Minera la Zanja S.R.L — Res. 8-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de SST (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes), Accidentes de trabajo/ incidentes (Sub materia: Incluye todas) y Sistema de SST en las empresas (Submateria: Vigilancia/Coordinación en SST con empresas contratistas). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con efectuar la vigilancia/coordinación con la empresa contratista STRACON S.A. respecto al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que no tuvo un sistema eficaz de control, lo cual perjudicó las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la seguridad y salud de la extrabajadora afectada, tipificada en el numeral 28.8 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Si bien el principio de unidad de función y actuación justifica la existencia de equipos de inspectores de trabajo para que puedan llevar a cabo por sí solos y de manera separada las actuaciones inspectivas, ello no significa que vulneren o sobrepasen las competencias que les asigna la propia norma. Dicho principio no justifica que el inspector auxiliar lleve a cabo las actuaciones de manera individual dentro de una Orden de Inspección cuya materia escapa a sus competencias, en la medida que el artículo 6 de la LGIT establece que solo pueden llevar a cabo actuaciones cuando las materias a ser inspeccionadas no revistan complejidad. Por medio de la Resolución de Superintendencia N° 189-2019-SUNAFIL, entre las materias clasificadas como complejas en seguridad y salud en el trabajo está la identificación de peligros y evaluación de riesgos. La visita realizada el 3 de julio de 2019 fue íntegramente efectuada por el inspector auxiliar, sin intervención de la inspectora del trabajo. Por ende, existe afectación a las normas que rigen el procedimiento por cuanto el inspector no se encontraba legitimado para efectuar dicha diligencia donde se verificó una materia compleja. Además, no existe norma de rango legal que otorgue temporalmente a los inspectores auxiliares facultades para inspeccionar materias complejas. Por ello, se solicita que se declare la nulidad del procedimiento y el archivo del mismo o, en su defecto, se retrotraigan las actuaciones de forma tal que se supere el vicio.

ii. La Orden de Inspección N° 95-2019-SUNAFIL/INSSI se inició a fin de verificar los mismos acontecimientos que los que ameritaron la apertura de la presente Orden de Inspección

2 Véase folio 244 del expediente sancionador.

(investigación de accidente de trabajo). Los inspectores a cargo de la investigación en aquella Orden de Inspección dispusieron su cierre sin determinar la existencia de infracción. Sin embargo, ahora, se le ha notificado un Acta de Infracción, cuyo objeto es el mismo de la Orden de Inspección que se ha señalado: el supuesto accidente de trabajo de la trabajadora de la empresa STRACON S.A., lo que vulnera su derecho a que no se le inspeccione nuevamente sobre lo mismo. Además, la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo hacia la contratista tiene su origen en la Orden de Inspección N° 95-2019-SUNAFIL/INSSI; por lo que lo señalado por la Sub Intendencia no tiene sentido alguno.

iii. El eventual archivo de la primera orden de inspección por causa que no le es imputable no habilita a la Administración a abrir un nuevo procedimiento sobre la misma materia, pues ello afecta gravemente el principio de non bis in ídem. Además, sobre lo señalado en el considerando 4.14 de la resolución apelada, es claro que la Sub Intendencia flagrantemente omite que el motivo de ambas inspecciones es verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo a consecuencia de un supuesto accidente de la señora Uriarte. La Sub Intendencia ignora que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo verificado en la Orden de Inspección N° 95-2019- SUNAFIL/INSSI y la vigilancia/coordinación en seguridad y salud parten de un mismo hecho y sobre las mismas materias a inspeccionar. Asimismo, la sanción propuesta tiene su origen en la documentación de la referida Orden de Inspección; por lo que la única forma de que los inspectores hayan contado con dicha información es porque anteriormente revisaron el cumplimiento de la normativa. Lo que han realizado los inspectores es solamente un reexamen a fin de imponerles una sanción por una conducta infractora que ha sido declarada inexistente en un procedimiento anterior. Por ello, se solicita dada la evidente duplicidad de procedimientos que se declare la nulidad del procedimiento inspectivo derivado de la Orden de Inspección N° 216-2019- SUNAFlL/INSSI.

iv. Los inspectores han vulnerado el debido procedimiento y su derecho a la defensa, toda vez que la documentación que permitió la sanción administrativa ha sido valorada en otra orden de inspección, la cual no se ha tenido a la vista hasta el presente. Como puede apreciarse de la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, la empresa presentó una serie de informaciones; sin embargo, lejos de mencionar dichos documentos, los inspectores valoraron el Acta de Infracción, con otros documentos presentados por la señora Uriarte que nunca fue puesto a disposición de la empresa. Dicha vulneración al debido procedimiento ha sido convalidada por el Informe Final, viciando de nulidad todo el procedimiento inspectivo. El Acta de Infracción ni siquiera señala la fuente de información, remitiéndose a señalar que obra en el expediente, a

pesar de que no fue aportada por la empresa y, por ende, nunca se tuvo a la vista para ejercer su derecho a la defensa. Los inspectores señalan haber utilizado la información de las Ordenes de Inspección N° 95-2019-SUNAFIL/lNSSI y N° 96-2019-SUNAFIL/lNSSI, lo que resulta ilegal por no haber sido traslada a efectos de rebatirla. A efectos de enervar su posición, la Sub Intendencia hace alusión al artículo 28 de la LGIT, que solamente hace referencia a los deberes de los inspectores, mas no los faculta a realizar tal acto.

v. Los inspectores tienen facultades de revisar documentación, pero ello sin desmedro del derecho de defensa. La Sub Intendencia reconoce que no se ha cumplido este deber, pero pretende justificarlo, señalando que los inspectores no tienen obligación en las actuaciones inspectivas de trasladar la documentación a la empresa. Sin embargo, no podrá desconocerse que la Constitución, a la cual se encuentran supeditadas las actuaciones inspectivas, reconoce el derecho de defensa; por lo que pretender que se pueda construir una imputación en base a actuaciones ajenas al procedimiento o que han sido incorporadas sin aviso al administrado resulta contrario a derecho; ni siquiera se ha acompañado con el Acta de Infracción. De acuerdo al inciso 5 del artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), es derecho del administrado conocer los alcances de los procedimientos; por lo que se debió informar durante las actuaciones inspectivas que los inspectores se encontraban revisando información presentada en otra Orden de Inspección. Por ello, se solicita dejar sin efecto la multa.

vi. El Acta de Infracción, la Imputación de Cargos y el Informe Final son actos administrativos porque su naturaleza y efectos concuerdan con la definición establecida en el artículo 1 del TUO de la LPAG. En tanto constituyen actos administrativos, deben observar los requisitos de validez, como la motivación al amparo del artículo 3 del TUO de la LPAG; por lo que, en caso de no hacerlo, se deberá declarar su nulidad conforme al inciso 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG. No obstante, tal requisito no ha sido observado por el Acta de Infracción en el presente caso; al igual que el Informe Final al convalidar este acto, lo que resulta a todas luces nulo. El Acta de Infracción no motiva debidamente las razones por las que considera que se ha incurrido en infracción por supuesto incumplimiento del deber de vigilancia, al igual que el Informe Final, ya que solo se limita a señalar que no ha cumplido con esta obligación, citando una serie de normas, pero no menciona las acciones que supuestamente se debió llevar a cabo con el respectivo sustento legal, ya que el deber de vigilancia tiene alcances y límites. Ante ello, se solicita que no se acoja la multa propuesta.

vii. La Sub Intendencia confunde el deber de vigilancia con el deber de supervisión. El deber establecido en el artículo 68 literal d) de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, implica vigilar que las contratistas cumplan con tener los documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre los que se encuentran el IPERC y la hoja de evaluación de riesgos, pero no reemplazar, evaluar o modificar la información de sus documentos ni de supervisar a sus trabajadores, por ser dichas obligaciones exclusivas del empleador.

viii. La empresa acreditó el cumplimiento del deber de vigilancia a través de los siguientes documentos: (i) Cumplimiento al Compromiso de Seguridad - Mina; (ii) Informe de Avance de Campaña de Prevención de Accidentes de Tránsito-Stracon GyM dirigido al representante de La Zanja; (iii) Informe sobre Campaña de Manos GyM dirigido al

representante de La Zanja; (iv) Capacitaciones del personal de Stracon GyM sobre reporte de emergencias en La Zanja; (v) Correo electrónico de Stracon a su personal acerca de su sistema de gestión; (vi) Estándares de IPERC, reporte e investigación de incidentes de Stracon; (vii) Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo de Stracon a su personal; (viii) Plan de respuestas ante emergencia de Stracon; y, (ix) Hoja de trabajo de Evaluación de Riesgos o IPERC.

ix. El IPERC ha sido elaborado por un equipo de expertos en seguridad y salud en el trabajo, con la participación de los trabajadores, y está contemplado el riesgo del supuesto accidente como caída; por lo que no existe incumplimiento. Tampoco se puede exigir que se agregue los innumerables supuestos en los que se produce la caída, tales como dolor de cabeza, soroche, mala alimentación, entre otros, puesto que no forma parte del equipo de elaboración del IPERC. Incluso, una injerencia de este tipo desnaturalizaría la relación existente entre empresas. En caso existiese una deficiencia en el IPERC de STRACON S.A., ello sería imputable a dicha empresa, que por su especialidad conoce mejor su actividad. De igual manera, respecto a la calificación del riesgo, ello fue resultado de la valoración que realizó el equipo de trabajo de STRACON S.A., no teniendo injerencia en la elaboración del mismo. Si existen abreviaturas que no se entienden, no significa que no estén identificados los riesgos, que esté mal o que no cumpla con un requisito legal, lo cual corresponde aclarar a la contratista. Por lo expuesto, es claro que se ha vulnerado los principios de tipicidad, debida motivación y legalidad.

i. Con relación a lo señalado en el punto i) del resumen del recurso de apelación, se indica que las actuaciones inspectivas de investigación fueron realizadas por un equipo de inspectores en este caso, conformado por el inspector Auxiliar del Trabajo Edwin Saúl Condor Bautista y la Inspectora del Trabajo Mary Doris Juica Lescano conforme a la Orden de Inspección N° 216-2019-SUNAFIL/INSSI.

ii. En ese sentido, el Inspector Auxiliar comisionado ha actuado como apoyo de la Inspectora del Trabajo designada, y no como única autoridad inspectiva encomendada para realizar la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo a la inspeccionada, según lo ordenado por la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, conforme lo dispone el artículo 6 literal a) de la LGIT, modificado por la Ley N° 29381.

3 Notificada a la impugnante el 06 de abril de 2022, véase folio 276 del expediente sancionador.

iii. Indica que a través del Decreto Legislativo N° 1383 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2018, se modificó lo relacionado a la competencia funcional de los inspectores auxiliares regulada en el artículo 6 de la LGIT.

iv. Sin embargo, dicha modificación no tuvo vigencia a la fecha siguiente de su publicación, sino que estaba supeditada a la dación de la Resolución de Superintendencia de Sunafil que apruebe los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren complejas, lo cual fue efectuado con la Resolución de Superintendencia N° 189-2019-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de junio de 2019, en cuyo artículo 4 se estableció lo siguiente: "Las órdenes de inspección generadas con anterioridad al 1 de Julio de 2019, continúan su trámite de acuerdo a la normativo y reglas que determinaron su generación."; por ende, no resulta aplicable a la fiscalización efectuada dichos criterios para calificar materias complejas al haberse generado la Orden de Inspección N° 216-2019-SUNAFIL/INSSI el 24 de junio de 2019.

v. Si bien la inspectora de trabajo no participó en la diligencia del 3 de julio de 2019, sí lo hizo en la comparecencia realizada el 9 de julio de 2019 conforme al requerimiento de comparecencia y constancia de actuaciones inspectivas emitidas en dicha fecha en la comparecencia del 19 de Julio de 2019 conforme a la constancia de actuaciones inspectivas extendida en dicha oportunidad y al suscribir el Anexo de Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación el 31 de Julio de 2019.

vi. Es errado considerar que se haya afectado el principio de non bis in ídem en su vertiente procesal, en tanto en este caso originado por la Orden de Inspección N° 216-2019- SUNAFIL/INSSI, el personal inspectivo decidió no emitir ningún pronunciamiento sobre el accidente de trabajo al estar judicializado, realizando la fiscalización únicamente por la materia vigilancia/coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que no fue objeto de investigación en la Orden de Inspección N° 95-2019-SUNAFIL/INSSI, conforme lo precisó el inferior en grado en el considerando 4.14 de la resolución apelada. Por ello, la Intendencia considera que no existe duplicidad de inspecciones por los mismos hechos, resultando infundado su petición de nulidad contra las actuaciones inspectivas de investigación que son antecedentes de este procedimiento sancionador.

vii. En tal sentido, en el presente caso, los inspectores comisionados han efectuado una labor de comprobación, a fin de corroborar una situación antijurídica que se desprendía producto de la actividad de fiscalización llevada a cabo a su contratista STRACON S.A. y tomar las acciones que dispone el ordenamiento frente a incumplimientos que le sean imputables. Para tales efectos, desde la primera actuación realizada se le ordenó a la inspeccionada exhibir documentación que acredite la vigilancia/coordinación de las normas de seguridad y salud en el trabajo con la referida contratista a la fecha del accidente de trabajo de Stefanie Uriarte Landaeta, en tanto se había comprobado en las Ordenes de Inspección N° 96-2019-SUNAFIL/INSSI y N° 218-2019-SUNAFIL/INSSI que la contratista no había cumplido con sus obligaciones relacionadas con la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo de dicha trabajadora y era necesario verificar si, en su condición de titular minero, se había cumplido con los deberes establecidos en el artículo 68 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en lo sucesivo, la LSST). Al no haber demostrado haber cumplido con los deberes de vigilancia/coordinación, al finalizar las actuaciones inspectivas, los inspectores dejaron constancia del incumplimiento detectado y su carácter

insubsanable, haciéndoselo saber a la inspeccionada, a través de su apoderado Fernando Angelo Blacido Hurtado con fecha 31 de julio de 2019.

viii. Con relación a lo indicado en el punto vii) del resumen del recurso de apelación, sobre el IPERC de su contratista, debe precisarse que no se le ha realizado observaciones en torno a quienes los habrían elaborado o si ha sido hecho con participación de los trabajadores. Además, la multa tampoco se refiere a no haber contemplado el riesgo de caída en la actividad de transporte de personal, sino a que la valoración de dicho riesgo no coincide con lo regulado en el Estándar-Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control - IPERC, lo cual debió ser objeto de control por parte de la inspeccionada hasta el 13 de julio de 2016 al amparo del artículo 68 literal d) de la LSST.

ix. Aclara que no se le ha exigido que el IPERC de la contratista evalué que las caídas se pueden producir por otras circunstancias a las que contempló expresamente en su Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos, sino que, sin vincularlo a tal riesgo, la inspeccionada debió haber controlado que su contratista STRACON S.A. identifique los peligros y riesgos que se puedan producir por ascensos a grandes latitudes del personal que labora en Lima y se traslada al Proyecto La Zanja, lo cual no fue efectuado.

x. Señala que en este caso no se le está imponiendo sanción por acciones directamente cometidas por su contratista, sino por deberes propios como lo son la coordinación y vigilancia que debió realizarse a dicha empresa respecto de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (particularmente, en la materia identificación de peligros y evaluación de riesgos). En tanto la inspeccionada no ha demostrado que haya cumplido con estas obligaciones frente a los incumplimientos verificados en torno a la matriz IPERC de su contratista, es sancionable no haber realizado su deber de coordinación/vigilancia en su condición de empresario principal o titular minero.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA LA ZANJA S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 569-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCUL0 139° INCISO 2) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU Los hechos materia de la presente inspección se encuentran judicializados por la trabajadora, en tanto que la señora Uriarte inició un proceso judicial solicitando el pago de una indemnización por daños y perjuicios por el supuesto accidente de trabajo acontecido el 13 de julio de 2016. En efecto, en función a que, es el Poder Judicial quien viene conociendo la controversia referida a los hechos suscitados el 13 de julio de 2016, pues, corresponderá a dicha instancia analizar si el IPERC del empleador de la señora Uriarte se encontraba conforme a ley y no a SUNAFIL

ii. INAPLICACIÓN DEL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1038, DECRETO LEGISLATIVO QUE PRECISA LOS ALCANCES DE LA LEY N° 29245, LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN Indica que, dicho artículo ha sido inaplicado por la Intendencia, así como los inspectores de trabajo, toda vez que, se advierte que la señora Uriarte NUNCA cumplió con desplazarse por lo menos por un tercio de los días laborables pactados en el contrato de tercerización o con 420 horas o 52 de trabajo efectivo consecutivos, toda vez que, conforme la propia Acta de Infracción señala, únicamente estuvo en la Unidad el 13 de julio de 2016, día en el cual, sufrió. supuestamente, el referido accidente.

iii. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 28806, LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO El mencionado artículo fue inaplicado por la Intendencia en tanto que, la visita inspecitva del 3 de julio de 2019 fue llevada a cabo, en solitario, por parte de la inspectora de trabajo auxiliar, Mary Juica Lescano, a pesar de que, la misma no se encontraba facultada para ello.

Si bien el mencionado principio justifica la existencia de equipos de inspectores de trabajo que, pueden llevar a cabo por sí solos y de manera separada las actuaciones inspectivas encomendadas en la Orden de Inspección, ello no significa que vulneren o sobrepasen las competencias que les asigna la propia norma.

iv. INAPLICACIÓN DE ARTÍCULO 248°, NUMERAL 11) DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Tanto el origen de la Orden de Inspección N° 95-2019-SUNAFIL/INSSI, así como la presente orden, es el mismo, dado que, las mismas analizan la controversia respecto del mal de altura que aquejó a la señora Uriarte el 13 de julio de 2016, mientras se dirigía a las oficinas de Stracon dentro del campamento minero, tal como refiere la propia Acta de Infracción.

v. Sin perjuicio de lo antes señalado, los inspectores a cargo de la mencionada Orden de Inspección dispusieron su cierre sin determinar la existencia de infracción alguna en nuestra Empresa. Sin embargo, ahora se ha notificado un Acta de Infracción, respecto de una nueva orden de inspección N° 216-2019-SUNAFIL/INSSI, cuyo objeto es el mismo de la Orden de Inspección N° 095-2019-SUNAFIL/INSSI.

vi. A mayor abundamiento, esta verificación de la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo de su parte hacia la contratista tiene su origen en la revisión del cumplimiento de esta última de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, hecho que ya ha sido materia de verificación en la OI 95-2019-INSSI, por lo que, lo señalado por la Sub Intendencia, no tiene sentido alguno. En tal sentido, es evidente la inaplicación del principio de non bis in ídem, dado que, a buenas cuentas, se ha llevado a cabo el análisis de un mismo hecho, en dos ocasiones.

vii. Por todo lo expuesto, es claro que también se ha afectado el principio de legalidad. iniciándose un nuevo procedimiento sobre una materia que ya ha sido fiscalizada y vulnerando las normas antes mencionadas, por lo que a pesar de que en todo procedimiento inspectivo debe respetarse este principio establecido en el en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo.

viii. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO IV, NUMERAL 1.2. DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Sobre el particular, en el presente procedimiento, se ha vulnerado el debido procedimiento, en dos vertientes: (i) el derecho de defensa y (ii) el derecho a la debida motivación. En tal sentido, en los párrafos siguientes detalla, en primer lugar, la vulneración

