Industrias del Espino S.A — Res. 631-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo; Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo e, Investigación de Accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador).

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y salud en el trabajo, dicha infracción procede a ser insubsanable debido al carácter irreversible de la afectación; por tanto no se emite medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. La conducta expuesta por la entidad no es clara, lo cual vulnera el derecho al debido procedimiento administrativo. Por tanto, la presente resolución debe declararse nula. ii. Cumplimos con el Principio de Prevención, al respecto, debemos señalar que el colaborador ha recibido capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (inducción), así como respecto al puesto de trabajo. iii. La entidad considera erróneamente que la supuesta infracción ha generado una obstrucción a la labor inspectiva, por lo que nos multan con un monto exorbitante. iv. Al respecto, el supuesto incumplimiento no afecta directamente a ningún trabajador, ya que lo que realmente se da, es que no hemos cumplido con una solicitud por parte de la entidad de trabajo; es decir, esta omisión no afecta directamente a los trabajadores. v. En el supuesto y negado caso que exista una infracción, se debió tomar en cuenta el principio de razonabilidad, en consecuencia, para el cálculo de la multa, se debió considerar como trabajadores afectados solo los casos en los cuales no se logró presentar los documentos requeridos, los cuales no eran casos actuales. vi. Cabe señalar que todos los medios probatorios deben valorarse en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo, al momento de aplicar la norma a los hechos acreditados al procedimiento, no se ha tomado en cuenta los medios probatorios que obran en el expediente para evaluar si hemos cometido infracción, ya que cumplimos a cabalidad con las normas vigentes. vii. El procedimiento inspectivo bajo la Orden de Inspección N° 348-2017, no se ajusta a lo establecido en el artículo 6 de la LGIT, y, por ende, sus actuaciones y proceder, vulneran fehacientemente el respeto al debido procedimiento.

viii. En el presente caso, los inspectores han vulnerado nuestro derecho de defensa, como segundo supuesto de vulneración del derecho al debido procedimiento, no cumplieron con respetar el principio de presunción de licitud pues, pese a que ésta cumplió con presentar todos los documentos antes de la emisión del acta de infracción. Al respecto, antes de la emisión de la misma, solicitamos la inhibición correspondiente; sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta nuestro pedido, lo cual evidencia una grave vulneración al debido procedimiento. ix. En virtud al principio de presunción de licitud, el sujeto inspeccionado no debe probar su inocencia, pues ésta se presume, sino que es la Administración la que está obligada a probar que el sujeto inspeccionado incumplió. En el presente caso, los inspectores no han contado con elementos suficientes e idóneos para sustentar su posición. x. Los inspectores han vulnerado el principio de licitud, en la medida que, pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva, los inspectores asumen que habríamos incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso.

i. Conforme al numeral 4.9 del acta de infracción, se tiene que el inspector señala lo siguiente: a) Incumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que cause daño a la salud del trabajador. Resultado de la investigación, se determinó que el trabajador se encontraba laborando en condiciones sub estándares, junto a una tabla que le ocasionó un tropezón, cayéndose al piso y quemándose parte de la espalda con el agua caliente de la manguera que sostenía. Claramente se determina carencia de una supervisión eficaz de las medidas de control, que dieron consigo al accidente de trabajo con quemadura en la espalda del trabajador, generándole un accidente incapacitante total temporal, con descanso médico por tres días. ii. A su vez, de acuerdo al Informe Final de Investigación del Accidente de Trabajo, se puede observar que la empresa ha señalado como causa inmediata: Condición Sub Estándar, que el área de trabajo estaba visiblemente desordenada, al existir maderas almacenadas en un lugar que no está designado para tal fin. iii. El artículo 26 de la LSST, prescribe que el empleador está obligado a: c) disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, lo cual no ha sucedido en el presente caso. iv. A su vez, conforme lo señaló el órgano resolutivo de primera instancia, la supervisión realizada por el empleador permite identificar fallas o deficiencias en el Sistema de

2 Notificada a la impugnante el 23 de diciembre de 2021, véase folio 71 del expediente sancionador.

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como adoptar medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, lo cual será esencial para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. v. En cuanto a la vulneración del principio del debido procedimiento alegado, no se aprecia la fundamentación fáctica y jurídica para determinar la inobservancia a este principio, ya que, la empresa, únicamente lo menciona sin precisar mayores detalles, limitándose a indicar el concepto y que la resolución debe ser nula. Respecto a ello, corresponde invocar al Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de la Resolución N° 032-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, precisando en el numeral 6.15 que no es congruente con el principio de buena fe procedimental que un administrado interponga un recurso administrativo sin acompañar al fundamento el hecho que lo sustenta, en clara contradicción al artículo 173.2 del TUO de la LPAG. vi. Sobre la vulneración al principio de razonabilidad, es de precisar que, en el presente procedimiento se ha sancionado al administrado por: Incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo; lo cual, constituye una infracción muy grave tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. En ese sentido, se puede verificar que no se ha sancionado por infracción a la labor inspectiva, conforme se hizo referencia; y, a su vez, para la sanción impuesta por la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, solo se ha considerado como trabajador afectado al señor Armando Apolonio Tarazona Olivera (trabajador que sufrió el accidente laboral). vii. Respecto a la no valoración de los medios probatorios, de la lectura y revisión del acta de infracción, puede comprobarse que, el inspector ha valorado toda la documentación presentada por la empresa; así también, el órgano resolutivo de primera instancia, ha cumplido con tomar en cuenta toda la documentación presentada. Por ende, no corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada. viii. Asimismo, en cuanto a lo referido sobre la vulneración del debido proceso, es de acotar que, el presente procedimiento se generó con la Orden de Inspección N° 943- 2021-SUNAFIL/IRE-SMA de fecha 05 de julio de 2021, en materia de seguridad y salud en el trabajo (investigación de accidente de trabajo), y, no bajo la Orden de Inspección N° 348-2017, como lo señala. En cuanto al acta de infracción, conforme al artículo 54 del RLGIT, se ha cumplido con el contenido mínimo exigido; a su vez, el inspector cumplió con argumentar con fundamentos de hecho y de derecho sobre cada infracción detectada en el proceso inspectivo y las normas vulneradas por parte del administrado, valorando todos los medios probatorios obrantes en el expediente. ix. Respecto a la vulneración de los principios al debido procedimiento inspectivo conforme a la LPAG, de la revisión del expediente, no se observa ningún escrito que haya sido presentado por la empresa antes de la emisión del acta de infracción; en el cual, haya solicitado la inhibición, a su vez, no se ha presentado algún medio probatorio que acredite ello. x. Por último, se ha sancionado a la empresa por incurrir en incumplimiento a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo, y no, por no entregar equipos de protección personal.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 150-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando lo siguiente:

i. En el presente caso, cuestionamos el contenido de la Resolución de Intendencia porque vulnera dos derechos centrales vinculados a la garantía del debido procedimiento: nuestro derecho de defensa, así como nuestro derecho a contar con una debida motivación de las resoluciones administrativas. ii. Es importante tomar en cuenta que nuestros argumentos de defensa no fueron analizados a lo largo del procedimiento sancionador, particularmente en el Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia. No obstante, pese a que la Intendencia podía verificar dicha flagrante ausencia de motivación, no declaró la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia, y, por el contrario, la convalidó sin pronunciarse sobre nuestros cuestionamientos por la vulneración al debido procedimiento. El hecho de arribar a una misma conclusión en el mismo sentido que la autoridad inferior en grado, no convalida el acto administrativo de esta última, ni implica que no hayan existido diferentes vicios de nulidad. iii. Pese a la complejidad del caso y a la gran cantidad de medios de prueba presentados, la Sub Intendencia y la Intendencia, no han revisado con mayor detenimiento nuestros

alegatos, y emitieron sus resoluciones en un periodo muy corto de tiempo, pese que aún se encontraban dentro del plazo para resolver. Lo cual coadyuvó a que incurrieran en motivaciones inexistentes y aparentes, contraviniendo nuestro derecho al debido procedimiento administrativo. iv. Resulta equivocado señalar que nuestra empresa no tiene un plan de seguridad y salud. En primer lugar, la conducta expuesta por la entidad no es clara, lo cual vulnera el derecho al debido procedimiento administrativo. v. Ahora bien, cumplimos con el Principio de Prevención, al respecto, debemos señalar que el colaborador ha recibido capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (inducción), así como respecto al puesto de trabajo. vi. La entidad considera erróneamente que la supuesta infracción ha generado una obstrucción a la labor inspectiva, por lo que nos multan con un monto exorbitante. Al respecto, el supuesto incumplimiento no afecta directamente a ningún trabajador, ya que lo que realmente se da, es que no hemos cumplido con una solicitud por parte de la entidad de trabajo; es decir, esta omisión no afecta directamente a los trabajadores. vii. En el supuesto y negado caso que exista una infracción, se debió tomar en cuenta el principio de razonabilidad, en consecuencia, para el cálculo de la multa, se debió considerar como trabajadores afectados sólo los casos en los cuales no se logró presentar los documentos requeridos, los cuales no eran casos actuales. viii. Cabe señalar que todos los medios probatorios deben valorarse en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo, al momento de aplicar la norma a los hechos acreditados al procedimiento, no se ha tomado en cuenta los medios probatorios que obran en el expediente para evaluar si hemos cometido infracción, ya que cumplimos a cabalidad con las normas vigentes. ix. El procedimiento inspectivo bajo la Orden de Inspección N° 348-2017, no se ajusta a lo establecido en el artículo 6 de la LGIT, y, por ende, sus actuaciones y proceder, vulneran fehacientemente el respeto al debido procedimiento. x. En el presente caso, los inspectores han vulnerado nuestro derecho de defensa, como segundo supuesto de vulneración del derecho al debido procedimiento, no cumplieron con respetar el principio de presunción de licitud pues, pese a que ésta cumplió con presentar todos los documentos antes de la emisión del acta de infracción. Al respecto, antes de la emisión de la misma, solicitamos la inhibición correspondiente; sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta nuestro pedido, lo cual evidencia una grave vulneración al debido procedimiento. xi. En virtud al principio de presunción de licitud, el sujeto inspeccionado no debe probar su inocencia, pues ésta se presume, sino que es la Administración la que está obligada a probar que el sujeto inspeccionado incumplió. En el presente caso, los inspectores no han contado con elementos suficientes e idóneos para sustentar su posición. xii. Los inspectores han vulnerado el principio de licitud, en la medida que, pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva, los inspectores asumen que habríamos incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

9 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 10 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

Figura 01:

11 Véase folio 02 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 03 del expediente inspectivo. 13 Véase folio 06 del expediente inspectivo.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también

extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

ya analizados por dichas instancias, por lo que no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo El incumplimiento a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

14 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 16Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 17 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

POR TANTO: Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 150-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 262-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Regional N° 150-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. y a la Intendencia Regional de San Martín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de San Martín.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Presidente