M y M Consultores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - M… — Res. 774-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad (en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria), Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de condiciones de seguridad, ocasionando el accidente de trabajo al señor José Félix Escajadillo Zamora, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de formación e información, ocasionando el accidente de trabajo al señor José Félix Escajadillo Zamora, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 9,337.50.

i. La autoridad instructora, sin el mayor análisis y motivación, imputa cargos, emite el Informe Final y la Sub Intendencia de Resolución hace suyo el Acta de Infracción, recogiendo los errores incurridos por el inspector auxiliar. Debe de considerarse que se adoptaron las medidas correctivas sobre el hecho ocurrido, sin tenerse en cuenta que durante las investigaciones se acreditó la identificación de peligros y evaluación de riesgos por puestos de trabajo, incluyendo el del señor José Escajadillo Zamora, como técnico de suelos. ii. No se han tomado en cuenta las declaraciones del testigo Jesús Macedo Zegarra, quien señaló que el trabajador se encontraba con los equipos de seguridad y que se encontraba con un personal de apoyo, por lo que la empresa en todo momento garantizó la seguridad del trabajador; frente a lo señalado por el inspector auxiliar.

iii. No se ha realizado una adecuada investigación, ni indicado en el Acta de Infracción la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación, pues solo se limita a señalar el documento que se le proporcionó, sin contrastar con la realidad. iv. El inspector no ha verificado que efectivamente era indispensable capacitar al trabajador en el procedimiento y posturas en el puesto de trabajo; por el contrario, el inspector realizó “…deducciones sobre el accidente de trabajo cuando lo adecuado sería contar con elementos objetivos de responsabilidad…”, vulnerándose los principios de la potestad sancionadora administrativa, tales como la razonabilidad y proporcionalidad. v. El inspector del trabajo, la autoridad instructora y la Sub Intendencia de Resolución no han hecho una evaluación de la imposición de la sanción, vulnerándose la razonabilidad sobre la graduación de la comisión de la conducta sancionable. vi. El inspector auxiliar no tuvo facultades para llevar a cabo las actuaciones inspectivas de investigación, actuando a pesar de que no es MYPE y que tampoco se encontraba dentro de los supuestos establecidos en el artículo 6 del RLGIT. De igual modo, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1383, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, se modificó el citado artículo en lo referente a las funciones del inspector auxiliar, quedando sin competencia para actuar. vii. Un accidente de trabajo es un hecho que reviste complejidad, por lo que no debió participar, requerir información, extender medida de requerimiento u otros. viii. Se ha vulnerado el debido procedimiento, al haberse iniciado la Orden de Inspección el 26 de marzo de 2018, teniendo un plazo de 30 días hábiles y debiendo culminar dicho procedimiento el 11 de mayo de 2018; sin embargo, la última diligencia se realizó el 16 de mayo de 2018, excediendo el plazo previsto en el mandato. Del mismo modo, la autoridad instructora vulneró el principio de legalidad, al emitirse la Imputación de Cargos luego de dos años de emitirse el Acta de Infracción, y 25 días de la Imputación de Cargos. ix. Se debe disponer la caducidad del procedimiento y se debe declarar nula la resolución apelada que resuelve ampliar el plazo por tres (3) meses para emitir resoluciones, en tanto no cumple con los criterios establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral mediante la Resolución N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

i. Los hechos que fueron comprobados por el personal inspectivo no han sido desvirtuados con sus alegaciones, en tanto en el Registro de Accidente de Trabajo exhibido por la inspeccionada, quedó registrado como causa inmediata – condición insegura: “herramienta sin protector (punta y espacio inadecuado para el empleo (de)

2 Notificada a la impugnante el 25 de octubre de 2021. Ver folio 85 del expediente sancionador.

punta y comba”; así como la transcripción de la lectura integral de lo manifestado por el testigo referido por la impugnante. ii. El inciso a) del artículo 27 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, aprobada por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, señala que el empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de dicha Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención, debiéndose centrar la formación en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. iii. El Acta de Infracción sostiene que no cumplió con impartir la formación sobre seguridad y salud en el trabajo, ya que no se capacitó al trabajador accidentado en el procedimiento de trabajo, donde se especifique las características de las herramientas manuales antes de la ocurrencia del accidente. Por el contrario, no resulta cierto lo señalado por la impugnante. iv. Respecto de lo alegado en torno a la competencia del Inspector Auxiliar, la Orden de Inspección que dio origen a la fiscalización fue asignada a un equipo de inspectores, conformado por un Inspector de Trabajo y un Inspector Auxiliar, los cuales no requieren realizar las diligencias inspectivas en forma conjunta necesariamente, sino que pueden participar por sí solos o conjuntamente. v. En similar sentido, el punto 7.2.6 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, denominada “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, se precisa lo anteriormente señalado en torno a la participación de los miembros del equipo de investigación. vi. No resulta de aplicación el artículo 6 de la LGIT citado, toda vez que estas modificaciones recién tuvieron vigencia al día siguiente de la publicación de la Resolución de Sub Intendencia N° 189-2019, habiéndose emitido la Orden de Inspección en momentos previos a esta modificación. vii. Respecto de los plazos de las actuaciones inspectivas, éstos se realizaron dentro del plazo otorgado por el directivo que generó la Orden de inspección. Por otro lado, si bien hubo una demora por parte de la autoridad instructora respecto de no cumplirse con los plazos legales para ello, se cita el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG. viii. Si la inspeccionada consideraba que existía una infracción a los plazos legalmente establecidos, debió de interponer una queja por defecto de tramitación oportunamente. ix. Respecto del pedido de caducidad; se deja sin efecto la ampliación realizada mediante Resolución de Sub Intendencia N° 557-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, sin que esto implique la invalidez de lo resuelto.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE M Y M CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M Y M CONSULTORES S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1657-2021-SUNAFIL/ILM en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que las resoluciones antes emitidas sustentan su posición en suposiciones que el Inspector Auxiliar describe en el Acta de Infracción, los cuales asumen el contenido del Registro de Accidentes de Trabajo, así como la declaración del testigo del accidente, el señor Antonio Cañari, en la cual se señala que “…aparentemente la posición en la cual se encontraba favoreció el accidente (arrodillado) y la herramienta empleada para remover la bolonería no era la adecuada”. Frente a suposiciones, resuelven determinando la responsabilidad administrativa a la empresa, vulnerando el principio de predictibilidad, debido procedimiento y de legalidad, sin hacer un análisis de los hechos frente a lo apreciado por el inspector in situ. ii. Así, las instancias anteriores no motivarían, sino repiten lo que señala la frase instructora y el inspector, no así procediendo a analizar el contexto de fondo, copiando leyes y sin realizar un análisis y motivación que prevé el TUO de la LPAG, determinando que la tipificación constituye situaciones insubsanables muy graves, sin motivación alguna.

iii. Estas suposiciones partieron del Acta de Infracción elaborada por el Inspector Auxiliar, sin tener facultades para actuar en estos casos.

iv. Han adoptado las medidas correctivas sobre el hecho ocurrido, cumpliendo con la Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como se ha reconocido durante las investigaciones y consignado en el Acta de Infracción; tal como se evaluó en la matriz IPERC por puestos de trabajo, consignándose en ésta el puesto del trabajador afectado, el señor Escajadillo Zamora. v. Sin embargo, se determina que son causas del accidente del trabajo las condiciones en las que se laboró y las condiciones de las herramientas, considerando que al no haber previsto una condición segura en el puesto de trabajo de técnico de campo, “…se incumplió con el deber de prevenir y garantizar la seguridad y salud en el trabajo, siendo una de las causas inmediatas; no obstante, se debe tener en cuenta que, no resulta justificable por el inspector que ello sea realmente una causa del accidente y, que además, produjo el accidente…”, pues el trabajador estaba con los EPP adecuados y se encontraba con personal de apoyo, es decir, garantizaron la seguridad y salud en el trabajo. vi. El inspector auxiliar no ha realizado una adecuada investigación, menos ha indicado en el Acta de Infracción la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación, solo se limita a señalar el documento (investigación de accidente) que se le proporcionó, sin contrastar con la realidad, pues el Acta de Infracción refiere que aparentemente la posición en la que se encontraba favoreció el accidente, y la herramienta empleada no era la adecuada. vii. Así, no hay una determinación objetiva sobre lo acontecido, ni se analizó qué herramienta sería la adecuada para el trabajo realizado, por lo que no se puede afirmar que no existían las condiciones de seguridad. viii. De igual manera, respecto de la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, esto no parte del propio análisis del inspector, es decir, que se haya verificado que efectivamente era indispensable capacitar al trabajador en el procedimiento y posturas en el puesto de trabajo, realizando deducciones sobre el accidente de trabajo. ix. De esta forma, existen hechos imprevistos que no necesariamente son responsabilidad del empleador, toda vez que no solo mantenían una supervisión inmediata, EPPS y formación y capacitación, sino también se auxilió al trabajador, asistiendo con atención médica, cautelando y garantizando el deber de prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. x. Así, se vulneran los principios de razonabilidad y proporcionalidad; de igual modo, al no efectuar una evaluación de la imposición de la sanción, es decir, un análisis de la culpabilidad de las supuestas infracciones, se vulnera el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG. xi. De igual modo, se sancionan dos conductas bajo la figura del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, las cuales podían ser identificadas de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no calificándolas ni tipificándolas de forma independiente, tal como se resolvió en las Resoluciones N° 421-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, y 422-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, respectivamente, debiéndose actuar garantizando el principio de predictibilidad. xii. Reitera el argumento de la presunta vulneración al principio de debido procedimiento, motivación y legalidad, al haberse excedido el plazo de treinta (30) días hábiles para las actuaciones inspectivas, la notificación de la imputación de cargos luego de dos (2) años de emitida el Acta de Infracción.

xiii. Y, finalmente, solicita la caducidad del procedimiento, al sostener que se amplió de manera ilegal el plazo del procedimiento inspectivo mediante Resolución de Sub Intendencia N° 557-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN De las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

explicado de forma suficiente (así sea de forma sintética), atendiendo a la garantía de motivación de las resoluciones contenidas en el TUO de la LPAG.

Figura N° 01 Acta de Infracción

9 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”10, señalándose de manera expresa que:

“…en materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones.

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 11.

10 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 11 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 12 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 13 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 14 Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 15 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.

contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar. Adicionalmente, en el Glosario de Términos del reglamento de la LSST se establece aquello que se entiende por capacitación a la actividad “…que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud.”

e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos.

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Respecto de la presunta vulneración a los principios de Presunción de Licitud, Verdad Material, Razonabilidad y Debido Procedimiento

16 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 17 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 18 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 19 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83.

20 Eugenia Ariano Deho, Problemas del Proceso Civil (Lima: Jurista, 2003), 196. 21 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 22 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 23 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones” 24 Fundamento 45 de la STC recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC. 25 Miguel Carmona Ruano, “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Jueces para la democracia N° 9 (1990): 24.

26 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 27 Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18.

“Sobre la culpa corresponde indicar que el actuar imprudente implica la inobservancia de un deber legal exigible al sujeto. Este debe adecuar su comportamiento a lo prescrito por la norma; al no observar los parámetros normativos establecidos y, por ende realizar la conducta tipificada, corresponde imputársele la comisión por un actuar imprudente, negligente, imperito o descuidado. Como se observa no existe una voluntad de transgresión de la norma, sino una desatención de esta que conllevó a la comisión de una infracción”28 (énfasis añadido).

28 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 457

“…las personas jurídicas responderán por su capacidad de cometer infracciones partiendo de la culpabilidad por defectos de organización. Aquí la falta de cuidado se evidencia por no haber tomado las medidas necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades de conformidad con la normativa, las que hubiesen evitado la producción de infracciones. Al no adoptarlas, nos encontramos en el supuesto de déficit organizacional que acarrea la comisión de la infracción y, por ende, la imposición de una sanción”29 (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de condiciones de seguridad, ocasionando el accidente de trabajo al señor José Félix Escajadillo Zamora. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de formación e información, ocasionando el accidente de trabajo al señor José Félix Escajadillo Zamora Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

29 MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. Página 458.

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por M Y M CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M Y M CONSULTORES S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1657-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1701-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE4, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1657-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a M Y M CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M Y M CONSULTORES S.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES