Frutos y Especias S.A.C — Res. 1059-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas); Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Registro de Accidente de Trabajo e Incidentes): Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Incluye todas) y, Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

información sobre seguridad y salud en el trabajo, que guardaría relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas a la materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas al registro de accidentes de trabajo; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas a la entrega de los equipos de protección personal; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas a la materia de formación e información en seguridad y salud en el trabajo; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. En el Informe Final se indica que los descargos presentados se encontraban fuera de plazo; sin embargo, esto no es correcto debido a que sí se presentó dentro del plazo de cinco días hábiles al correo mesadepartes@sunafil.gob.pe, conforme a la imagen

que adjunta, el 07 de diciembre de 2020, considerando que la imputación de cargos fue notificada el 30 de noviembre de 2020; por lo que, los descargos debieron ser valorados y analizados en su integridad, lo cual genera afectación a su derecho de defensa. ii. La etapa instructora del procedimiento sancionador se inició en evidente vulneración a los principios del debido procedimiento y celeridad, ya que el Acta de Infracción se emitió el 10 de septiembre de 2018 y la Imputación de Cargos se emitió el 25 de octubre de 2020, y fue notificada el 30 de noviembre de 2020. Al respecto, se debe aplicar supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece en su artículo 141, numeral 141.3 que el plazo máximo para la emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares es de siete días. Por ende, no resulta razonable que la entidad se tome más de dos años para notificar el Acta de Infracción; por lo que, se solicita dejar sin efecto la imputación de cargos al haber sido emitida fuera del plazo legal. Asimismo, tampoco se cumplió con el plazo de 10 días hábiles establecido para la emisión del Informe Final, ya que los descargos fueron presentados el 07 de diciembre de 2020 y el Informe Final se emitió el 19 de mayo de 2021; por lo que, tampoco debe tener efectos jurídicos. iii. En el Informe Final, se ha señalado que los incumplimientos relacionados con la identificación de peligros y evaluación de riesgos y las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo son faltas insubsanables y que se tipifican como muy graves. Sin embargo, como se indicó en el Acta de Infracción, éstas son faltas calificadas de manera independiente como graves en los numerales 27.3 y 27.8 del artículo 27 del RLGIT, que tiene un mismo hecho generador como el no haber cumplido la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente; por lo que, existe una concurrencia de infracciones, debiendo ser sancionada con la sanción de mayor gravedad, es decir, con la infracción muy grave tipificada en el artículo 28, numeral 28.10 del RLGIT, pero debe considerarse sólo una infracción muy grave y no dos, al amparo del principio de concurso de infracciones y el criterio establecido mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL. iv. Se requirió subsanar el registro de accidente de trabajo del señor Franchesco Silva Muñoz; sin embargo, esta obligación al ser de seguridad y salud en el trabajo es insubsanable, puesto que el hecho de realizarse no iba a revertir el accidente ocurrido, conforme al artículo 49 del RLGIT. En caso fuera subsanable, se debía adjuntar la declaración del trabajador accidentado, conforme lo exige la Ficha Técnica del Registro de Accidente de Trabajo de la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR, lo cual era materialmente imposible de cumplir al ya no ser trabajador de la empresa. v. No existe obligación de entregar un chaleco con cintas reflectivas a un motorizado como equipo de protección personal, ya que no se ha tomado en consideración lo regulado en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2010-MTC, que establece la suspensión de la aplicación del artículo 105, numeral 105.3 del TUO del Reglamento

Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. En el caso concreto, un chaleco con cintas reflectivas no genera ninguna protección al trabajador respecto a un riesgo de conducir las motocicletas, distinto por ejemplo al casco que evidentemente busca proteger la integridad del trabajador frente a un accidente. La intención del uso de chalecos con cintas reflectivas es poder identificar a los motorizados que utilizan las motocicletas para actos delictivos. vi. Finalmente, no era exigible el cumplimiento de la medida de requerimiento, ya que el registro de accidente de trabajo es insubsanable y que, además era materialmente imposible cumplir con el otorgamiento del chaleco con cintas reflectivas, ya que no era exigible como equipo de protección personal.

i. Se advierte que la autoridad sancionadora de primera instancia emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 603-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, por medio de la cual se resolvió ampliar por tres (3) meses el plazo para emitir la resolución sancionadora. ii. Sin embargo, debe advertirse que, en forma innecesaria, el inferior en grado realizó la ampliación del plazo para resolver el procedimiento por tres meses más, en tanto la resolución apelada fue expedida y notificada a la inspeccionada antes de que venciera el plazo máximo de nueve meses calendario, esto es antes del 30 de agosto de 2021; por lo que, se cumplió con resolver el procedimiento dentro de los márgenes de tiempo dispuesto por regla general sin incurrir en caducidad. iii. En tal sentido, esta Intendencia, atendiendo a la excepcionalidad de esta figura, considera conveniente dejar sin efecto la ampliación del plazo realizada por medio de la Resolución de Sub Intendencia N° 603-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2. iv. En relación al cómputo del plazo para presentar los descargos contra el Acta de Infracción no solo debe considerarse los cinco días hábiles que establece el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, sino también se debe traer a colación lo señalado en el artículo 149 del TUO de la LPAG. v. Como es de verse del correo electrónico impreso, obrante a fojas 13 del expediente sancionador, la inspeccionada presentó su escrito de descargo el día 07 de diciembre de 2020 a las 19:27 horas, vale decir fuera del horario de atención de Mesa de Partes, que corresponde desde las 8:00 hasta las 16:30 horas, aun cuando el envío por medios electrónicos esté disponible las 24 horas del día; en consecuencia, al haberse presentado los descargos fuera de las horas hábiles de la entidad se consideró presentado el día hábil siguiente, esto es el 09 de diciembre de 2020, deviniendo en extemporáneo. vi. Que, la autoridad instructora se excedió de los plazos legales previstos para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, así como para la emisión del Informe Final; sin embargo, la expiración de los plazos para llevar a cabo algún acto a cargo de la Administración generará la nulidad de los actuados cuando la ley de manera taxativa así lo determine, situación que no se presenta en los supuestos descritos por la inspeccionada, en tanto la LGIT y el RLGIT, no disponen dicha consecuencia. vii. Contrario a la interpretación de la inspeccionada, en relación al concurso de infracciones, en el presente caso no se está frente a este supuesto, dado que el incumplimiento relacionado con la identificación de peligros y evaluación de riesgos no es presupuesto para que se desencadene el incumplimiento relativo a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, que afectaron al

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022. Véase folios 86 del expediente sancionador.

trabajador Silva Muñoz Franchesco; por el contrario, dichos actos son independientes entre sí que ameritan ser sancionados por separado, como causas del accidente de trabajo. viii. La obligación de implementar el registro de accidente de trabajo se genera luego de la ocurrencia del mismo, con el objetivo no de revertir sus efectos, sino a fin de tomar conocimiento de las deficiencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para implementar las acciones correctivas adecuadas a fin de prevenir futuros accidentes; por ende, el carácter de esta infracción es subsanable. El cese del vínculo laboral con el trabajador no debe ser obstáculo para su implementación, en tanto la inspeccionada debe demostrar haber realizado las acciones posibles en forma diligente para obtener la manifestación del accidentado, a fin de eximirse de la responsabilidad, lo cual no ha sucedido. ix. Si bien es cierto, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2010-MTC, suspendió la aplicación del numeral 105.3 del artículo 105 del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, debe entenderse que ello fue solo para efectos de las infracciones al tránsito terrestre establecidos en el Código de Tránsito, pero no para verificación de incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que el deber del empleador de proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados no se puede suspender en modo alguno. x. Asimismo, resulta evidente que el uso del chaleco con cintas reflectivas sí constituye un equipo de protección personal, debido a que hace más visible al trabajador en la noche en lugares con escasa visibilidad, lo que le ayuda a proteger su integridad y su vida ante riesgo de atropellamiento, como sucedió en el caso de autos. xi. Al no haber implementado el registro de accidentes de trabajo, es una infracción subsanable que podía ser revertida por la inspeccionada luego de notificada la medida inspectiva de requerimiento; además, era exigible que la inspeccionada haga entrega del chaleco con cintas reflectivas, a fin que el trabajador accidentado no se encuentre expuesto a peligros y riesgos al desplazarse en lugares de poca visibilidad, razones por las cuales debe desestimarse también los argumentos de la inspeccionada en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1841-2021-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. La Resolución considera que el chaleco con cintas reflectivas es una EPP de uso obligatorio, conclusión que es contraria al principio de legalidad recogido en la LGIT, debido a que: i) el chaleco de cintas reflectivas no es un EPP y ii) no existe norma legal vigente que establezca la obligación de usar un chaleco con cintas reflectivas. ii. Conforme a lo señalado en el Glosario de Términos del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los EPP son dispositivos, materiales o indumentaria que tiene por objeto proteger al trabajador de los riesgos del trabajo. iii. En el caso en concreto, un chaleco con cintas reflectivas no genera ninguna protección al trabajador respecto a un riesgo al conducir motocicletas, distinto por ejemplo al casco, que busca proteger la integridad del trabajador frente a un accidente. iv. Conforme al Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-MTC, la intención del uso de los chalecos de cintas reflectivas fue únicamente con la intención de poder identificar de manera más efectiva a los motorizados que utilizan las motocicletas para actos delictivos, nunca como EPP, cabe precisar que lo citado ha sido suspendido por el Decreto Supremo N° 026-2010- MTC. Sin embargo, en el hipotético y negado caso que la argumentación de la Resolución sea correcta, tampoco aplicaría a nuestro caso porque las labores eran de día, no de noche. Por tanto, no existe la infracción imputada, ya que no existe tal obligación en nuestro ordenamiento jurídico y mucho menos es sancionable. v. Dos de las faltas se tipifican como muy graves según el artículo 28.10 y la otra como

grave según el artículo 27.9 del RLGIT. Sin embargo, al ocurrir un accidente de trabajo, debieron calificarse como única infracción “muy grave”, ya que tienen el mismo hecho generador, “el no haber cumplido con la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron el accidente materia de investigación”. En ese sentido, existe una concurrencia de infracciones, debiendo ser sancionados con la mayor gravedad, es decir, la infracción muy grave, en mérito al criterio normativo para la inspección de trabajo, estipulado en la Resolución N° 110-2019-SUNAFIL, referente a que, cuando una misma situación de hecho genere varias infracciones, el empleador sólo sería sancionado con la sanción más cuantiosa. vi. La Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, se ha pronunciado respecto a un caso similar en la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, indicando que el tipo infractor del artículo 28.10 del RLGIT sanciona todas aquellas causas del accidente de trabajo que constituyan incumplimientos a la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. vii. Respecto a lo requerido en la medida inspectiva, no era subsanable, en razón que no se podían revertir los efectos del hecho inspeccionado (el accidente de trabajo), y, además, eran imposibles de cumplir, ya que al realizarse el registro de accidente de trabajo no iba a revertir el accidente ocurrido. Asimismo, en caso esta obligación fuera subsanable, se debió adjuntar la declaración del trabajador accidentado, hecho materialmente imposible, puesto que el trabajador denunciante ya no era trabajador de la empresa, conforme lo exige la Ficha Técnica del Registro de Accidentes de Trabajo. En efecto, no cumplieron con realizar la investigación del accidente de trabajo; sin embargo, la subsanación del Registro no era exigible, ya que era materialmente imposible cumplirlo. Asimismo, respecto a la entrega de EPP (chaleco con cinta reflectiva), pero de manera posterior al accidente, lo cual no tenía efecto, además que no es exigible. viii. La Resolución declara y acepta que hubo exceso en los plazos previstos en el procedimiento, pero que estos no acarrean su nulidad; sin embargo, consideran que esta interpretación no es correcta, y debe declararse su nulidad en mérito al artículo 10 del TUO de la LPAG, y en aplicación del artículo 141.3 del citado cuerpo normativo, al no existir plazo establecido para emitir la Imputación de Cargos en la LGIT y su Reglamento. ix. En ese sentido, atendiendo a la igualdad y respeto a las normas que debe existir, solicitan se deje sin efecto la Imputación de Cargos por haber sido emitida fuera del plazo legal. Las consecuencias jurídicas deben ser las mismas, tanto para el administrado, como cuando se presentan descargos fuera del plazo, como para la administración. Asimismo, tampoco se ha cumplido con el plazo de diez (10) días hábiles establecido para la emisión del Informe Final de Instrucción, ya que los descargos fueron presentados el 07 de diciembre de 2020 y el Informe se emitió el 19 de mayo de 2021, es decir, después de cinco (05) meses y doce (12) días, lo cual afecta el principio al debido procedimiento, y por ende no deber tener efectos

jurídicos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Del precedente de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores

convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el

evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente”.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.”

a) No cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, en materia de la IPER, b) No cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, en materia de formación e información, como causas del accidente de trabajo del señor Franchesco Silva Muñoz.

Figura N° 01: Causas del Accidente según el Acta de Infracción

trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social9.

“…en materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones.

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 11

9 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona 10 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 11 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 12 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 13 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 14 Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

LSST15 establece el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del reglamento de la LSST, que se entiende por capacitación a la actividad “…que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”.

15 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos.

Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento.

específica; se tiene que, a la fecha de las actuaciones inspectivas, el sujeto inspeccionado no ha acreditado haber brindado formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, respecto a los peligros y riesgos a los que el trabajador estaba expuesto como motorizado a la fecha del accidente de trabajo (26 de mayo de 2018) .

Sobre la medida de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

documentos, descansos médicos otorgados al trabajador, fotos y/o videos utilizados para la investigación., y 2. la entrega de Equipos de Protección Personal, según los peligros y riesgos a los que el trabajador estaba expuesto en su puesto de trabajo como motorizado: chaleco; conforme a la normativa legal vigente.

“Suspéndase la aplicación de los numerales 105.2, 105.3, 105.4 y 105.5 del artículo 105 y las infracciones tipificadas con los Códigos G.67, G.68 y G.69 del Anexo I: Cuadro de Tipificación, Sanciones y medidas Preventivas aplicables a las infracciones al Tránsito Terrestre del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y sus modificatorias”

“(…) que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)”.

“El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo consagra en su artículo 2, inciso 23, literal d), con el siguiente tenor: “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

“El derecho administrativo es mucho más que la ley y, por ende, la administración se somete al entero y pleno ordenamiento jurídico en su conjunto. Esto, aunque es más que evidente, hay que decirlo para que no se cometa el terrible error de entender que el principio de legalidad es que la administración se somete solo al texto expreso de la ley como única fuente de derecho”.

“Como se puede apreciar, además de ser una garantía para los administrados, este principio proclama la prohibición de la imposición de sanciones desprovistas de un marco legal, lo que a su vez implica que los reglamentos no podrían establecer infracciones y sanciones por sí mismos, pues solo las normas con rango de ley podrían hacerlo”.

Sobre el concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

16 Jiménez Alemán, J.A. (2018). Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano. Derecho & Sociedad, (50), 57.58. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20374. 17 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

Sobre la presunta vulneración de los plazos administrativos

18 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL

“Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas a la materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

19 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas al registro de accidentes de trabajo. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas a la entrega de los equipos de protección personal. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas a la materia de formación e información en seguridad y salud en el trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1841-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1374-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 756-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 24 de agosto de 2021, confirmada a través de la

Resolución de Intendencia N° 1841-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1841-2021-SUNAFIL/ILM, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

CUARTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221116MCR