Industrias Nacionales de Metales S.A.C — Res. 212-2023

Mediante Orden de Inspección N° 19543-2017-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 316-2018 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, en mérito al accidente de trabajo ocurrido el 15 de enero del 2016.

Mediante Imputación de Cargos N° 204-2018-SUNAFIL/ILM/SIAI, de fecha 24 de abril de 2018, notificado el 03 de mayo de 2018, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 231-2018-SUNAFIL/ILM/SIAI, de fecha 24 de mayo de 2018 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 462-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 14 de agosto de 2018, notificada el 23 de agosto de 2018, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,337.50, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 14 de septiembre de 2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 462-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE2, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 909-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de junio de 20212, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 02 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana una solicitud de conclusión y/o nulidad del procedimiento sancionador3, la cual fue encauzada de oficio como un recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 909-2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001326-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 29 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 909-2021-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 9,337.50 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 15 de junio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “…interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria…”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

Así, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21, bajo los siguientes alcances:

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”.16 En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los

Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente.

Así, en el examen del expediente, se observa la subsunción del incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo por: a) no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo, conforme a ley; y b) no cumplir con la obligación

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”10. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”11.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de

El RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por no cumplir con realizar una supervisión efectiva en la zona de trabajo y por no adoptar disposiciones para proporcionar condiciones seguras en el centro laboral.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales13, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que,

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido).

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral 1225-2015, Lima ha establecido:

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”. En tal sentido, para que se configure dicho tipo infractor, se requiere la concurrencia de dos condiciones: i) Que, se haya incumplido disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que hayan sido causa del accidente de trabajo; y ii) Que, dicho accidente laboral cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, lo que debe ser debidamente acreditado con el certificado o informe médico legal (énfasis añadido).

Al respecto, procederemos a analizar, si, en las actuaciones generadas en el expediente inspectivo, se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Cabe señalar que, las causas fundamentales de un accidente pueden encontrarse en diversos niveles: conceptos erróneos, diseños inadecuados, errores de mantenimiento, de los operarios o de gestión. La determinación de la causa del accidente puede, entonces, reportar una multiplicidad de orígenes, por lo que la multicausalidad no puede destacarse de forma apriorística.

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes, recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relaciona; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”.

A decir de Feyer y Williamson, los factores causales son múltiples y variables en importancia intrínseca y temporal, de manera que “el acuerdo suele ser general respecto a que los accidentes se deben a múltiples causas”.

Dicho esto, corresponde analizar si la infracción imputada presenta el nexo causal15 señalado, respecto al accidente de trabajo investigado.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos16: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

Ahora bien, es importante traer a colación que el hecho ocurrido, se trata notablemente de un accidente de trabajo, al haberse dado en plena ejecución de labores, desarrolladas por parte del trabajador víctima del accidente.

Así, de acuerdo con el Considerando Decimo de la sección II “Hechos Verificados” del Acta de Infracción se detalla el análisis de causalidad efectuado por la autoridad inspectiva, el cual es compartido por las instancias anteriores según el siguiente análisis:

Es importante recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante la LSST), reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o

Respecto de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC), debe recordarse que la matriz IPERC es elaborada considerando las actividades rutinarias y no rutinarias según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador y trabajadora, así como las situaciones de emergencia que podrían presentarse a causa del desarrollo del trabajo o con ocasión del mismo, identificando los peligros y evaluando los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Estos alcances fueron inicialmente desarrollados en la “Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, contenida en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR20 y, posteriormente, incluidos dentro de la modificación efectuada en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 005-2012-TR), a través del Decreto Supremo N° 002-2020-TR, publicado el 08 de enero de 2020.

Sobre estos alcances, es importante recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante, la LSST), reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido éste como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social21.

En estricta relación con esta premisa, la LSST también define al Principio de Responsabilidad, entendido como la asunción de las “(…) implicancias legales y de cualquier otra índole, a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”22.

