Gold Fields la Cima S.A — Res. 740-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de Trabajo que cause muerte o invalidez permanente, total o parcial. CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que no cumplió la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), ocasionando el accidente de trabajo del señor Mario Julio López Miranda; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,912.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que no cumplió la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, en materia de condiciones de seguridad, ocasionando el accidente de trabajo del señor Mario Julio López Miranda; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,912.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que no cumplió la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de formación e información, ocasionando el accidente de trabajo del señor Mario Julio López Miran; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,912.50.

i. La resolución apelada vulnera los principios del debido procedimiento en su acepción de falta de motivación, tipicidad, así como también el del derecho de defensa, pues en su condición de empresa principal se les atribuye incumplimientos propios de las empleadoras, por cuanto el trabajador afectado pertenece a una empresa tercerizadora, a quien corresponde brindar formación e información específica en el puesto de trabajo y la inspeccionada debe capacitar al personal destacado en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Decreto Supremo N° 055-2010-EM, aplicable en el presente caso por la especialidad normativa. ii. Asimismo, consideran que tampoco pueden ser sancionados por no identificar riesgos en la caída de objeto, ni evaluarse los riesgos, ni establecerse controles para prevenir los mismos, por ser una obligación de la empleadora, obligación que no les corresponde como empresa usuaria, por cuanto no pudieron prever que el personal destacado realizara actividades distintas al objeto del contrato, en este caso como supervisor de tránsito, por lo que se le está sancionando por una actividad específica. iii. Sí se cumplieron con las condiciones de seguridad al personal destacado en aspectos generales, pero no así en las específicas, cuya obligación recae en el empleador, toda

2 Notificada el 14 de mayo de 2019.

vez que el vehículo pesado "Tanque de full Safety" en que se produjo el accidente fue dotado por la empleadora, recayendo la administración y responsabilidad en ella. iv. Se ha vulnerado los principios de predictibilidad o de confianza legítima, razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que se sanciona a la inspeccionada en base a una norma sustantiva distinta a la que sustenta el Acta de Infracción, supuestos que fueron contradichos en el escrito de descargo, pero no fueron tomados en cuenta, impidiendo ejercer su derecho de defensa, por lo que, deviene en nula. v. Fueron sancionadas por tres infracciones, sin considerar su condición de empresa receptora de los servicios tercerizados, deviniendo la multa impuesta en desproporcional e irrazonable, sin haber tenido en cuenta los descargos que acreditan que la inspeccionada no es la empleadora directa del trabajador afectado, por lo que, la resolución apelada, carece de motivación.

i. El Acta de Infracción es el resultado de la actividad de fiscalización realizada por los Inspectores del Trabajo, como parte del conjunto de actos previos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los sujetos inspeccionados, derivados de una norma legal o reglamentaria, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos, de acuerdo a lo dispuesto por la LGIT y el RLGIT. Debiéndose indicar que, la fiscalización no es un procedimiento administrativo en el sentido formal del término que adopta la ley del procedimiento administrativo general, sino que comprende una serie de acciones previas a dicho procedimiento, que son realizadas por la autoridad fiscalizadora a fin de verificar la adecuación de las actividades de los particulares al ordenamiento jurídico, su desarrollo no concluye con la emisión de un acto administrativo, que genere efectos jurídicos en la esfera del administrado; por consiguiente, la nulidad no es invocable respecto del Acta de Infracción. ii. El literal b) del artículo 68 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST), establece que: "El empleador en cuyos instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: (...) d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de

incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente o los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. iii. Cabe precisar que, en un escenario donde varias empresas desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo, quien sea titular o asuma el contrato principal deberá entablar una coordinación con las demás empresas con las que se vincula contractualmente determinando a quién le corresponde, de acuerdo a las condiciones de la actividad económica y a las capacidades empresariales, dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normatividad vigente, en favor del personal de aquellas empresas; puesto que, en caso de no hacerlo, la empresa principal, en virtud de su deber de garantía establecido en el artículo 68 de la LSST, es quien deberá asumir el cumplimiento de las referidas obligaciones, aun cuando por disposición legal se le atribuya a su empleador, salvo en aquellos casos en que determinada obligación debe ser asumida por una de las partes de modo indisponible por mandato legal. iv. La inspeccionada en su calidad de empleador principal no cumplió con sus obligaciones en materia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - vigilancia/coordinación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista FULL SAFETY S.A.C (en adelante, la Contratista), al haberse verificado que: - Respecto a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos- IPER, conforme a los documentos exhibidos por el sujeto inspeccionado, en la Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos, referidas al puesto de trabajo y actividad que desarrollaba el trabajador Mario Julio López Miranda (Supervisor de Tránsito Interno), no se identificó el peligro de caída de objeto (caída de tapa de metal del tanque manhole), debido a que el traslado de dicho tanque no era parte de sus tareas cotidianas, por lo que no se evaluaron los riesgos y no se establecieron controles para prevenir dicha caída, habiéndose solo establecido las tareas siguientes: verificación de condiciones para cambio de neumáticos; cambio de neumático de camioneta; inspección de vehículo de carga, control de velocidad en haul road, control de velocidad en vías internas de GFLC, inspección de parques, inspecciones de unidades MATPEL, verificación de licencias internas, inspección de vías internas, mantenimiento de señalética internas. - Respecto a las condiciones de seguridad, lugares de trabajo e instalaciones civiles y maquinarias, conforme al registro de accidentes de trabajo y de la investigación realizada por la propia inspeccionada, en el momento del accidente, la tapa del tanque manhole no se encontraba con sistema de aseguramiento alguno, debido a que se había estado realizando un procedimiento denominado venteo, y al culminar el mismo no se aseguró la tapa del tanque y evitar su caída, lo cual ocasionó que el trabajador Mario Julio López Miranda sufriera el accidente de trabajo. Al no haber implementado condiciones estándares de seguridad conforme a la legislación vigente, el sujeto inspeccionado incumplió con su deber de prevenir y garantizar la seguridad y salud del trabajador Mario Julio López Miranda. - Respecto a la documentación exhibida a efectos de acreditar que se ha proporcionado formación en seguridad y salud en el trabajo, en el puesto de trabajo y referida la función específica a que ha estado expuesto el trabajador afectado, la empresa contratista, exhibe documentos denominados registro de participantes, sobre capacitaciones referidos a temas de seguridad por el periodo 2015, no contando con capacitaciones por el periodo 2016, no acreditándose la

formación sobre seguridad y salud en el trabajo en forma específica al puesto de trabajo. v. Si bien en el caso presente, la inspeccionada tercerizó el servicio que lamentablemente concluyó en un accidente de trabajo, como bien afirma la autoridad de primera instancia, el deber de prevención se ejerce frente aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, como es el caso del trabajador afectado, conforme lo establecen los artículos 68 y 103 de la LSST, siendo obligación de la inspeccionada proteger su seguridad y salud en el trabajo, ya que es la responsable directa de las obligaciones que se hayan delimitado producto de la coordinación con la contratista, teniendo a su cargo el deber de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista, siendo la inspeccionada quien garantiza la aplicación y cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en caso la contratista incumpla con sus deberes asignados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1711-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

La interpretación errónea de los artículos 68 y 103 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- En este caso, el trabajador afectado tenía el cargo de Supervisor de Tránsito interno, que no lo facultaba para realizar la actividad de “traslado de tanque”, por lo que, la formación e Información que se otorgó fue respecto de su cargo de Supervisor de Tránsito. Es necesario resaltar que quien debía supervisar directamente las labores correspondientes al trabajador fue su empleador, es decir, la empresa contratista FULL SAFETY, pues GFLC está impedido legalmente. - En este procedimiento nunca se ha investigado, motivado ni identificado que GFLC haya incumplido su obligación de vigilancia y garantía respecto de las obligaciones de la empresa contratista ni siquiera se ha tenido en cuenta que el accidente fue producido por un hecho ajeno al control de nuestra empresa. El accidente ocurrió fuera de espectro del servicio de supervisión de tránsito que nuestra empresa había contratado, situación que no ha valorado la primera y segunda instancia administrativa). - Para poder imputar este incumplimiento a GFLC, la Intendencia tendría que haber demostrado que GFLC haya incurrido en un incumplimiento a su deber de vigilancia y garantía y, que dicho incumplimiento a su vez, haya generado las infracciones atribuidas y por ende, haya existido un nexo causal o vinculación con el accidente; lo cual; nunca se investigó, motivó y mucho menos acreditó. Por el contrario, de los hechos se desprende que el accidente de trabajo no tuvo ni tiene ninguna relación con un incumplimiento de GFLC ni con el servicio de supervisión de tránsito que había contratado nuestra empresa a Full Safety.

La interpretación errónea del numeral 42.2 del artículo 42 de la LGIT.

- Tanto la normativa general como la normativa especial en seguridad y salud ocupacional en minería, reconoce que las obligaciones correspondientes a impartir capacitaciones específicas al personal, identificar peligros y riesgos relativos al puesto de trabajo y cumplir con garantizar condiciones de trabajo específicas corresponden al empleador. En ese sentido, la Intendencia interpreta erróneamente el numeral 42.2 del artículo 42 de la LGT al pretender sancionar a GFLC sin haber identificado incumplimiento alguno que le sea imputable y por incumplimientos de obligaciones que no le corresponden por ley en calidad de empresa principal, por lo que no, se puede derivar una responsabilidad directa.

La aplicación indebida de los numerales 27.3; 27.8; 27.9 del artículo 27 del RLGIT.

- GFLC, en su calidad de empresa principal también cumplió con tener su IPER y verificar que la contratista cuente con el suyo. - GFLC sí supervisó que se diera la formación e información por parte de la contratista y también capacitó al personal destacado en lo que le correspondió y; GFLC cumplió con coordinar las condiciones de seguridad en las zonas/áreas donde destacó el personal la contratista; siendo que, previamente coordinó lo relativo a las responsabilidades.

- En ese sentido, resultaría contrario a las normas de Tercerización que GFLC haya supervisado directamente las actividades y condiciones de seguridad específicas que tuvo que proveer el empleador respecto del personal afectado.

La interpretación errónea del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

- Todos aquellos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que ocasionen un accidente de trabajo (sin perjuicio de que GFLC no ha incurrido en ningún incumplimiento que le sea imputable) deben ser considerados como una sola infracción, y deben subsumirse en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, no debiendo calificar incumplimientos e imputar infracciones de forma independiente.

La inaplicación del principio de tipicidad, contenido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

- En la Resolución de Sub intendencia, la Autoridad Administrativa utilizó como sustento legal de las infracciones, normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que no fue determinada en el Acta de Infracción “específicamente, los artículos 69 y 103 de la Ley de SST”, así como normativa del régimen especial de seguridad salud ocupacional en minería, constituyendo aquello una inaplicación evidente del principio de tipicidad. - Pese a que, como indica el Tribunal, la construcción de la imputación se debe realizar desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador (es decir, desde la imputación de cargos), con posterioridad a esta etapa, la Administración ha añadido fundamentos legales en virtud de los cuales sustenta la supuesta conducta infractora de GFLC, sin mayor justificación. Es importante tener en cuenta que, en nuestro recurso de apelación formulado contra la Resolución de Sub Intendencia, nos referimos a estos errores y vulneración al principio de tipicidad en que incurrió la Autoridad Administrativa, al consignar distintas normas a las señaladas en el Acta de Infracción para sustentar las supuestas infracciones. Sin embargo, en la Resolución de Intendencia se hace caso omiso a ello y no se pronuncia sobre esto.

La inaplicación del principio de presunción de licitud, contenido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

- La Intendencia, partiendo de una premisa equivocada en cuanto a la carga de la prueba y obviando la aplicación del principio de presunción de licitud, indica que es GFLC quien demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando lo correcto sería que la entidad pública primero acredite dichos incumplimientos, y luego proceda a sancionar.

La inaplicación de los principios de causalidad y culpabilidad, contenidos en los numerales 8 y 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG y literal a) del artículo 44 de la LGIT.

- Las infracciones imputadas constituían obligaciones que solo debía cumplir el empleador, por lo que, en virtud al principio de causalidad, no es posible responsabilizara un tercero, en este caso, GOLD FIELDS, por su incumplimiento. Cabe precisar que este criterio, respecto a que es el empleador, más no la empresa principal, quien tiene el deber de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ha sido acogido en diversos pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral, como la Resolución N°015-2021/TFL-Primera Sala.

La infracción normativa de la vulneración e inaplicación del Principio de debido procedimiento, contenidos en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

- La inaplicación del referido artículo ha generado una flagrante vulneración a la defensa de GOLD FIELDS. Es recién en la Resolución de Sub Intendencia; luego de que GOLD FIELDS ya había formulado los descargos al Acta de Infracción y habiéndose concluido la fase instructora del procedimiento sancionador, que, de forma arbitraria, la autoridad inspectiva decide incorporar nueva base legal y argumentos como sustento de las infracciones comprendidas en el Acta de Infracción N° 190-2016. - Recién en la Resolución de Sub Intendencia, se incorpora como base legal a las conductas infractoras, los siguientes artículos: Art. 21 de la LSST referido a que: “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual, b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas, c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control”: el Art. 57 de la LSST referido a que: “El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: (...) b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.”; el Art. 26 del Reglamento de la LSST sobre la obligación del empleador de “(...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (...)’’, y; el Art. 68 de la LSST sobre la obligación del titular minero de garantizar el deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. - La Intendencia se ha pronunciado acogiendo nuestro argumento respecto a que el peligro de caída de objeto (caída de tapa de metal de tanque manhole) no fue identificado debido a que el traslado de dicho tanque no era parte de sus tareas cotidianas, por lo que, no se evaluaron los riesgos y no se establecieron controles para prevenir dicha caída. Sin embargo, y a pesar de reconocer expresamente que no es razonable que el IPER contenga los riesgos de actividades no cotidianas del trabajador, la Intendencia finaliza por indicar que se ha verificado que GOLD FIELDS no cumplió con sus obligaciones en materia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

- Así, es evidente que, sin ningún tipo de justificación, la Intendencia termina adoptando la decisión de confirmar la infracción que es totalmente contradictoria a la argumentación que esbozó, con lo cual se acredita la inaplicación del principio a la motivación de las resoluciones derivado del debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las garantías del debido procedimiento en el plano administrativo sancionador

9 Sentencia recaída en el expediente Nº 02167-2007-PA/TC) 10 Sentencia recaída en el expediente Nº 5719-2005-PA/TC 11 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 12 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. (…)”

conformado por el derecho del administrado a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

13 Sentencia recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento jurídico 25. 14 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos (…) 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…)” 15 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. (…)”

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

16 Sentencia recaída en el Expediente N° 294-2005-PA/TC, fundamento jurídico 4. 17 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 18 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239

generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.19

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido)

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

19 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 20 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala.

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”22.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección)

21 Casación N° 18190-2016 Lima 22 Casación N° 4321-2015 Callao

que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo23.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que este sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre lo propuesto por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016- LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

23 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

Análisis del cumplimiento de las garantías del debido procedimiento

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. ▪ Artículo 37 de la LSST. ▪ Artículo 77 y 78 del RLSST ▪ Artículo 88 y 94 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM:

Condiciones de seguridad ▪ Artículo 49 de la LSST. ▪ Glosario de Términos del RLSST

Formación e información ▪ Artículo 49 de la LSST. ▪ Artículo 28 y Glosario de Términos del RLSST ▪ Artículo 69 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM

que mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2019,24 la impugnante, formuló sus descargos, en estricta observancia de los cargos contenidos en el Acta de Infracción.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) ▪ Artículos 21 y 57 de la LSST ▪ Artículos 26 y 77 del RLSST

Condiciones de seguridad ▪ Artículos I y IX, del Título Preliminar de la LSST ▪ Literal d) del artículo 49 y artículo 68 de la LSST

Formación e información ▪ Literal g) del artículo 49, y artículos 52 y 68 de la LSST ▪ Artículo 27 del RLSST

24 Ver folios 66 y siguientes.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del sistema de inspección del trabajo

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

25 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad (…) 11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.”

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por GOLD FIELDS LA CIMA S.A., y; en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 313-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 17 de abril del 2019, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, y la de los sucesivos en el procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3331-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE4, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador a la fecha del acto señalado, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.35.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a GOLD FIELDS LA CIMA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Presidente

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA