Molitalia S.A — Res. 681-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (sub materia: registro de accidente de trabajo e incidentes); identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (sub materia: incluye todas); máquinas y equipos de trabajo (sub materia: incluye todas); equipos de protección personal (sub materia: incluye todas); formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (sub materia: incluye todas), y seguro complementario de trabajo de riesgo (sub materia: cobertura en salud, cobertura en invalidez- sepelio). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en el centro de trabajo, respecto a la materia de máquinas y equipos de trabajo a la fecha del accidente ocurrido al trabajador Uldarico Julián Romero Arroyo, el 04.02.2018, constituyendo este hecho una causa del accidente; y, por no cumplir con valorar la totalidad de peligros y riesgos del puesto de trabajo que ocupaba el trabajador afectado Uldarico Julián Romero Arroyo, ni adoptar las medidas de control adecuadas a las funciones asignadas a la fecha del accidente ocurrido el 04.02.2018 constituyendo este hecho una causa del accidente; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Desde la fecha que la inspeccionaba cometió las supuestas infracciones a la emisión de la resolución apelada han transcurrido más de cuatro años, contraviniéndose así con lo dispuesto en el artículo 51 del RLGIT, y el numeral 251.1 del artículo 251 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la LPAG). ii. Ha operado el plazo de caducidad pues la resolución apelada fue notificada con fecha 23 de febrero de 2022, es decir 16 meses después inició el procedimiento sancionador, por lo que al no ser ampliado el plazo y no tener justificación de hecho y de derecho que demuestre la necesidad de una ampliación, se debe declarar la caducidad del presente procedimiento sancionador. iii. La matriz IPER se encuentra conforme a ley, pues conforme se puede observar de la documentación presentada en el procedimiento inspectivo, la matriz IPER de fecha de revisión 24 de agosto de 2017, sí señala el peligro (código 128), bajo la denominación “maquinaria y parte en movimiento”, lo cual es equiparable a elementos móviles de la maquinaria conforme a lo exigido por la entidad. Asimismo, en lo correspondiente a la actividad de limpieza y acondicionamiento de avena limpia (descascarado, estabilizado, selección de grano”, se reitera que se encuentra

contenida en el código 128, el cual establece como peligro las “máquinas y partes en movimiento”, y se indica como medida de control de ingeniería y el uso del botón de parada de emergencia. iv. Respecto al no cumplimiento de las obligaciones con las condiciones de seguridad en el centro de trabajo, si el trabajador hubiese presionado el botón de parada de emergencia el accidente no se hubiera desencadenado, careciendo de toda razonabilidad y vulnerando el principio de culpabilidad que se pretenda sancionar a la inspeccionada por las acciones omisivas que realizan sus trabajadores. v. Se solicita analizar el presente caso teniendo en cuenta los principios de causalidad y culpabilidad, no teniendo sentido el realizar una investigación y determinar las causas del accidente, sí es que el empleador siempre va a ser el responsable del accidente de trabajo. vi. El inspector no ha determinado cuál fue la causa del accidente de trabajo ya que por un lado fue el no tener una matriz IPER, y por el otro, no brindar las condiciones de seguridad. No teniendo claro cuál fue la causa del accidente, vulnerando el principio de culpabilidad. vii. En el presente caso la autoridad instructora, quien estuvo a cargo de notificar la imputación de cargos no garantizó que se haya dado conforme a ley, no respetando los requisitos y plazos administrativos establecidos. En el presente procedimiento hubo una primera notificación de la imputación de cargos, la cual se realizó de forma deficiente el 28 de octubre de 2020, ya que ésta se realizó de manera incompleta pues tenía una sola página en la cual no se expresaba el monto de la sanción impuesto y no se identificaba cuál era la autoridad competente para imponer la sanción, así como tampoco contenía la norma que atribuye la competencia, ni el nombre de la firma de la autoridad que interviene. Pese al error advertido, la autoridad se limitó a volver a notificar la misma imputación de cargos, pero esta vez completa, lo cual es una clara contravención a lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del TUO de la LPAG, ya que de manera arbitraria se volvió a notificar el mismo documento como si no hubiera sido defectuoso generando apariencia de que fue debidamente notificado cuando siempre fue deficiente. No emitiendo pronunciamiento sobre ello en la resolución apelada, a pesar de que la observación se hizo desde el inicio del procedimiento sancionador, vulnerando el derecho de defensa.

2 Notificada a la impugnante el 6 de junio de 2022, véase folio 291 del expediente sancionador.

i. Que, el accidente de trabajo ocurrió el día 04 de febrero de 2018 a las 01:40 horas, en circunstancias en que el trabajador accidentado Uldarico Julián Romero Arroyo, como maquinista se encontraba realizando la limpieza en el área de molinos, zona del silo 1, en el primer piso, con el apoyo del señor Giancarlo Arroyo. Siendo que antes del accidente el señor Romero ingresó a la zona para verificar que todas las partes de la máquina estén limpias, para luego proceder a sopletear los equipos. El señor Romero destapó la exclusa de recepción, portando la manguera de aire comprimido con la mano derecha, luego introdujo la mano izquierda para retirar el polvo sedimentado en la exclusa de descarga, y como el álabe estaba en funcionamiento, le amputó los 3 dedos de la mano izquierda (dedo medio, anular y meñique), inmediatamente grita de dolor llamando a su compañero Giancarlo Arroyo, a quién le pide que vaya en busca del supervisor. El lesionado se acerca hacia el supervisor en turno el señor Otoniel Rosas, quién se encontraba en el almacén de producción, indicándole que se había cortado los dedos, a lo que el supervisor inmediatamente atiende al lesionado con la ayuda del brigadista Mentor Pazos, y hace las gestiones necesarias para enviarlo con el brigadista de turno en un taxi particular hacia la clínica San Gabriel. Luego de embarcar en el taxi al lesionado y al brigadista, el supervisor Otoniel Rosas regresa a la oficina y el señor Segundo Serruche le entrega los 3 dedos amputados que habían recuperado con la ayuda del soplante. El señor Otoniel Rosas recibe los 3 dedos e inmediatamente los envía con el señor Segundo Serruche Del Águila hacia la clínica. ii. Que, a la fecha en que se emitió la resolución apelada (22 de febrero de 2022), no habían transcurrido los 04 años que la norma señala para darse por prescritas las infracciones en materia de relaciones laborales, habiendo transcurrido únicamente 3 años, 10 meses y 5 días. iii. Que, para efectos de contabilizar el plazo de caducidad del procedimiento administrado sancionador, indica que de acuerdo con la Cédula de Notificación N° 25347-2021 obrante a fojas 64 del expediente sancionador, fue notificada el día 07 de junio de 2021, siendo a partir de esta fecha que corre el plazo para contar los nueve (9) meses, a cuyo vencimiento opera la caducidad del procedimiento sancionador. Por lo que, al haberse emitido la Resolución apelada con fecha 22 de febrero de 2022, y habiendo sido notificada con fecha 24 de febrero de 2022, conforme se observa de la constancia de notificación electrónica obrante a fojas 269 del expediente sancionador, se corrobora que la Autoridad de primera instancia cumplió con resolver el presente procedimiento sancionador dentro del plazo antes mencionado, habiendo transcurrido 08 meses, y 17 días de los 09 meses que otorga la Ley, no correspondiendo que se declare la caducidad de presente procedimiento sancionador. iv. Que, la fecha de revisión consignada en la parte superior derecha de la Matriz IPER fue el 16 de abril de 2018, fecha posterior a la ocurrencia del accidente de trabajo acaecido al trabajador Uldarico Julián Romero Arroyo (02 de febrero de 2018), habiendo sido requerida la Matriz IPER vigente al período 2017 y 2018, conforme se señala en el requerimiento de comparecencia de fecha 10 de abril de 2018 que obra a fojas 18 del expediente inspectivo, siendo que incluso la fecha del requerimiento es anterior a la fecha de revisión que se señala en la matriz IPER presentada. Por tanto, a pesar de que originalmente pudo haber sido elaborada la Matriz primigenia con fecha 24 de agosto de 2017 como señala la inspeccionada, la Matriz IPER exhibida es la que ha sido sujeta a revisión de fecha 16 de abril de 2018,

pudiendo ser esta modificada. Por lo que, la inspeccionada no cumplió con presentar la Matriz IPER correspondiente. v. Que, al no haber advertido los peligros ni haber evaluado los riesgos descritos, la inspeccionada no cumplió con su deber de prevenir y garantizar la seguridad y salud en el centro de trabajo del trabajador afectado Uldarico Julián Romero Arroyo, considerándose esta una causa básica del accidente de trabajo de fecha 04 de febrero de 2018. vi. Sobre la materia máquinas y equipos de trabajo conforme a la investigación del accidente y demás actuaciones inspectivas, se ha podido verificar que las luces LED de las borneras ubicadas en el tablero eléctrico de la máquina, que indican activación/desactivación, se encontraban inoperativas durante las labores ejecutadas por el trabajador accidentado, al momento de ocurrido el accidente de trabajo, toda vez, que no hubo un mantenimiento adecuado y falta de seguimiento en la asignación de tareas diarias, a la fecha del accidente de trabajo, incumpliendo así la inspeccionada con su deber de prevenir y garantizar la seguridad y salud en el trabajo en su centro de trabajo, el mismo que se considera dentro de las condiciones de seguridad como una causa inmediata del accidente de trabajo acaecido con fecha 04 de febrero de 2018, afectando al trabajador Uldarico Julián Romero Arroyo. vii. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan la infracción en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la primera instancia; confirmando la resolución venida en grado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MOLITALIA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 7 de junio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 933-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega la inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y el numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG, pues el presente procedimiento inspectivo debe ser declarado nulo por cuanto operó el plazo de prescripción de 4 años. ii. Sostiene que ha operado el plazo de caducidad. iii. Considera se ha vulnerado el principio de culpabilidad, pues no hay responsabilidad subjetiva de la empresa al no establecerse el nexo causal y en tanto el accidente es consecuencia de la infracción a una prohibición del empleador. iv. Argumenta la inaplicación de las normas referentes al debido procedimiento en el procedimiento inspectivo, al incurrir en una motivación aparente. v. Que, la intendencia no tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos y medios probatorios presentados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9,

párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

9 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 10 Casación N° 18190-2016 Lima.

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”11.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores

11 Casación N° 4321-2015 Callao

de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo12.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

12 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“Circunstancias en que ocurrió el accidente - Realizando mantenimiento: En circunstancias que el trabajador Uldarico Julián Romero Arroyo maquinista se encontraba realizando la limpieza en el área de molinos, zona del silo 1, en el primer piso, con su apoyo el señor Giancarlo Arroyo; se encontraban limpiando el espacio contiguo (zona de plasifter). Antes del accidente el señor Romero ingresó a la zona para verificar que todas las partes de la maquina estén limpias, para luego proceder a sopletear los equipos; el señor Romero destapó la exclusa de recepción, portando la manguera de aire comprimido con la mano derecha, luego introdujo la mano izquierda para retirar el polvo sedimentado en la exclusa de descarga; como el álabe estaba en funcionamiento le amputó los 3 dedos de la mano izquierda (dedo medio, anular y meñique). Inmediatamente grita de dolor llamando a su compañero Giancarlo Arroyo, quien le pide que vaya en busca del supervisor. El lesionado se acerca hacia el supervisor en turno Señor Otoniel Rosas, quien se encontraba en el almacén de producción, indicándole que se había cortado los dedos; el supervisor inmediatamente atiende al lesionado con la ayuda del brigadiste Mentor Pazos y hacen las gestiones necesarias para enviar al lesionado con el brigadista de turno en un taxi particular hacia la Clínica San Gabriel. Luego de embarcar en taxi al lesiono y al brigadista, el supervisor Otoniel Rosas regreso a la oficina y el señor Segundo Serruche la entrega los tres dedos amputados que habían recuperado con la ayuda del soplante. El Sr. Otoniel Rosas recibe los tres dedos e inmediatamente los envía con el Sr. Segundo Serruche Del Águila hacia la clínica.

Descripción del accidente Forma del accidente: atrapamiento Agente causante: máquinas y equipos en general. Parte del cuerpo lesionada: 03 dedos de la mano izquierda. Naturaleza de la lesión: amputación.

Causas del accidente. Causas inmediatas: 1. Acto subestándar: - No asegurarse que el equipo estuviera completamente detenido. - Limpiar la parte interna de la máquina de exclusa. 2. Condición subestándar: - Luces LED de la borneras ubicadas en el tablero eléctrico que indican activación/desactivación, inoperativas.

Causas básicas: 1. Factores personales: - Instrucción de limpieza facilitada por el encargado del molino mal entendido (indicación fue limpiar el primer nivel de los molinos). - Criterio errado (no revisar que la parada de emergencia esté activada).

2. Factores de trabajo: - Mantenimiento inadecuado, falta de seguimiento en la asignación de tareas diarias.

ACCIONES CORRECTIVAS/ MEDIDAS CORRECTIVAS - Reparar borneras de tablero eléctrico de control de silo 1 y 2. - Identificar todas las partes móviles y acondicionar con dispositivos adicionales de seguridad donde apliquen. - Mejorar el control de inducciones especificas por máquina, solo personal capacitado puede operar o limpiar una máquina. - Realizar a todos los trabajadores la reinducción en el uso de la lista de verificación de máquina.”

Figura 01

Figura 02

ocupaba el trabajador afectado, ni adoptar las medidas de control adecuadas a las funciones asignadas. En consecuencia, esta Sub-Intendencia concluye que el sujeto inspeccionado, ha incurrido en una (1) infracción Muy Grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.”; sin sustentar el motivo por el cual debe considerarse dichos incumplimientos normativos que causaron el accidente al trabajador como una sola infracción, ni individualizando cada conducta como una causa directa de este.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”13. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente. 6.19 Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

13 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

Intendencia, no han sustentado de forma correcta su conclusión, referente a la determinación de la responsabilidad del administrado y determinación de las conductas infractoras advertidas, con su respectiva sanción, pues ha subsumido dos conductas infractoras en una sola sin analizar de forma individual cada conducta y si cada una cumple con el nexo causal para la configuración del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado

14 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la

justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MOLITALIA S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 257-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 22 de febrero de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1752-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 257-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 22 de febrero de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a MOLITALIA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.43 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240717JCR- HR 13310-2018