Así, a través de la obligación de garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de todo aquel que se encuentre dentro del centro de labores, el empleador debe adoptar

En ese sentido, el Considerando Séptimo de la sección II “Hechos Verificados” del Acta de Infracción concluye que, si bien el Sujeto inspeccionado exhibió un documento denominado Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control por su puesto de trabajo, con fecha de emisión el 10 de julio de 2015, no está conforme a ley, puesto que, no estaba actualizada a la fecha de accidente de trabajo, ya que no se contempló una tarea que también efectuaba el trabajador afectado, que era la de cargar, trasladar, descargar y distribuir materiales (planchas de acero inoxidable) a los almacenes de los clientes de la empresa, labor que realizaba el señor Luis Ángel De Los Santos Medina, lo que no permitió identificar los peligros relacionados a esa actividad, evaluado los riesgos y adoptado las correspondientes medidas de control para el peligro. Del mismo modo, no consigno medidas para el peligro: Levantamiento de cargo y riesgo ergonómico por sobreesfuerzo, siendo finalmente causa del accidente investigado.

Así, en el presente caso se ha acreditado que el sujeto inspeccionado incurrió en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, deviniendo en insubsanable, toda vez que el transcurso del tiempo torna imposible retrotraerse para cumplir con esta exigencia antes de generar consecuencias.

En ese orden de ideas, correspondía a la impugnante realizar un correcto estudio de los riesgos respecto a la actividad que desarrollaba el trabajador Luis Ángel De Los Santos Medina, estableciendo a su vez las medidas necesarias que pudieron eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y así garantizar la seguridad y salud en el puesto de trabajo, debiendo priorizar aquellos riesgos intolerables a los que estaba expuesto el trabajador afectado en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, pudiendo aplicar las medidas de control necesarias para eliminar o mitigar los riesgos.

En consecuencia, ante la inexistencia de una matriz de riesgos conforme a ley, el día del accidente de trabajo, tal como lo corroboro el personal inspectivo, el trabajador accidentado se encontraba en indefensión acerca del ejercicio de sus funciones en dicho entorno; lo que permite colegir que las circunstancias en las que ocurrió el accidente no pudieron ser controladas ante la ausencia de la información necesaria, por medio de la IPER. Por tanto, se evidencia que la impugnante incumplió con su obligación de efectuar una correcta identificación de los peligros, evaluación de sus riesgos y adopción de las medidas de control.

De lo anterior, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 15 de enero de 2016. Por tal motivo, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar el extremo de la infracción imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con sus obligaciones relacionadas a la IPERC.

Respecto al Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS), cabe indicar que el artículo 21° de la LSST contempla como medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: “(…) c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control (…)”

Asimismo, el artículo 50 de la Ley N° 29783, Ley Seguridad v Salud el Trabajo (señala que: "El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar, b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador (...)".

Por otro lado, dentro de las medidas de prevención de riesgos laborales para tener en cuenta se encuentran: la gestión de los riesgos, el diseño de puestos y ambientes de trabajo adecuados, la eliminación o sustitución de agentes peligrosos en el centro de trabajo, la integración de planes y programas de prevención de riesgos laborales, entre otras. Para ello, el empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos, establecidos en el artículo 37° del RLSST.

Del mismo modo, el artículo 84 del RLSST, menciona que:

Respecto a ello, el personal inspectivo dejó constancia en el Considerando Octavo de la sección II “Hechos Verificados” del Acta de Infracción que a la fecha del accidente de trabajo, se verifico que su Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro no estaba conforme a ley, porque no se había considerado cómo proceder para realizar la descarga de forma segura en espacios reducidos, señalando solo en forma general que el trabajador debe realizar la descarga con el cuidado respectivo; sin embargo, no señala como hacerlo, tomando en cuenta las medidas preventivas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, siendo finalmente causa del accidente investigado.

Así, en el presente caso se ha acreditado que el sujeto inspeccionado incurrió en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), deviniendo en insubsanable, toda vez que el transcurso del tiempo torna imposible retrotraerse para cumplir con esta exigencia antes de generar consecuencias.

En ese sentido, el sujeto inspeccionado a la fecha del accidente de trabajo no acreditó haber elaborado correctamente el procedimiento escrito de trabajo seguro para la descarga, carga, almacenamiento y distribución de materiales conforme a ley, siendo afectado con el trabajador Luis Ángel de los Santos Medina.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se verificó el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 15 de enero de 2016. Por tal motivo, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar el extremo de la infracción imputada, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con sus obligaciones relacionadas al Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS).

Por consiguiente, esta Sala concuerda con el análisis efectuado por las instancias anteriores, puesto que, se ha acreditado que la impugnante ha incurrido en

Respecto al argumento de la impugnante, de que lo sucedido con el trabajador Luis Ángel de los Santos Medina fue inesperado y ajeno a la responsabilidad del administrado, porque los hechos ocurridos fueron en las instalaciones de otra empresa. Sobre el particular, es importante recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante la LSST), reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social .

En estricta relación con éste premisa, la LSST también define al Principio de Responsabilidad, entendido como la asunción de las “…implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”25, señalándose de manera expresa que:

Conforme a lo anterior, a través de la obligación de garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de todo aquel que se encuentre dentro del centro de labores, el empleador debe de adoptar una serie de medidas de prevención27 de acuerdo con el orden

Asimismo, corresponde indicar que el deber de prevención de la salud y seguridad de los trabajadores recae en la empresa principal, y también en las empresas contratistas, respecto a sus propios trabajadores. Del mismo modo, es pertinente indicar que esta obligación recae en el empleador independientemente de la condición, titularidad, etc, que tenga con relación al establecimiento que sea el centro de trabajo.

Sobre ello, el artículo 17 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Decisión N° 584 de la Comunidad Andina de Naciones, establece que siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

De lo expuesto, se puede concluir que el Sujeto inspeccionado tenía la obligación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales incluyen, entre otras, minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.

Por ello, esta Sala concuerda con el análisis efectuado por las instancias anteriores. En ese orden de ideas, se ha corroborado que la impugnante no cumplió con su obligación de contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo, y, con la obligación referida a elaborar el Procedimiento escrito de trabajo seguro, conforme a ley.

Respecto al argumento de la impugnante de que no había transcurrido un año que exige la norma para la actualización del IPERC. Sobre ello, cabe señalar que conforme lo señala el personal inspectivo en el Acta de infracción si bien la impugnante exhibe un IPERC, no se encontraba conforme a ley, debido a que, no se incluyó una tarea que también efectuaba el trabajador afectado, que era la de cargar, trasladar, descargar y distribuir materiales (planchas de acero inoxidable) a los almacenes de los clientes de la empresa, y por tanto, no se han determinado correctamente los peligros, los riesgos asociados y las medidas de control a implementar que hubieran podido evitar la ocurrencia del accidente de trabajo, incurriendo en la infracción contenida en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. No correspondiendo acoger lo esgrimido por la impugnante en este sentido.

Con relación a lo manifestado por el Sujeto inspeccionado de que se le pretende sancionar, considerándose una evidente vulneración al principio de Legalidad al intentar salvar un procedimiento que no fue llevado conforme a ley, esta Sala coincide con los argumentos esgrimidos por la autoridad sancionadora en la Resolución de Sub intendencia 462-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE2, puesto que, en el presente caso no era razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento. Por tanto, respecto a este incumplimiento, no correspondería sanción alguna, por ello, no se continua con el procedimiento sancionador en este extremo.

En ese orden de ideas, teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de la misma, más aún si se propone sanción por las mismas, siendo que se requiere el cumplimiento de conductas infractoras que son imposibles de revertir en el tiempo. Debiendo precisar que, la medida solo debe ser emitida cuando se comprueba la infracción y que esta puede ser subsanada, caso contrario, correspondía proponer sanción en el Acta de infracción únicamente por los incumplimientos de las infracciones comprobadas.

Bajo ese contexto normativo, es pertinente precisar que el artículo 49 del RLGIT establece que las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos. Por lo tanto, en sentido contrario, las infracciones serán insubsanables cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación no puedan ser revertidos, al ser irreparable en el tiempo respecto al periodo en el que se produjo, tal como se produjo en el presente caso, en la medida que es física y jurídicamente imposible de revertir los efectos nocivos de este incumplimiento. Por las consideraciones expuestas, no corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Al respecto, el artículo 1 de la LGIT, establece que la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la misma norma contempla las facultades inspectivas, señalando que los inspectores de trabajo

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, pudiéndose prorrogar dicho plazo por una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

En el caso en particular, se verifica que las actuaciones inspectivas iniciaron con fecha 26 de diciembre de 2017 mediante la visita inspectiva realizada al centro de trabajo consignado en la Orden de Inspección y culminaron con la comparecencia de fecha 06 de febrero de 2018, es decir, desde la fecha de inicio de las actuaciones inspectivas hasta su culminación han transcurrido los 30 días hábiles señalado en la LGIT, habiéndose emitido con fecha 06 de febrero de 2018 el Acta de Infracción correspondiente; por tanto, se corrobora que las actuaciones inspectivas se han llevado a cabo conforme al plazo establecido, en consecuencia, no se ha vulnerado el principio de legalidad.

Por consiguiente, no ha existido incumplimiento alguno por parte del inspector comisionado sobre la obligación legal contenida en la disposición normativa antes acotada, como erróneamente alega la impugnante en su escrito que contiene su recurso de revisión, pues el Acta de Infracción fue emitida dentro del plazo establecido para las actuaciones inspectivas; esto es, dentro de los treinta (30) días hábiles dispuestos para la realización de las actuaciones inspectivas. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Al respecto, cabe traer a colación lo referido por el Decreto Supremo N° 015-2017-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 06 de agosto de 2017, el cual modificó el artículo 51 del RLGIT, indicando que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones prescribe, ya no a los cinco (5) años como antes estaba previsto, sino a los cuatro (4) años, y que esta determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 252° del TUO de la LPAG.

A raíz de ello, mediante Resolución de Superintendencia N° 218-2017-SUNAFIL, de fecha 31 de octubre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el "Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema lnspectivo”, entre los cuales se encuentra el criterio sobre prescripción administrativa:

En atención a ello y considerando que, actualmente, tal como lo establece el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, la autoridad debe evaluar de oficio la prescripción o los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, corresponde en primer término, que esta Sala analice si al momento en que se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 462-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE2, esto es al 14 de agosto del 2018, notificada el 23 de agosto de 2018, habría prescrito el plazo que tenía la autoridad de primera instancia para determinar cómo infracciones los incumplimientos constatados en la etapa inspectiva. Dicho plazo es de cuatro (4) años máximo, para lo cual se debe tener en cuenta las reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG.

Para dicho análisis, cabe tener en cuenta, además, que mediante la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019, se han aprobado los criterios normativos adoptados por el "Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL", donde se indica respecto al cómputo del plazo de prescripción lo siguiente:

Para determinar la prescripción de la infracción en materia de SST en el presente caso, el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido, para lo cual es necesario considerar los plazos legales previstos para cumplir con las obligaciones sociolaborales materia de análisis.

En el caso materia de la presente resolución, se imputa a la impugnante incumplir la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, en relación a i) no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo, conforme a ley, y; ii) no cumplir con la obligación referida a elaborar el Procedimiento escrito de trabajo seguro, causas del accidente de trabajo, la cual debe ser calificada como una infracción instantánea, dado que sus efectos se consumaron en el mismo día del siniestro, esto es, el 15 de enero de 2016, por lo que, para un mejor análisis del cómputo respectivo, se presenta a continuación una línea de tiempo del desarrollo del PAS:

Así, se verifica que desde la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo hasta la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 462-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE2, en la que se determinó la existencia de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, han transcurrido aproximadamente 2 años y 7 meses, en ese sentido, no ha superado el plazo de (4) cuatro años establecido. Por lo que, se evidencia que no se ha excedido el plazo de prescripción antes señalado. En tal sentido, no corresponde acoger lo solicitado por la impugnante en dicho extremo.

(Accidente de trabajo: presunto ilícito) 03.05.2018 (Inicio del PAS – Not. imputación de cargos) 14.08.2018 Resolución de Sub- Intendencia (notificado el 23.08.2018) (Fin del PAS) Total tiempo transcurrido: 2 años y 7 meses

Sobre el particular, respecto al principio de licitud debemos precisar que se encuentra regulado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual esboza que “las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”.

Esta Sala valora que el comportamiento de la impugnante no constituye una colaboración efectiva a la fiscalización, dado que no ha acreditado con medios de prueba el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. De esta forma, puede establecerse un comportamiento contrario a la buena fe procedimental; por ello, no resulta amparable dicho proceder conforme al principio invocado en el recurso de revisión.

Con relación a ello, al Principio de legalidad debemos mencionar que las normas infringidas y los incumplimientos laborales materia de sanción fueron correctamente delimitados por los Inspectores comisionados en la Medida de requerimiento y en el Acta de infracción, documentos que fueron notificados oportunamente al Sujeto inspeccionado. Aunado a ello, corresponde precisar que en el presente caso no se advierte que los Inspectores comisionados hayan realizado un acto arbitrario o que su decisión, atente contra el principio de legalidad, por el contrario, su decisión se ha sustentado en virtud al análisis y evaluación de la documentación verificada durante el desarrollo de sus actuaciones inspectivas, los cuales se han desarrollado dentro de los parámetros establecidos en la Ley.

Cabe precisar que las actuaciones de las instancias previas se efectuaron de acuerdo a los alcances del TUO de la LPAG, asimismo, cumpliendo con los plazos establecidos. En virtud a lo expuesto, no corresponde ampararse lo alegado por el Sujeto inspeccionado en este extremo.

En el presente caso, se advierte que la conducta imputada por el personal inspectivo constituye infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, la misma que, dada su naturaleza, resulta ser de carácter insubsanable en el tiempo, por cuanto no pueden ser revertidos.

Por tanto, no se aprecia que se haya vulnerado alguno de los derechos o garantías que emanan del debido procedimiento. En ese sentido, esta Sala no advierte que la decisión de la autoridad sancionadora haya transgredido el principio del debido procedimiento, toda vez que las pruebas que la impugnante aportó tanto en las actuaciones inspectivas como en el procedimiento sancionador han sido valoradas adecuadamente por la autoridad sancionadora, quien solo ha impuesto sanción por no haberse demostrado el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST en el extremo de no haber cumplido con la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo referente a los siguientes puntos: i) no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo, conforme a ley, y; ii) no cumplir con la obligación referida a elaborar el Procedimiento escrito de trabajo seguro.

En consecuencia, los argumentos planteados por la impugnante no desvirtúan la responsabilidad que ha sido determinada por la autoridad sancionadora respecto a la infracción analizada; por lo que, debe confirmarse lo resuelto en todos sus extremos.

Al respecto, cabe señalar que no es coherente lo sustentado por la impugnante, aduciendo inobservancia al principio del debido procedimiento, toda vez que fue debidamente notificada con cada una de las actuaciones y solicitudes por parte del inspector comisionado, así como de las autoridades durante el procedimiento administrativo sancionador, y la conducta a la cual la impugnante se encontraba obligada a cumplir, se encuentra claramente establecida e identificada por la normativa vigente de la materia, y que fue especificada por el inspector de trabajo en el Acta de Infracción.

En ese sentido, no se identifica una pretendida vulneración del derecho al debido procedimiento, en tanto se ha valorado y merituado cada uno de los argumentos de defensa e información remitida, evidenciándose que se confirma sanción por la omisión proscrita, correspondiendo no amparar el referido recurso en este extremo.

En tal sentido, sobre la nulidad invocada por la impugnante, esta debe ser desestimada, al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.