Gestion Minera Integral S.A.C

Mediante Orden de Inspección N° 349-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 257-2019-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la investigación del accidente de trabajo, en aplicación del inciso e) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1266-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, de fecha 18 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2078-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, de fecha 23 de setiembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1163-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 19 de abril de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 12 de mayo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1163-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Mediante Resolución de Intendencia N° 768-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 15 de junio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 1163-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Con fecha 11 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 768- 2023-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000550-2024- SUNAFIL/ILM, recibido el 15 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Gestion Minera Integral S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 768-2023- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 20 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Gestion Minera Integral S.A.C.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”. (énfasis añadido).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”9.

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, debe precisarse que, para la configuración del tipo sancionador previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, antes de la modificatoria dispuesta por D.S. N° 008-2020-TR se requiere la concurrencia

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo mortal fueron consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, se aprecia de la investigación seguida por el Inspector comisionado, que el trabajador afectado, “Perforista Senior”, sufrió un accidente de trabajo mortal el 17 de setiembre de 2019, mientras se encontraba realizando labores de “ventilación, regado, desatado, sostenimiento con malla, perforación y voladura” en la Galería 859 NE – Nv. 4580, Zona Chizay, dentro de las instalaciones de la Compañía Minera Casapalca S.A., ubicada en Carretera Central km 115 Paraje Piedra Parada, distrito de Chilca, provincia de Huarochirí, Lima. Siendo la 01:30 horas del día 17 de setiembre de 2019, llega el Supervisor a la galería para medir el avance, observando el trabajo y dejando algunas recomendaciones de seguridad; aproximadamente a las 02:05 horas, el trabajador afectado termina de perforar un taladro con máquina Jack Leg y pide a su ayudante para que se vaya hacia adelante con finalidad de empatar el siguiente taladro. En ese momento se desprende el techo de la labor, que finalmente cae sobre el cuerpo del trabajador afectado, ocasionándole la muerte por traumatismos múltiples.

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) no acreditar haber realizado una supervisión efectiva adecuada y suficiente; y, b) no acreditar haber formado e informado en seguridad y salud en el trabajo.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone lo siguiente: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos10: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

A continuación, se detallan las causas del accidente de trabajo mortal ocurrido al trabajador afectado, conforme a la constatado en la documentación obrante en el expediente y durante las actuaciones inspectivas de investigación:

Al respecto, de acuerdo al artículo 41 de la LSST, la supervisión permite: a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, c) Prever el intercambio de información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de riesgo, se aplican y demuestran ser eficaces y e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por su parte, el literal c) del artículo 26 del RLSST, dispone que todo empleador está obligado a: “(…) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”. (énfasis añadido).

Asimismo, con relación a la Supervisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el capítulo VIII denominado “Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el RSST en su artículo 85, establece que: “El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo”. (énfasis añadido).

Cabe precisar que, la naturaleza de la LSST es de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, sobre la base de observación del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los empleados y sus empresas sindicales, quienes, mediante el diálogo, velan por la seguridad y el cumplimiento de la normativa en dicha materia. Por lo tanto, en la LSST y su reglamento se establece como obligación del empleador la de realizar una supervisión efectiva sobre las actividades que vienen ejecutando sus trabajadores, durante el desarrollo de sus labores, de ahí se desprende

Aunado a ello, se debe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 26 del RLSST, el empleador está obligado a: “Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”; ello a través de inspecciones a cargo de sus supervisores que consiste en el proceso de observación metódica en el puesto de trabajo a fin de identificar prácticas y condiciones sub estándares existentes, y realizar una adecuada evaluación de exposición a pérdidas que permita adoptar medidas preventivas oportunas y eficaces. En tal sentido, la supervisión efectiva constituye un medio primordial para que el empleador pueda controlar los riesgos, así como para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligro que se vienen aplicando resultan eficaces.

Por otro lado, el artículo 38 del Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, señala lo siguiente: 1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos. 2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad 3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. 5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas. 7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. 8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. 9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando. 10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. 12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. (…).

