Incot S.A.C — Res. 865-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: Registro de accidente de trabajo e incidentes), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Subgrupo: Cobertura en salud, Cobertura en invalidez – Sepelio), Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: Plan de seguridad y salud en el trabajo), Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque el administrado no cumplió con efectuar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos conforme a ley, siendo causal del accidente de trabajo ocurrido al trabajador , tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Indica que la resolución apelada vulneró la debida motivación, debido a que no se han evaluado los documentos y medios probatorios aportados ni los fundamentos de defensa que fueron planteados, los cuales sustentan que la Matriz presentada si contemplaba la identificación de peligros y evaluación de riesgos por la tarea (actividad) que realizaba el trabajador accidentado, por lo que no hubo impedimento u obstaculización en la evaluación de peligros y riesgos, ni en la previsión de acciones preventivas o medidas de control. ii. Sostiene que, si bien el trámite del procedimiento administrativo sancionador se manifestó un nuevo procedimiento sancionador, no se apertura dicho proceso dado que no se consignó el expediente correspondiente. iii. Señala que el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue modificado, por lo que no era aplicable dicha modificación al haber ocurrido el accidente con anterioridad. La resolución apelada, lejos de analizar dicho hecho, incorpora otras disposiciones existiendo una falta de valoración. iv. Manifiesta que la matriz presentada no contiene omisiones dado que se encontraba prevista la identificación de riesgos por la tarea que estaba realizando el trabajador de asentado de ladrillos tarrajeo vaciado y humedecimiento, por lo que es falso que se haya impedido o imposibilitado la identificación de riesgos peligros y la adopción

2 Procedimiento Administrativo Sancionador que se reinició luego de que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 292-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3 de fecha 23 de febrero de 2022, se declaró la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

de medidas preventivas de control, la sanción imputada no es proporcional con el incumplimiento calificado como infracción. v. Señala que la imputación no tiene sustento legal, más aún si la autoridad de trabajo ha establecido requisitos mínimos que debe contener el IPER, los cuales fueron cumplidos, por lo cual se entiende que los hechos imputados no constituyen infracción. vi. Alega que la conducta infractora no coincide con los hechos reales dentro del proceso ya que si se presentó un plan de seguridad de obras que se encontraba vigente en la ocurrencia del incidente siendo inexacto señalar que no se presentó dicho documento, además se está vulnerando el principio de tipicidad ya que se hace una interpretación extensiva, si la causa del accidente fue un tropezón y no una inconducta de la empresa, por lo que no existe una relación causa efecto, la supuesta causa del accidente, fue un incumplimiento que no existió y que no se relaciona con este tropezón del trabajador. vii. Indica que la resolución apelada no se pronuncia en función a los actuados en este proceso y omite la motivación necesaria que exige toda resolución administrativa, configurándose como una resolución incompleta, incongruente, confusa e imprecisa.

i. Sobre la apertura del procedimiento sancionador conforme a lo señalado en el artículo 1 de la LGIT, en concordancia con el inciso 3 del artículo 255 del TUO de la LPAG, se observa la constancia de notificación vía casilla electrónica de la imputación de cargos, adjuntando dicho documento donde se señala de manera expresa el número del expediente sancionador. ii. Si bien la autoridad sancionadora consignó el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el considerando diecinueve de la resolución apelada se consigna dicha normativa aclarándose que se trata de la normada antes de la modificatoria, por lo que este argumento carece de sustento fáctico y jurídico. iii. La inspeccionada refiere que entregó documentación relacionada al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no la referida al IPER, en el origen de las actuaciones inspectivas, se consignó que una de las materias a verificar fue la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. La investigación versó sobre ello,

3 Notificada a la impugnante el 07 de noviembre de 2022. Véase constancia obrante a folios 361 del expediente sancionador.

lo cual consta en el anexo de hechos insubsanables, señalándose la normativa desarrollada y respetándose el principio de legalidad. iv. El gráfico que consta en el escrito recursivo se trata de un recorte donde no se puede observar la fecha de elaboración del instrumento, ni los datos que este debe contener, no genera certeza de su realización, más aún si de la revisión efectuada, el incumplimiento relativo al IPER fue considerado como causa de accidente. v. La inspeccionada debió asegurarse el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en tanto ostenta el liderazgo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y por el principio de responsabilidad. vi. De acuerdo con el principio de causalidad, en su calidad de empleador, debe responder por el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que han sido objeto de sanción, lo resuelto tiene como base la investigación realizada por el personal inspectivo y la documentación aportada por la inspeccionada. vii. La infracción determinada se encuentre debidamente tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, calificada como una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, advirtiéndose que ésta se ajusta al tenor del tipo legal por el cual se sancionó, en atención al Principio de Tipicidad. viii. Los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 9,450.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 08 de noviembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1836-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del literal 4 del artículo 248 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (principio de tipicidad). ya que no puede imputarse una infracción que no se encuentre tipificada como tal, indica que no se cometió infracción alguna toda vez que en la Matriz de Riesgos si estaba previsto la identificación de riesgos por la tarea que estaba realizando el trabajador, en consecuencia, no hubo un impedimento u obstaculización en la evaluación de peligros y riesgos ni en la prevención de acciones preventivas o medidas de control, la sanción no se proporcional con el incumplimiento calificado como infracción y no guarda ningún tipo de relación causa-efecto, como causa del accidente. ii. Contravención al artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política, vulneración al debido proceso, por afectación al principio de congruencia, ya que no se tomó en cuenta los argumentos de defensa planteados, así como la documentación presentada al interior del procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo. 6.2 El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la existencia del nexo causal

“Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

“4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que

no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda (…)”.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)” (énfasis agregado).

(A) ¿Qué incumplimiento se ha reputado como causal? (B) ¿Qué se considera como factor que originó el accidente? ¿Satisface el análisis causal cada imputación? ¿Se ha justificado el examen causal entre el incumplimiento (A) →(B)? 1) No se acreditó la planificación, organización y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1) Deficiencia en el IPER, no se cumplió con identificar el puesto de trabajo que ocupaba el accidentado dentro de la matriz IPER. No, porque el Inspector de Trabajo no desarrolló como es que dicho incumplimiento tuvo relación de causalidad con el accidente de trabajo, es decir, no explica como la inclusión específica del puesto del trabajador dentro de la Matriz IPER hubiera podido evitar el accidente de trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 421

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES en contra de la Resolución de Intendencia N° 1836-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1397-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1106-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 19 de setiembre de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1836-2022-SUNAFIL/ILM.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES