Municipalidad Provincial de Arequipa — Res. 163-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1279-2019-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 249-2019-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), del 21 de octubre de 2019, mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo en perjuicio de la trabajadora Arana Soto Mery Gladys, mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Mediante Imputación de cargos N° 050-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP del 03 de febrero de 2020, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 052-2020- SUNAFIL/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de una conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP de fecha 31 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00 por haber incurrido en:

Con fecha 15 de abril de 2021, la impugnante presentó el recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 059-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 14 de mayo de 20211, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, por considerar que:

Con fecha 15 de junio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 059-2021- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum N° 373-2021-

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución ―en días hábiles― es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059- 2021-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) por la comisión de (1) infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el artículo 28.10 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 25 de mayo de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución7.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Mediante escrito de fecha 14 de junio 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando que no ha habido una valoración del recurso de apelación presentado contra la Resolución de Sub Intendencia N° 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, por lo que solicita la nulidad de la resolución impugnada, de acuerdo con los siguientes argumentos:

Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del procedimiento administrativo del TUO de la LPAG, respecto al principio del debido procedimiento se señala: “1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” (el subrayado es nuestro)

Teniéndose establecidos estos alcances, corresponde analizar las presuntas interpretaciones efectuadas por la Intendencia Regional de Arequipa, según lo expuesto por la impugnante, a la luz de los expedientes administrativos (inspectivo y sancionador) y el recurso de revisión interpuesto contra la resolución impugnada.

Al respecto, de la revisión de los actuados, se verifica que, efectivamente, la resolución impugnada, si valoró los argumentos señalados por la impugnante en su recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP, conforme se visualiza, del acápite II y III de la resolución impugnada.

Ahora bien, en cuanto a que la impugnante presentó medios probatorios que acreditan el cumplimiento de su obligación referida a inducir, capacitar e informar a la trabajadora Arana Soto Mery Gladys, en relación con los riesgos y controles de las tareas específicas

En ese sentido, se verifica que, los medios probatorios presentados por la impugnante, antes de la ocurrencia del accidente de trabajo (10 de enero 2019) no acreditaron la capacitación e inducción de la trabajadora en función al trabajo específico que realizaba.

En cuanto a que no se valoró los argumentos señalados en el escrito con número de registro 76235, es de precisar que, de la revisión del Informe Final de Instrucción N° 052- 2020-SUNAFIL/SIAI, se verifica que, en realidad sí se valoraron los argumentos señalados por la impugnante en sus descargos a la imputación cargos, conforme se verifica del numeral III. Análisis Legal del Informe citado.

Asimismo, en cuanto a la que la Resolución de Sub Intendencia 125-2021-SUNAFIL/IRE- SIRE-AQP no valoró los medios probatorios presentados, es de precisar que, de la revisión de esta, se verificó que sí se valoraron todos los argumentos señalados por la impugnante en sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 052-2020-SUNAFIL/SIAI, conforme se verifica de la revisión del numeral IV, en la fundamentación de la resolución citada.

En cuanto a que no está demostrado que el deterioro de la salud de la trabadora, fue a consecuencia del trabajo, es de precisar que, conforme se señala en el acta de infracción producto de la investigación durante las actuaciones inspectivas, el inspector comisionado determino como una de las causas del accidente de trabajo, la falta de capacitación, orientación adecuada en función al trabajo específico que realizaba la

Por lo tanto, de la evaluación de la resolución impugnada, la Resolución de Sub Intendencia 125-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-AQP y de los medios probatorios presentados por la impugnante, durante el procedimiento administrativo sancionador e inspectivo, se verifica que no se ha vulnerado e principio del debido procedimiento, al haber obtenido un acto administrativo fundado en hechos y en derecho.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.