Incot S.A.C — Res. 682-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo); Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Sub materia: Cobertura en salud y sepelio-invalidez); y, Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ocasionando el accidente de trabajo del señor Jhonny Alberto Cespedes Elespuru, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. En la resolución apelada se ha calificado de manera indebida al factor de trabajo como supuesta causa básica del accidente de trabajo, la falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos deficiente, al no haber identificado los peligros existentes del puesto de trabajo que desempeñaba el trabajador Jhonny Alberto Céspedes Alespuru; sin embargo, en la fecha de la generación del accidente de trabajo no se configuraba como una obligación legal o normativa que obligue a la empresa al momento de la elaboración del IPER (enero de 2019) a identificar los peligros existentes en el puesto de trabajo, pues tal como se ha demostrado documentalmente con la presentación de la Matriz IPER aplicable al presente caso, éste fue aprobada en enero de 2019 e inclusive la ocurrencia del accidente de trabajo sucedió en marzo del mismo año, en consecuencia, la normativa que debe servir para este análisis será aquella que en dicha fecha se encontraba vigente, en virtud de lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, por lo que, la sanción vulnera el principio de tipicidad y el debido procedimiento. ii. De lo señalado en los considerandos 9 y 10 de la resolución apelada se observa que no existe una disposición normativa vigente en el que haya obligado a la empresa a identificar los peligros por puesto de trabajo en la matriz IPER de la obra, por lo que, lo alegado en dichos considerandos es falso y alejado de todo precepto legal, sin perjuicio de ello, también resulta equivocado que la autoridad laboral alegue en dichos considerandos que esta supuesta inconducta u omisión impidió que se evalúen todos los peligros y riesgos, y se adopten las acciones preventivas, medidas de control, toda vez que la empresa en la Matriz de Riesgos si estaba previsto la

identificación de riesgos por la actividad que estaba realizando el trabajador, por tanto, no hubo un impedimento u obstaculización en la evaluación de peligros y riesgos ni en la previsión de acciones preventivas o medias de control, en esa medida, la autoridad inspectiva y la Sub Intendencia exageran y exacerban dicha situación pretendiendo que la empresa haya sido negligente o hubiera incumplido una obligación normativa que fue factor para que se genere un accidente, cuestión que no es real ni razonable. iii. La fecha de aprobación del Plan de Seguridad que contenía la Matriz IPER (enero de 2019) era muy próxima a la ocurrencia del accidente de trabajo (marzo de 2019), por lo que, es equivocado asumir que, en mérito del artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, era necesario actualizar o modificar los documentos de seguridad. Asimismo, el Plan de Seguridad, fue debidamente notificado, no obstante, es de precisar que una vez el profesional a cargo de las actuaciones inspectivas les indicó que es recomendable realizar dicha variación (identificar peligros y riesgos por puesto de trabajo) al margen de que esta sea una disposición legal obligatoria o no; en consecuencia, se cumplió cabalmente con el citado artículo, así también se precisa que el mismo profesional nos indicó que ese era el único cambio a la Matriz IPER que era necesaria, por lo que, no corresponde realizar ninguna modificación adicional. En ese sentido, a lo largo del presente procedimiento no fue materia de controversia la actualización de la Matriz IPER o el Plan de seguridad de la obra, por lo que, es totalmente arbitrario imputar responsabilidad a la empresa de algo que no fue materia de discusión. iv. Por otro lado, la autoridad de trabajo alega que la empresa vulneró el artículo 9 de la Norma Técnica G.050 - Seguridad durante la construcción; sin embargo, de la sola lectura de la citada normativa no se dispone literal y textualmente que sea obligación de la empresa el identificar los peligros y/o riesgos a partir de los puestos de trabajo, en ese sentido, de realizarse un comparativo entre la supuesta base normativa que sustenta la obligación de identificar el puesto de trabajo en la matriz IPER precisada en la resolución apelada y en el Acta de Infracción, no existe ninguna relación lógica entre una y otra, en consecuencia, la norma 6.050 no establece, obliga ni dispone que en la matriz de riesgos deba cumplirse con identificar los peligros y riesgos en base al puesto de trabajo, por lo que no cabe la posibilidad de imponer una sanción, en observancia al principio de legalidad y razonabilidad. v. Por otro lado, del análisis del considerando 20 de la resolución apelada, señala argumentos totalmente insuficientes y pocos desarrollados para desacreditar los argumentos de la empresa de que la supuesta obligación de elaborar la matriz IPER bajo puestos de trabajo es totalmente inexistente y no contemplado en la norma, cuestión que vulnera el derecho a la debida motivación de resoluciones, sobre el

cual este último fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional en el que se reitera que es un derecho de todo administrado a tener una resolución administrativa debidamente motivado.

