Industrias del Espino S.A — Res. 645-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/ incidentes peligrosos (sub materia: incumplimiento (s) en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador); Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo; Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo. soft 20555195444 soft 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo (no brindar formación e información); tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Resulta equivocado el criterio de la entidad de trabajo, al considerar que se incumplió con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, pues Industrias del Espino sí cumple con el deber de prevención conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Ley Nº 29783. Además, el colaborador afectado sí ha recibido capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo- inducción-, así como de su puesto de trabajo. ii. Se vulnera el derecho al debido procedimiento administrativo, pues no se ha valorado correctamente los medios probatorios presentados en la orden de inspección. Por lo que, se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada. iii. El presente procedimiento incurre en nulidad, al transgredirse lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG, pues el supuesto incumplimiento no afecta directamente a ningún trabajador. Por lo que, se vulnera el principio de razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia, se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada. iv. Se ha vulnerado el derecho de defensa de la empresa, pues no se respetó el principio de presunción de licitud; toda vez que los inspectores asumen que PALMAS ha incurrido en una infracción, presumiendo que lo señalado es falso y vulnera el principio de licitud.

i. El 20 de febrero de 2021, se produjo el accidente laboral en las instalaciones del sujeto inspeccionado, siendo afectada la trabajadora Greisi Ambrosio Ruiz. Este accidente se

2 Notificada el 06 de diciembre de 2021, conforme consta a folios 46 del expediente sancionador. 3 Notificada el 28 de diciembre de 2021. Véase folios 74 del expediente sancionador.

produjo cuando la trabajadora se encontraba conversando con un compañero en el pasillo de tránsito del transpaleta eléctrico, cuando de pronto es golpeada en los pies por las uñas del montecarga (transpaleta eléctrico). Ahora bien, de la documentación presentada se verifica, que la empresa no acreditó la capacitación a la trabajadora afectada en temas específicos de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre los riesgos por la labor específica desarrollada. A su vez, la administrada no acreditó brindar a la fecha del accidente de trabajo, la capacitación sobre las medidas de control que deben adoptar frente a la exposición por peligros de tránsito de montacargas. Por lo que, se debe confirmar lo resuelto por el órgano resolutivo de primera instancia, al haber quedado acreditado que la empresa incumplió con la normativa en seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo en perjuicio de una trabajadora, conducta tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. ii. En cuanto a la vulneración al debido procedimiento que alega la empresa, de la fundamentación fáctica y jurídica de su recurso de apelación, se aprecia que la apelante se limita a señalar el concepto del principio al debido proceso y que la resolución apelada debe ser declarada nula, sin acompañar fundamento de hecho que lo sustente. Siendo esto incongruente con el principio de buena fe procedimental, conforme la resolución Nº 032-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. iii. Sobre el principio de razonabilidad; la inspeccionada sostiene que se ha sancionado por un incumplimiento que constituye una obstrucción a la labor inspectiva; sin embargo, la sanción impuesta es por la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, por la cual solo se ha considerado como trabajadora afectada a la señora Greisi Ambrosio Ruiz. Por lo que, al imponerse la sanción se advierte que se tomó en cuenta lo dispuesto en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT. En ese sentido, no se ha vulnerado el principio de razonabilidad. iv. La impugnante refiere que no se valoró todos los medios probatorios presentados. Al respecto, de la lectura y revisión del acta de infracción, se comprueba que, la inspectora ha valorado toda la documentación de la empresa, así también el órgano resolutivo de primera instancia. Por ende, no corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada. v. El acta de infracción cumple con el aspecto formal y se encuentra debidamente motivada, al igual que la resolución materia de impugnación, ya que, de su revisión y análisis, se verifica que valoró todos los medios probatorios obrantes en el expediente y fundamentar las razones de hecho y derecho de su decisión. Asimismo, la impugnante sostiene que se vulneró el principio de licitud, pues pese a que no existe prueba que demuestre la obligación de entregar equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva en su empresa, los inspectores asumen que se ha incurrido en una infracción. Al respecto, este argumento no tiene relación con el presente caso, pues en este proceso se le está sancionando por el incumplimiento a la

normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo y no, por incumplir con entregar los equipos de protección personal.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 151-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, en base a los siguientes argumentos:

Infracción normativa del literal a) del artículo 44 de la LGIT, del artículo IV del TUO de la LPAG y de los artículos 3 y 6 del TUO de la LPAG i. Se ha vulnerado el debido procedimiento, la intendencia vulnera el deber de motivación al no cumplir con analizar adecuadamente los tres principales argumentos de defensa expuestos por PALMAS durante todo el procedimiento y que acreditan las inexistencias de infracción. Por lo que se debe declarar la intendencia debió declarar la nulidad de la resolución de intendencia; sin embargo, la convalidó sin pronunciarse sobre los cuestionamientos a su validez por la vulneración a su derecho de defensa. ii. La intendencia no se pronuncia sobre los vicios de nulidad detectados en la resolución de sub intendencia y el informe final, por lo que es evidente la vulneración flagrante del derecho de defensa y motivación, pese a lo cual la intendencia no se pronuncia sobre dichos vicios de nulidad. iii. El razonamiento lógico utilizado para concluir que no hay nada que cuestionar a la resolución de sub intendencia es incorrecto, el que la intendencia arribe a la misma conclusión que la inferior en grado, no convalidad el acto administrativo de esta última ni implica que no hayan existido diferentes vicios de nulidad.

iv. Las resoluciones de este complejo caso fueron emitidas en un corto periodo de tiempo, pese a que contaban aún con plazo legal para resolver. Así, el análisis apresurado de los hechos del caso y lo alegatos de PALMAS impidió que la Sub Intendencia y la Intendencia evaluaran correctamente los argumentos y medios probatorios de la empresa, incurriendo en motivación inexistentes y aparentes. v. Se vulnera el principio de verdad material, al señalar que la empresa no cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, la conducta expuesta en el cuadro ni es clara, lo cual vulnera su derecho al debido procedimiento, además Industrias del Espino ha cumplido con su deber de prevención, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0005-2012-TR y la Ley Nº 29783, además de recibir capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, inducción, así como en el puesto de trabajo. vi. Se debe declarar la nulidad del procedimiento al afectarse el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, al afectarse el principio de razonabilidad; ya que, la entidad de trabajo considera erróneamente que la supuesta infracción ha generado una obstrucción a la labor inspectiva e impone una multa en un monto exorbitante, debiendo considerar como trabajadores afectados solo los caos en los cuales no se logró presentar los documentos requeridos. vii. La resolución impugnada es nula por vulnerar el debido procedimiento. viii. No se ha realizado una valoración correcta de los medios probatorios presentados. Por lo que, la entidad de trabajo ha infringido la normatividad vigente, por cuanto no ha realizado una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios presentados. ix. La resolución de intendencia debe ser declara nula por no respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al determinar una multa por un monto exorbitante. x. Se vulneró el principio de presunción de licitud, pues no existe prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la conducta tipificada

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido)

10 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 11 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239 12 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

13 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 14 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

protección de sus trabajadores; a pesar de lo cual ocurrió el accidente de trabajo que tuvo como consecuencia la muerte de su trabajador.

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (...) era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad (…)” (énfasis añadido).

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

formación e información como causa del accidente de trabajo padecido por la trabajadora Greisi Ambrosio Ruiz el 20 de febrero de 2021.

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijuridica. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En

15 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 16 Casación N° 18190-2016 Lima

ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”17.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo18.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento

17 Casación N° 4321-2015 Callao 18 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“a) Formación e información: El sujeto inspeccionado presentó registros de formación, documentos que se encuentran a folios 094 al 337 del expediente de inspección, donde no se evidencia las capacitaciones específicas por puestos de trabajo y/o actividades críticas a favor de la trabajadora accidentada, considerándose así una causal del accidente de trabajo de conformidad con los resultados de la investigación realizada. b) Incumplimiento en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador: (…) No se evidencia formación específica para prevenir el accidente de trabajo en lugares donde exista transporte de carga con montacarga. Claramente se determinó la causal que dio consigno el accidente de trabajo generándose un descanso médico por 05 días.”

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales (énfasis añadido).

19 Artículo IV del Título Preliminar de la LSST 20 RLSST, Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.

estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, que se entiende por capacitación a la actividad “que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”.

f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento. 21 Ver folios 247 del expediente inspectivo. 22 Ver folios 249 del expediente inspectivo. 23 Ver folios 252 del expediente inspectivo. 24 Ver folios 254 del expediente inspectivo. 25 Ver folios 255 del expediente inspectivo. 26 Ver folios 256 del expediente inspectivo. 27 Conforme corroboró la inspectora comisionada en su ítem 4.6, numeral 3).

capacitación de los riesgos de la labor específica, referida al transporte de muestra entre el área de labores de la trabajadora afectada al laboratorio; así como tampoco se acreditó sobre la formación específica para prevenir accidentes de trabajo en lugares donde exista transporte de cargas con montacargas.

Respecto de la presunta vulneración a los principios de Presunción de Licitud, Verdad Material, Razonabilidad, Proporcionalidad y Debido Procedimiento

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”28. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los

28 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad29, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa30. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”31. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”.

“6.18 En ese entendido, uno de estos derechos fundamentales en materia sancionadora, es el derecho a la presunción de inocencia, regulado en el literal e), inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política32. Este derecho, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG

29 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 30 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 31 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 32 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

bajo la denominación de presunción de licitud33, proscribe que se sancione a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable34. 6.19 Al respecto, el Tribunal Constitucional, señala que el derecho a la presunción de inocencia lleva también consigo una regla probatoria, por lo “que no pueda trasladarse la carga de la prueba quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el proceso o procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia”35. 6.20 Así, “la carga de la prueba del hecho objeto de sanción corresponde a la Administración, no al administrado. No cabe en este punto ninguna clase de “matiz”. No es posible la imposición de sanción alguna con el fundamento de meras sospechas, y tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado su inocencia”36. 6.21 El TUO de la LPAG recoge esta regla probatoria al disponer que la carga de la prueba se rige por el denominado “principio de impulso de oficio”, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde “dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”37 (…) 6.22 En tal sentido, el estándar de valoración de la prueba es definido por el Principio de Presunción de Licitud, en virtud del cual solo puede sancionarse a los administrados cuando cuenten con evidencia que acredite la comisión de la infracción que se les imputa.”

33 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 34 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones” 35 Fundamento 45 de la STC recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC. 36 Miguel Carmona Ruano, “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Jueces para la democracia N° 9 (1990): 24. 37 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

presentadas en el ínterin del presente procedimiento, emitiéndose la Resolución Intendencia N° 151-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, con los fundamentos de hecho y derecho que la motivan, y la determinación de la sanción impuesta se encuentra debidamente tipificada en la legislación vigente, esto es, en el RLGIT. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo (no brindar formación e información). Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 151-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martin, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 272-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Regional N° 151-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la empresa INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., y a la Intendencia de Regional de San Martin, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Regional de San Martin.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente