Fundiciones Especiales S.A — Res. 1082-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Incluye todas); Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Registro de Accidente de Trabajo e Incidentes) e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

peligros y evaluación de riesgos conforme a ley, que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber impartido a favor del señor Arroyo, la debida formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el puesto o función específica que desarrollaba a la fecha del accidente de trabajo, esto es en el retiro de una pieza metálica del molde de arena; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber identificado en la matriz IPER el peligro de “uso de equipos de protección personal deteriorados”, considerando que el zapato de seguridad que usaba el señor Arroyo se encontraba desgastado por la parte interior, pues presentaba una abertura en la suela y en el cuero, situación que era un peligro, pues por dicha abertura ingresó la arena caliente que generó el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Por omisión involuntaria no ha podido ejercer su derecho de defensa de manera oportuna, al no haber podido tener conocimiento de los pronunciamientos emitidos en el presente procedimiento sancionador; por lo cual, ante esta instancia procede a plantear la defensa técnica, de la que se podrá apreciar con claridad que las actuaciones inspectivas, desde su inicio, han sufrido falencias en su desarrollo por responsabilidad directa de la inspectora. Asimismo, por omisión involuntaria, presentaron sus descargos de fecha 03 de mayo de 2021 fuera de término; sin embargo, las observaciones formuladas se deben considerar para efectos de resolver los presentes actuados. ii. Sobre la supuesta falta de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, la inspectora actuante hace una indebida interpretación de la documentación presentada, ya que solo en el año 2019 se le brindó al trabajador Arroyo Ríos, aparte de la inducción respectiva, nueve (9) capacitaciones. La capacitación brindada con fecha 16 de julio de 2019 sobre el tema “Riesgo y Seguridad en el desplome de piezas”, y la

llevada a cabo el 17 de octubre de 2019, sobre “Identificación de Peligros en el Puesto de Trabajo”, trataron lo referido no solo al puesto de trabajo que ocupaba el trabajador accidentado, sino también a todos los peligros y riesgos a los que se encontraba expuesto en el desarrollo de sus actividades. La inspectora no advierte que la acción referida a retirar una pieza metálica del molde de arena resulta ser una etapa más dentro del proceso, sobre el cual fue capacitado oportunamente como se ha demostrado con las capacitaciones exhibidas; por lo que, lo señalado por el señor Arroyo Ríos es totalmente falso. iii. Respecto a la supuesta infracción referida a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, la inspectora comete un error de interpretación al expresar que en la matriz IPER de fecha 14 de agosto de 2019 no se incluye el uso de equipos de protección deteriorados/desgastados, para el presente caso el zapato de seguridad. Sobre el particular, la IPER presentada incluye todos los peligros existentes en el desarrollo de las labores que correspondían al trabajador accidentado; sin embargo, no se ha considerado que en realidad el contar con un EPP desgastado es consecuencia de un acto subestándar que corresponde al señor Arroyo Ríos, al no haber comunicado oportunamente la renovación de los zapatos de seguridad (medida de control), lo que se indicó en la capacitación de fecha 25 de junio de 2019 (diapositiva 10), donde se señala los estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones del área de desplome y se precisa: “Use adecuadamente los EPPs que le han sido entregados por la empresa, cuídelos, están para protegerlos, en caso de deterioro, solicite su cambio al almacén”. Asimismo, en la matriz de IPER se ha identificado el peligro de “arena caliente, superficies calientes”, el riesgo de “exposición a quemadura” y como medida de control “el uso correcto de equipos de protección personal, uniforme de trabajo, casco, lentes, zapatos de seguridad”. iv. La inspectora en el documento denominado infracción insubsanable y en el Acta de Infracción ha omitido precisar exactamente la tipificación que se hace para poder ejercer de manera precisa su defensa, dado que no podría determinar si se encuentra en el supuesto a) o b) del punto 7.8.3. de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, respecto a la infracción que se declaró insubsanable. Por ende, dicha omisión en el procedimiento configuraría la nulidad de los actuados. v. De la revisión del registro de accidente de trabajo exhibido, en ningún momento se establece como causa básica la “capacitación insuficiente” o como factor de trabajo “la identificación de peligros y evaluación de riesgos deficiente”. Se trataría de afirmaciones sin sustento válido que la inspectora incluye en el Acta de Infracción y que desnaturalizan el procedimiento de inspección. vi. Se rescata el análisis efectuado por la autoridad sancionadora respecto a la medida inspectiva de requerimiento que iba en contra del procedimiento inspectivo; sin

