Inversiones Quiaza S.A.C — Res. 690-2026

Mediante Orden de Inspección N° 926-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST), que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 411-2022-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito al accidente de trabajo sufrido el 06 de junio de 2022.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 783-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, notificada el 22 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 067-2023-SUNAFIL/IRE- ANC- SIFN, notificado el 22 de febrero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 544-2023-SUNAFIL/IRE- ANC-SISA, notificada el 15 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 06 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 544-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 263-2023-SUNAFIL-GG, de fecha 14 de noviembre de 2023, se acepta la abstención del Intendente Regional de Ancash y se designa a la Intendencia Regional de Madre de Dios como autoridad encargada de emitir pronunciamiento en Segunda Instancia.

Mediante Resolución de Intendencia N° 049-2023-SUNAFIL/IRE-MDS, notificada el 21 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Madre de Dios declaró infundado el recurso de apelación presentado contra la resolución apelada.

Con fecha 13 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 049-2023- SUNAFIL/IRE-MDS.

La Intendencia Regional de Madre de Dios admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 21 de marzo de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INVERSIONES QUIAZA S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 049-2023- SUNAFIL/IRE-MDS, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción muy grave en materia de Seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INVERSIONES QUIAZA S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante alega la vulneración al debido procedimiento relacionado a su derecho a la debida motivación. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador. De acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia del debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 544-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, como la Resolución de Intendencia N° 049-2023-SUNAFIL /IRE-MDS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación.

Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo calificado como infracción muy grave.

Al respecto, el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorios para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

Así, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria, entre otros, los fundamentos 6.20 y 6.21, bajo los siguientes alcances:

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, las siguientes conductas: a) no cumplir con su obligación en materia de SST, relativa a las condiciones de seguridad y salud adecuadas en la actividad/tarea que se desarrolla en la embarcación pesquera, al carecer estas de medidas de prevención y señalética; b) no cumplir con su obligación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en lo relativo al IPERC, al no implementar los controles indicados en su matriz de identificación, respecto a los peligros y riesgos dentro de la E/P; c) no cumplir con su obligación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en lo relativo a la inclusión dentro de sus estándares de seguridad en las operaciones que se desarrollan en las embarcaciones pesqueras acorde a la realidad y en función a la actividad que se desarrolla a bordo; d) no cumplir con su obligación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en lo relativo a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, al no brindar inducción, capacitación y entrenamiento en la realización de la actividad/tarea a bordo de la Embarcación Pesquera.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.”8 (énfasis añadido).

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso se aprecia del Acta de Infracción que el trabajador afectado sufrió un accidente de trabajo el día 06 de junio de 2022 cuando, en la realización de sus labores, sufrió una caída de dos (02) metros causando una lesión en la pierna.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST) dispone que: “(…) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)”.

En el caso de autos, el personal inspectivo consignó en el Acta de Infracción que la matriz IPERC no fue elaborada con la participación de los trabajadores, ni cuenta con la revisión

Sin embargo, el propio inspector de trabajo ha dejado señalado que el inspeccionado no ha cumplido con sus propios controles indicados en el IPERC, toda vez que no acreditó haber brindado capacitaciones en IPERC a sus trabajadores, ni capacitaciones en riesgos locativos, tampoco capacitaciones en el uso de los EPPs, tampoco acreditó que la embarcación donde el trabajador laboraba se hayan implementado los avisos y señales correspondiente y medidas de seguridad de advertencia de pisos resbaladizos y medidas de seguridad en suelos irregulares.

En atención a lo antes señalado, y de la revisión de los actuados, se advierte que la autoridad administrativa ha construido la imputación vinculada al IPERC sobre la base de dos tipos de cuestionamientos distintos: (i) supuestas deficiencias formales del documento y (ii) la presunta falta de implementación de las medidas de control allí contenidas.

No obstante, respecto de ninguno de dichos cuestionamientos se advierte que la autoridad haya desarrollado un análisis que permita establecer de qué manera estos habrían incidido de forma directa y concreta en la ocurrencia del accidente de trabajo, limitándose a establecer una vinculación genérica entre el supuesto incumplimiento normativo y el resultado dañoso.

En efecto, en relación con las supuestas deficiencias del IPERC, no se ha explicado cómo dichas observaciones, vinculadas a aspectos formales del documento, habrían tenido alguna incidencia en la producción del accidente, más aún cuando del propio expediente se desprende que el instrumento sí contemplaba la identificación de riesgos asociados a la actividad desarrollada por el trabajador afectado.

Asimismo, respecto del segundo cuestionamiento, referido a la falta de implementación de las medidas de control previstas en la matriz IPERC, tampoco se advierte un desarrollo que permita establecer un nexo causal específico entre dicha circunstancia y el accidente de trabajo.

Ello resulta particularmente relevante, en la medida que lo que se presenta como elemento vinculado a la ocurrencia del accidente no son las supuestas deficiencias del instrumento en sí mismo, sino la alegada falta de ejecución de las medidas de control previstas en este.

Sin embargo, dicho aspecto no se vincula con la idoneidad o contenido del IPERC, como instrumento de gestión, sino con la ejecución de medidas preventivas en el marco de la gestión de riesgos laborales, lo cual corresponde a un plano distinto de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En consecuencia, al no haberse desarrollado un análisis que permita establecer la incidencia concreta de los cuestionamientos formulados al IPERC en la ocurrencia del accidente, ni resultar dichos cuestionamientos plenamente concordantes con la naturaleza de la obligación imputada, se concluye que la imputación carece de sustento

Complementariamente, se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre otros alegatos planteados en dicho extremo en el recurso de revisión.

Sobre el particular, la obligación del empleador de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, en el centro de trabajo responde al cumplimiento del Principio de Prevención, el cual establece que el empleador debe de garantizar en el centro de trabajo o en el lugar donde se viene prestando los servicios, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, salud y el bienestar de los trabajadores y al Principio de Protección, el cual dispone que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y el empleador aseguren condiciones de trabajo dignas, por lo que deberán de garantizar que este se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

De la revisión de actuados, se aprecia que el personal inspectivo de trabajo ha señalado, al momento de determinar el análisis de causalidad del accidente (Red de Causalidad), que una de las causas del accidente de trabajo lo constituye la “Condición Subestándar: Sistema de advertencia / señalización inexistente”. No obstante, dicha afirmación no se encuentra sustentada en hechos concretos y verificables previamente consignados en el Acta de Infracción, limitándose a una enunciación conclusiva carente de desarrollo fáctico.

En efecto, como se advierte de la lectura del “Anexo de Constancia de Actuación Inspectiva de Investigación Hechos Insubsanables”11 y del Acta de Infracción, no se observa que se hayan descrito específicamente los hechos que fundamentan la inexistencia de medidas de prevención y señalética. Así, no se advierte que el inspector haya consignado hechos concretos y verificables que sustenten la afirmación relativa a la inexistencia de medidas de advertencia o señalización en el área donde ocurrió el

Cabe precisar que, si bien en el expediente se alude de manera general a la inexistencia de señalización en el área de trabajo, dicha afirmación no ha sido debidamente constatada ni desarrollada en el Acta de Infracción, constituyendo más bien una inferencia o conclusión del inspector. En tal sentido, no cumple con la exigencia de sustentarse en hechos previamente verificados y debidamente consignados.

Asimismo, ni en el Acta de Infracción ni en los documentos inspectivos se desarrolla un análisis causal específico, esto es, no se explica de qué manera la supuesta ausencia de señalización habría incidido directa y concretamente en la producción del accidente, ni se describen las circunstancias fácticas que permitan establecer dicha relación de causalidad. Por el contrario, la imputación se sustenta en una vinculación genérica entre una condición de seguridad y el resultado dañoso, sin reconstruir el mecanismo concreto del accidente.

Esta deficiencia tampoco fue objeto de análisis por las instancias resolutivas. En efecto, en el fundamento 13 de la Resolución de Primera Instancia, esta se limita a reiterar que el área no contaba con sistemas de advertencia (señalización inexistente), sin precisar los hechos constatados que sustenten dicha afirmación ni desarrollar el nexo causal correspondiente. Del mismo modo, el fundamento 4.23 de la Resolución de Segunda Instancia reproduce dicho razonamiento sin incorporar elementos fácticos adicionales, persistiendo una imputación que no se sustenta en hechos constatados ni en un nexo causal debidamente desarrollado.

En consecuencia, al no encontrarse acreditados en el Acta de Infracción los hechos específicos que configuran la supuesta condición subestándar imputada, ni haberse desarrollado un análisis causal que vincule de manera concreta dicha condición con el accidente de trabajo, se concluye que la conducta infractora atribuida carece de sustento fáctico suficiente. Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto ese extremo de la conducta infractora, sin que ello afecte el monto de la multa impuesta por la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Complementariamente, se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre otros alegatos planteados en dicho extremo en el recurso de revisión.

El artículo 84° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, el RLSST), determina que el empleador debe contar con procedimientos a fin de garantizar que: a) Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud. b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la

En relación a dicho incumplimiento, se advierte que la empresa ha consignado las siguientes medidas de prevención:

En relación a los hechos constatados por el inspector de trabajo, y el análisis realizado por las instancias previas, contrario a los alegatos del impugnante, se acredita que las medidas de prevención consignadas por el administrado no guardan correspondencia con las condiciones reales de las labores desarrolladas en la embarcación pesquera, en tanto se

Esta falta de adecuación evidencia que el empleador no estableció estándares de seguridad acordes con la naturaleza de las actividades realizadas a bordo, incumpliendo así con la exigencia de contar con parámetros técnicos que orienten de manera efectiva la ejecución segura de dichas labores.

En ese sentido, considerando que los estándares de seguridad constituyen modelos o pautas que determinan la forma correcta de realizar las actividades, estableciendo requisitos mínimos en función de los riesgos propios del entorno laboral, se verifica que, al momento de la ocurrencia del accidente, la empresa no contaba con estándares de seguridad específicos para las operaciones desarrolladas en la embarcación pesquera.

Dicha omisión implica un incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, al no haberse previsto medidas adecuadas y coherentes con los riesgos propios de la actividad, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la infracción en este extremo.

Al respecto, se advierte que el incumplimiento determinado por el inspector comisionado se encuentra referido a la ausencia de estándares de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las actividades que realizaba el trabajador accidentado, esto es, las faenas de pesca o labores como tripulante a bordo de la embarcación.

En ese sentido, dicha omisión adquiere relevancia directa en la producción del accidente, en tanto la falta de estándares de seguridad, entendidos como parámetros que definen la forma correcta de realizar las tareas, implicó que no se establezcan lineamientos adecuados para prevenir riesgos como caídas a distinto nivel, materializándose precisamente una caída desde una altura de dos metros que ocasionó lesión al trabajador.

Por ello, se advierte una relación de causalidad entre el incumplimiento imputado y el accidente de trabajo, al no haberse previsto ni aplicado medidas que razonablemente permitan evitar la ocurrencia del evento dañoso. Siendo ello así, corresponde confirmar ese extremo de la conducta infractora, vinculada con los estándares de seguridad, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

De acuerdo con el Principio de Información y Capacitación, recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la LSST, las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.

El literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

Al respecto, los artículos 27 y 29 del RLSST, establecían el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar estableciéndose, adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, qué se entiende por capacitación: “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”.

Así, el sustento de la imputación para el reproche administrativo referido al incumplimiento en formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo se funda en la no presentación de documentos, por parte de la impugnante, que acrediten haber proporcionado la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo anticipada, en prevención de riesgos laborales en las funciones específicas que desarrollaba el trabajador afectado al momento del accidente.

Al respecto, en el presente caso, en el numeral 5.5 del Acta de Infracción el inspector de trabajo deja constancia que el inspeccionado no cumplió con realizar capacitaciones a su personal en materia de seguridad según su cronograma de programación para el 2021, ni tampoco para el año 2022, al encontrarse “PENDIENTES”.

En relación a los argumentos planteados en su recurso de revisión, vinculados a que la impugnante cumplió con brindar capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, adjuntando fotografías y demás documentos, debe señalarse que este contaba con un cronograma de las actividades de capacitación para el año 2021, el mismo que debió acreditarse documentalmente. En los hechos constatados por el inspector, la documentación corrobora que las capacitaciones se encontraban como pendientes. Por tanto, a fin de acreditar las mismas, dicho cumplimiento exige su acreditación objetiva mediante registros, documentos o cualquier otro medio idóneo que permita verificar su realización, contenido, periodicidad y adecuación al puesto de trabajo. (énfasis añadido)

Al respecto, corresponde precisar que la normativa en seguridad y salud en el trabajo no solo exige la realización de capacitaciones, sino también su adecuada acreditación mediante registros formales. En tal sentido, el literal g) del artículo 33 del RLSST establece expresamente que los registros obligatorios en esta materia incluyen el “Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia”, constituyendo este un medio idóneo para verificar el cumplimiento de dicha obligación por parte del empleador. (énfasis añadido)

Por tanto, los medios probatorios aportados por la impugnante, tales como fotografías o capturas de pantalla de un aula virtual, no resultan idóneos para acreditar el cumplimiento de la obligación de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ello en la medida que no permiten verificar de manera objetiva que el trabajador haya recibido efectivamente la capacitación, ni consignan información esencial como la fecha, el contenido desarrollado o la identificación del profesional que la impartió. En ese sentido, al no haberse presentado dichos registros ni cumplido con los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente, corresponde desestimar lo alegado por el administrado en este extremo.

En relación al nexo causal, en el numeral 5.5 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector ha dejado señalado que, en atención a que la inspeccionada incumplió dicha obligación, al momento del accidente el trabajador carecía de competencias para afrontar cada una de las situaciones particulares que se presentaban cuando ejecutaba las labores encomendadas, sustentando el nexo causal del accidente de trabajo, con el tipo infractor previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Dichos hechos sustentan el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia en dicho extremo.

Por todo lo antes señalado, se advierte clara y objetivamente que los inspectores comisionados y la Autoridad Sancionadora, han corroborado y constatado la existencia del nexo causal generado entre la infracción detectada y el accidente que padeció el trabajador afectado. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante, confirmándose el extremo de la conducta infractora, respecto al incumplimiento en materia de formación e información.

Finalmente, cabe precisar que, si bien se ha dejado sin efecto las conductas infractoras referentes al IPERC y condiciones de seguridad, eso no varía el cálculo final de la multa, ya que en este caso el personal inspectivo y las instancias previas consideraron pertinente unir los cuatro (04) incumplimientos y calcularlo como una (01) sola. Por tanto, corresponde confirmar la infracción imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por el incumplimiento en materia de estándares de seguridad y formación e información, manteniendo el monto de la multa impuesta por dichas infracciones.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.