Internacional Latinoamericana de Servicios S.A — Res. 748-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos). 2 Véase folio 128 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

(Chofer), para que se investigue el accidente de trabajo ocurrido el 30 de abril de 2019, verificándose incumplimientos que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con efectuar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, incumplimiento que fue causa del accidente de trabajo del trabajador Eder García, el 30 de abril de 2019, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el Registro de Accidente de Trabajo, de acuerdo a ley, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de julio de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Señalan que, el 30 de diciembre de 2020, el trabajador afectado sufrió una lesión

3 Notificada el 01 de agosto de 2022. Véase folio 115 del expediente sancionador.

grave, sin embargo, pese a la misma el trabajador recién se atendió el 04 de mayo. Al respecto, precisa que el médico certifica que tiene la dolencia consignada, pero certifica que ésta se haya producido el 30 de abril, por lo que, asumen que el hecho que se les imputa, no sucedió en dicha fecha. ii. Sostienen que, si bien se pudo golpear el 30 de abril, no necesariamente lo hizo con la stocka que, por su tamaño y peso, el daño debió ser mayor, no produciendo el esguince de rodilla que certifica el médico y menos una meniscopatía que más es producto de la práctica de futbol o fulbito. Señalan que dicha inconsistencia no ha sido siquiera mencionada en alguno de los actos administrativos emitidos por Sunafil, lo que para la empresa acredita un actuar parcializado, vulnerando los principios de equidad y objetividad. Al respecto, señalan que el relato del trabajador no es creíble por las circunstancias de lugar donde sucedieron los hechos. Señalan que el inspector no analizó dichos elementos, vulnerando los principios antes señalados, así como el de primacía de la realidad. Por tanto, sostiene la nulidad del acto administrativo. iii. Respecto al incumplimiento relativo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, respecto a que cuenten con controles adecuados para eliminar los peligros o riesgos y que fueron presentados por la empresa como “Inducción SGSST y Comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Manejo Defensivo”, que no comprenden medidas para controlar las cargas sueltas como la stocka, alegan que, dicho criterio subjetivo del inspector no tiene sustento legal, toda vez que, como el mismo señala, se le adjuntó el IPERC versión 01 con vigencia desde el 18 de octubre de 2018 al 18 de octubre de 2019. Señalan que en dicho documento consta el manejo y la manipulación de la stocka, por lo que dicho documento debió ser analizado por el inspector. Sin embargo, señalan que, ni siquiera es mencionado por el mismo, lo que evidencia una vulneración de los principios de equidad y objetividad. iv. Consideran que en dicho documento consta que, en un desnivel, que no es el caso de la cochera del Jr. Washington, puede ocurrir un deslizamiento y causar un daño grave. Sin embargo, señalan que no hay forma que en una superficie plana exista un deslizamiento de una stocka, salvo que el propio ex trabajador haya actuado negligentemente e incumpliendo los protocolos de seguridad contemplados, en tanto que, no acomodo correctamente la stocka en la parte posterior del vehículo. v. Respecto a la sanción por no contar con el Registro de Accidentes de Trabajo, de acuerdo a ley, señalan que dicha imputación es falsa porque han presentado evidencia que dicho registro recogió exactamente la versión del trabajador que se consignó en el rubro “Descripción del incidente”. Y lo consignado coincide plenamente con lo manifestado por el ex trabajador. vi. Sobre la imputación que se les hace por “Obstrucción a la labor inspectiva”, señalan que, en el numeral 5 del acta se ha indicado que “el 08.07.2019, se verificó que la empresa inspeccionada no acreditó la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas vulneradas comprendidas y debidamente notificadas en la medida inspectiva de requerimiento. Al respecto, adjuntan los

documentos que acreditan que el 08 de julio de 2019, se acercaron a Sunafil y entregaron la información solicitada. Por ello, sostienen que el inspector demostró que tenía como único objetivo sancionar, porque se ha demostrado la falta de objetividad y análisis de los documentos que se le presentaron.

i. Que, no resulta atendible que la emplazada pretenda sustentar la existencia de una IPER conforme a ley, señalando que los controles para la actividad del trabajador afectado se encuentran en el IPERC versión 01, como consta en las copias alcanzadas por la misma apelante, y que después adjunta al expediente sancionador. De la lectura de dichos documentos se aprecia que, si bien se consigna como fecha de vigencia de la versión 01 desde el 18 de octubre de 2018 al 18 de octubre de 2021, se puede observar que, en el sector donde se consigna el encargado de la elaboración y revisión, se consigna como fechas de dichas acciones el 15 de julio de 2019 y 31 de mayo de 2019. Por tanto, resulta válido que el personal inspectivo haya considerado, a efectos de evaluar el cumplimiento de las disposiciones que regula el IPERC, aquel documento que se encontraba vigente a la fecha del mismo, es decir, el 30 de abril de 2019. De esta manera, no se encuentra ninguna vulneración de los principios de equidad y objetividad, cuando resulta un criterio objetivo que el inspector no considere un documento que fue elaborado con posterioridad al accidente de trabajo. ii. Resulta elocuente que la misma empresa, discuta la versión del trabajador sobre las circunstancias del accidente, negando que la Stocka pudo haberse deslizado por una superficie plana, cuestionando con ello la veracidad de los hechos que se acreditan en los documentos aportados por la misma empresa. Sin embargo, contradiciendo su alegato, en el mismo escrito de apelación detalla que “(…) sin embargo, como hemos indicado anteriormente no hay forma que en una superficie plana exista un deslizamiento de una stocka, salvo que el propio ex trabajador haya actuado negligentemente e incumpliendo los protocolos de seguridad contemplados por la empresa, y no haya acomodado correctamente la stocka en la parte superior del vehículo (…)”. Por tanto, no resulta lógico que la empresa aluda a una supuesta parcialidad del inspector que no evaluó la supuesta imposibilidad del deslizamiento de la stocka, cuando la misma empresa determina la existencia de un supuesto en el que dicho deslizamiento se pueda producir. iii. Del incumplimiento de la obligación del Registro de Accidente de Trabajo, al respecto, debe aclararse que el tipo contenido en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGT, no solo califica como conducta infractora la omisión de implementar los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellos el de accidentes de trabajo, sino también la omisión de actualizar el mismo o no implementarlo conforme a la información mínima obligatoria prevista en la Ficha Técnica de tal registro, aprobada por Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. iv. En el caso concreto, en el registro de accidentes de trabajo que se exhibió en las actuaciones inspectivas, se observa que en el apartado “Descripción del accidente de trabajo”, el mismo documento señala, Adjuntar: -Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo”. Por lo tanto, la empresa debió adjuntar, además de los formatos correspondientes, el documento donde conste la declaración del afectado. De esta manera, no basta con que se señale en la descripción, sino que se debe anexar al formato porque forma parte integrante del mismo.

4 Notificada a la impugnante el 19 de setiembre de 2022. Véase folio 138 del expediente sancionador.

v. Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, al respecto, la inspeccionada manifiesta haber presentado, en fecha 08 de julio de 2019, la información requerida, la misma que señala nuevamente haber adjuntado a su escrito de reconsideración. Al respecto, debe señalarse que, conforme se ha desarrollado en la presente resolución, el personal inspectivo y la Autoridad de primera instancia, han detallado las razones del por qué la información entregada a lo largo del procedimiento inspectivo y que se ha reiterado en el expediente sancionador, no permite acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. vi. Por lo tanto, corresponde precisar al inspeccionado que el Acta de Infracción, al momento de establecer el cumplimiento o no de la medida inspectiva de requerimiento, ha merituado los documentos presentados por el apelante, como se puede observar en el numeral 3, 4 y 5 del acápite iii) Hechos Verificados del Acta de Infracción. De tal manera, que el análisis de cada infracción lleva aparejado la valoración de los argumentos presentados por el inspeccionado, los mismos que no acreditan el cumplimiento íntegro de lo requerido por el inspector de trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICIOS S.A.

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 20 de setiembre de 2022.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1543-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Refieren que, el señor Eder García, según su dicho, se lesionó el 30 de abril de 2019, cuando en una cochera de pista plana, una stocka que cargaba en el vehículo que transportaba se deslizó al abrir las puertas y trató de detener su caída con la pierna, lo que le ocasionó una lesión en los meniscos de la rodilla (meniscopatía); sin embargo, a pesar de la gravedad de la supuesta lesión que tuvo ese día por la cual, se le dio descanso el mismo día, y se le comunicó que vaya de inmediato al médico, enviándolo en un taxi, recién se atendió el 04 de mayo. Señalan al respecto que, el médico certifica que tiene la dolencia consignada pero no certifica que ésta se haya producido el 30 de abril lo que llevó a considerar que el hecho, cuya responsabilidad se les imputa, no se produjo en las circunstancias de trabajo, toda vez que, si bien se pudo golpear el 30 de abril, no necesariamente tuvo que ser con la stocka, que por su tamaño y peso debió producirle un daño mayor, sino con otro elemento y en otras circunstancias que por las descritas por el señor García. ii. Consideran que este hecho debió ser debidamente investigado y analizado por la Sunafil, y así lo solicitaron, porque una stocka, si golpea la pierna de una persona, de inmediato ocasiona una fractura y no le hubiera producido un simple esguince en la rodilla como señala el Certificado Médico, menos aún le hubiera producido una meniscopatía; por ese motivo, solicitan que se investiguen los hechos; sin embargo, esta incongruencia explicada, no se menciona en ninguno de los actos administrativos de la Sunafil, lo que implica que han existido deficiencias en las investigaciones y se les pretende sancionar solo tomando en cuenta el dicho de un trabajador sin tomarse el tiempo para analizar lo que han expuesto. iii. La Sunafil señala que aludieron a que se pudo producir el deslizamiento, pero no es verdad. Al respecto, precisan que, al inicio del proceso han entregado fotos de la cochera ubicada en el Jr. Washington N° 1466, que como se observa no tiene pendiente de ningún tipo; lugar que es totalmente plano, por ello, si se tiene en cuenta la ley de la física para que se produzca un deslizamiento de una stocka, que es un equipo muy grande y pesado, con solo abrir las puertas del vehículo debería existir una inclinación pronunciada, o por lo menos en un grado suficiente para que se produzca este deslizamiento. Por ese motivo, señalan que el funcionario de la Sunafil tuvo un accionar parcializado hacia el trabajador y en todo momento estuvo predispuesto a sancionarlos sin analizar sus argumentos, vulnerando con ello los principios de equidad y objetividad previstos en los numerales 4 y 16 del artículo 2 de la LGIT; más aún cuando la narración de los hechos realizada por el trabajador no es creíble.

iv. Sostienen que, en aplicación del principio de Primacía de la Realidad, previsto en el numeral 2 del artículo 4 de la LGIT, esta falta de pronunciamiento va contra el mandato establecido en el TUO de la LPAG, que prescribe que el pronunciamiento de la entidad comprenda todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por el administrado. Al respecto, agregan que el proceder del funcionario implica una falta de motivación porque la Sunafil no ha probado que este hecho relevante se haya producido en las circunstancias narradas por el extrabajador, ni siquiera se ha analizado como en una superficie plana se pudo caer una stocka tan pesada, algo que es físicamente imposible, por lo que, al carecer de uno de los requisitos de validez del acto administrativo, que es la debida motivación, implica que los pronunciamientos de la Sunafil devienen en nulos. v. Consideran errada la decisión de sancionarlos por una presunción del inspector de la Sunafil, que en la imputación de cargos afirmó: “el accidente ocurrió entre las 12:18 y 12:38 aproximadamente mientras el trabajador retornaba a su vehículo, cargando las muestras, también llamadas cajas, recogidas en la razón social Vía Libre, cuando abrió la puerta del vehículo para ingresar las muestras, fue golpeado por la stocka que se encontraba suelta en el interior”, esta afirmación es una descripción efectuada por el trabajador que el inspector no ha investigado si fue cierta o si fue posible de existir, ni siquiera existe una prueba objetiva que respalde dicha afirmación, porque el parte médico consigna una meniscopatía, una lesión que como hemos señalado no se genera por el golpe de una stocka, ya para verificar si lo expuesto por el trabajador fue real o no, además investigar en qué consiste una meniscopatía realizar una reconstrucción de los hechos para demostrar que fue efectivamente así, acción que nunca realizó el inspector de la Sunafil. vi. Respecto al incumplimiento de la obligación del Registro del Accidente de Trabajo, se afirma que esta no contiene la declaración del trabajador; sin embargo, lo que no se consigna es que el señor Douglas García ya no regresó a trabajar a la empresa, por ello no era posible que se recogiera su versión por escrito, y lo que Sunafil no menciona es que su fiscalización recién ocurrió más de un mes después de ocurrido los hechos y en dicha diligencia, que consta en el Acta del 04 de junio de 2019, se le demostró al funcionario de la Sunafil que cuando la stocka se estaciona de costado con las ruedas hacia los laterales, esta queda fija, y en dicha acta también se dejó constancia como el señor García se negó en todo momento a ser revisado por un médico, este comportamiento no es normal en alguien que ha sufrido un accidente de trabajo tan grave como el ser golpeado por una stocka en movimiento producto del deslizamiento, por ello, respecto a este supuesto accidente no existe evidencia objetiva que se haya producido; por parte del médico no menciona que la causa fue el golpe de un objeto como la stocka. vii. Exponen que la Sunafil les pide que adjunten la versión del trabajador que conocen por la denuncia del mismo, sin embargo, no se ha demostrado que dicha

descripción sea cierta, sino que tiene todos los visos de ser una denuncia de hechos falsos porque esa lesión ni fue producto de un golpe de stocka sino de la práctica de un deporte como el fútbol o fulbito, que no tuvo relación alguna con el trabajo que había realizado. viii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, indican que ese día se le mostró el formato del IPER que, si bien contenía los datos exigidos por la norma vigente, tenía el logo de haber sido aprobado en Argentina en el año 2018 y dicho funcionario manifestó que debían tener el formato nacional, por es emotivo el día 08 de julio se presentó el formato con fecha de haber sido aprobado luego de ocurridos los hechos, pero no fue porque no lo tenían en el momento de ocurridos los hechos; pero en todo momento colaboraron con la investigación y la documentación sí la tenían y se adjuntó el 08 de julio y en ningún momento se obstruyó la labor inspectiva, es más, no se ha descrito acto alguno que demuestre esa afirmación e incluso las actas evidencian la predisposición para colaborar en todo momento, así como adoptaron las medidas correctivas cuando presentaron los documentos a la Sunafil.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo

46 del RLGT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

11 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 12 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239.

duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”13.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

13 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 14 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo15.

15 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”16, señalándose de manera expresa que:

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones”17.

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…) 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

16 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 17 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo.

“Si bien en la visita de inspección del 04/06/2019, la inspeccionada proporciona una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Versión 00, con fecha 06/Jul/2018, y Fecha de vigencia 20/Mar/2020, que comprende como Tarea “Distribución de repuestos, Equipos y Herramientas (Chofer-vehículo)”, con el Peligro “Levantamiento de Carga” con el “Riesgo/Consecuencia: Caída de Objeto / Golpe, Fracturas” y establece como medidas de control “Pausas Activas, Capacitación en Riesgos Disergonómicos, Evaluación Ergonómica, Capacitación de Actos y Condiciones” y presentó, de los registro de capacitación con los temas “Inducción SGSST y Comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Manejo Defensivo” junto con una presentación de título “Manejo Defensivo”, como las capacitaciones que se proporciono al trabajador; sin embargo de la revisión de los documentos proporcionados por la inspeccionada, no se puede acreditar que la inspeccionada cuente con controles adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos con respecto a las cargas sueltas, como es la Stocka, con la que ocurrió el accidente de trabajo. (…) Cabe señalar que si bien la inspeccionada exhibió 2 documentos con el título “Registro 1 – Identificaciones de Peligros y Evaluación de Riesgos”, el primero como VERSION 00, con fecha 06/Jul/2018 y Fecha de vigencia 20/Mar/2020 y el segundo como Versión 01 de fecha 31/May/2019, sin embargo la evaluación de esta manera se hizo con respecto al documento con Versión: 00, con fecha 06/Jul/2018 y Fecha de vigencia 20/Mar/2020, al ser este documento el único que se puede acreditar que se encontraba vigente a la fecha del accidente, 30/04/2019”.

riesgos y peligros, producidos por las condiciones de trabajo, previamente se deberá tener conocimiento de los mismos, reconocerlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas para controlarlos, disminuirlos y/o eliminarlos, situación que no se verifica en el caso de autos, en tanto que, si bien se observa que la impugnante presentó una IPER Versión 00, del 06 de julio de 2018, la misma no cuenta con controles adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos respecto a las cargas sueltas, como es la Stocka, que el trabajador transportaba cuando ocurrió el accidente de trabajo; asimismo, la IPER Versión 00 del 18 de agosto de 2020, IPER Versión 01 del 15 de julio de 2019 e IPER Versión 01 del 31 de mayo de 2019, presentadas por el sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación, corresponden a IPERs posteriores a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo de fecha 30 de abril de 2019.

los hechos que se acreditan en los documentos exhibidos por el mismo empleador. Contrario a lo alegado por la impugnante, de su escrito de apelación se advierte que sostiene: “(…) sin embargo, como hechos indicados anteriormente no hay forma que en una superficie plana exista un deslizamiento de una stocka, salvo que el propio ex trabajador haya actuado negligentemente e incumpliendo los protocolos de seguridad contemplados por la empresa no haya acomodado correctamente la stocka en la parte posterior del vehículo (…)”.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGT

efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Figuras 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

18 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.44 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una

decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con efectuar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, incumplimiento que fue causa del accidente de trabajo del trabajador Eder García, el 30 de abril de 2019. Numeral 28.10 del artículo del RLGT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con el Registro de Accidente de Trabajo, de acuerdo a ley. Numeral 27.6 del artículo del RLGT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de julio de 2019. Numeral 46.7 del artículo del RLGT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICIOS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1543-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1405-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1543-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGT y, a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICIOS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250625MCR - HR 121937-2023