Asimismo, el artículo 95, del citado cuerpo normativo dispone lo siguiente: El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas. b) Las deficiencias de las maquinarias,

Al respecto, en el presente caso, el inspector comisionado evidenció en el sub numeral 1 del numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción lo siguiente:

Sobre el particular, cabe traer a colación los criterios expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUAFIL/TFL, de fecha 25 de octubre de 2022, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 2022, referida a la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al siguiente detalle:

Al respecto, cabe precisar que la supervisión está orientada a evitar actuaciones basadas en el exceso de confianza de realizar la tarea habitualmente, actos inseguros, entre otros, siendo obligación de todo empleador, cumplir con su deber de prevención, garantizando la seguridad y salud en su centro de trabajo, y en el ejercicio de su poder de dirección hacer cumplir a sus trabajadores la normativa y los reglamentos internos en seguridad y salud en el trabajo; constituyendo parte de la supervisión, instruir y verificar que los trabajadores realicen sus actividades evitando poner en riesgo su salud o integridad física; es decir que, la supervisión efectiva implica principalmente, vigilar y/o controlar que antes y durante la realización de las actividades laborales, los trabajadores cumplan con la normativa en seguridad y salud en el trabajo, precisamente para evitar accidentes o negligencias que deriven en un accidente de trabajo.

Sin embargo, en el presente caso, se advierte que el sujeto inspeccionado no cumplió con efectuar una supervisión adecuada y efectiva del cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo respecto a la omisión de verificar la implementación del Shotcrete antes de emitir la orden de trabajo de fecha 16 de setiembre de 2019, así como autorizar el IPERC continuo de fecha 16 de setiembre de 2019 sin la indicación del cumplimiento de los procedimientos y verificando que se haya cumplido con las

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo mortal ocurrido el 17 de setiembre de 2019. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas – Supervisión en seguridad y salud en el trabajo.

Al respecto, la impugnante alega que, según la propia descripción de las circunstancias en las que se produjo el accidente, así como de las declaraciones de los Ayudantes de Perforación, tan solo 35 minutos antes del lamentable suceso, el personal efectuó la vigilancia del lugar donde el extrabajador realizaba sus labores de perforación. Sobre el particular, corresponde precisar que, la supervisión no se reduce a la figura de un supervisor cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control, sino que, conforme a los criterios expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUAFIL/TFL, de fecha 25 de octubre de 2022; el concepto, en realidad alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador —deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por el inspector comisionado.

En ese sentido, ante lo determinado en el informe de investigación del accidente de trabajo mortal, efectuada por la empresa Compañía Minera Casapalca S.A., y la comprobación de los inspectores comisionados existía la carencia de la supervisión por parte del sujeto inspeccionado, al permitir realizar la labor en la Galería 859, que se encontraba paralizada desde el 28 de agosto de 2019 por falta de sostenimiento con shotcrete, y con fecha 13 de setiembre de 2019 se retornó la labor, colocando mallas y pernos; haciendo caso omiso al Informe N° 059, de fecha 31 de agosto de 2019, en el que se indica realizar sostenimiento con perno, mallas y shotcrete de 2¨ pulgadas de espesor y por tanto, omitir verificar la implementación de shotcrete antes de emitir la orden de trabajo de fecha 16 de setiembre de 2019, así como autorizar el IPERC continuo de fecha 16 de setiembre de 2019 sin la indicación del cumplimiento del informe de geomecánica, por lo que, la responsabilidad recae en el sujeto inspeccionado en mérito al cumplimiento del deber de prevención al ser el encargado de garantizar en el centro de trabajo los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, lo que ocurrió en el presente caso, al ocasionar dicha falencia en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el fallecimiento del trabajador. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Ahora bien, respecto a no haber otorgado la información adecuada al trabajador, para que pueda desempeñar sus labores de molido de carne, debemos considerar que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva,

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo”. (énfasis añadido).

Por otro lado, el artículo 53 del Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, dispone lo siguiente: “Las empresas contratistas, en responsabilidad solidaria con el titular de actividad minera, deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación y equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridas, de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollan”.

Asimismo, el artículo 71 del citado cuerpo normativo establece lo siguiente: “Los titulares de actividades mineras y empresas contratistas, en cumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular y desarrollar Programas Anuales de Capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por competencias. La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo y la IPERC correspondiente. En caso que se determine la posibilidad de realizar una capacitación virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de conocimientos. Sin perjuicio de lo anterior, las capacitaciones prácticas deben ser presenciales. Todas las capacitaciones, sean éstas teóricas o prácticas, se realizan dentro del horario de trabajo. Los Programas Anuales de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional deben incluir una matriz de control donde se precise los temas de capacitación que recibe cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo y a la IPERC correspondiente. Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma”.

Al respecto, en el presente caso, el inspector comisionado evidenció en el sub numeral 2 del numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción lo siguiente:

Al respecto, de la documentación aportada por el sujeto inspeccionado no obra medio probatorio que acredite la capacitación e información de manera adecuada y suficiente en seguridad y salud en el trabajo, referido a la labor o función específica de trabajo que desarrolló el trabajador afectado el día del accidente de trabajo mortal (17 de setiembre de 2019), en cumplimiento de su labor como “Perforista Senior”; en tanto que, conforme al cuadro incorporado en el sub numeral 2 del numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción el sujeto inspeccionado presentó 16 temas de capacitación que no acreditan la capacitación en seguridad y salud en el trabajo en la labor o función específica, y al no cumplir el sujeto inspeccionado con capacitarlo, el trabajador continuó con las labores en presencia de panizo, sin haber realizado el shotcrete de 2¨ pulgada conforme al estudio geomecánico presentado, lo que generó un acto inseguro en el centro de trabajo, y el accidente de trabajo mortal.

Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una correcta capacitación al trabajador afectado, no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, acorde a la función específica desarrollada, incumplimiento que contribuyó a que el accidente de trabajo mortal se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 17 de setiembre de 2019. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT,

Al respecto, la impugnante alega que, no se sustentan los motivos por los cuales habrían incurrido en la infracción; por el contrario, han acreditado que el trabajador recibió las capacitaciones para su labor de desatado de rocas y uso de cartilla geomecánica; así como respecto de los peligros y riesgos de los procesos donde laboraba antes de la configuración del accidente de trabajo. Asimismo, sostienen que la Intendencia no se ha pronunciado respecto al porqué la capacitación sobre desatado de rocas no cumple con las exigencias legales. Sobre el particular, de autos se advierte que la labor específica del trabajador, comprendía los procedimientos de trabajo seguro respecto a: Sostenimiento con pernos Split con Jackleg, de código EST-MIN-008, Vr.00, fecha: 18/01/2019; Sostenimiento con pernos helicoidales utilizando Jackleg, de código EST-MIN-008, Vr.00, fecha: 28/01/2019; Carguío y voladura convencional en frentes horizontales, de código PET-MIN-ZV-001, Vr.01, fecha: 09/02/2019; Sostenimiento con pernos helicoidales con Jackleg, de código PET-MIN-018, Vr.01, fecha: 09/04/2019; Sostenimiento con perno helicoidal y malla, de código PET-MIN-006, Vr.02, fecha: 10/02/2019; y, Sostenimiento con perno Split set y malla con Jackleg, de código EST-MIN-010, Vr.00, fecha: 05/02/2019, entre otras, en cumplimiento de su labor como “Perforista Senior”, capacitaciones que no se han demostrado a lo largo del procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, se advierte que el sujeto inspeccionado impidió de esta manera que el trabajador afectado tenga conocimiento de los riesgos, peligros y medidas de prevención a adoptar en la labor desarrollada, lo que hubiera evitado el accidente de trabajo mortal. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Por otro lado, la impugnante sostiene que, la responsabilidad por el evento debía ser atribuida al trabajador, en tanto que, pese a que los trabajadores se encontraban capacitados y notar la presencia de panizo en el terreno, en una actitud temeraria, decidieron seguir trabajando. Sobre el particular, aun cuando hayan concurrido factores personales y actos subestándares en el accidente de trabajo, la impugnante no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de su deber de prevención de riesgos laborales, al pretender sindicar al trabajador accidentado como responsable del accidente de trabajo mortal ocurrido, debido que el evento responde a las causas desarrolladas precedentemente y que en el presente procedimiento solo se ha determinado su responsabilidad por aquellas que estuvieron sujetas a su control, como es el no acreditar haber realizado una supervisión efectiva adecuada y suficiente, y no acreditar haber formado e informado en seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, el Sistema de Inspección del Trabajo no determina ni analiza la responsabilidad o negligencia de la ocurrencia del accidente, sino que, evalúa cuáles son los incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que habrían sido la

Al respecto, la impugnante alega que, las autoridades intervinientes no han respetado los plazos legales establecidos, tanto durante la etapa de actuaciones inspectivas como en el procedimiento administrativo sancionador. Precisan que, el procedimiento inspectivo inicio sus actuaciones inspectivas con fecha 01 de octubre de 2019, determinándose treinta (30) días hábiles como plazo para realizar dichas actuaciones. No obstante, el procedimiento de actuaciones inspectivas culminó el 21 de julio de 2022, con la notificación del Acta de Infracción.

Al respecto, el artículo 1 de la LGIT, establece que la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la misma norma contempla las facultades inspectivas, señalando que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad para ejercer durante el desarrollo de las funciones de inspección. Por ello, el numeral 5.513 del referido artículo 5, precisa que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, pudiéndose prorrogar dicho plazo por una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de aquellos procesos en los cuales se exceda el plazo razonable, siendo una consecuencia de éste no la nulidad o la invalidez de la emisión del pronunciamiento o actividad esperada de acuerdo a derecho, sino que por el contrario; se exige que el órgano que conoce de la tramitación a actuar y cumplir con sus funciones de acuerdo a derecho en el plazo más breve posible, sin desmedro de las responsabilidades funcionales por la demora imputable al mismo.14

En el caso en particular, del expediente inspectivo digital se advierte la Orden de Inspección N° 349-2019-SUNAFIL/INSSI, de fecha 30 de setiembre de 2019, que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a la impugnante, y de la misma se evidencia que, el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas fue de treinta (30) días hábiles, no existiendo documento alguno que acredite la ampliación del plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, conforme se aprecia a continuación:

Ahora bien, considerando que el cómputo del plazo se inicia desde la fecha en que se inician las actuaciones inspectivas que, según se aprecia del Acta de Infracción, éstas iniciaron el 01 de octubre de 2019 (Visita al centro de trabajo), el inspector comisionado tenía para culminar las actuaciones inspectivas de investigación hasta el 15 de noviembre de 2019. Ahora bien, del Acta de Infracción se advierte que el inspector culminó las actuaciones inspectivas de investigación el 13 de noviembre de 2019 (Visita al centro de trabajo), conforme a lo dispuesto en el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT, tal como se aprecia a continuación:

Por lo que, queda establecido en la norma que, el plazo de las investigaciones inspectivas de iniciado el procedimiento, tiene una duración de 30 días hábiles, el mismo que puede ser prorrogado previa notificación al sujeto inspeccionado; por lo que, los actuados que obran en la Imputación de Cargos y en el Acta de Infracción han sido desarrollados y dados en cuenta dentro del plazo de Ley, por lo que, la autoridad administrativa ha actuado respetando el debido procedimiento administrativo, respetando los principios que le asisten a la impugnante sin afectar su derecho a la defensa.

Por otro lado, respecto al exceso en la notificación de la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción. Debemos señalar que, si bien el numeral 24.115 del artículo 24 del TUO de la LPAG, dispone que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (05) días a partir de la expedición del acto que se notifique. Es importante recalcar lo dispuesto en el artículo 15 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente: “Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su validez”, y lo consignado en el numeral 151.3 del artículo 151 del mismo cuerpo legal que precisa: “El vencimiento del plazo para cumplir un acto o cargo a la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo”.

Por lo tanto, la inobservancia del plazo legal no impide que las autoridades competentes que están a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador, realicen las actuaciones que sean necesarias a efectos que se proceda con la notificación del Acta de Infracción, máxime si la LGIT y el RLGIT no disponen como consecuencia jurídica la nulidad del acto administrativo por efectuar actuaciones fuera del plazo legal. En consecuencia, la demora en la notificación del Acta de Infracción no afecta su validez. Sin embargo, el retraso existente en el caso examinado es notable y permite a esta Sala recordar a las instancias administrativas correspondientes que tal situación puede suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual, por lo que deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones.

Cabe señalar, que la misma consecuencia jurídica antes señalada se aplica para la notificación del Informe Final de Instrucción, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia; sin perjuicio de ello, se evidencia que las mismas han sido notificadas dentro del plazo legal establecido en la LGIT y su reglamento.

En ese sentido, el exceso en la apertura del procedimiento sancionador y en general la demora en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador ya se encuentra sancionado por el TUO de la LPAG a través de la figura de la caducidad. Por lo tanto, no resulta amparable dicho extremo del recurso.

Al respecto, la impugnante manifiesta que, el Inspector de Trabajo designado no ejerció las facultades inspectivas, siendo únicamente el Inspector Auxiliar de Trabajo el que ejerció las facultades que no le correspondían, dado que las materias objeto de inspección son complejas. Al respecto, consideran que se debe tener en cuenta la Resolución N° 189-2019-SUNAFIL, que establece los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones complejas. Asimismo, agregan que, el hecho que el Inspector de Trabajo haya suscrito el Acta de Infracción no evidencia que haya realizado las actuaciones inspectivas. Por ende, solicitan declarar la nulidad del Acta de Infracción y de la Resolución de Intendencia.

Conforme a lo dispuesto por el literal a. del artículo 6 de la LGIT, “Los Inspectores Auxiliares están facultados para ejercer las siguientes funciones: a. Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas, cuando las materias a ser inspeccionadas no revistan complejidad. Para este efecto, mediante Resolución de Superintendencia de SUNAFIL, se aprueban los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren complejas, pudiendo considerarse, entre otros, las características del sujeto inspeccionado".

Por otro lado, el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros, por el principio de eficacia y celeridad, establecidos en los numerales 7 y 14 del artículo 2 de la LGIT; en tanto que, deben viabilizar sus acciones en el menor tiempo posible y con el uso adecuado de los recursos humanos y logísticos que posee, a efecto de salvaguardar el cumplimiento de la normatividad sociolaboral por parte de los sujetos de derecho responsables en su cumplimiento.

Ahora bien, se advierte que la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva” establece que: “Se precisa que no es necesaria la participación de todos los miembros del equipo de inspectores en todas las diligencias inspectivas de investigación; sin embargo, antes de emitirse la medida inspectiva de requerimiento, deben haber participado en por lo menos una actuación inspectiva de investigación”, siendo que estas reglas dispuestas no exceden lo establecido en la LGIT y el RLGIT, toda vez que, determinan el número mínimo de actuaciones conjuntas para

Cabe precisar que, desde la emisión del Oficio Circular N° 079-2009-MTPE/2/11.4, emitido por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, el mismo que establece: “(…) no es obligatorio que en la visita inspectiva se apersone la totalidad del equipo inspectivo integrado, siendo posible que de manera individual uno de los inspectores de trabajo o auxiliares se haga presente para efectuar las constataciones que correspondan”; se viene ejerciendo la función inspectiva conforme a dicho proceder.

En el presente caso, en el desarrollo de las actuaciones inspectivas se advierte que, en la Orden de Inspección N° 349-2019-SUNAFIL/INSSI, se designó que la investigación estaría a cargo del Supervisor Inspector: Bautista y el Inspector Auxiliar: Condor; en ese sentido, la fiscalización fue realizada por un equipo de inspectores, por lo que, el Inspector Auxiliar, no actuó en forma individual en las actuaciones inspectivas realizadas. Por tanto, se advierte que, ambos inspectores, al amparo del principio de eficacia y celeridad, no requieren realizar las diligencias inspectivas en forma conjunta necesariamente, sino que están facultados para efectuar las mismas en forma independiente, distribuyéndose las diligencias en que pueden participar por sí solos o conjuntamente, en atención al trabajo programado y en equipo. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten16. (énfasis añadido).

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, en sus fundamentos décimo sexto y décimo octavo señala lo siguiente:

En similar sentido, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante el segundo precedente emitido por el TFL contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.