrajo COVID-19; en el mismo se establece que "no será necesario que los trabajadores presenten el resultado de una prueba molecular o antígeno ni un certificado de descanso médico para iniciar el aislamiento comunitario ante la presencia de síntomas compatibles con el covid-19". iv. Siendo así, en base a ello es que todos los trabajadores que tuvieron contacto directo con la abogada que contrajo Covid-19, los mismos que laboran en la Oficina

2 Mediante Proveído s/n de fecha 11 de abril de 2022, se dispone notificar el Informe Final de Instrucción a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, remitiéndose en dicho momento el referido Informe al Procurador Público de la Municipalidad, conforme se acredita con el cargo dirigido al Procurador Público de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA de fecha 11 de abril de 2022, apreciándose los descargos al Informe Final de Instrucción en fecha 22 de abril de 2022 por parte del Procurador Público de la impugnante. 3 Notificada a la impugnante así como a su Procuraduría Pública el 28 de abril de 2022.

de Asesoría Legal, desarrollaron síntomas, por lo que no acudieron al centro laboral y procedieron a realizarse la prueba de descarte, y ello comunicaron al empleador que por su estado de salud no asistirían al centro laboral. v. Todo ello surgió durante el tiempo que coincidió con la notificación de la comparecencia virtual, por lo que cualquier otra Gerencia no puede asumir funciones que no le corresponda, el Director de Recursos Humanos en el órgano competente para llevar a cabo tales trámites con SUNAFIL, quien se encuentra debidamente designado por Resolución y a quien el alcalde le otorgó el poder de representación, legitimándolo a actuar en todas actuaciones de SUNAFIL. vi. Empero en este caso, toda la Oficina tuvo contacto con la abogada que contrajo COVID-19, lo que les obligó a realizar la cuarentena respectiva. Por lo tanto, en aplicación del numeral 10 del artículo 248° del Decreto Supremo N° 004-2019- JUS que regula "La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o Decreto Legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva"; siendo así teniendo en cuenta ello, en este caso se ha acreditado que, la entidad municipal no pudo asistir a la comparecencia virtual programada, debido a que surgió un hecho que no dependía directamente de ella; sino que por la pandemia en que la que nos encontramos atravesando hasta la actualidad, es que no pudo cumplir con su deber de colaboración con los inspectores de trabajo.”

i. El inspector comisionado notificó el requerimiento de comparecencia de fecha 10 de enero de 2021 en la casilla electrónica de la impugnante, señalándole la fecha y hora de comparecencia virtual, programada para el 13 de enero de 2022 a las 15:30 horas, incumpliendo la inspeccionada con asistir a la comparecencia a través de la plataforma Google Meet. ii. En cuanto a lo señalado por la inspeccionada en el recurso de apelación, mediante el cual manifiesta que la persona encargada de comparecer ante la autoridad inspectiva, se habría encontrado con licencia médica por contagio COVID 19, la Intendencia coincide con el criterio adoptado por el órgano de primera instancia siendo que del descanso médico se ha indicado que sería por enfermedad común; es decir, de dicho certificado no se evidencia que, se le haya otorgado descanso médico por haber sido diagnosticada con COVID-19. iii. Asimismo, la inspeccionada no ha presentado documentación alguna, en la cual se pueda verificar que no existiría personal al que se le haya podido delegar la representación, más aun siendo una institución pública, en la cual es posible delegar u otorgar facultades al personal que considere idóneo, así también no se

4 Notificada a la impugnante el 28 de mayo de 2022 y el 01 de junio de 2022 a la Procuraduría Pública. ha enviado la documentación requerida por la autoridad inspectiva en su oportunidad, lo cual frustró la verificación de las materias contenidas en la Orden de Inspección N°1306-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, por lo que debe confirmarse la sanción referida a esta materia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR. 3.4. En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial De Cajamarca

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 093-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. De acuerdo a lo precisado por la autoridad de trabajo en la Resolución de Sub Intendencia N° 093-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ en los fundamentos 1, 2 y 3; se indica que, como entidad municipal no se cuestiona el acto de notificación de la medida de requerimiento de comparecencia, la misma fue debidamente notificada el 10 de enero de 2022, por casilla electrónica. Sin embargo; se ha precisado en el recurso de apelación presentado, “la causa del porque no se pudo asistir a tal comparecencia y fue por el motivo que, aun el país y el mundo se encuentra atravesando una pandemia por la enfermedad del COVID-19”. ii. En cuanto al fundamento 4 de tal Resolución, el Intendente comparte el mismo criterio que el órgano de primera instancia, referente a que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo otorgado a la Abg. Rosmery Verástegui Bolaños, la encargada de llevar a trámite los procedimientos de SUNAFIL, hace referencia a una enfermedad común más no al COVID-19. En cuanto a ello se precisa que, es cierto que en tal Certificado de Incapacidad temporal se precise que la misma se otorgó por enfermedad común, empero se anexó el “Resultado de Patología Clínica” en la misma se indica la fecha del examen 06/01/2022 y el resultado Positivo al COVID19, producto de ello es

que se extendió el Certificado de Incapacidad Temporal para el trabajo coincidiendo con la fecha 06 de enero de 2022. iii. Respecto al fundamento 5, debe entenderse que, conforme a la estructura orgánica de la Municipalidad, cada Gerencia y Oficinas tienen sus competencias, por lo que cualquier otra Gerencia no puede asumir funciones que no le corresponda, el Director de Recursos Humanos en el órgano competente para llevar a cabo tales trámites con SUNAFIL, quien se encuentra debidamente designado por Resolución y a quien el alcalde le otorgó el poder de representación, legitimándolo a actuar en todas actuaciones de SUNAFIL. Empero en este caso, toda la Oficina tuvo contacto con la abogada que contrajo COVID- 19. iv. Siendo así, la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se encuentra conformada por cinco abogados (as), en un solo ambiente y resulta que la abogada encargada de tramitar los procedimientos de inspección laboral iniciados por SUNAFIL contra la entidad municipal, contrajo COVID -19 adjuntándose la prueba y el certificado de incapacidad temporal correspondiente, empero la misma tuvo contacto directo con los trabajadores que laboran en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. v. Advirtiendo tal situación, es que como empleador y con la finalidad de garantizar la salud de todos los trabajadores de la oficina con quien se tuvo contacto directo, y a la vez que los mismos se encontraba con síntomas, es que se envió a cuarentena a todos los trabajadores y a la vez se realicen la prueba de descarte de COVID, coincidiendo con las fecha de notificación y realización de la comparecencia programada. Por lo que no se pudo designar a un abogado y asistir a la misma. vi. Así también, en el recurso de apelación presentado se hizo referencia a las recomendaciones realizadas por el MINSA tanto para el trabajador y empleador y en la Resolución de Intendencia N° 093-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ no se ha pronunciado sobre ello, en tal recomendación se precisa que : “no será necesario que los trabajadores presenten el resultado de una prueba molecular o antígeno ni un certificado de descanso médico para iniciar el aislamiento comunitario ante la presencia de síntomas compatibles con el Covid-19”. Siendo así, en base a ello es que todos los trabajadores que tuvieron contacto directo con la abogada que contrajo Covid-19, los mismos que laboran en la Oficina de Asesoría Legal, desarrollaron síntomas, por lo que no acudieron al centro laboral y procedieron a realizarse la prueba de descarte, y ello comunicaron al empleador que por su estado de salud no asistirían al centro laboral. Todo ello surgió durante el tiempo que coincidió con la notificación de la comparecencia virtual”. vii. Atendiendo a ello, se advierte que la Resolución de Intendencia N°093-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ se ha vulnerado la garantía de la motivación de las resoluciones en ámbito administrativo, vulnerándose el principio del debido procedimiento regulado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General que prescribe: “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. viii. En base a ello, se precisa que, la Resolución de Intendencia N° 093-3033-SUNAFIL/IRE- CAJ no ha sido debidamente motivada, no se ha pronunciado sobre los fundamentos precisados en el recurso de apelación, sino por el contrario se ha limitado a indicar los mismos argumentos de las instancias inferiores, sin precisar porque es que no es válido el Certificado de Incapacidad Temporal otorgado por el COVID-19 como causa o motivo del porque la Municipalidad Provincial de Cajamarca no pude asistir a la comparecencia programada, no ha valorado las recomendaciones del MINSA tanto para el empleador como trabajador respecto al COVID-19, asimismo no hizo referencia a la competencia exclusiva que tiene la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos para llevar cabo los trámite iniciado por SUNAFIL contra la entidad municipal, conforme se advierte de la Carta Poder otorgada al Director de RRHH. ix. Siendo así, conforme se aprecia, la Resolución de Intendencia ha omitido pronunciarse sobre todos los fundamentos expuestos en el recurso de apelación planteado, por lo que adolece de una carencia de motivación, configurándose la causal de nulidad prevista en los numeral 1 del artículo 10° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva

11 Numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT.

Tales infracciones pueden consistir en: “(…) 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.”

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

12 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021. trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los

13 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras) (énfasis añadido).

14 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva por la inasistencia del sujeto inspeccionado a la diligencia inspectiva (comparecencia virtual) programada para el día 13 de enero de 2022, a las 15:30 hora; en consecuencia, no ha aportado la documentación y/o efectuado las aclaraciones pertinentes relacionadas a la investigación Numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 093-2022-SUNAFIL/IRE- CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 057-2022-PS/SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 093-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230712RAN