Minera Bateas S.A.C — Res. 274-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidentes de trabajo e incidentes). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no haber efectuado las coordinaciones con la contratista Empresa de Transporte Rey Latino E.I.R.L., respecto a la vigilancia y cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el Trabajo, toda vez que se determinó que la citada empresa contratista no dio cumplimiento a los temas de seguridad y salud en el trabajo referidos al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Formación e Información en seguridad y salud en el trabajo, lo cual afectó al trabajador Gabriel Llaique Chaupi, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 123,018.75.

i. La empresa ha sido perjudicada mediante la notificación defectuosa de la imputación de cargos y el Acta de Infracción, realizada mediante la cédula de notificación N° 28337-2020, toda vez que el notificador no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 21.5 del artículo 21 de la LPAG.

ii. Con fecha 08 de julio de 2020, se cumplió con activar la casilla electrónica de la SUNAFIL, conforme a lo determinado por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, siendo así y a pesar de que la SUNAFIL tenía conocimiento de que las instalaciones se encontraban cerradas y a pesar de haber activado y puesto en conocimiento la casilla electrónica, procedieron efectuar la notificación con cédula de notificación N° 26965-2020, bajo puerta.

iii. El inspector Auxiliar no estaba facultado ni capacitado para hacer la visita inspectiva por sí solo, sobre todo por ser la materia de verificación las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo.

iv. La multa propuesta por el acta de Infracción atenta contra el principio de razonabilidad.

v. Se ha acreditado que la Empresa había adoptado todas las medidas destinadas a evitar accidentes de trabajo vinculados al transporte del personal, de igual forma se acreditado que la empresa cuenta con toda la documentación que da cuenta del accidente de trabajo.

vi. Se ha acreditado que, a la fecha en que ocurrió el accidente, la Empresa contaba con un Sistema de Gestión de SST que preveía todas aquellas obligaciones que le son exigidas, es decir, no solo contaba con un RISST, sino que había procedido a la identificación de peligros y riesgos asociados al trabajo (IPER), habiendo capacitado tanto a sus trabajadores como a los de su contratista en dicha materia de prevención.

vii. El Señor Llaique falleció por un accidente de tránsito originado por una tercera persona y fuera de las instalaciones de Bateas; es decir. Bateas ni Transporte RL son responsables del accidente que termino con la vida del Señor Llaique; sino que fue, evidentemente, un factor externo que originó dicho accidente.

i. Se advierte que se ha cumplido con señalar la fecha para la programación de la segunda visita, cumpliendo con el procedimiento exigido en el numeral 21.5 del artículo 21 del TUO de la LPAG.

ii. Si bien la inspeccionada habilitó su casilla electrónica en la SUNAFIL, no le resta eficacia el haberse efectuado la notificación del Informe Final de manera personal (bajo puerta), siendo dicha modalidad la primera en realizarse según el orden de prelación consignado en el artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444; por tanto, no se ha originado afectación alguna al derecho de defensa de la inspeccionada ni al debido procedimiento, más aún al haberse verificado que la inspeccionada ha realizado su descargo correspondiente dentro del plazo de Ley.

iii. En cuanto a la Resolución de Intendencia N° 007-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se verifica que los hechos suscitados en torno de dicho proceso son diferentes a los hechos que se indican en el presente proceso, además en dicho caso la inspeccionada no presento su descargo a causa de no haber sido notificada válidamente.

iv. De la revisión del expediente de inspección se verifica que el inspector de trabajo participó conjuntamente con el inspector auxiliar de trabajo en las diligencias de comparecencia de fecha 27 de noviembre de 2017, así como en la extensión del Anexo de Constancia de actuaciones inspectivas de investigación - hechos insubsanables en los que participaron conjuntamente el Inspector Auxiliar del Trabajo y el Inspector del Trabajo; suscribiendo ambos finalmente, el Acta de Infracción, que obran a fojas 01 a la 08 del expediente sancionador y refrendado por el supervisor de Trabajo Carlos Antonio Suarez Wong. En consecuencia, las

2 Notificada a la impugnante el 16 de agosto de 2021, véase folio 221 del expediente sancionador.

actuaciones inspectivas fueron llevadas conforme a ley y por el personal inspectivo competente, careciendo de sustento lo alegado por la inspeccionada.

v. En cuanto al monto de la multa impuesta que difiere del monto inicial propuesto por los Inspectores comisionados que se cuestiona, de la revisión efectuada, se advierte que dicha adecuación se encuentra con arreglo a ley, en tanto ello se ve reflejado en el "Informe de Subsanación" a través del cual los Inspectores comisionados corrigieron su propuesta de multa a la suma de S/ 123,018.75, a raíz del requerimiento de subsanación efectuado por la autoridad instructora mediante proveído de fecha 04 de octubre de 2019, que fue debidamente notificado a la inspeccionada, el 30/12/2019.

vi. No se advierte incongruencia ni vulneración de la debida motivación, en tanto dicho proceder se encuentra conforme al trámite del procedimiento sancionador establecido en el artículo 53 del RLGIT; máxime si la imputación de Cargos, fue efectuada posteriormente tomando en cuenta la subsanación de monto de la multa, efectuado por los Inspectores comisionados.

vii. De la resolución apelada se verifica que el inferior en grado ha aplicado de manera razonable y proporcional la sanción impuesta a la inspeccionada por incumplimiento de infracciones de materia de relaciones laborales, conforme a la propuesta de sanación efectuada por el personal inspectivo, al haberse determinado de manera fehaciente que el accidente de trabajo de fecha 18 de mayo de 2017, causó la muerte del trabajador Gabriel Llaique Chaupi, hecho que ha sido reconocido por la inspeccionada y constatado mediante el informe de investigación del accidente mortal.

viii. La inspeccionada se encontraba en la obligación de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la contratista, misma que fueron incumplidas por la contratista según a orden de inspección N° 555-2017- SUNAFIL/INSSI, en la que se constató que esta incumplió la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionado al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Formación e Información en Seguridad y Salud en el Trabajo; constatándose por tanto, que la inspeccionada no cumplió con su deber de vigilancia y cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo con respecto a su contratista.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA BATEAS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Interpretación errónea de la definición de “Accidente de Trabajo” del glosario de términos desarrollados por el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por el Decreto Supremo No. 005-2012-TR, en la medida que la Autoridad Inspectiva ha considerado un accidente de tránsito, erróneamente, como un accidente de trabajo. Precisar, además, que el accidente se produjo no por una deficiencia de la unidad contratada (la que además contaba con todos los requerimientos técnicos exigidos), sino por un vehículo que invadió el carril que ocupaba el vehículo siniestrado, provocando el accidente.

- Interpretación errónea del artículo 53 de la Ley N° 29783, Ley de Segundad y Salud en el trabajo y el artículo 94 del RSST, en la medida que se imputa a Bateas una responsabilidad sobre su deber de prevención que -supuestamente- causo un daño directo al Trabajador de la Contratista, cuando el evento sancionado se produjo por un accidente de tránsito por la invasión de una unidad en el carril del vehículo siniestrado, es decir, se produjo por un evento fortuito que escapa a cualquier tipo de control o supervisión.

- Inaplicación del anexo 2 de la Resolución de Superintendencia No. 189-2019-SUNAFIL, Criterios Técnicos para la determinación de las Inspecciones que se consideren complejas a que se refiere el Artículo 6 de la LGIT, modificado por Decreto Legislativo N° 1383, y aprueban el Listado de las Materias Sociolaborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo

que se consideran Complejas, el artículo 6 de la LGIT y el artículo 1.17 del TUO de la LPAG sobre las facultades de los inspectores auxiliares y sus competencias en el marco de las actuaciones inspectivas. Siendo que, en el presente caso, el Inspector Auxiliar Elíseo Abdías Martínez llevó a cabo diligencias en materia de SST consideradas como complejas, las cuales se encontraban fuera de su competencia.

- Inaplicación del artículo 53.4.2 del RLGIT sobre la duración máxima del procedimiento sancionador, el cual está previsto para un plazo de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificada la imputación de cargos con el cual se inicia el procedimiento sancionador hasta la notificación de la resolución de intendencia debidamente realizada al sujeto inspeccionado. En el presente caso, se ha incurrido en un exceso de plazo; siendo que desde la notificación de la Imputación de Cargos hasta la de la Resolución de intendencia han pasado más de quince (15) meses.

- Inaplicación del artículo 44 literal a) de la LGIT y del artículo 248.2 de la LPAG sobre el derecho a un debido procedimiento con garantía del derecho a una debida motivación, todo ello en la medida que la resolución de intendencia carece de sustento en base a la inaplicación y la indebida interpretación de las normas laborales.

- El apartamiento inmotivado del precedente de observancia obligatoria del TFL recaído en la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral No. 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 5 de julio de 2021. mediante el cual se determina los criterios aplicables para determinar la existencia de la relación de causalidad entre un incumplimiento en materia de SST de un empleador que ocasione un accidente de trabajo. Esto, en la medida que se atribuye a Bateas la responsabilidad sobre el fallecimiento del Trabajador del Contratista por un supuesto incumplimiento de prevención en materia de SST cuando, en la realidad, la causa de dicho accidente ha sido ocasionado por un tercero (accidente de tránsito).

- Apartamiento inmotivado del precedente de observancia obligatoria del TFL recaído en la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral No. 091-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 14 de julio de 2021, sobre las competencias de los inspectores. Esto, en la medida que ha quedado probado la ausencia de facultades del Inspector Auxiliar para realizar actuaciones inspectivas de una materia completa de SST por estar fuera de su competencia.

- Inaplicación del artículo 21.5 de la LPAG sobre el procedimiento de notificación de resoluciones y, en específico, sobre aquellas que son realizadas bajo puerta. Esto, en la medida que Bateas ha sido notificada incorrectamente con la Imputación de Cargos que dio inicio al procedimiento sancionador del presente caso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1. Al respecto, del presente procedimiento sancionador, se observa lo siguiente:

- El 16 de enero de 2020 inició el procedimiento sancionador con la notificación del acta de infracción y de la Imputación de cargos N° 23-2020-SUNAFIL/ILM/AI29.

9 Véase folio 15 del expediente sancionador.

- El 14 de enero de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 026-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, siendo notificada el 18 de enero de 202110.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 Véase folio 181 del expediente sancionador. 11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento, por lo que solo se puede determinar la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026- 2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

12 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”13.

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido).

Sobre la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

13 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 14 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

cumplir con el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y con formación e información.

15 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 16 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.

esquema de subcontratación en el papel de deudora de la seguridad de los trabajadores desplazados a sus instalaciones.

17 OSPIINA SALINAS, Estela, y BEJAR CARDENAS, Elio. El deber de Coordinación Interempresarial. Lima: Análisis Laboral. Edición de Aniversario, 2017, p. 43. 18 Ibíd. p. 45

“Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) (…) d) (…) e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación." 6.31. Asimismo, la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo, de fecha 29 de agosto de 201720,

19 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 20 Vigente durante el trámite del procedimiento sancionador.

aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, dispone en el literal c del punto 7.1.2.2. lo siguiente: “c. Producto de la revisión o calificación del Acta de infracción la Autoridad Instructora podrá determinar el inicio o no del procedimiento sancionador. En tal sentido, en los supuestos que se detallan a continuación deberá considerar: ▪ En caso se omita uno o más requisitos formales del Acta de Infracción, la Autoridad Instructora comunica al Inspector del Trabajo que elaboró dicha acta, las omisiones detectadas, otorgando un plazo no mayor a tres (03) días hábiles para su subsanación. Para tal propósito, procede a devolver el Acta de infracción, así como los adjuntos a éste. ▪ La subsanación de las omisiones advertidas será incorporada al expediente. ▪ De haberse cumplido el plazo concedido para la subsanación o devuelta el Acta de infracción, sin la subsanación debida de las omisiones advertidas, la Autoridad instructora mediante Informe puede determinar la no instauración del procedimiento sancionador. ▪ Cuanto las omisiones advertidas afecten la totalidad o gran parte del contenido del Acta de infracción, la Autoridad Instructora procede a determinar la no instauración del procedimiento sancionador. ▪ En caso se determine que se han presentado requisitos de carácter insubsanables, la Autoridad Instructora emite el informe mediante el cual se concluye la no instauración del procedimiento sancionador. (…)” (énfasis añadido)

21 Folio 61 del expediente inspectivo.

de los hechos y los documentos actuados, en aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG22, corresponde declarar fundado el recurso de revisión interpuesto.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-

22 TUO de la LPAG, “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (…) 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.”

Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MINERA BATEAS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 333-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM en todos sus extremos, dejando sin efecto la multa impuesta. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a MINERA BATEAS S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA