Municipalidad Distrital de Echarati — Res. 1033-2024

Mediante Orden de Inspección N° 2043-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 753-2021-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el accidente ocurrido con fecha 04 de octubre de 2021.

Mediante Imputación de Cargos N° 30-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 20 de enero de 2022, notificada el 24 de enero de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 413-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI3, de fecha 15 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Cusco, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 618-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 06 de setiembre de 2022, notificada el 08 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 346,698.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 05 de octubre de 2022, la impugnante mediante su procurador público interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 618-2022- SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, y mediante Resolución de Sub Intendencia N° 770-2022- SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, de fecha 10 de noviembre de 2022, se declaró improcedente el referido recurso.

Con fecha 07 de diciembre de 20224, la impugnante mediante su procurador público interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 770-2022- SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 018-2023-SUNAFIL/IRE-CUS, de fecha 25 de enero de 20235, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 13 de febrero de 2023, la impugnante, mediante su procurador público, presentó ante la Intendencia Regional de Cusco, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 018-2023-SUNAFIL/IRE-CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000093-2023- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 018- 2023-SUNAFIL/IRE-CUS, que confirmó la sanción impuesta de S/ 346,698.00, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, esto es, el 15 de febrero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, como elemento esencial del debido procedimiento12. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa13, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Ahora bien, de los actuados, no se aprecia una afectación al derecho de defensa de la inspeccionada, pues, se advierte que el procurador público de la inspeccionada ha sido quien ha ejercido la defensa de la entidad inspeccionada desde la notificación de la imputación de cargos, por lo que, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la LPAG. Sobre el particular en la Casación N° 18021-2019-Moquegua se ha establecido que “No se afecta el debido proceso, cuando, en el marco de un procedimiento administrativo, la entidad de la administración pública ejerce plenamente su derecho de defensa (…)”.

Debe señalarse que, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación, ni al debido procedimiento; por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimado; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo, calificado como infracción muy grave a la labor inspectiva, falta imputada al administrado.

Debiéndose precisar que la valoración distinta de los hechos constatados y del análisis del RLGIT, que pueda realizar esta Sala, no desvirtúa la legalidad ni la validez de las decisiones de las instancias anteriores, conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 6.3 del artículo 614 del TUO de la LPAG, pues, la apreciación distinta de este Tribunal sobre los hechos o aplicación del derecho del caso en revisión, no implica que se haya producido la afectación al debido procedimiento de la impugnante; en consecuencia, se debe desestimar la solicitud de nulidad invocada por la recurrente, pues no se verifica alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (el énfasis es nuestro).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.15

En ese orden se ideas, corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes.

Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

En ese orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, el RLSST), establece que:

En este punto, es preciso traer a colación al principio de tipicidad, el cual es un principio que rige la potestad sancionadora de las autoridades administrativas, prevista en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente:

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, las siguientes conductas el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos16: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

Corresponde analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad

UIT + 50% sobretasa

Así, en examen del expediente, se observa que, sobre la materia relacionada el Acta de infracción el inspector comisionado consignó que el sustento de la verificación de incumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el numeral 4.13, ítem mediante en el cual solo se describen los hechos que han sido presentados por el inspeccionado, como la fecha del accidente y las declaraciones recogidas; así como, precisa que de la documentación incautada por el Ministerio Público, aprecia que solo obran informes mensuales de seguridad y salud en el trabajo; así como se le alcanzó al comisionado por medio de correo electrónico el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el IPER y el plan de contingencias, para finalmente precisar que:

Cabe añadir que en el mismo numeral 4.13 del Acta de Infracción se hace un recuento en los ítems e) y f) de las actuaciones realizadas el 22 de octubre, sobre los documentos presentados por la inspeccionada y remitidas por el Ministerio Público, sin valoración adicional, si no, solo un recuento de lo alcanzado al comisionado en dicha fecha.

Así, no se ha establecido la relación de causalidad de la conducta que merece el reproche administrativo con el accidente ocurrido el 04 de octubre de 2021, referido a cuál es el “incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de seguridad y salud en el trabajo”, para ser subsumido dentro del tipo infractor contenido en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, pues, solo se menciona de forma genérica como conducta infractora referida al incumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo y del numeral 4.13 del Acta de Infracción al que hace alusión la imputación solo se han descrito los

Y si bien, se advierte de los hechos constatados en el numeral 4.14 del Acta de Infracción Nº 3615-2019-SUNAFIL/ILM que la inspección de trabajo identificó hasta 14 incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo; no obstante, no se ha realizado una valoración de los hechos concurrentes al suceso acaecido el 04 de octubre de 2021, referido a la ocurrencia de posibles actos subestándar como factores que contribuyen a un quiebre de la relación de causalidad entre tales incumplimientos normativos a la seguridad y salud en el trabajo, advertidos en dicho numeral, y el accidente de trabajo.

Estando a que en el Acta de reunión extraordinaria N° 035-2021 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Inspeccionada19, se ha determinado que se ha configurado un acto sub estándar en el accidente ocurrido el 04 de octubre de 2021, conforme se muestra a continuación: Figura N° 02

Por tanto, estando en este contexto, resulta necesario que se establezca una debida valoración de los indicios de ocurrencia de posibles actos subestándar como factores que pueden abonar a una ruptura del nexo causal, lo que debe guardar una correlación expresa y suficientemente motivada por el inspector que investiga estos acontecimientos.

Sobre esto último, se debe invocar el Glosario de términos contenido en el Decreto Supremo No. 005-2012-TR.

Actos Subestándares: Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente”.

En tal sentido, el deber referido analizar las causas de un accidente, en este caso, de trabajo, no se agota solo en la constatación de incumplimientos a la normativa a la seguridad y salud en el trabajo, sino que, además se debe determinar si estas constituyen causa del mismo (conforme la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL); pero, además, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, se debe desvirtuar la influencia o implicancia de actos subestándares como factores que ocasionen el quiebre de la relación de causalidad, analizándose en qué medida o magnitud tales acciones u omisiones del trabajador fueron determinantes para producir (ocasionar) el evento materia y objeto de la orden de inspección.

En el presente caso, tal análisis resultaba imprescindible, toda vez que, de las actuaciones inspectivas realizadas y recogidas en el Acta de Infracción no se logró corroborar (constatar) de manera indubitable que dicha acción “conducir un vehículo” haya sido una función del ex trabajador como parte de su puesto de Maestro de Obra o, sin serla, esta haya obedecido a un mandato del sujeto inspeccionado.

En el caso, no se analizó la circunstancia referida a que el día del accidente (04 de octubre de 2021), según lo recogido en el documento denominado acta de reunión extraordinaria N° 035-2021 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Inspeccionada de fecha 06 de octubre de 2021 (dos días después del accidente), el trabajador accidentado no habría recibido autorización para dicha acción. Por lo que, era necesario un análisis y determinación suficiente sobre dicho hecho.

De otro lado, no se puede dejar de evaluar que la autoridad inspectiva constató en su numeral 4.13 del acta de infracción que el trabajador accidentado el día del accidente condujo el vehículo sin tener licencia de conducir. Al respecto, resulta necesario invocar la norma de orden público sobre el particular, esto es, el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito, que dispone en su artículo 107 lo siguiente:

En ese sentido, corresponde invocar lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad, declarando su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Sobre este principio basal del Sistema Jurídico, el Tribunal Constitucional —en la Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente 0001-2017-PI/TC— ha afirmado que tiene “naturaleza esencial” respecto de “todo Estado constitucional de derecho” (f.j. 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático-constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (f.j. 49).

El Tribunal Constitucional en el expediente 01023-2021-PA/TC, sobre este aspecto, ha establecido lo siguiente:

Por tanto, estando al contexto del caso, la conducta realizada por el trabajador “conducir un vehículo sin licencia de conducir” constituye un acto contrario a lo dispuesto en una norma de orden público, el cual todo ciudadano conoce y debe observar- Decreto Supremo N° 016- 2009-MTC-, resultaba necesario que el inspector comisionado, así como las instancias administrativas a cargo del procedimiento sancionador determinen en principio si tal comportamiento del trabajador obedecía a un mandato del empleador o si constituye, más bien, una auto puesta en peligro, ya que, previamente, a conducir dicho vehículo conocía, por el principio de publicidad de las normas, que es un acto contrario al orden público, esto es, manejar un vehículo automotor sin licencia; pese a lo cual, como bien recoge el Acta de Infracción “(…) dicho trabajador cogió las llaves del vehículo- volquete de color blanco de placa de rodaje (…) conduciendo el mismo para transportar los alimentos, es así que a los primeros minutos de conducir el vehículo este sufrió una volcadura (…)”- énfasis agregado-.

Bajo este contexto, resulta un deber del inspector comisionado motivar el acta de infracción para establecer si un comportamiento obedece a una puesta en riesgo del trabajador que sufre un siniestro o si realmente esto se subsume en una orden empresarial o circunstancia que se pueda enlazar al deber de prevención, ello a efectos de descartar cualquier acto subestándar como posible factor que quiebre la relación de causalidad, necesaria para una adecuada determinación de responsabilidad administrativa por infringir el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

Sin embargo, en el caso bajo examen, no se advierte ningún análisis ni sustento claro que permita descartar la ocurrencia de algún acto sub estándar en la ocurrencia del caso. Por lo tanto, a la luz de los fundamentos señalados, en este extremo, y en consideración que se establece como un principio de la potestad sancionadora administrativa, el Principio de Tipicidad, la cual es entendida no solo como la preexistencia de la conducta infractora en una norma con rango de Ley, sino también como una exigencia “a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador, para que deba realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”20; a consideración de esta Sala, no ha quedado debidamente acreditado el nexo causal entre la conducta de la impugnante y el accidente; toda vez que, ni en el Acta de infracción ni en el trámite del procedimiento sancionador se han brindado las razones suficientes por las cuales la conducta imputada al sujeto inspeccionado se encontraría directamente vinculada con el accidente ocurrido.

Cabe señar que conforme lo precisó esta sala a través del considerando 6.11 de la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 05 de julio de 2021, al realizar una lectura

Así, el principio de licitud, reconocido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG dispone que se debe de presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Conforme lo señaló esta Sala a través del fundamento 6.20 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 14 de junio de 2021, “No es posible la imposición de sanción alguna con el fundamento de meras sospechas, y tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado su inocencia”21.

Siendo que, en el presente caso, la autoridad administrativa en el Acta de Infracción ha reprochado al sujeto inspeccionado , la conducta infractora: “El incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo ocasionando un accidente de trabajo de fecha 4 de octubre de 2021 (…)22”, sin que esta haya sido determinado bajo parámetros suficientemente descriptivos para llevar a cabo la imputación establecida en el Acta de Infracción, sin analizar y evaluar los indicios de ocurrencia de posibles actos subestándar como factores que pueden abonar a una ruptura del nexo causal, lo que debe guardar una correlación expresa y suficientemente motivada por el inspector a cargo del objeto de la orden de inspección. Por lo que, esto redunda en una afectación al deber de motivar las decisiones de la Administración, sea que estas se sustancien en actos administrativos o en documentos de la fiscalización laboral.

Conforme se ha evidenciado durante la tramitación del presente procedimiento, la administración no ha determinado, específicamente, la conducta infractora: i) “el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ha ocasionado un accidente de trabajo mortal”; (ii) ni describirse, adecuadamente, un detalle de los hechos que lo sustente con la determinación suficiente de su relación causal con el hecho imputado y, iii) ni cumple con analizar y evaluar los indicios de ocurrencia de posibles actos subestándar como factores que pueden abonar a una ruptura del nexo causal, lo que debe guardar una correlación expresa y suficientemente motivada por el inspector a cargo del objeto de la orden de inspección .

En consecuencia, la autoridad administrativa no logró desvirtuar la presunción de licitud del sujeto inspeccionado, al no determinar la causa directa del accidente mortal, con el único hecho imputado en el Acta de Infracción, como sustento de la responsabilidad administrativa por la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tales razones, corresponde acoger los fundamentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

En tal sentido, corresponde, por el análisis antes efectuado, dejar sin efecto la sanción impuesta a la empresa impugnante, por la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Complementariamente, se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.