al derecho a la defensa que supone la inaplicación del citado artículo para, posteriormente, detallar la vulneración a la debida motivación. Sin embargo, lejos de analizar los mencionados documentos, los inspectores, con la única finalidad de proponer una sanción en contra de nuestra Empresa, valoraron en el Acta de Infracción, documentación que nunca fue puesta a nuestra disposición a lo largo del procedimiento inspectivo. Lo señalado en el párrafo precedente constituye una clara afectación al debido procedimiento, pues los inspectores comisionados emiten un Acta de Infracción tomando en cuenta documentación externa a la presente Orden de Inspección, sin que siquiera haya informado de dicha situación a la Empresa. Dicha vulneración al debido procedimiento ha sido convalidada por el Informe Final de Instrucción, viciando de nulidad todo el procedimiento inspectivo. El Acta de Infracción únicamente se limita a señalar que su Empresa no ha cumplido con sus obligaciones en materia de coordinación y vigilancia con su contratista Stracon, procediendo a citar una serie de normas en materia de SST que su Empresa habría incumplido. No obstante, es claro que esta afirmación carece de una debida motivación, toda vez que en todo caso se debieron mencionar las acciones que supuestamente debió llevar a cabo con el respectivo sustento legal, pues el deber de vigilancia tiene alcances y límites. Por estos motivos, es claro que, NO EXISTE MOTIVACIÓN ALGUNA respecto a las razones que llevaron a concluir a los inspectores que nuestra labor de vigilancia fue insuficiente. Del mismo modo, habiéndose recogida esta imputación por el Informe Final de Instrucción, adolece del mismo vicio.

ix. APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 28°, INCISO 28.8 DEL DECRETO SUPREMO N° 019- 2006-TR, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y DEL ARTÍCULO 68° DE LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En otras palabras, a efectos de que se constate la existencia de la conducta infractora del inciso 28.8, y por ende, el incumplimiento del deber establecido en el artículo 68° en referencia, se hace necesario que se compruebe la existencia de una conducta infractora por parte de la empresa contratista, empleadora del trabajador afectado. Siendo ello así, en la presente controversia, NO EXISTE documento alguno que determine la existencia de una conducta infractora por parte de STRACON, en tanto que, como bien reconoce la propia intendencia, la Orden de Inspección iniciada en contra de dicha Empresa se archivó, debido a que, la señora Uriarte inició un proceso judicial en contra de dicha empresa, sobre los mismos hechos que hoy son materia de controversia.

x. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 68° DE LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Su Empresa cumplió con verificar que la contratista cumpliera con tener los documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre los que se encuentran, evidentemente, el IPERC y la hoja de evaluación de riesgos. En efecto, el deber de nuestra empresa es de vigilar que las contratistas cumplan con la normativa sobre seguridad y salud, pero no a reemplazar o evaluar o modificar la información de sus documentos de seguridad ni de supervisar a sus trabajadores. pues la elaboración de los documentos de seguridad es una obligación exclusiva de su respectiva empresa y la supervisión es exclusiva del empleador respecto de sus trabajadores. De este modo, se incurre en error al entender que el deber de vigilancia comprende cuestionar o modificar los documentos de seguridad de terceras empresas, a pesar que el mismo se refiere a verificar que la contratista cumpla con los documentos de gestión de la seguridad y salud de sus trabajadores.

El IPERC fue elaborado por un equipo de trabajo de expertos en seguridad y salud en el trabajo de Stracon con la participación de sus trabajadores, y el riesgo del supuesto accidente estaba contemplado como CAIDA, por lo que no existe incumplimiento alguno, así como tampoco se puede exigir que su Empresa agregue los innumerables supuestos en los que se producen las CAIDAS como dolor de cabeza, soroche, mala alimentación, etc porque no forma parte del equipo de elaboración de su IPERC ni sería razonable ni es exigible legalmente a su representada que pretenda modificarlo, dentro de los alcances del deber de vigilancia. Lo que es más, una injerencia de ese tipo desnaturalizaría la relación existente entre empresas y los llevaría a la imposición de una potencial multa por incumplimientos en materia de vinculación con terceros. Por todo lo expuesto queda claro que, la correcta interpretación del deber vigilancia plasmado en el artículo 68° de la Ley N° 29783, no implica de ninguna forma la injerencia de la Empresa principal en las obligaciones de las contratistas con sus trabajadores, en tanto que, éste se ciñe a VIGILAR el cumplimiento de la normativa respecto de terceras empresas, pero no a cuestionar, modificar o alterar los documentos de gestión con los que cuenta la contratista como se pretende en el Acta de Infracción e informe de imputación de cargos, por lo que no es posible imputar a su Empresa cuestionamientos sobre valoraciones del IPERC de la contrata, ya que no forma parte de su equipo de elaboración y tampoco corresponde, conforme a ley.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo

10 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 11 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se

encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

económica y a las capacidades empresariales, dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente, en favor del personal de aquellas empresas; puesto que, en caso de no hacerlo, la empresa principal, en virtud de su deber de garantía establecido en el artículo 68 de la LSST, es quien deberá asumir el cumplimiento de las referidas obligaciones, aun cuando por disposición legal se le atribuya a su empleador, salvo en aquellos casos en que determinada obligación debe ser asumida por una de las partes de modo indisponible. Por tanto, se advierte que la impugnante es responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudiera generar la contratista.

cumpla efectivamente con sus obligaciones, todo ello, debe ser interpretado en conjunto con el principio de prevención contenido en la Ley N° 29783, que regula la garantía que, en el centro de trabajo, se establezcan los medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, tal como ha ocurrido en el presente caso (énfasis añadido).

12 OSPIINA SALINAS, Estela, y BEJAR CARDENAS, Elio. El deber de Coordinación Interempresarial. Lima: Análisis Laboral. Edición de Aniversario, 2017, p. 43. 13 Ibíd. p. 45

Sobre el artículo 75 del TUO de la LPAG

los expedientes judiciales de la corte superior, tanto por código o ingresando ciertos datos pertenecientes al expediente. Se puede visualizar las resoluciones emitidas por las cortes, y la información en tiempo real”14.

Figura N° 01

14 Véase el siguiente enlace: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/preguntasFrecuentes.html. 15 Véase el siguiente enlace: https://www.eje.pe/wps/wcm/connect/99529a00414d4d62a75fbf5aa55ef1d3/R.A.+220- 2020-P-CSJLI-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=99529a00414d4d62a75fbf5aa55ef1d3

Sobre la vulneración al Principio del non bis in idem 6.28 Al respecto, debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

16 Fund. Jur. N°. 3.3. 17 Fund. Jur. N°. 19.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”18 (énfasis añadido).

18 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

autos, por lo que no resulta aplicable el principio invocado, advirtiéndose además una estricta observancia al principio de legalidad y debido procedimiento. Por tales razones, no se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, debiendo este extremo del recurso ser desestimado.

Sobre la inaplicación del artículo 6° de la Ley N° 28806 6.33 Con relación a ello, es pertinente indicar que la Orden de Inspección N° 216-2019- SUNAFIL/INSSI fue asignada a un equipo conformado por dos Inspectores: Inspectora de Trabajo Mary Doris Juica Lescano y el Inspector Auxiliar Edwin Saúl Condor Bautista. Al respecto, cabe indicar que la validez de las actuaciones inspectivas no se condiciona a la participación conjunta de ambos en cada actuación efectuada durante la etapa inspectiva sino a la intervención indistinta de ambos, durante la fase investigatoria, conforme lo prevé el principio de unidad de acción, establecido en el artículo 1019 de la LGIT, en cuyo caso en las funciones de colaboración y apoyo, los Inspectores Auxiliares están facultados para realizar actuaciones inspectivas, entrevistando a los trabajadores y empleadores, visitando los lugares y centros de trabajo, así como la comprobación de datos, entre otras acciones, todo ello, en concordancia con el cuarto párrafo del artículo 4 del D.S. N° 019-2007-TR.

19 Artículo 10.- Principios generales Las actuaciones inspectivas podrán realizarse por uno o conjuntamente por varios Inspectores del Trabajo, en cuyo caso actuarán en equipo bajo el principio de unidad de acción.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

20 “TUO de la LPAG, Artículo IV. (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.”

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MINERA LA ZANJA S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 569-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3692-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con efectuar la vigilancia/coordinación con la empresa contratista STRACON S.A. respecto al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que no tuvo un sistema eficaz de control, lo cual perjudicó las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la seguridad y salud de la extrabajadora afectada. Numeral 28.8 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 569-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MINERA LA ZANJA S.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

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