Inka´s Berries S.A.C — Res. 25-2023

Mediante Orden de Inspección N° 30-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 319-2021-SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, en mérito a la denuncia presentada por la trabajadora Lilia Alicia Tena Quinteros, al haber sufrido un accidente de trabajo el día 24 de enero de 2020.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 290-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI, de fecha 07 de junio de 2021, notificada el 14 de junio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 617-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IF, de fecha 04 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 020-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 12 de enero de 2022, notificada el 14 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0038-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 04 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, y REVOCÓ en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, en el extremo que confirmó la sanción impuesta por dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas cada una de ellas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, ADECUÁNDOSE a una (01) infracción, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, a la suma de S/ 11,572.00, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 25 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0038-2022- SUNAFIL/IRE-LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000266-2022- SUNAFIL/IRE-LIM, recibido el 01 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INKA´S BERRIES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0038-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, que adecuó la sanción impuesta en S/ 11,572.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 08 de marzo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INKA´S BERRIES S.A.C.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que es “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo, según el Glosario de Términos del RLSST, presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como:

El RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. Así, su Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por el incumplimiento a las disposiciones referidas a gestionar los riesgos de manera suficiente y al uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP).

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST), tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales12, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo13.

Cabe precisar que, el artículo 50 de la LSST establece las medidas de prevención de los riesgos laborales que debe aplicar el empleador, entre las cuales se encuentran: “a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro (…)”.

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, los fundamentos jurídicos sétimo y octavo de la Casación Laboral 1225- 2015-Lima, ha establecido:

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”14.

Al respecto, procederemos a analizar, si, en las actuaciones generadas en el expediente inspectivo, se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Cabe señalar que, las causas fundamentales de un accidente pueden encontrarse en diversos niveles: conceptos erróneos, diseños inadecuados, errores de mantenimiento, de los operarios o de gestión. La determinación de la causa del accidente puede, entonces, reportar una multiplicidad de orígenes, por lo que la multicausalidad no puede destacarse de forma apriorística.

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes, recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relaciona; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”.

Dicho esto, corresponde analizar si las infracciones imputadas presentan el nexo causal15 señalado, respecto al accidente de trabajo investigado.

A decir de Feyer y Williamson, los factores causales son múltiples y variables en importancia intrínseca y temporal, de manera que “el acuerdo suele ser general respecto a que los accidentes se deben a múltiples causas”.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos16: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

Ahora bien, es importante traer a colación que el hecho ocurrido se trata notablemente de un accidente de trabajo, al haberse dado en plena ejecución de labores, desarrolladas por parte del trabajador víctima del accidente, verificándose del Acta de Infracción19 las siguientes causas del accidente de trabajo:

Al respecto, a la luz de las actuaciones inspectivas, verificamos en los numerales 4.9.3 y 4.9.4 de los hechos constatados del Acta de Infracción, lo siguiente:

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la LSST, dispone: “(…) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad

Por su parte, el artículo 77 del RLSST20, dispone que, “de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, por el/la empleador/a; se realiza en cada puesto de trabajo, con participación del personal competente, en consulta con las y los trabajadores, así como con sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso. Son requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPERC: a) Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del/la trabajador/a; así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo; b) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo; c) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo; d) Incluir las medidas de protección de los/las trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley; (…)” (énfasis añadido).

Asimismo, el literal g) del artículo 26 del RLSST dispone: “El empleador está obligado a: Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo”. A su vez, el artículo 82 del RLSST dispone que “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la LSST. [Además], las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley” (énfasis añadido).

En tal sentido, de la revisión de los documentos presentados tanto en el procedimiento inspectivo como en el sancionador, el cual generó que se inicie las investigaciones realizadas respecto del accidente de trabajo, se advierte que, si bien el impugnante contaba con IPERC, se evidencia que la identificación de la actividad “Poda”, no contempla como riesgo el contacto o golpes con daño a la vista, por lo que, no se establece las medidas de control suficientes y asociadas a tal riesgo.

