Gate Gourmet Perú S.R.L — Res. 820-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000000375-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST), que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 184-2022-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, la LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1089-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IC, notificada el 19 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 457-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-FI, notificado el 07 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Callao, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 1054-2023-SUNAFIL/IRE- CAL/SISA, notificada el 13 de septiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1054-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 090-2024-SUNAFIL/IRE-CAL, notificada el 12 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de Callao declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la resolución apelada.

Con fecha 04 de abril de 2024 y escrito ampliatorio del 05 de abril de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Callao, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 090-2024-SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional de Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 15 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GATE GOURMET PERU S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 090-2024-

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GATE GOURMET PERU S.R.L.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento7. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos de nulidad que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa8, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa9, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 1054-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 090-2024-SUNAFIL/IRE-CAL, han contemplado la argumentación y los medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.10

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.11 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal.” (énfasis añadido).

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos11: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso se aprecia del documento denominado “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, así como del numeral 4.16 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el trabajador afectado sufrió el accidente de trabajo mortal conforme al siguiente detalle:

Del mismo modo, en el mismo numeral, el inspector de trabajo ha detallado las causas del accidente de trabajo mortal:

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST), dispone que: “(…) Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)” (énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 21 de la LSST dispone que “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Del mismo modo, el artículo 50 del citado cuerpo normativo señala que: “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar (…)”

De igual manera, el artículo 57 de la LSST señala que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario se realizan: a) controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, y b) medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Por otro lado, el literal g) del artículo 26 del RLSST, prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionado con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (…)”. (énfasis añadido)

Asimismo, el literal c) del artículo 32 del RLSST dispone que la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: “(...) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control (...”.

Así también, en el artículo 77 del RLSST, vigente a la fecha del accidente de trabajo, se dispone que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe: “(...) b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos (…)”.

De igual manera, el artículo 82 del RLSST, dispone que: “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley” (…) (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, se verifica la obligación del empleador de cumplir con la evaluación de riesgos, su actualización, a identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, al ser

Sobre dicho incumplimiento, el inspector de trabajo ha dejado señalado, en el numeral 4.13 del Acta de infracción, los hechos que constituyen la conducta reprochable en dicha materia, relacionados con el accidente mortal del 26 de febrero de 2022, conforme se describe a continuación:

En relación a dicha conducta, la impugnante sostiene que sí cumplió con identificar los peligros y riesgos asociados al puesto de Chofer–Despachador de Vuelo, pues en su IPERC se encontraba consignado el peligro denominado “malas prácticas de conducción”, dentro del cual considera comprendidos el exceso de velocidad y la inobservancia de señales de tránsito. Asimismo, cuestiona que la autoridad haya restringido el alcance de dicho análisis únicamente a las actividades desarrolladas dentro del aeropuerto.

No obstante, de la revisión de los actuados se advierte que la observación formulada por la inspección no estuvo referida a la ausencia de una matriz IPERC ni a una discrepancia terminológica respecto de la denominación del peligro identificado, sino a la insuficiente identificación de los riesgos específicos vinculados a las labores efectivamente desarrolladas por el trabajador al momento del accidente. En efecto, conforme se desarrolla en el Acta de Infracción, la matriz presentada no contemplaba, de manera expresa, los riesgos asociados a la conducción en vías externas ni incorporaba medidas de control orientadas a prevenir eventos derivados del exceso de velocidad o del incumplimiento de señales de tránsito durante el transporte terrestre efectuado fuera de las instalaciones aeroportuarias.

Cabe precisar que la observación formulada por la autoridad inspectiva no se sustenta en una discrepancia respecto de la denominación empleada para identificar el peligro, ni en la exigencia de una determinada fórmula de redacción dentro de la matriz IPERC. En efecto, aun cuando la impugnante sostiene que el peligro denominado “malas prácticas de conducción” comprendía conductas como el exceso de velocidad o la inobservancia de señales de tránsito, lo relevante para efectos preventivos no es únicamente la identificación genérica del peligro, sino que la evaluación de riesgos permita reconocer las condiciones concretas bajo las cuales se desarrolla la actividad, los riesgos específicos asociados a ella y las medidas de control necesarias para su gestión. En el presente caso, la autoridad inspectiva verificó que la matriz IPERC no contemplaba de manera específica la actividad de transporte de mercadería por carretera desarrollada fuera de las instalaciones aeroportuarias, ni establecía controles preventivos orientados a gestionar los riesgos propios de dicha actividad, razón por la cual la observación formulada trasciende una cuestión meramente terminológica y se vincula con una deficiencia material en la identificación y evaluación de riesgos, relacionada con el riesgo que posteriormente se materializó en el accidente investigado.

En tal sentido, la controversia no radica en determinar si existía alguna referencia genérica a las malas prácticas de conducción, sino en verificar si la identificación efectuada permitía reconocer adecuadamente el riesgo que finalmente se materializó y establecer controles preventivos idóneos para gestionarlo. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante en este extremo.

Asimismo, respecto del argumento referido a que el puesto de Chofer–Despachador de Vuelo comprendía actividades tanto dentro como fuera del aeropuerto, corresponde señalar que la obligación de identificación de peligros y evaluación de riesgos exige analizar todas las actividades efectivamente desarrolladas por el trabajador en ejecución de sus funciones. En ese sentido, aun cuando el puesto comprendiera labores realizadas fuera de las instalaciones aeroportuarias, ello no exime al empleador de identificar los riesgos específicos asociados a dichas actividades ni de implementar controles adecuados para su prevención. Por tanto, el argumento formulado por la impugnante no desvirtúa las conclusiones alcanzadas por la autoridad inspectiva respecto de las deficiencias advertidas en la gestión preventiva del riesgo materia de análisis.

Cabe precisar que esta Sala ha efectuado el análisis del presente caso conforme a los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 006-2025-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se precisó que la configuración de las infracciones previstas en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT exige que el incumplimiento detectado guarde relación material con el riesgo que finalmente se concretó en el accidente de trabajo, no siendo suficiente la sola constatación de observaciones formales o documentales.

En el presente caso, la imputación no se sustenta en una mera observación documental al contenido del IPERC, sino en la insuficiente identificación de riesgos y medidas de control respecto de las actividades efectivamente desarrolladas por el trabajador accidentado. En particular, la matriz IPERC no contemplaba de manera específica los riesgos asociados a la conducción de vehículos de transporte de mercadería por carretera ni las medidas preventivas orientadas a su control. En consecuencia, la conducta reprochada trasciende el ámbito formal y se vincula directamente con el deber de prevención que corresponde al empleador, toda vez que la omisión advertida impidió una adecuada gestión preventiva respecto del riesgo que posteriormente se materializó en el accidente de trabajo, verificándose así la relación causal exigida por los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

Asimismo, la impugnante sostiene que el accidente se produjo exclusivamente como consecuencia de actos subestándar atribuibles al trabajador, quien habría excedido deliberadamente los límites de velocidad e incumplido las señales de tránsito existentes en la vía, por lo que se habría configurado una ruptura del nexo causal entre la conducta empresarial y el resultado dañoso.

Sobre el particular, corresponde considerar los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se precisó que el quiebre del nexo causal en accidentes de trabajo se configura cuando se interrumpe la relación causal entre el daño sufrido por el trabajador y el incumplimiento de las obligaciones preventivas atribuibles al empleador. Asimismo, se estableció que dicha ruptura puede producirse cuando el accidente obedece exclusivamente a una conducta consciente, voluntaria y contraria a las normas de seguridad previamente instruidas por el empleador, siempre que este último haya acreditado el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, información, supervisión y control.

Sin embargo, el citado precedente también exige que la conducta del trabajador constituya una causa autónoma y suficiente para explicar el accidente, descartándose la concurrencia de incumplimientos preventivos imputables al empleador. En el presente caso, la autoridad inspectiva determinó que la matriz IPERC no identificó de manera adecuada los riesgos específicos asociados a las actividades efectivamente desarrolladas por el trabajador ni estableció medidas de control suficientes respecto de dichos riesgos. En consecuencia, la conducta atribuida al trabajador no fue analizada como una causa única y excluyente del accidente, sino como un factor concurrente dentro de un escenario en el que también se verificaron deficiencias preventivas imputables a la empleadora.

En tal sentido, aun cuando concurran actos subestándares imputables al trabajador (excedió los límites de velocidad o incumplió señales de tránsito), ello no determina automáticamente la ruptura del nexo causal exigida por el precedente antes citado. Para que ello ocurra, debía acreditarse que la empleadora había cumplido íntegramente con sus deberes de identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas de control respecto de las labores desarrolladas por el trabajador, circunstancia que precisamente ha sido descartada durante la investigación inspectiva. Por ello, no resulta posible concluir que el accidente obedeció exclusivamente a una conducta temeraria del trabajador en los términos desarrollados por la Resolución de Sala Plena N° 008-2025- SUNAFIL/TFL.

De lo expuesto, esta Sala advierte que la autoridad inspectiva desarrolló adecuadamente el juicio de causalidad exigido para la configuración de la infracción prevista en el numeral

del artículo 28 del RLGIT, identificando el incumplimiento preventivo atribuido, el riesgo que se materializó y la relación existente entre ambos elementos. Asimismo, no se verifica en el presente caso alguno de los supuestos de ruptura del nexo causal desarrollados por la Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, puesto que la investigación inspectiva acreditó la existencia de deficiencias preventivas atribuibles a la empleadora con incidencia en la producción del accidente investigado.

Del mismo modo, carece de sustento el cuestionamiento referido a una supuesta falta de motivación de las resoluciones emitidas en el procedimiento, pues tanto el Acta de Infracción como las autoridades sancionadoras identificaron el incumplimiento preventivo atribuido, el riesgo que se materializó y las razones por las cuales dicho incumplimiento guardó relación con la ocurrencia del accidente, desarrollando el correspondiente juicio de causalidad. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos formulados por la impugnante en este extremo del recurso.

El artículo 34 de la LSST, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone que: “Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca su reglamento”.

Desarrollando tal dispositivo, el artículo 74 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante el RLSST, establece: “Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: a) Objetivos y alcances. b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. f) Preparación y respuesta a emergencias”.

Asimismo, el artículo 75 del (RLSST) prescribe que: “El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador”.

Sobre dicho incumplimiento, el inspector de trabajo ha dejado señalado, en el numeral 4.14 del Acta de infracción, los hechos que constituyen la conducta reprochable en dicha materia, relacionados con el accidente mortal del 26 de febrero de 2022, conforme se describe a continuación:

En relación con dicha conducta, la impugnante sostiene que sí cumplió con regular los aspectos de seguridad vinculados a la conducción de vehículos mediante diversas disposiciones internas complementarias al RISST, particularmente a través del procedimiento denominado "Procedimiento para el control de la carga, transporte y descarga PMC-GMC-004", el cual establecía obligaciones relacionadas con el respeto de los límites de velocidad y las señales de tránsito. Asimismo, sostiene que el artículo 41 de su RISST contenía disposiciones relativas al uso de vehículos, por lo que considera que la observación formulada por la autoridad inspectiva carece de sustento.

No obstante, lo alegado de la revisión de los actuados se advierte que la observación formulada por la inspección no estuvo referida a la inexistencia absoluta de disposiciones relacionadas con la conducción de vehículos, sino a la ausencia de estándares específicos de seguridad y salud en las operaciones correspondientes a la actividad de transporte de mercadería por carretera, actividad que el trabajador accidentado ejecutaba al momento del accidente mortal. En efecto, la autoridad inspectiva verificó que el RISST presentado por la impugnante no incorporaba estándares operativos dirigidos a gestionar los riesgos propios de dicha actividad, limitándose a establecer reglas generales sobre el uso de vehículos.

En tal sentido, la controversia no radica en determinar si existían reglas internas dispersas relacionadas con la conducción vehicular, sino en verificar si el principal instrumento normativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporaba los estándares preventivos exigidos por el artículo 74 del RLSST para una actividad que formaba parte de las labores efectivamente desarrolladas por el trabajador accidentado. Por ello, la sola existencia de procedimientos complementarios no desvirtúa la observación formulada por la autoridad inspectiva respecto de las deficiencias advertidas en el RISST.

Asimismo, corresponde señalar que el artículo 74 del RLSST exige que el RISST contenga estándares de seguridad y salud en las operaciones desarrolladas por la empresa. En consecuencia, tratándose de una actividad que involucraba el transporte de mercadería por carretera, correspondía que los estándares preventivos asociados a dicha operación se encontraran incorporados en dicho instrumento de gestión, sin que dicha obligación

Del mismo modo, carece de sustento el argumento referido a que los estándares contenidos en el RISST resultaban aplicables a todas las actividades comprendidas en el puesto de Chofer–Despachador de Vuelo por el solo hecho de corresponder a un mismo cargo. La obligación prevista en el artículo 74 del RLSST exige que los estándares de seguridad y salud respondan a los riesgos propios de las actividades efectivamente desarrolladas por los trabajadores y permitan gestionar adecuadamente los peligros asociados a estas. En tal sentido, la existencia de un puesto único no exime al empleador de incorporar estándares específicos respecto de aquellas labores que presentan riesgos diferenciados, como ocurre con la conducción de vehículos de transporte de mercadería por carretera, actividad que ejecutaba el trabajador al momento del accidente mortal y respecto de la cual la autoridad inspectiva verificó la ausencia de regulación preventiva específica en el RISST.

Tampoco resulta atendible el argumento referido a que la normativa no exigiría estándares más específicos respecto de la actividad desarrollada por el trabajador. En efecto, el artículo 74 del RLSST exige que el RISST contenga estándares de seguridad y salud en las operaciones desarrolladas por la empresa, exigencia cuyo contenido debe definirse en función de los riesgos propios de cada actividad. Por ello, cuando una labor presenta riesgos diferenciados, corresponde que dichos estándares permitan orientar y regular su ejecución segura, no siendo suficiente la sola incorporación de reglas genéricas aplicables indistintamente a cualquier actividad de conducción vehicular. Asimismo, corresponde precisar que la conducta infractora imputada no se sustenta en la ausencia de un sistema específico de monitoreo mediante GPS ni en la falta de control remoto de velocidad, sino en la omisión de incorporar estándares preventivos adecuados para la gestión de los riesgos asociados a la actividad de transporte de mercadería por carretera.

Cabe precisar que esta Sala ha efectuado el análisis del presente caso conforme a los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 006-2025-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se precisó que la configuración de las infracciones previstas en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT exige que el incumplimiento detectado guarde relación material con el riesgo que finalmente se concretó en el accidente de trabajo, no siendo suficiente la sola constatación de observaciones formales o documentales.

En el presente caso, la imputación no se sustenta en una mera observación formal respecto de la estructura del RISST, sino en la ausencia de estándares de seguridad vinculados a la actividad de conducción por carretera que realizaba el trabajador accidentado. Así, la conducta reprochada se encuentra referida a una deficiencia material en la gestión preventiva de los riesgos laborales, al haberse omitido regular las

En el presente caso, la relevancia causal del incumplimiento no radica únicamente en la ausencia formal de estándares dentro del RISST, sino en que dicho instrumento no incorporaba directrices específicas de seguridad aplicables a la actividad de transporte de mercadería por carretera que realizaba el trabajador accidentado. Dicha omisión implicó que el principal instrumento normativo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no contara con reglas preventivas expresamente orientadas a la gestión de los riesgos asociados a esa actividad, tales como la conducción en vías rápidas, el respeto de los límites de velocidad y la observancia de la señalización vial. En tal sentido, la omisión advertida no constituye una mera deficiencia documental, sino una carencia que incidió en el deber de prevención del empleador respecto del riesgo que finalmente se materializó, verificándose así la relación sustancial exigida por los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

Por otro lado, la impugnante sostiene que el accidente se produjo exclusivamente como consecuencia de la conducta del trabajador, quien habría excedido deliberadamente los límites de velocidad y desatendido las señales de tránsito existentes en la vía, circunstancia que, a su criterio, determinaría la ruptura del nexo causal entre la conducta empresarial y el resultado dañoso.

Sobre el particular, corresponde considerar los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se precisó que la ruptura del nexo causal exige que la conducta del trabajador constituya una causa autónoma, suficiente y excluyente del accidente, acreditándose además que el empleador cumplió adecuadamente con sus obligaciones de prevención, capacitación, información, supervisión y control.

Sin embargo, en el presente caso la investigación inspectiva determinó que la impugnante no contaba con un RISST que incorporara estándares de seguridad aplicables a la actividad de transporte de mercadería por carretera, identificándose dicha omisión como uno de los factores de trabajo concurrentes en la producción del accidente mortal. En consecuencia, no resulta posible afirmar que el accidente obedeció exclusivamente a una conducta temeraria o imprudente del trabajador, pues subsisten incumplimientos preventivos atribuibles a la empleadora que contribuyeron a la ocurrencia del accidente de trabajo. En efecto, la ausencia de estándares específicos para la conducción de vehículos de transporte de mercadería por carretera impedía establecer directrices internas diferenciadas respecto del control de velocidad, conducción en vías rápidas, observancia de señalización vial y demás medidas preventivas asociadas a dicha actividad, limitando la gestión preventiva del riesgo que finalmente se materializó en el accidente mortal investigado.

En tal sentido, aun cuando concurran actos subestándares imputables al trabajador (excedió los límites de velocidad o incumplió señales de tránsito), ello no determina automáticamente la ruptura del nexo causal en los términos desarrollados por la Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL. Para que ello ocurra, debía acreditarse que la empleadora había cumplido íntegramente con sus obligaciones preventivas respecto de la actividad desarrollada por el trabajador, circunstancia que precisamente ha sido descartada durante la investigación inspectiva.

De lo expuesto, se advierte que la autoridad inspectiva desarrolló adecuadamente el juicio de causalidad exigido para la configuración de la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, identificando el incumplimiento preventivo atribuido, el riesgo que se materializó y la relación existente entre ambos elementos. En tal sentido, esta Sala concluye que la impugnante no ha logrado desvirtuar las conclusiones alcanzadas respecto de la infracción referida al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo del recurso.

En relación a los alegatos planteados por la impugnante, vinculados a que los hechos debieron ser subsumidos en los numerales 27.3 y 27.7 del artículo 27 del RLGIT, al encontrarse referidos a deficiencias documentales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como que la imposición de dos sanciones vinculadas a un mismo accidente de trabajo vulneraría los principios de legalidad y tipicidad.

Al respecto, esta Sala advierte que dicho planteamiento no resulta atendible dado que, conforme se ha desarrollado precedentemente, las conductas imputadas no se sustentan en la sola constatación de deficiencias formales o documentales respecto de la matriz IPERC o del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino en incumplimientos que guardan relación directa con las condiciones de seguridad bajo las cuales el trabajador ejecutaba las labores que dieron lugar al accidente mortal investigado. Así, se verificó tanto la insuficiente identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a la conducción de vehículos de transporte de mercadería por carretera, como la ausencia de estándares de seguridad aplicables a dicha actividad en el RISST. En consecuencia, los incumplimientos analizados trascienden el ámbito meramente documental y se encuentran vinculados al deber de prevención que corresponde al empleador, verificándose el juicio de causalidad exigido por el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, conforme a los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 006- 2025-SUNAFIL/TFL.

Asimismo, respecto del cuestionamiento referido a la imposición de más de una sanción vinculada a un mismo accidente de trabajo, corresponde señalar que el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria que dos o más incumplimientos pueden constituir causas suficientemente aptas para producir un accidente de trabajo y, por tanto, ser válidamente imputados de manera independiente bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, siempre que respecto de cada incumplimiento se desarrolle y acredite el correspondiente nexo causal. En dicho precedente se precisó expresamente que la inspección del trabajo y las autoridades

En el presente caso, se aprecia que la autoridad inspectiva desarrolló, de manera diferenciada, el análisis causal correspondiente a cada incumplimiento imputado. Así, respecto de la infracción referida a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se determinó que la empleadora no identificó adecuadamente los riesgos asociados a las actividades efectivamente desarrolladas por el trabajador accidentado, lo que impidió la adopción de medidas preventivas idóneas. De igual forma, respecto de la infracción vinculada al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificó la ausencia de estándares de seguridad aplicables a la actividad de transporte de mercadería por carretera que realizaba el trabajador fallecido. En ambos casos, las autoridades del procedimiento desarrollaron el correspondiente juicio de causalidad, concluyendo que tales incumplimientos constituyeron factores de trabajo concurrentes en la producción del accidente mortal materia de análisis.

En ese sentido, esta Sala concluye que la imposición de sanciones independientes respecto de cada incumplimiento no vulnera los principios de legalidad ni de tipicidad invocados por la impugnante, sino que responde a la aplicación de los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, conforme a los cuales corresponde analizar de manera autónoma cada incumplimiento que presente relevancia causal respecto del accidente de trabajo materia de investigación. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por la impugnante también en estos extremos del recurso de revisión.

Asimismo, respecto de la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala invocada por la impugnante, corresponde señalar que dicho pronunciamiento no constituye precedente de observancia obligatoria, conforme a lo previsto en los artículos 22° y 23° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral14. Su invocación, por tanto, no obliga a mantener uniformidad respecto a los supuestos allí analizados, menos aun considerando los criterios establecidos por la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL. Asimismo, se advierte que los supuestos fácticos y jurídicos analizados en dicho pronunciamiento no resultan equiparables al presente caso, en el cual se ha desarrollado un análisis causal individualizado respecto de cada incumplimiento imputado.

En resumen, el análisis causal del accidente de trabajo puede presentarse mediante el siguiente esquema:

En ese sentido, los argumentos presentados en el recurso deben ser desestimados, ya que la resolución impugnada ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.