i. Conforme el personal inspectivo dejó constancia en el numeral 4.3 de los hechos constatados del Acta de Infracción que, la inspeccionada exhibió un documento titulado "Plan de Seguridad de la Obra" (creación de la interconexión de las vías circuito de playas de la costa verde y bajada de Armendáriz, distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima - Lima) vigente a la fecha del accidente de trabajo del señor Jhonny Alberto Cespedes Elespuru, el cual contiene la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la obra; sin embargo, en esta matriz no se cumple con identificar el puesto de trabajo (operario) que ocupaba el accidentado, esto no permitió que se evalúen todos los peligros y riesgos y se adopten las acciones preventivas, medidas de control de acuerdo a la jerarquía establecida por ley y correctivas suficientes, resultando afectado el trabajador antes mencionado. ii. En cuanto al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, si bien fue presentado por la inspeccionada en la etapa inspectiva, se advierte del contenido del mismo que no cumple con identificar el puesto de trabajo "operario" que ocupaba el trabajador afectado, procedimiento que tiene la finalidad de resguardar situaciones de riesgo y de seguridad que debe tener en cuenta la personas a cargo de esta labor, con la finalidad de que conozcan cómo proceder de la manera más segura al momento de realizar su labor. iii. En ese entendido, la inspeccionada ha incumplido con su deber de prevención. Además, a raíz de lo anterior, como se desprende de autos, se ha acreditado la relación entre el accidente de trabajo ocurrido y el incumplimiento del deber de prevención de la inspeccionada debido al incumplimiento advertido en el Acta de Infracción. En consideración a lo señalado, concordamos con los fundamentos establecidos en la resolución apelada y los actuados en autos, referente a la configuración de la infracción contenida en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. iv. El inferior en grado en el considerando 16 de la resolución apelada ha tenido a bien valorar el documento denominado “Plan de Seguridad de la Obra", precisando sobre ello que, en el punto 6.2 está referido al "análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas", y en el que expresamente se señala que: "se establece el uso del formato correspondiente, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), en el cual se analizan y registran los procesos y etapas de! servicio, así como los peligros y riesgos involucrados en las actividades", se contemplan los "puestos de trabajo o proceso" de labores administrativas, labores de almacén, obras preliminares, montaje de estructuras metálicas, izaje con camión grúa, entre otros; sin embargo, no se advierte que este documento se encuentren identificados los peligros y se hayan evaluado los riesgos del puesto de "operario" que ocupaba el trabajador afectado a la fecha del accidente, y cuyas actividades eran indispensables que sean incorporadas para así identificar las acciones preventivas a tomar y evitar la ocurrencia de un accidente, situación que no fue prevista por la inspeccionada.

2 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022.

v. De la evaluación de los documentos y la valoración de los medios probatorios aportados, se evidencia en la resolución apelada que se ha garantizado la debida motivación del acto administrativo impugnado; toda vez que se expusieron las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, analizando cada uno de los argumentos de defensa señalados en los escritos de descargo, sin que la inspeccionada haya logrado desvirtuar la infracción por la que se le sancionó; habiéndose efectuado el correspondiente razonamiento lógico - jurídico, conforme lo determina el numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT y el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG, así también se encuentra dentro del marco constitucional del numeral 3 del artículo 139 de la Carta Magna, en ese sentido, no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, que invaliden el presente procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; es decir, el 15 de febrero de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 313-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 53.4.2 del art 53 del Reglamento de la Ley General de Inspecciones de trabajo - D.S. N° 019-2006-TR Como se puede apreciar a la fecha que presentó los descargos del informe final, el presente proceso sancionador había caducado, dado que se había cumplido los nueve (09) meses para que la autoridad administrativa emitiera la resolución de primera instancia; por lo que a la fecha de la emisión de la resolución de sub intendencia se encontraron fuera del plazo de ley, considerando que el procedimiento sancionador se inició el 23 de enero del 2020, por lo que correspondió declarar la caducidad del presente procedimiento administrativo sancionador; sin embargo, la autoridad sancionadora no aplicó el referido dispositivo normativo. ii. Inaplicación del literal 4 del artículo 248° de la Ley ° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General (Principio de tipicidad) Contrariamente a lo expuesto al fundamentar su decisión la autoridad sancionadora estableció que el sustento del incumplimiento de las normas sociolaborales en materia de seguridad y salud en el trabajo en la que se habría incurrido, lejos de referirse al tema específico del IPER - identificación de peligros y evaluación de riesgos (regulado en el Art. Ley N° 29783) hizo referencia al Art I del título preliminar de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Principio de prevención; así como al numeral 9 del D.S N° 010-2009-VIVIENDA: Norma Técnica de edificación - G050 - Seguridad Durante la Construcción, agrupando ambas disposiciones dentro del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Más aún cuando en el Informe Final y en la Resolución de Sub Intendencia se concluye que nuestra empresa no sólo vulnero las disposiciones normativas antes descritas, sino que tratando de subsanar su falta de fundamentación incorporó o agregó artículos que no fueron materia de sustento en el Acta de Infracción (como es literal a) del artículo 21, y artículo 57) Respecto a las normas técnicas de edificaciones referidas a la seguridad durante la construcción hacen referencia a la documentación que debe tener la empresa como el Plan de seguridad y Salud en el trabajo, el cual a su vez debe contener entre otros puntos el IPER, sin embargo, éste no hace referencia a que el referido documento deba tener precisado la identificación del puesto o actividades, y que como ha establecido la autoridad sancionadora nuestra parte si cumplió con entregarle los documentos que forman parte del Plan de seguridad y salud en el Trabajo dentro de los cuales se encuentra el IPER - identificación de peligros y evaluación de riesgos. La Autoridad Sancionadora no hace un análisis de las mismas, así como una valoración a la documentación presentada a efectos de haber acreditado el

cumplimiento del Principio de Prevención, así como la documentación establecida en las normas técnicas de construcción G-050, dado que no fundamenta de manera expresa en qué consistió la vulneración a los referidos dispositivos legales, cuando reiteramos la conducta infractora que ellos establecen en el Acta de Infracción, se encuentra referida al hecho que “no se cumplió con determinar el puesto de trabajo del trabajador accidentado y tal situación no permitió que se evalúen todos los peligros y riesgos al que estaba expuesto", situación que no aconteció en el presente caso. En su Matriz de Riesgos si estaba prevista la identificación de riesgos por la tarea (actividad) que estaba realizando el trabajador; en consecuencia, no hubo un impedimento u obstaculización en la evaluación de peligros y riesgos ni en la previsión de acciones preventivas o medidas de control. La Autoridad Sancionadora estableció formalidades innecesarias e inexistentes en nuestra legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo referida al hecho de establecer el contenido específico del IPER a una situación particular de accidente de trabajo. Es importante precisar que el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que uno de los principios ordenadores que debe acatar todo agente de la mencionada norma es el Principio de Legalidad: en consecuencia, las actuaciones de autoridades y demás agentes deberán circunscribirse a los preceptos legales previstos en sus instrumentos normativos Resulta inexacto decir que incumplimos con no presentar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo; sin perjuicio de ello, y conforme demuestran, las formalidades que supuestamente no habría cumplido en consigna en el IPER que exigen que debe tener el Plan de Seguridad de Obra de su representada no son una obligación normativa conforme a la base legal que utilizan como referencia, más aún si la Ley N° 28873 - Ley de Seguridad y salud en el Trabajo y su reglamento no lo señalan ni establece de manera específica. El hecho de configurar una conducta que no constituye infracción vulnera el literal 4 del artículo 248 de la Ley N°27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, que regula la potestad sancionadora que todas las entidades deberán regirse bajo el principio de tipicidad. No guarda ningún tipo de relación causa - efecto la supuesta “causa del accidente” (que no existió conforme hemos demostrado, dado que no hubo ningún incumplimiento de la empresa) y el tropezón que sufrió el Sr. Céspedes, así como el hecho que no habrían incumplido disposición normativa alguna referida al contenido que debe tener el IPER para que tal situación constituya infracción.

iii. Contravención al artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política, vulneración al debido proceso La Autoridad Sancionadora al momento de resolver no habría tomado en consideración sus fundamentos establecidos en sus escritos de descargo de imputación de hecho al Acta de Infracción e Informe Finales, así como en nuestro Recurso de Apelación, documento bajo el cual han amparado su decisión, resolución que contiene una serie de inconsistencias y carece de los requisitos mínimos establecidos en el Art. 46 de la Ley General de Inspecciones de Trabajo y Art. 54 inc. "b” y “c” del Reglamento de la Ley General de Inspecciones de Trabajo. El Acta de Infracción concluyó que no ha establecido de manera clara, ni precisa cuales son los fundamentos tácticos que configuran los hechos constitutivos de infracción, los cuales motivan la supuesta responsabilidad de la empresa; así como el hecho de no haber cumplido con presentar el IPER y que en él se hallan consignados todos los datos mínimos que las disposiciones normativas lo establezcan. Asimismo, deben indicar que la vulneración al derecho al debido proceso no sólo está configurado en la falta de motivación, sino en el hecho de establecer que el IPER presentado no consignó el puesto de trabajo y las actividades del trabajador lo que supuestamente generó que no tuviera conocimiento de los peligros y riesgos y que ello generó su accidente, contraviniendo con ello su derecho al Debido Proceso y al Principio de Legalidad reconocido en Constitución Política del Perú y la Ley de Procedimiento Administrativo General, configurándose vicios que causan la nulidad del presente acto administrativo conforme lo establece el inc. 1 del Art. 10 de la Ley N°27444, lo cual no fue advertido al momento de resolver.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

9 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 10 LÓPEZ RAMÓN, F. (2014). “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54.

etapa en que se encuentre, o, exigir la resolución de sanción dispuesta y aún no notificada oportunamente”11.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento (…)”.

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la

11 GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2da ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771.

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.”

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales (…)”.

Sobre la caducidad operada en el presente procedimiento

12 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Figura 1

3 meses, 03 días de suspensión Inicio del cómputo de plazo

1 mes 28 días (hasta el 22.03.2020)

Fin del cómputo del plazo 9 meses al 26.01.2021

apelada fue emitida dentro del plazo de nueve meses. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

13 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 14 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 15 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

16 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 17 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.” Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y

18 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 19.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)”

19 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sobre la inaplicación del literal 4 del artículo 248 de la Ley ° 27444

tener presente lo estipulado por el TUO de la LPAG en el artículo 14 respecto de la conservación del acto.

“Artículo 14.- Conservación del acto

Figura N° 02

20 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23). 21 Citando al autor Miguel Carmona Ruano.

Sobre la vulneración al debido procedimiento y motivación

22 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220 23 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. 14va Ed., Lima: Gaceta Jurídica, p. 421.

y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral

24 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

25 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

26 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 405.

a) Operarios. - En esta categoría se le considera a los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, chóferes, mecánicos, maquinista de mezcladoras, concreteros y wincheros.

b) Oficiales. - Se consideran a los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones que los operarios, pero que laboran como auxiliares que tienen a cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta categoría se encuentran considerados los guardianes.

c) Peones. - Se considera a los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas del ramo 6.56. En ese sentido, conforme a lo mencionado precedentemente se corrobora que en el IPER exhibido por el Sujeto inspeccionado que figura en el Plan de Seguridad de la Obra si se encontraba contemplado el puesto de trabajo de Albañileria que corresponde a la categoria Operarios y el riesgo, conforme se visualiza a continuacion :

Figura N° 03

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 313-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3852-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 012-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 07 de enero de 2021, confirmada a través la Resolución de Intendencia N° 313-2022-SUNAFIL/ILM. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230719MLA