Magensa Materiales Generales S.A.C — Res. 1019-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial; identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER); máquinas y equipos de trabajo; formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; gestión interna de seguridad y salud (sub materia: registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas; por no identificar los peligros ni evaluar los riesgos ni las medidas de control para el puesto de trabajo de “supervisor de tableros” y el puesto de trabajo “Operativo”, así como las tareas realizadas en dichos puestos, entre otros, “operar el calentador de agua a carbón” y manipulación y/o funcionamiento de la máquina “prensa hidráulica de platos calientes- Marca MANNI”, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 98,043.75.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas; al no haber formado e informado sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo de los trabajadores Rafael Castillo López y José Beltrán Arrunategui Nima (supervisores de tableros) y del trabajador Wilmer López Rojas (operativo), y en la función específica de manipulación y/o funcionamiento del equipo a presión caldero/calentador de agua y en la máquina "Prensa hidráulica de platos calientes - Marca MANNl", así como en las medidas preventivas y de control adecuadas y suficientes a tales riesgos, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 98,043.75.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas por no haber efectuado los mantenimientos preventivos correctivos del equipo a presión "caldero/calentador de agua carbón" y en la máquina "Prensa hidráulica de platos calientes - Marca MANNl", tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 98,043.75.

i. No se valoró que la matriz de identificación y evaluación de peligros, sí identificó los peligros y riesgos de las actividades que como operarios realiza el personal, señalando que, respecto a la nomenclatura de los puestos de trabajo, es usual que se tenga una clasificación general como operario, para luego determinar las actividades que debe desarrollar cada puesto de trabajo. ii. Asimismo, refiere que, presentó la realización de varias capacitaciones, y en el presente escrito se presentan nuevas pruebas, las mismas que acreditan que la inspeccionada cumplió con la información y la formación de su personal operario del área, siendo que las capacitaciones realizadas en 2017 en materia de seguridad y salud se encuentran en el anexo C, las capacitaciones realizadas en el área de tableros de 2017 se encuentran en el anexo D, las capacitaciones realizadas en 2018 en materia de seguridad y salud en el trabajo se encuentran en el anexo E, las capacitaciones específicas realizadas en el área de tableros de 2018 se encuentran en el anexo P, debiéndose señalar que las mismas se daban de acuerdo al cronograma de mantenimiento, el cual se adjunta al recurso como anexo H, en donde el personal que se encontraba laborando en el área del tablero fue capacitado en los procedimientos de operación sobre las máquinas prensadora, circular, encoladora, enchapadora, encuadradora, y cortadora vertical, con el fin de evitar riesgos en cada una de las áreas que manejaban estas máquinas. iii. Añade que con el "cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo máquinas MAGENSA" de 2017 y 2018, demuestra que daba mantenimiento y realizaba el cambio de piezas a las distintas máquinas; por lo que, adjunta las boletas y facturas de repuestos y piezas que se compraron para las máquinas en los meses de enero a diciembre de 2017 y enero a marzo de 2018. Además, indica que la legislación nacional no impone obligación de registrar el mantenimiento de cada parte o cada equipo, sin embargo, cumplió con realizar el mantenimiento, cambiar las piezas que requerían de cambio y todo ello se presentó, no obstante, ello no ha sido considerado ni merituado por la instancia de mérito. iv. Finalmente, alega la vulneración de los principios de tipicidad, razonabilidad y motivación.

i. El accidente de trabajo, objeto del presente proceso, se originó el día martes 17 de abril de 2018, en horas de la mañana, cuando se procedió a probar un calentador de agua carbón para el equipo que pegaba las planchas de madera, el cual necesita de agua caliente para que la madera quede correctamente pegada; siendo que la

2 Notificada a la impugnante el 23 de diciembre de 2021. Ver folio 166 del expediente sancionador.

circulación de agua fría ocurrió sin problemas, ya por la tarde, minutos antes de las 4:00 pm, se procedió a usar el equipo y por su sobrecalentamiento éste hizo explosión, el trabajador Rafael Castillo López estaba operando el calentador de agua, en su calidad de supervisor de tableros, y el trabajador José Beltrán Arrunategui Nima, estaba como apoyo para operar el calentador, en su calidad de supervisor de tableros, ambos tuvieron un accidente de trabajo mortal, y el trabajador Wilmer López Rojas, estaba cerca del área y fue alcanzado por un material que le golpeó la espalda, ocasionándole una herida, su puesto de trabajo es de operario de mantenimiento. ii. Sobre dicho incumplimiento en la Identificación de peligros, se puede observar de la resolución apelada que si bien la inspeccionada exhibe la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de fecha de actualización 11 de enero de 2018, se aprecia que, está no se encuentra conforme a Ley, por cuanto no se ha considerado el puesto de trabajo de "Supervisor de Tableros", que eran precisamente los puestos de trabajo que tenían los trabajadores fallecidos Rafael Castillo López y José Beltrán Arrunategui Nima, así como tampoco se consideró el puesto de trabajo de "Operativo", puesto trabajo que tenía el trabajador Wilmer López Rojas, dichos puestos de trabajo tenían los citados trabajadores a la fecha de los accidentes de trabajo materia de investigación, el día 17 de abril de 2018. Ni señaló las tareas realizadas por los puestos de trabajo de los trabajadores accidentados, lo cual transgrede el artículo 21 de la LSST. Por lo que, lo esgrimido por el sujeto Inspeccionando no desvirtúa lo decidido por la Autoridad de primera instancia. iii. Asimismo, ha verificado que la documentación que la inspeccionada presenta junto con su recurso de apelación, es exactamente igual al ya presentado con anterioridad junto con su descargo al Informe final, no obra ningún documento nuevo como señala en el presente recurso, documentación que ya ha sido valorada por la autoridad de primera instancia en los considerandos 6.9 a 6.15 de la resolución apelada. Agrega que es importante tener en cuenta que en la actuación inspectiva de fecha 14 de septiembre de 2018, se dejó constancia que el apoderado de la inspeccionada, el señor Wilfredo Huamani, refirió que no contaban con otra documentación referida a capacitaciones ni formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo adicional a la ya exhibida. De otro lado, respecto de la documentación exhibida en la etapa de investigación y durante el procedimiento sancionador, no está centrada en los peligros y riesgos específicos a los que estaban expuestos los trabajadores afectados, ni en las medidas preventivas y de control adecuadas y suficientes para tales riesgos. iv. En ese sentido, determina que, con la documentación exhibida, la inspeccionada no llega a evidenciar que formó e informó respecto a los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo en los puestos de trabajo ni en la función específica desarrollada por los trabajadores accidentados y sobre las medidas preventivas aplicables, pues dichas capacitaciones brindadas por el empleador poseen carácter general y no se ciñe específicamente los riesgos en el puesto de trabajo de supervisores de tablero y operativo, ni las medidas de prevención aplicable, ni sobre la función específica de la manipulación y/o funcionamiento del equipo a presión caldero/calentador de agua y en la máquina de prensa hidráulica de platos calientes- marca MANNI. v. Resulta importante indicar que, se observa que las facturas por la compra de repuestos no detallan si se trata del caldero/calentador de agua carbón y/o de la máquina prensa hidráulica de platos calientes - marca MANNI, siendo que dichas boletas y/o facturas o el cronograma de mantenimiento, no logran acreditar de manera fehaciente, por su contenido, que la inspeccionada haya efectivamente llevado a cabo los mantenimientos preventivos y/o correctivos del equipo a presión que explosionó, el caldero/calentador de agua a carbón, así como de la máquina

prensa hidráulica de platos calientes - marca MANNI, a la fecha de los accidentes de trabajo ocurridos vi. Se puede concluir que las infracciones materia de análisis se encuentran debidamente acreditadas, considerando las conductas que contravienen el ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde la autoridad de primera instancia valoró y determinó adecuadamente los criterios estipulados en la LGIT y su RLGIT

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1786-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. En todo proceso debe imperar el debido procedimiento, que se encuentra regulado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como se deben

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

observar los principios de una debida motivación, valoración probatoria y el de interdicción de la arbitrariedad. ii. Afirma que, se le pretende imputar una infracción muy grave por una interpretación errónea del artículo 77 del Decreto Supremo Nº 002-2020-TR, en la que no hace referencia a la matriz de identificación de peligros y riesgos, sino al análisis inicial de riesgos, que es un procedimiento de inicio para determinar los riesgos existentes. Siendo que, cuando elaboró la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos el 11 de enero de 2018, la normativa vigente no exigía que el IPER se deba realizar de acuerdo a los puestos de trabajo. Añade que, su IPER se sujetó a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. iii. Refiere que el accionar de la Intendencia, a través de su Resolución Administrativa Nº 1786-2021-SUNAFIL/ILM, es arbitraria, al descalificar el IPER de enero de 2018. Es una violación del principio de interdicción de la arbitrariedad, ya que su decisión no es razonable. iv. Sobre la infracción de formación e información sobre los riesgos específicos en el lugar de trabajo, refiere que se ha vulnerado el principio de valoración probatoria y debida motivación, ya que no se ha realizado una motivación razonada de los registros de capacitación del 08 de diciembre de 2017 y 15 de febrero de 2018. Siendo que el calentador forma parte de la prensa hidráulica, sobre el cual se ha acreditado la capacitación de todo el equipo de la prensa hidráulica. Por tanto, no se puede descalificar la capacitación de fecha 15 de febrero de 2018. v. Señala que se ha producido una afectación al principio de primacía de la realidad, pues los trabajadores Rafael Castillo López, ha tenido una experiencia de 20 años en el manejo de la prensa hidráulica y el trabajador José Beltrán Arrunategui Nima, tenía 11 años de experiencia, también, en dicha máquina, por lo que ello demuestra que se encuentran capacitados, pues de lo contrario el accidente de explosión del calentador se hubiera dado mucho antes. Siendo que el accidente se produjo por un exceso de confianza de los trabajadores afectados. vi. Refiere haber acreditado que sí ha dado mantenimiento a la prensa hidráulica que comprende al calentador de agua. Lo cual lo acreditó con las boletas presentadas, datos técnicos y estructura de la prensa hidráulica MANNI, y cronograma de mantenimiento preventivo de 2018.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.

10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

- Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente”.

Sobre el deber de prevención

12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

sindicales; y en su defecto, a través de elecciones democráticas de los trabajadores. f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios. g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.”

a. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. b. Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. c. Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. d. Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente. e. Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador. f. Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.

g. Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. h. Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. i. Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. j. Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

14 LSST. - “Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. - El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. (…)” 15 “Artículo 95.- Cuando la Inspección de Trabajo constate el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o enfermedad profesional, consignando ello en el acta de infracción. (…)”

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese

16 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 17 Casación N° 18190-2016 Lima

contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”18.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo19.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que este sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si

18 Casación N° 4321-2015 Callao 19 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre lo propuesto por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016- LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Sobre la infracción muy grave atribuida a MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C.

Figura N° 01: Acta de Infracción

20 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona 21 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 22 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

debe de adoptar una serie de medidas de prevención23 de acuerdo con el orden de prioridad preestablecido por Ley24.

23 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 24 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 25 Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 26 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada:

contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del reglamento de la LSST, que se entiende por capacitación a la actividad “…que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”.

a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos.

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Figura Nº 02: Capacitación de fecha 08 de diciembre de 2017

Figura Nº 03: Capacitación de fecha 15 de febrero de 2018

Figura Nº 04: Sobre el mantenimiento de la máquina que explotó el 17 de abril de 2018

artículo 470, prescribe: “Los calderos de vapor, estarán convenientemente vigilados durante el tiempo que estén en servicio.”, es decir, no basta con realizar “reparaciones” o generar “mantenimientos” o “cambio de piezas”, como afirma la impugnante, sino que tratándose de equipos industriales como, calderos a vapor, es necesario que el personal encargado efectúe un mantenimiento con personal calificado, esto es, se ejecute un mantenimiento de las máquinas de forma idónea que permita evidenciar o diagnosticar sus defectos y fallas; ello con el objeto de prevenir y reducir los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores que laboran en sus instalaciones y que operan las mismas, deber que es de carga del sujeto inspeccionado. Así la sola presentación de documentos de pago u órdenes de servicio, o de compra de repuestos, o el cronograma de mantenimiento, prima face no evidencia un cumplimiento de lo exigido por el Decreto Supremo 42-F, conforme lo ha determinado, también, la autoridad inspectiva en el Acta de Infracción y ha sido confirmada por las instancias de mérito.

cuerpo normativo, dispone: “El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, (…). La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el caso”.

conforme se aprecia en las causas básicas que recogen los inspectores comisionados dentro del aspecto: factores personales- trabajador, sin embargo, ello no deslinda la responsabilidad del sujeto inspeccionado en el presente procedimiento, conforme a la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, descrita en el numeral 6.34 de la presente resolución. Así, este hecho, más bien evidencia que no se presenta una pretendida falta de motivación o valoración por parte de las instancias previas, ni una afectación al debido procedimiento o al principio de legalidad. Por el contrario, de los actuados se observa una adecuada valoración de las pruebas y alegatos ofrecidos por la impugnante, en base a la información obtenida durante la etapa inspectiva por el inspector comisionado.

De la presunta afectación al debido procedimiento, valoración probatoria y motivación

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”27. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”.

27 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

28 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 29 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 30 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 31 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

“obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento, tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa32, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

32 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 33 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la razonabilidad de la sanción

“Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

34 TUO de la LPAG: Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

De la buena fe procedimental

“(…)utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio” 36

“…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso” 37 (énfasis añadido)

35 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 36 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106. 37 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

buena fe procedimental, al cual se deben los funcionarios públicos, le otorgan una presunción iuris tantum a sus actuaciones38, la cual no ha sido desvirtuada por la impugnante; no siendo atendible en este extremo. Por lo que, tales argumentos deben ser desestimados, exhortando a la impugnante adecuar su conducta al principio de buena fe procedimental.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo

Incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas; al no haber formado e informado sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo de los trabajadores Rafael Castillo López y José Beltrán Arrunategui Nima (supervisores de tableros) y del trabajador Wilmer López Rojas (operativo), y en la función específica de manipulación y/o funcionamiento del equipo a presión caldero/calentador de agua y en la máquina "Prensa hidráulica de platos calientes - Marca MANNl", así como en las medidas preventivas y de control adecuadas y suficientes a tales riesgos. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo

Incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas; por no identificar los peligros ni evaluar los riesgos ni las medidas de control para el puesto de trabajo de “supervisor de tableros” y el puesto de trabajo “Operativo”, así como las tareas realizadas en dichos puestos, entre otros, “operar el calentador de agua a carbón” y manipulación y/o funcionamiento de la Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

38 Tal y como se establece a través del artículo 9 del TUO de la LPAG, al establecer que “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”.

máquina “prensa hidráulica de platos calientes- Marca MANNI”.

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que ocasionó el accidente de trabajo de los señores Rafael Castillo López, José Beltrán Arrunategui y Wilmer López Rojas por no haber efectuado los mantenimientos preventivos correctivos del equipo a presión "caldero/calentador de agua carbón" y en la máquina "Prensa hidráulica de platos calientes - Marca MANNl". Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1786-2021-SUNAFIL/ILM,

emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1733-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1786-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MAGENSA MATERIALES GENERALES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20221103ECHV