Gandules INC S.A.C — Res. 211-2024

Mediante Orden de Inspección N° 2521-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 786-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de SST, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que presuntamente ocasionó el accidente de trabajo que causó daño en el cuerpo o en la salud del trabajador Pedro Alonso Arbulu Paredes (Operario de producción del área de saneamiento) en fecha 14 de setiembre de 2021, que requirió asistencia y descanso médico.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 145-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 14 de marzo de 2022, notificada el 16 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 296-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 13 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 384-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 15 de junio de 2022, notificada el 27 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,572.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 08 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 256-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 03 de octubre de 20222, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 20 de octubre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 256- 2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001172- 2022-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 26 de octubre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al

De la revisión de los actuados, se ha identificado que GANDULES INC S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 256-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,572.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 10 de octubre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por GANDULES INC S.A.C.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular sobre la falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), formación e información de seguridad y salud en el trabajo (quiebre del deber de información), y estándares de trabajo adecuados (procedimiento inadecuado), que ocasionaron el accidente de trabajo padecido por el señor Pedro Alonso Arbulu Paredes (Operario de producción del área de saneamiento) en fecha 14 de setiembre de 2021.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales12, a fin de

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”14, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes de accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, corresponde analizar la infracción muy grave imputada a la impugnante, presenta el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo investigado. Al respecto, de los actuados se advierte que se imputa a la impugnante, la infracción por la falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), formación e información de seguridad y salud en el trabajo (quiebre del deber de información), y estándares de trabajo adecuados (procedimiento inadecuado).

Respecto a la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. (énfasis añadido).

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que el sujeto inspeccionado no adoptó acciones suficientes que disminuyan los riesgos derivados de la limpieza y desinfección de las cadenas transportadoras, pues no ha tomado decisiones apropiadas sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debía adoptar para dichos peligros. De igual manera, es preciso indicar que si bien el sujeto inspeccionado exhibió la “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”, en la que se ha identificado la actividad: 2.2 “hermetización de componentes eléctricos”, peligro: “herramientas o maquinaria sin guarda”, riesgo: “atrapamiento”, tipo de riesgo: “significativo”, controles administrativos: “inducción general de SST”, “capacitaciones de SST”, “charlas de 5 minutos”, “seguir procedimientos POES 1, POES 2, POES 3, POES 4”, “señal de cuidado superficies calientes”; no obstante, los controles que se han previsto para minimizar dichos riesgos fueron insuficientes para evitar que el peligro se materialice y que ocasione un accidente, esto es, cuando el trabajador se encontraba limpiando una sección de la faja de la línea, Nave 2, en funcionamiento, al momento de hermetizar el equipo sin guarda, siendo atrapado por la cadena de transmisión en movimiento.

Asimismo, se advierte de las actuaciones inspectivas que la inspectora comisionada verificó, que si bien el sujeto inspeccionado implementó la matriz IPER, ésta no siguió el orden de prioridades de control, en tanto que el inspeccionado pretende disminuir el índice de seguridad para el riesgo atrapamiento utilizando disposiciones administrativas de control ante un riesgo calificado “significativo”; igualmente, no consideró la implementación de controles de mayor jerarquía, por ejemplo: desenergización de los equipos, aislamiento, bloqueo, etiqueta, u otros controles, como: supervisión permanente, señalización de riesgo de atrapamiento, sistemas de comunicación audiovisuales, inducción específica; por ende, se evidencia que la impugnante no realizó acciones que permitan disminuir el riesgo que se presenta en la limpieza de las transportadoras al hermetizar los motores de las máquinas sin guarda, ni mucho menos, adoptó las medidas preventivas y correctivas con arreglo a la normatividad vigente, lo que evidencia que la impugnante no cuenta con una metodología que permita establecer el nivel del riesgo, ocasionando así que se materialice y ocurra un accidente de trabajo.

Por otro lado, del Registro de Investigación de Accidentes e Incidentes, se advierte que se ha identificado como causa básica, factor de trabajo: “identificación y evaluación inadecuados de exposición a pérdidas”, asimismo, se determinó como uno de los controles: “revisión de la IPERC”; de lo que se advierte que el propio sujeto inspeccionado ha determinado que el riesgo que originó el accidente no ha sido evaluado o la evaluación fue insuficiente. En tal sentido, se acredita que la impugnante no evaluó adecuadamente los riesgos existentes o posibles en relación al accidente de trabajo, cuya consecuencia produjo la amputación parcial del dedo índice derecho y

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal por no cumplir con una adecuada Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y medidas de control y el accidente de trabajo ocurrido el 14 de setiembre de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción en este extremo del recurso. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Respecto a la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (quiebre del deber de información), se debe tener en cuenta que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo” (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que, la inspeccionada no cumplió con acreditar la distribución del “Instructivo de limpieza y desinfección de cadena transportadora – GA-IT-SA-13-114”, al trabajador afectado y a la línea de mando, limitándose a presentar fotografías del procedimiento exhibido en murales y en pasillos de la planta, no siendo posible acreditar que dicha demostración fue realizada antes de producido el accidente de trabajo; máxime si, los trabajadores del sujeto inspeccionado han manifestado no haber recibido de forma física el procedimiento, lo que evidencia que el empleador no cumplió con brindar una oportuna y adecuada información preventiva en la tarea a desarrollar.

De lo descrito precedentemente se aprecia que el sustento de la imputación para el reproche administrativo referido al incumplimiento en formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo se funda en que la impugnante no cumplió con brindar una oportuna y adecuada información preventiva sobre la demostración del Instructivo de limpieza y desinfección de cadena transportadora (quiebre del deber de información). Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una oportuna y adecuada información preventiva en la tarea a desarrollar, en relación con el procedimiento para laborar que realizaba al momento del accidente el trabajador accidentado, este no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, así como los que corresponden a su área de trabajo, incumplimiento que contribuye a que el accidente de trabajo se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la falta de formación e información del trabajador afectado (quiebre del deber de información) y el accidente de trabajo ocurrido 14 de setiembre de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción en este extremo del recurso. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Respecto a los estándares de trabajo inadecuados (procedimiento inadecuado), debemos considerar que, el Glosario de Términos del RLSST, señala que los estándares de trabajo son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?

Sobre este punto, del acta de infracción se corrobora que, la inspectora comisionada solicitó al sujeto inspeccionado la exhibición de los procedimientos escritos de trabajo/estándares de la labor realizada por el trabajador afectado. Para tal efecto, el sujeto inspeccionado presentó el “Instructivo de Limpieza y Desinfección de Cadena Transportadora”, Código GA-IT-SA-13-114, versión 01, fecha de aprobación 10 de agosto de 2020, del cual se advierte que, antes de hermetizar los equipos, el “operario de saneamiento”, debe “desenergizar el equipo, colocar la tarjeta de bloqueo, hacer la prueba de seguridad; presionando el botón de encendido y verificando que el equipo encienda. Después de retirar los resguardos de los motores, desmontar los elementos desmontables del equipo y colocarlos sobre una parihuela limpia”.

Sin embargo, en el presente caso, se evidencia que, antes de ocurrir el accidente, se omitió con seguir los lineamientos establecidos en el instructivo, esto es, desenergizar la maquinaria, colocar la tarjeta de bloqueo y la verificación de la ejecución del procedimiento por parte del supervisor de turno; situación que ocasionó el accidente de trabajo, en razón que el trabajador afectado fue atrapado por la cadena transportadora en movimiento, al momento de hermetizar el equipo sin guarda cuando se encontraba limpiando una sección de la fala de la línea, Nave 2, en funcionamiento; máxime si, el propio trabajador afectado ha señalado que a pesar que la máquina estaba prendida, la supervisora le pidió que coloque el plástico de hermetización y que ninguna de las

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la falta del procedimiento adecuado y el accidente de trabajo ocurrido 14 de setiembre de 2021. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido al cuestionamiento de que los hechos en cuestión son extraídos de supuestas entrevistas a trabajadores, las cuales no han sido verificadas ni contrastadas por el inspector de trabajo con ningún otro elemento probatorio; sobre el particular, se debe indicar que, de las actuaciones inspectivas realizadas por la inspectora comisionada, se tiene que se realizaron las diligencias necesarias a efectos de determinar las causas del accidente de trabajo ocurrido en fecha 14 de setiembre de 2021, habiéndose verificado de los documentos exhibidos por el propio sujeto inspeccionado en las actuaciones inspectivas y las diligencias realizadas durante el desarrollo de la investigación, los incumplimientos de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo materia de sanción.

Por otro lado, cabe precisar que, conforme a lo establecido por los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores auxiliares y de trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción, observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses; por lo cual, en el presente caso, al haber sido elaborada el Acta de Infracción observando los requisitos dispuestos en el artículo 46 de la LGIT, en concordancia con el artículo 54 del RLGIT, y en ella se ha dejado constancia de los incumplimientos, los hechos gozan de la presunción de veracidad señalada. Por las consideraciones antedichas, no corresponde acoger el recurso de revisión, en este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 256-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.