Municipalidad Provincial de Arequipa — Resolución 0351-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1232-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 601-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 0424-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 12 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 449-2023-SUNAFIL/SIFN-AQP, de fecha 23 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1116-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 27 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido, en la siguiente infracción:

Con fecha 22 de noviembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación2 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1116-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 330-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 29 de diciembre de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 1116-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Con fecha 24 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 330-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000113-2024- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 29 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Municipalidad Provincial de Arequipa, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 330- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 16 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.9

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, debe precisarse que, para la configuración del tipo sancionador previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y ii) que -como consecuencia de lo anterior- se haya causado daño en el cuerpo o en la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. Es decir, el incumplimiento, así como el accidente de trabajo deben ser determinados a propósito del nexo de causalidad establecido por el inspector de trabajo.

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo fueron consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, se aprecia de la investigación seguida por el Inspector comisionado, que el trabajador, obrero de construcción civil en la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURAS EN LA ZONA DE TUMBAS DEL PARQUE SELVA ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, mientras se encontraba realizando sus labores rutinarias de acarreo de material, toda vez que su puesto de trabajo era de peón, y fungía como ayudante de operario mientras se realizaba el enchapado de piedra para la caminería de la obra en ejecución, y al momento de

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) Falta de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medias de Control (IPERC); b) Falta de formación e información en seguridad y salud en el trabajo; y, c) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos10: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

Sobre la conducta imputada, referida a la falta de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC), debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales (énfasis añadido).

Asimismo, se tiene que el artículo 50 de la LSST, en concordancia con lo estipulado en el literal g) del artículo 26 del RLSST, establece que el empleador como medida de prevención de los riesgos laborales deberá gestionarlos, sin excepción, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo señalado por el artículo 57 de la LSST, en concordancia con el primer párrafo del artículo 82 del RLSST.

Por su parte, el numeral 3 del anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, establece que la identificación de riesgos es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológicos y disergonómicos presentes en la organización; asimismo, señala que la evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

En ese contexto normativo, del numeral 4.13 de los hechos constatados del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó lo siguiente:

Conforme se advierte de autos, de la verificación de la matriz IPERC vigente a la fecha del accidente de trabajo, se advierte que la impugnante no elaboró la matriz IPER en el puesto de trabajo específico “Obrero de construcción civil de la categoría peón”, en las actividades involucradas y los riesgos específicos para el personal que realiza la actividad de “levantamiento de carga piedras para enchapado, acarreo de material piedra para enchapado”; no obstante, conforme a la normativa en SST vigente, tenía la obligación de elaborar una matriz IPERC específica por cada puesto de trabajo. En esa línea, la matriz IPER exhibida por el entonces sujeto inspeccionado debió detallar el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador afectado, detallando las actividades involucradas como la de “levantamiento de carga piedras para enchapado, acarreo de material piedra para enchapado”, así como los riesgos específicos, considerando el peligro “levantamiento de carga manual/piedra para enchapado a carretilla” y, “acarreo de material para el enchapado de piedras”, ello con la finalidad de accionar las medidas de control

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 03 de noviembre de 2021. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la conducta infractora imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, sobre la conducta imputada, referida a la falta de formación e información en seguridad y salud en el trabajo, debemos considerar que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

Sobre el particular, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo” (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del numeral 4.13 de los hechos constatados del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó lo siguiente:

De la evaluación de los actuados, se advierte que en las actuaciones inspectivas de investigación, la impugnante no acreditó haber impartido formación e información adecuada en materia de SST, sobre los riesgos laborales en el puesto de trabajo y en la función específica que desarrollaba el trabajador afectado a la fecha del accidente de trabajo.

Ahora bien, verificada la documentación presentada dentro de la investigación del accidente de trabajo, se aprecia que, si bien el sujeto inspeccionado brindó capacitaciones al trabajador afectado referidas a ergonomía, conforme a los registros exhibidos: i) Registro de capacitación de fecha 21 de julio de 2021, Tema: “Ergonomía”, Duración: 5 minutos, en donde el recurrente confirma su asistencia; y, ii) Registro de capacitación de fecha 15 de mayo de 2021, Tema: “Ergonomía”, Duración: 5 minutos, en donde el recurrente consigna su asistencia; sin embargo, el sujeto inspeccionado no acreditó haberse asegurado que el trabajador afectado haya comprendido eficientemente la formación e información brindada en las capacitaciones antes mencionadas ni acredito, si el recurrente considero útil dicha información conforme lo prescrito en el artículo 29° del RLSST.

Corresponde precisar que, las capacitaciones deben realizarse desde un enfoque tanto teórico como práctico y específico a las funciones del puesto de trabajo de cada trabajador. Máxime si, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 27 del RLSST, el empleador en cumplimiento del deber de prevención debe garantizar que sus trabajadores sean capacitados, y dicha capacitación debe estar centrada, entre otros, en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquier sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración del contrato. En consecuencia, aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no resulta ni razonable ni proporcional que la impugnante realice únicamente una capacitación de inicio de jornada y de duración de 5 minutos, en tanto que, para que las capacitaciones sean eficaces deben responder al nivel de complejidad del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo y prever lo que pueda ser potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores. En el presente caso, es importante mencionar que, las capacitaciones sobre ergonomía generalmente constituyen entrenamientos y talleres en donde se enseña a los trabajadores a como levantar cargas de la manera más adecuada y en las diversas situaciones en que pueden ubicarse durante sus labores.

Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una correcta capacitación al trabajador afectado, no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, acorde a la función específica desarrollada, incumplimiento que contribuyó a que el accidente de trabajo se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 03 de noviembre de 2021. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la conducta infractora imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28

Por otro lado, sobre la conducta imputada, referida al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISS), debemos considerar que, el artículo 34 de la LSST, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone que: “Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca su reglamento” (énfasis añadido).

Desarrollando tal dispositivo, el artículo 74 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante el RLSST, establece: “Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: a) Objetivos y alcances. b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. C) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. E) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. F) Preparación y respuesta a emergencias”.

Asimismo, el artículo 75 del (RLSST) prescribe que: “El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador”.

En ese contexto normativo, del numeral 4.13 de los hechos constatados del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó lo siguiente:

De la evaluación de los actuados, se advierte que en las actuaciones inspectivas de investigación, la impugnante no acreditó haber entregado al trabajador afectado el

Considerando las causas del accidente de trabajo, corresponde precisar que, para una adecuada manipulación de cargas, se debe tener en cuenta que el peso máximo es de 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres, según la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. Ahora bien, si las cargas superan los pesos señalados para su levantamiento manual, el empleador debe otorgar las ayudas mecánicas apropiadas para su manipulación; algunas medidas preventivas durante la manipulación de cargas que puede establecer el empleador son las siguientes: reducir la distancia de transporte con carga, tanto como sea posible; evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras; si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm de ancho por 60 cm de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga, entre otras. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse, y así prevenir accidentes.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 03 de noviembre de 2021. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la conducta infractora imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la entrega al trabajador afectado del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple los estándares de seguridad para acciones de levantamiento de cargas.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, el trabajador afectado genero un sobreesfuerzo. Por tanto, solicitan la reevaluación y valoración del recurso dentro de los límites del principio de prevención y del principio de responsabilidad por parte del empleador, de tal forma que la labor inspectiva permita identificar específicamente los casos donde el accidente de trabajo se produjo por la responsabilidad o exceso de confianza del propio trabajador. Sobre el particular, aun cuando hayan concurrido factores personales y actos subestándares en el accidente de trabajo, la impugnante no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de su deber de prevención de riesgos laborales, al pretender sindicar al trabajador accidentado como responsable del accidente de trabajo ocurrido, ya que el evento responde a las causas desarrolladas precedentemente y que en el presente procedimiento solo se ha determinado su responsabilidad por aquellas que estuvieron sujetas a su control, como es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo y la falta de entrega al trabajador afectado del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple los estándares de seguridad para acciones de levantamiento de cargas. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.