embargo, tratándose de un error de fondo de la inspectora al haberse emitido documento anexo sobre hechos insubsanables y medida de requerimiento por los mismos extremos, este hecho, de por sí, provoca la nulidad del procedimiento. vii. Cabe preguntarse si el Memorándum Circular N° 102-2015-SUNAFIL/INII, se encuentra vigente, si resulta válido su aplicación como norma general para el sustento de una sanción administrativa, y si se vulneran los principios generales señalados en el texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. viii. La propuesta de multa por las infracciones tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT resulta incoherente, dado que debieron unificarse las dos supuestas infracciones en una sola, conforme al pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral emitido en la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala; caso contrario, se iría en contra de lo establecido por el RLGIT. ix. La Imputación de Cargos fue notificada recién el 28 de diciembre de 2020, por lo que debe considerarse que, para efectos del plazo de caducidad, rige la fecha del pronunciamiento y no la de su notificación; en tal sentido, considerando que la Imputación de Cargos tiene fecha 22 de diciembre de 2020, el plazo de nueve (9) meses del procedimiento sancionador habría vencido el 22 de setiembre de 2021, con lo cual se está ante un procedimiento sancionador caduco.

i. De la revisión de los actuados en el expediente sancionador, se observa que la inspeccionada ha sido válidamente notificada con la Imputación de Cargos N° 859-2020- SUNAFIL/ILM/AI3 y el Acta de Infracción, mediante la casilla electrónica el 28 de diciembre de 2020. Lo mismo sucedió con la notificación del Informe Final, que fue depositado en la referida casilla el 31 de mayo de 2021. Por ende, tal como lo reconoce la inspeccionada, pese a estar debidamente notificada de dichos documentos administrativos, por omisión involuntaria no ejerció su derecho de defensa, debiendo precisarse que en ninguna de las fases ha presentado los descargos correspondientes, como se dejó constancia en el punto 2 del Informe Final y el considerando 1.4 de la resolución apelada. ii. Respecto a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, se aprecia que la autoridad sancionadora señala que la inspeccionada exhibió ante la inspectora de trabajo, registros de capacitaciones; sin embargo, se determinó que dichos medios probatorios no evidenciaron que la inspeccionada impartió la formación e información en el puesto de trabajo o función específica al trabajador accidentado que desarrollaba al momento del accidente, esto es el retiro de una pieza metálica del molde de arena. iii. Por ese motivo, la inspeccionado exhibió, en la diligencia de verificación de la medida inspectiva de requerimiento, dos registros de inducción, capacitación, entrenamientos y simulacros de emergencia donde se encuentra registrado como participante el trabajador afectado, con los temas: “Riesgos y seguridad en el desplome de piezas”, con duración de diez (10) minutos, e “Identificación de peligros en el puesto de trabajo”, con duración de una (01) hora. iv. Al respecto, la inspeccionada ha aportado adicionalmente por medio del recurso de apelación, diapositivas a fin de demostrar que, en el contenido de las dos capacitaciones

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022. Véase folios 81 del expediente sancionador.

antes referidas, se le informó al trabajador afectado los riesgos del puesto de trabajo (entre ellos, quemaduras) y las medidas de protección personal que debía aplicar, entre ellos usar los equipos de protección personal que le han sido entregados y que, en caso de deterioro, debía solicitar el cambio de los mismos en el almacén. Sin embargo, al amparo del Glosario de Términos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la capacitación debe transmitir no solo conocimientos teóricos sino prácticos para el desarrollo de las competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de riesgos y la seguridad y salud; por lo que la inspeccionada solo ha cumplido con brindarle los conocimientos teóricos a través de las capacitaciones del 16 de julio y 17 de octubre de 2019, pero no incluyó el factor práctico que debió ser realizado a través de entrenamientos. En consecuencia, la formación brindada por la inspeccionada para afrontar los riesgos que se produjeron en el accidente no ha sido suficiente, observando lo dispuesto en el artículo 49, literal g) de la LGSST. v. La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, considerando las condiciones de trabajo existentes o previstas, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 77 del RLSST, por tanto, es exigible a la inspeccionada identificar los peligros y evaluar los riesgos que puedan estar presentes en los equipos de protección personal cuando estos se encuentren desgastados, en tanto esta condición de trabajo puede generar riesgos cuando el trabajador realice el desplome de piezas del molde de arena, al entrar en contacto con la arena caliente; lo que es distinto del acto subestándar consistente en la ausencia de comunicación por parte del trabajador afectado respecto del desgaste de sus zapatos de seguridad, que no se ha pedido establecer en su matriz IPER. vi. Es de apreciarse que al extenderse la constancia “Incumplimiento insubsanable” el 05 de marzo de 2020, la inspectora de trabajo solo estuvo obligada a sustentar la insubsanabilidad de la infracción en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o la afectación del derecho, al igual que en el Acta de Infracción; por lo que se desprende que el incumplimiento verificado en relación a la matriz IPER fue catalogado como tal por su conexión con el accidente de trabajo materia de análisis. Por ende, contrario a lo expresado por la inspeccionada, sí se le ha informado que la insubsanabilidad de la infracción se ha justificado en el supuesto establecido en el inciso a) del sub numeral 7.8.3. numeral 7 de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, referido a que no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, ante incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que causaron un accidente de trabajo. vii. El artículo 42 de la LSST establece que la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permiten identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y

condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente, por ende, de la investigación realizada por la inspectora de trabajo se aprecia que, en relación al factor personal que habría consignado la inspeccionada en su registro de accidente de trabajo, no era el único antecedente de los actos subestándares encontrados, en tanto la no comunicación del desgaste del zapato de seguridad por parte del trabajador afectado se debió a la capacitación insuficiente que habría recibido y además porque no se identificó este peligro en la matriz de la IPER. viii. Cabe precisar que mediante Memorándum Circular N° 001-2019-SUNAFIL/INII, se dispuso que se debe verificar si los incumplimientos a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que hayan ocasionado un accidente de trabajo se encuentran bajo el alcance del principio de concurso de infracciones. En caso de estarlo, los incumplimientos cursados deberán calificarse como una sola infracción muy grave tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; mientras que en caso no lo estén, se deberá tipificar cada uno en dicho tipo legal. En tal sentido, se tipificó cada incumplimiento verificado en este caso como una infracción independiente al no encontrarse bajo el principio de concurso de infracciones. ix. Cabe señalar que la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, no constituye precedente de observancia obligatoria, que obligue a esta instancia a aplicar el criterio esbozado; por el contrario, solo se trata de una interpretación del tipo previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, recaía en un caso concreto, que no es uniforme y reiterado en otras resoluciones de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral. x. Respecto al plazo para resolver el procedimiento sancionador, cabe precisar que, el mismo debe computarse desde que se notificó la Imputación de Cargos N° 859-2020- SUNAFIL/ILM/AI3 y no desde que fue emitido dicho acto, como erróneamente asume la inspeccionada. Por ende, la notificación de la Imputación de Cargos se realizó el 28 de diciembre de 2020; por lo que, el plazo máximo para resolver venció el 28 de setiembre de 2021, lo que fue cumplido, al haberse expedido la resolución apelada con fecha 24 de setiembre de 2021 y notificada el 27 de setiembre de 2021, por lo que corresponde declarar improcedente la caducidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FUNDICIONES ESPECIALES S.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 05 de enero de 2022.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1820-2021-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Resulta adecuado considerar los artículos de la LGIT que buscan proteger el debido proceso de la inspección, como el artículo 2, respecto a los principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo, en tanto resulta fundamental a efectos de garantizar un debido procedimiento, de tal forma que las consecuencias de este no causen perjuicio a ninguna de las partes involucradas.

ii. Sobre la supuesta falta de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, entre los pronunciamientos emitidos, tanto por la inspectora actuante, como por el Sub Intendente y su Despacho, se ha producido una variación de interpretaciones que resulta trasgresora al principio de predictibilidad, toda vez que, no es posible que en el transcurso del procedimiento las autoridades resolutoras varíen el contenido de la presunta infracción de manera arbitraria, toda vez que de una instancia a otra, aparece una nueva versión del presunto incumplimiento y sobre el cual hay que ejercer la defensa. Al respecto, como ya han señalado, se ha cumplido a cabalidad con brindar las capacitaciones, tanto generales como específicas, solo en el año 2019 se le brindaron al trabajador, a parte de la inducción respectiva, nueve (9) capacitaciones, es decir, más de las cuatro exigidas por ley; no obstante, la inspectora consideró que no se cumplió con esta obligación.

iii. No están de acuerdo con la interpretación de la inspectora; con vista a los documentos exhibidos, se ha acreditado que se brindó, en su oportunidad, las capacitaciones específicas en fecha 16 de julio de 2019 (Tema: “Riesgo y seguridad en el desplome de piezas”) y 17 de octubre de 2019 (Tema: “identificación de Peligros en el Puesto de Trabajo”), de lo cual advierten que, es justamente en ambas capacitaciones en las cuales se trató todo lo referido, no solo al puesto de trabajo que ocupaba el señor Arroyo Ríos, sino también, a todos los peligros y riesgos a los que se encontraba expuesto en el desarrollo de sus actividades; la inspectora no advierte que la acción referida a “retirar

una pieza metálica del molde de arena”, resulta ser una etapa más dentro de un proceso, sobre el cual fue capacitado. Por tanto, a la luz de los documentos exhibidos, la manifestación del trabajador “que no se le ha capacitado en seguridad y salud en el trabajo” es falsa.

iv. De la simple lectura del pronunciamiento de la Intendencia y, comparándolo con lo resuelto en el Acta de infracción y la Resolución de Sub Intendencia, se puede apreciar que se involucra una nueva presunta justificación de la propuesta de multa, la cual difiere de la señalada por la inspectora y el inferior en grado, porque se introducen los términos referidos “conocimientos teóricos y prácticos”, los cuales, si bien habían sido referidos por la inspectora al citar el Glosario de Términos del RLSST, no habían sido parte de un razonamiento lógico jurídico que sustente un posible incumplimiento legal, por lo cual, consideramos se dan vicios de nulidad.

v. Respecto a la supuesta infracción referida a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, con fecha 05 de marzo de 2020, la inspectora comunica que era un tema insubsanable; asimismo, se cuestiona el análisis para determinar que la IPER exhibida no era correcta, por considerar que en ésta no se incluía el “uso de equipos de protección deteriorados/desgatados, para el presente caso el zapato de seguridad”, sin embargo, no tomo en cuenta que, el contar con un EPP desgastado es una consecuencia de un acto subestándar, que en este caso corresponde al señor Arroyo Ríos, no haber comunicado o solicitado oportunamente, la renovación de los zapatos de seguridad. En tal sentido, concluimos que, el “uso de equipos de protección deteriorados/desgastados, para el presente caso el zapato de seguridad”, no es realmente un peligro, sino es la consecuencia de un acto subestándar cometido por el propio trabajador, quien no siguió lo señalado en la capacitación de fecha 25 de junio de 2019.

vi. En el transcurso del procedimiento de inspección, la inspectora ha cometido errores de interpretación y tipificación que vulneran el derecho a la legítima defensa, pues, en el supuesto negado que hubieran incurrido en observancia, en cuál de los incisos del numeral 7.8.3. de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, se estaría tipificando el accionar; esta omisión en el procedimiento configuraría la nulidad de los actuados.

vii. En el numeral 4.11 del Acta de Infracción, se puede observar que al precisarse las causas del accidente materia de investigación, éstas no se encuentran en el Registro de Accidente de Trabajo exhibido, debido a que no se establece como causa básica la “capacitación insuficiente”, por lo que, se trataría de afirmaciones sin sustento válido que desnaturalizan el procedimiento de inspección.

viii. Se debe hacer mención que la inspectora comisionada califica a las supuestas infracciones como infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, proponiendo dos sanciones administrativas de manera individual; sin embargo, se debe considerar que la fórmula para la supuesta propuesta de multa resulta incoherente, es más, va en contra de los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral, no aplicando su criterio, por considerar que se trata de un “caso concreto” distinto al de la materia; sin embargo, lo que se propone es la aplicación del “criterio”, quedando claro que los casos son particulares pero que los criterios que se apliquen deben ser uniformes, en virtud al principio de razonabilidad; adicionalmente a ello, se

debe considerar lo señalado en el numeral 10 del artículo 66 del TUO de la LPAG, que establece como uno de los derechos de los administrados, que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

ix. Si bien es cierto, la Imputación de Cargos fue notificada el 28 de diciembre de 2020, sin embargo, debe considerarse que, para efectos del plazo de caducidad, debe regir la fecha del pronunciamiento, y no la fecha de su notificación; por consiguiente, el plazo de nueve (9) meses del procedimiento sancionador habría vencido el 22 de setiembre de 2021, por lo cual, solicitan se efectúe una reevaluación de todo el procedimiento a efectos de emitirse un pronunciamiento conforme a ley, teniéndose en consideración los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral (Resolución N° 267-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala).

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239

permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido).

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo13.

13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar dentro del ámbito del centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”16.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

14 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 15 Casación N° 18190-2016 Lima 16 Casación N° 4321-2015 Callao

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo17.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

17 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

“FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: (…) 4.6 La inspeccionada no acreditó la formación e información en seguridad y salud en el trabajo en el puesto o función específica desarrollada por el trabajador Anthony Arroyo Ríos, esto es: “retirar una pieza metálica del molde de arena”, en relación con los riesgos en el centro de trabajo y puesto de trabajo o función específica, a la fecha del accidente de trabajo que le ocurrió al citado trabajador el 20 de diciembre de 2019 (…). La inspeccionada, en la diligencia de verificación de la Medida Inspectiva de Requerimiento (11 de marzo de 2020), sólo exhibió 2 registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia en los cuales se registran a dicho trabajador: 1. Capacitación de fecha 16 de julio de 2019 – Tema: Riesgo y seguridad en el desplome de piezas, Nro. de horas: 10 minutos y, 2. Capacitación de fecha 17 de octubre de 2019 – Tema: Identificación de peligros en el puesto de trabajo, Nro. de horas: 1 hora. Teniendo en cuenta que la Capacitación, según el Glosario de Términos del D.S. N° 005- 2012-TR, es una “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud; la inspeccionada no acreditó, haber brindado una suficiente formación e información en seguridad y salud en el trabajo en el puesto o función específica desarrollada por el trabajador Anthony Arroyo Ríos, esto es: “retirar una pieza metálica del molde de arena”, en relación con los riesgos en el centro de trabajo y puesto de trabajo o función específica, a la fecha del accidente de trabajo que le ocurrió al citado trabajador, el 20 de diciembre de 2019. Al respecto, el trabajador Anthony Arroyo Ríos, en su manifestación de fecha 30 de enero de 2020, declaró: “Que, la mencionada empresa no lo ha capacitado en seguridad y salud en el trabajo ni en el puesto o función específica que desarrollaba cuando le ocurrió el referido accidente de trabajo”.

impugnante no acreditó su cumplimiento, en mérito a que, conforme al Glosario de Términos del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la “Capacitación” es una “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”, lo que ha sido validado por el inferior en grado en el considerando 3.14 de la resolución impugnada, y que evidencia que la tipificación de las infracciones no han sufrido ninguna variación en todo el procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

“IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER): Si bien la inspeccionada cuenta con una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), de fecha 14 de agosto de 2019, sin embargo, en dicha matriz no se ha identificado el peligro del “uso de equipos de protección deteriorados desgastados”, para el presente caso el zapato de seguridad que usaba el trabajador Anthony Arroyo Ríos, se encontraba desgastado por la parte inferior, presentada una pequeña abertura entre la suela y el cuero, lo cual era un peligro, ya que por dicha abertura ingreso la arena caliente que le produjo el accidente de trabajo materia de investigación; la no identificación de dicho peligro, no ha permitido evaluar los riesgos que generan dicho peligro, para efectuarse las respectivas medidas de control de riesgos”.

ambiente de trabajo o con la organización del trabajo; c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos; d) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores (énfasis añadido).

efectuada y la subsunción del comportamiento omisivo reprochado al empleador. Así, conforme al escrito de revisión, las observaciones de la impugnante recaen en la calificación del resultado del accidente en cuanto al incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, resulta necesario indicar que el cumplimiento de los preceptos en materia de seguridad y salud en el trabajo no se pueden ni deben circunscribir únicamente a la adopción de instrumentos de gestión de los riesgos ocupacionales. Complementariamente a ello, las exigencias establecidas por la legislación en la materia se extienden, también con igual importancia, a la adopción de los comportamientos tendientes a prevenir eficazmente que los riesgos se concreticen en resultados indeseados.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”18.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 859-2020-SUNAFIL/ILM/AI3 28/12/2020 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 918-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1 27/09/2021

Información Adicional

18 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber impartido a favor del señor Arroyo, la debida formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el puesto o función específica que desarrollaba a la fecha del accidente de trabajo, esto es en el retiro de una pieza metálica del molde de arena. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FUNDICIONES ESPECIALES S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1820-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6217-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 918-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 24 de septiembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1820-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber identificado en la matriz de IPER el peligro de “uso de equipos de protección personal deteriorados”, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1820-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber impartido la debida formación e información al trabajador afectado, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. CUARTO. - Notificar la presente resolución a FUNDICIONES ESPECIALES S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20221116MCR