En consecuencia, ante la inexistencia de la Matriz de IPERC el día del accidente de trabajo que incluya todos los riesgos existentes para la actividad “Poda”, conforme a lo corroborado por el personal inspectivo, la trabajadora accidentada se encontraba en indefensión acerca del ejercicio de sus funciones en dicho entorno. Ello permite colegir que las circunstancias en las que ocurrió el accidente no pudieron ser controladas ante la ausencia de la información necesaria, por medio de la IPERC. Por tanto, se evidencia que

Respecto al segundo hecho insubsanable, descrito en el numeral 4.9.4 de los hechos constatados del Acta de Infracción (véase Figura N° 02 de esta resolución), cabe indicar que el artículo 60 de la LSST señala que “el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. Éste verifica el uso efectivo de los mismos”.

Del mismo modo, la impugnante, en su calidad de empleadora, debe garantizar en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, pues es “quien debe ejercer un firme liderazgo en las actividades de su empresa en materia de SST y estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable; para ello, se encuentra en la obligación de desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes”21.

Es por ello que, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 50 de la LSST anteriormente citado en el fundamento 6.8 de la presente resolución, el empleador se encuentra facultado para aplicar medidas de prevención de los riesgos laborales, gestionando los riesgos para eliminarlos en su origen o, caso contrario, para aquellos que no se puedan eliminar, aplicar sistemas de control. Por lo tanto, considerando que, la aplicación de las medidas de control o prevención ocurre cuando los riesgos no pueden ser eliminados, y que el fin primordial de dichas medidas es la protección de la vida y salud de los trabajadores, los equipos de protección personal que deben ser entregados por el empleador a sus trabajadores, como medida de control y prevención de aquellos riesgos, no pueden ser eliminados.

Ahora bien, en cuanto a la labor que realizaba la trabajadora denunciante el día de su accidente de trabajo, es necesario precisar que, aun cuando hayan concurrido factores personales en el accidente, es la impugnante quien se encontraba a cargo del cumplimiento de la normativa en SST, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, siendo su obligación precisamente la de entregar a la referida trabajadora, todos los equipos de protección personal necesarios y adecuados, a fin de poder salvaguardar su salud al momento de cumplir con sus labores. Por tanto, se encuentra debidamente acreditado y motivado la imposición de la sanción a la impugnante, al haber incumplido con sus obligaciones en materia de SST.

Por consiguiente, queda evidenciado que, durante las actuaciones inspectivas, se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 24 de enero de 2020. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con sus obligaciones relacionadas a la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en los siguientes puntos: i) Gestión del riesgo insuficiente (no evalúa el riesgo de daño a la vista del cual se desprende medidas de control suficientes) y; ii) No acreditar el uso de EPP adecuados de acuerdo al riesgo.

Cabe precisar que, el accidente puede ser conceptuado como el resultado de un mal funcionamiento del sistema de trabajo en la empresa, constituyendo el mismo una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema, vinculada con la integridad corporal del elemento humano del sistema. En ese entendido, el accidente se produce debido a una multicausalidad de hechos y no producto de una sola casualidad, ni mucho menos como parte del azar. En tal sentido, debe recordarse el precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal, a través de la Resolución de Sala Plena N° 005- 2022-SUNAFIL/TFL, sobre el sentido interpretativo del nexo de causalidad en la norma recogida en el inciso 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Con relación a ello, es pertinente señalar que el artículo 87 de la LSST indica que “las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo (…)”. Asimismo, el artículo 33 del RLSST expresa que los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son: a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas (…)”.

Ahora bien, en el presente caso, de los documentos exhibidos por la impugnante, se ha podido verificar que se cuenta con el Registro de accidentes de trabajo, suscrito por el señor Pedro Martínez Sipán, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la impugnante, así como con el Formulario de Aviso de Accidentes de trabajo, el cual también se encuentra firmado por la impugnante. En razón a ello, se debe precisar que la referida documentación tiene el carácter de declaración jurada, tal como se visualiza a continuación22:

En ese sentido, la información que figura en el documento debe ser tomada como cierta y fidedigna, hasta que se demuestre lo contrario, puesto que, es una manifestación escrita de los hechos suscitados en el centro laboral. Por tanto, se asegura la veracidad de los mismos bajo juramento, presumiendo como verdadero lo que se alega en el referido Formulario.

Por otro lado, con relación al Informe médico, cabe indicar que el mismo versa sobre los posibles factores que pudieron ocasionar la lesión en la vista de la trabajadora denunciante, sin embargo, no es determinante para concluir que la afectación sufrida por dicha trabajadora no se haya producido por la actividad de Poda que realizaba y que no se trate de un accidente de trabajo.

Así tenemos, que de la presunción de certeza y el merecimiento de fe de los hechos comprobados en el Acta de Infracción y de la evaluación de los medios probatorios presentados por la impugnante, sólo pueden desvirtuarse con las pruebas que ésta aporte en ejercicio de su derecho de defensa, no habiendo, en este caso, adjuntado documentos fehacientes que desvirtúen los hechos que se evidenciaron durante las actuaciones inspectivas de investigación, en aplicación del principio de primacía de la realidad. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Es importante tener en cuenta que el legislador, en el artículo 38 de la LGIT, establece como criterios de graduación de las sanciones la gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa. Asimismo, el RLGIT establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación, no teniendo la autoridad sancionadora discrecionalidad para imponer un monto distinto al establecido en la tabla de multas recogida por el legislador, según lo establecido en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT.

Así también, el artículo 47 del RLGIT dispuso, además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debía respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG. Por lo que, se ha verificado que la autoridad sancionadora cumplió con lo dispuesto en las normas invocadas, conforme se aprecia de los considerandos de la resolución impugnada, de acuerdo con los parámetros establecidos en la tabla de NO MYPE, que es la condición que ostenta la impugnante, para el caso de la infracciones MUY GRAVES contenidas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, conforme se detalla en el Acta de Infracción.

Por último, estando a lo desarrollado en los párrafos anteriores, es pertinente indicar que, las infracciones se ajustan al tipo legal por el cual se sancionó a la impugnante, observándose los principios de tipicidad y legalidad. Por tanto, esta Sala considera que el pronunciamiento de segunda instancia se encuentra debidamente motivado, en tanto se han detallado los hechos que produjeron la sanción, respetando el debido procedimiento y la imparcialidad, determinándose que la impugnante incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. Por lo que, no se acoge lo aducido por la impugnante en este extremo del recurso de revisión.

En el presente caso, se advierte que la conducta imputada por el personal inspectivo constituye infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, la misma que, dada su naturaleza, resulta ser de carácter insubsanable en el tiempo, por cuanto no pueden ser revertidos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 49 del RLGIT sobre el carácter insubsanable de las infracciones, se establece lo siguiente: "(…) las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del

Por tanto, no se aprecia que se haya vulnerado alguno de los derechos o garantías que emanan del debido procedimiento. En ese sentido, esta Sala no advierte que la decisión de la autoridad sancionadora haya transgredido el principio del debido procedimiento, toda vez que las pruebas que la impugnante aportó tanto en las actuaciones inspectivas como en el procedimiento sancionador han sido valoradas adecuadamente por la autoridad sancionadora, quien solo ha impuesto sanción por no haberse demostrado el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST en el extremo de no haber cumplido con la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo referente a los siguientes puntos: i) Gestión del riesgo insuficiente (no evalúa el riesgo de daño a la vista del cual se desprende medidas de control suficientes), ii) No acreditar el uso de EPP adecuados de acuerdo al riesgo.

En consecuencia, los argumentos planteados por la impugnante no desvirtúan la responsabilidad que ha sido determinada por la autoridad sancionadora respecto a la infracción analizada; por lo que debe confirmarse lo resuelto en todos sus extremos.

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.