Ministerio de Economía y Finanzas — Res. 14-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de Peligros y Riesgos (IPERC), Sistemas de Gestión SST en las empresas, Condiciones de Seguridad en lugares de Trabajo Instalaciones civiles y maqunaria, y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 20555195444 soft 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE por la vulneración de normativa de seguridad y salud en el trabajo, que ocasionó el accidente de trabajo de fecha 1 de noviembre de 2018, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

- Dos infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 2 de mayo de 2019 y no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 07 de mayo de 2019, tipificadas en el numeral 46.10 y 46.7 respectivamente, del artículo 46 del RLGIT.

i. La SUNAFIL no cuenta con competencia para realizar acciones inspectivas a entidades públicas no sujetas al régimen laboral de la actividad privada.

ii. La resolución cae en errores de tipificación, al no haber merituado el Informe N° 213-2018-EF/CONECTAMEF AREQUIPA y asumir que no se cumple con la obligación de mantener los actualizados los registros de accidentes de trabajo, o señalar erróneamente que no se ha cumplido con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar actividades de prevención según los resultados de las evaluaciones, así como no cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo.

iii. Respecto de la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el 02 de mayo de 2019, señala que los inspectores de Sunafil han desconocido la normativa sectorial referida a la representación de las entidades por parte de sus funcionarios.

iv. Respecto del incumplimiento en la medida inspectiva de requerimiento, señala que ésta no fue merituada como prueba indiciaria o atenuante para la imposición de la multa.

v. La resolución impugnada ha vulnerado una serie de principios contenidos en el TUO de la LPAG, entre éstos el Principio de Verdad Material.

i. La impugnante, como empresa usuaria, tiene obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, derivadas de los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada que prestan servicios temporales y complementarios. Considera que la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 aplicaría para los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado, “…no configurando una falta de competencia ni una obligación de traslado de la misma de una entidad a otra, cuando en el presente análisis se trata de una trabajadora de la actividad privada que presta servicios de intermediación en el centro laboral del inspeccionado”, añadiendo lo señalado en el Informe Técnico N° 2293-2016-SERVIR/GPGSC.

ii. El Registro de Accidentes de Trabajo fue y la investigación referente al accidente fue exhibido antes de la notificación de imputación de cargos, por lo que corresponde amparar el pedido en este extremo.

iii. Respecto de no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo, consideran que los hechos que las configuraron se mantiene, acreditándose las infracciones.

iv. Respecto de la inasistencia a la comparecencia programada para el 02 de mayo de 2019, señala que el día de la comparecencia el funcionario que se apersonó no presentó documento acreditativo en ese sentido.

v. Respecto del incumplimiento de la medida de requerimiento, señala que los documentos aportados con los descargos no guardan correspondencia con lo requerido en la medida.

2 Notificada a la inspeccionada el 31 de marzo de 2021. 236-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 27 de abril de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Ministerio De Economía Y Finanzas

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- La inaplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, respecto de la competencia de la Sunafil para realizar actividades inspectivas a entidades públicas no sujetas al régimen laboral de la actividad privada

La impugnante señala que el Sector Público, al cual pertenece, cuenta con una autoridad encargada de la fiscalización de la implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, recayendo esta responsabilidad en la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, y no en la Sunafil, excediéndose “los alcances del inciso 1 del artículo 4 (sic) de la LGIT.”

A consideración de la impugnante, la función inspectora de la Sunafil “…con respecto a los Servidores del Sector Público sujetos al régimen laboral de la actividad privada, NO ES ABSOLUTA, SINO QUE SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – SERVIR”, no habiendo “norma reglamentaria o directiva alguna que permita establecer el tipo de coordinación entre ambas entidades en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.” En el caso materia de autos, a consideración de la impugnante, en tanto el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, no es de aplicación tal coordinación y por ende la Sunafil carece de competencia.

Añade que la persona que sufrió el accidente de trabajo, la señora Jeanette Yucra Ramos de Huainine presta servicios como personal de limpieza en la empresa Inversa S.A., en la sede del CONECTAMEF – Sede Arequipa, no siendo el Ministerio de Economía y Finanzas la entidad empleadora.

- Vulneración al debido procedimiento por inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG

El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que la resolución impugnada, pese a reconocer la validez de la documentación presentada parar revocar

8 Iniciándose el plazo el 05 de abril de 2021, día hábil siguiente al de la fecha de notificación.

en parte la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 178-2020- SUNAFIL/IRE/SIRE-AQP, no las toma en cuenta como prueba indiciaria o atenuante para la imposición de multa, viciando el procedimiento administrativo por vulneración al Principio del Debido Procedimiento, correspondiendo declarar la nulidad de todo lo actuado.

- Aplicación errónea del RLGIT en los hechos imputados como infracción y nulidad de la multa impuesta

La impugnante señala, respecto de la multa por no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar actividades de prevención, que la resolución de la Intendencia Regional de Arequipa no ha considerado las características del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y la implementación del servicio de CONECTAMEF, las cuales están en constante mejora e implementación, habiéndose realizado ya la identificación de peligros y evaluación de riesgos del CONECTAMEF Arequipa. Esta omisión viciaría a la resolución impugnada, a criterio del Ministerio de Economía y Finanzas.

Respecto de la multa por la supuesta falta de actividades de prevención, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos, señala que la resolución impugnada no valoró las evaluaciones de riesgo como control periódico realizadas el 27 de septiembre de 2019, ni el mantenimiento de los pozos a tierra, las capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos, así como los registros de los exámenes médicos ocupacionales

Respecto de la multa por no cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo del 01 de noviembre de 2019, señala que la señora Jeanette Yucra Ramos de Huanine no es trabajadora del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de la empresa Inversiones Salazar Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – INVERSA SRL; adicionalmente el accidente ocurrió el 01 de noviembre, día no laborable, no habiendo sido solicitada la asistencia de la accidentada el día del suceso, siendo “…de entera responsabilidad de la trabajadora y de la empresa (…) la prestación del servicio de limpieza un día no contemplado en el contrato”, escapando a toda responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.

Añade que la Intendencia Regional de Arequipa no ha considerado la solicitud de emplazar a la empresa Inversiones Salazar Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – INVERSA SRL, ni se ha investigado si la empresa entregó las herramientas adecuadas para trabajo en altura, como “arnés, limpiavidrios con un mango largo, difusor pequeño de líquidos de limpieza, guantes, casco, etc., para evitar que su trabajador se exponga a peligros que en ningún momento fuera (sic) solicitado por esta institución.”

Finalmente, señala que, al no ser un día laborable, no existen testigos que avalen lo sucedido, salvo la declaración del vigilante de turno, quien no pudo manifestar “…si escuchó un ruido o si vio la caída.” Frente a este hecho, la Sunafil debió de solicitar medios probatorios de oficio, por lo que el no adoptar esta decisión perjudicó al Ministerio de Economía y Finanzas.

- Respecto de la multa por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 02 de mayo de 2019

La impugnante añade que se debió de considerar lo expuesto por la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, en los Oficios N° 388-2018-EF/43.03 y N° 540-2019-EF/43.03, presentado este último el día de la comparecencia por el señor Boris Pedro Luna Mendoza, representante del CONECTAMEF Arequipa. A consideración de la impugnante, no era necesario acompañar el poder otorgado por la Directora de la Oficina General de Administración (a fin de verificar si contaba con la facultad para delegar la representación), desconociéndose el Principio de Buena Fe y Principio de Informalismo, al no reconocer como representante al funcionario de más alto rango del CONECTAMEF Arequipa.

- La resolución impugnada ha vulnerado, entre otros, el Principio de Verdad Material, considerado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG

La impugnante señala que la Sunafil debió de aplicar este principio, citando únicamente el texto del artículo como todo fundamento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto de la competencia de la Sunafil en el caso materia de autos 6.1 La impugnante sostiene que la Sunafil no puede fiscalizarla ni sancionarla. Deduce la impugnante que no sería posible el que la SUNAFIL pudiese emprender una fiscalización respecto al sector público. Dos serían las condiciones normativas no se satisfacen en el presente caso:

a) El literal “i” del artículo 4 de la Ley 29981, Ley que crea la SUNAFIL, referido a la coordinación entre Sunafil y la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, para vigilar y exigir el cumplimiento de normas en el régimen laboral privado9.

9 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley N° 29981 Artículo 4. Funciones generales de la Sunafil La Sunafil tiene las funciones siguientes: (…) i) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en el orden sociolaboral. En caso de los trabajadores que prestan servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, la Sunafil coordina con la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

b) La Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 2998110 antes citada11 , que obliga a la Sunafil a coordinar con la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir (en adelante, Servir), los mecanismos de aplicación para aplicar lo establecido en la Ley N° 29981. La impugnante señala, además, que esta coordinación solo puede tener por objeto al personal del régimen laboral de la actividad privada.

- Se enuncia la responsabilidad de la entidad empleadora principal en un esquema de subcontratación, frente a incumplimientos de garantizar la

10 Erróneamente citada por la impugnante como “La séptima disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30057” 11Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley N° 29981 ”DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (…) SÉTIMA. Inspección laboral en las entidades públicas En tanto se implementan las funciones de supervisión y fiscalización determinadas por el Decreto Legislativo 1023, la Sunafil coordina con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) a fin de establecer los mecanismos para la aplicación de lo establecido en la presente Ley a las entidades públicas.” 12 Mediante Decreto Legislativo N° 728 se aprobó a “Ley de fomento del empleo”; cuya redacción actual se encuentra contenida en dos Textos Únicos Ordenados, aprobados por el Decreto Supremo N° 002-97-TR (Ley de Formación y Promoción Laboral y el Decreto Supremo N° 003-97-TR (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), según lo establecido en la Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 855. seguridad y salud de trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas que desarrollan actividades en sus instalaciones13. - El artículo 27.16 del RLGIT14 refiere a la falta de verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte de contratistas, subcontratistas y otros, con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal. - Es preciso que, con observancia de la detección de un nexo causal adecuado, se pueda establecer si el incumplimiento reprochado puede ser subsumido en lo contemplado en el artículo 28.10 del RLGIT15, por cuanto refiere a la aparición de un accidente de trabajo.

13Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por Ley N° 29783 “Artículo 103. Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones.” 14 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806, aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR Artículo 27.- Infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: (…) 27.16 No verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal. 15 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806, aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.”

Sobre la presunta vulneración al debido procedimiento 6.9 Argumenta la impugnante que, de haberse valorado la entrega de documentación que motivó el que se deje de lado parte de la multa estimada por la Resolución de Sub Intendencia (nos referimos al Informe que da cuenta del registro del accidente, N° 213-2018-EF/CONECTAMEF). De ello, deduce que su adecuada valoración hubiera motivado una eximente o siquiera atenuante para la imposición de la multa.

Sobre la supuesta aplicación errónea del RLGIT en los hechos imputados como infracción

Impugnaciones consideradas improcedentes

16Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR “Artículo 14.- Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o competencia de esta Sala para pronunciarse se circunscribe a aquellas cuestiones originadas en infracciones muy graves, y no así respecto de las infracciones graves o leves que se adviertan en el expediente. Así, por más que pudiera tratarse de asuntos conexos, es necesario observar la competencia de esta instancia de revisión, máxime si su ámbito de actuación es excepcional conforme con las normas citadas.

Impugnaciones atendibles ante este Tribunal.

i. Infracción por incumplimiento de normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de una trabajadora de la planilla de una contratista

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.” 17 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por Ley N° 29783 Título Preliminar Principios (…) VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.

contratados, en el espacio físico dentro del cual tiene obligaciones cuya raigambre está en el principio de prevención.

18 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por Ley N° 29783 Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. actuaciones en la indagación de cuanto resulte exigible a la entidad principal de tal esquema productivo.

ii. Infracción por inasistencia a la diligencia de comparecencia

- En el Acta de Infracción se aprecia que, el 8 de abril de 2019, los inspectores requirieron a la entonces entidad inspeccionada, que “en próxima diligencia de comparecencia [se cumpla con] acreditar la representatividad y la facultad de delegar representación par parte de Nelly Trinidad Rodríguez Cuzcano, como director de sistema administrativo IV”. - Posteriormente, el 15 de abril de 2019, los inspectores actuantes se constituyeron en las oficinas de la entonces inspeccionada, sin que se exhiba la información solicitada, motivo por el cual requirieron a la entidad a que asista a una nueva comparecencia. - Luego, el 24 de abril de 2019, se celebró la segunda comparecencia, apersonándose el apoderado de la entidad requerida, exponiendo sus argumentos de defensa (absueltos por la instancia de apelación). Ante la falta de la documentación requerida, se volvió a citar a la entidad, 19 recordándose a la inspeccionada que la inasistencia a dicha diligencia sería sancionada con una multa por infracción a la labor inspectiva.20 - El 26 de abril de 2019, se entregó a los inspectores actuantes la documentación que presentó la entidad inspeccionada el 24 de aquel mes. - El 2 de mayo de 2019, en la tercera comparecencia, no se presentó representante alguno de la entidad fiscalizada, siendo que al día siguiente se dejó en mesa de partes documentación dirigida a los inspectores.21 - Finalmente, el 13 de mayo de 2019, en la tercera comparecencia, se recibió en comparecencia al apoderado de la inspeccionada, quien dio cuenta del poder respectivo.

19 En esta oportunidad, se presentó el oficio N° 454-2019-EF/43.03 (obrante a fojas 15 del expediente inspectivo), el mismo en el que consta el poder de representación otorgado por la Directora General de la Oficina General de Administración a la persona que representó al sujeto inspeccionado durante la diligencia del 24 de abril, en concreto. 20 Aunque no era exigible aún, el tercer criterio contenido en la Resolución N° 134-2019-SUNAFIL, del 23 de abril de 2019, informa que a criterio de dicho órgano, la citación a comparecencia emitida por el personal inspectivo debe señalar el apercibimiento en caso de inasistencia del sujeto inspeccionado a la citación. Si el personal inspectivo propone la aplicación de una sanción sin haber señalado el apercibimiento, la sanción propuesta no será acogida. Dicha resolución está fechada el 23 de abril de 2019 y este requerimiento se produjo el 24 de abril de 2019. 21 Para esta ocasión, consta a fojas 40 del expediente inspectivo el oficio N° 540-2019-EF/43.03, el mismo que, nuevamente, otorga la misma representación para la fecha específica del acto correspondiente.

lo largo de la fiscalización: la asistencia a los actos de comparecencia o a la exposición del hecho justificativo de alguna inasistencia, fehacientemente acreditado. Todavía más, el Acta de Infracción ha identificado, entre las reglas aplicables, al numeral 7.6.7.3. de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, que define los documentos exigibles a los representantes de las personas jurídicas de derecho público, entre los que se cuenta al acto administrativo de otorgamiento de facultades.

Sobre la presunta vulneración al Principio de Verdad Material

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

22 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV Principios del procedimiento administrativo (…) 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 23 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007- 2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, en contra de la Resolución de Intendencia N° 032-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 17 de febrero de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 261-2019-SUNAFIL/IRE-AQP.

24 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 25 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.” 26 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento. 27 Tal y como se establece a través del artículo 9 del TUO de la LPAG, al establecer que “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 032-2021-SUNAFIL/IRE- AQP en todos sus extremos, por las razones expuestas en los fundamentos 6.1 a 6.31 de la presente resolución. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Arequipa.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.sunafil.gob.pe).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga