Fibras Marinas S.A — Res. 333-2021

Mediante Orden de Inspección N° 00486-2020-SUNAFIL/IRE-CAL del 18 de febrero de 2020, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 267-2020-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción) del 11 de marzo de 2020, mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (2) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron el accidente de trabajo en perjuicio del trabajador José David Zeta Crisanto.

Mediante Imputación de cargos N° 012-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC de fecha 14 de enero de 2020, notificado a la impugnante el 18 de enero de 2021, juntamente con el Acta de Infracción, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos.

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 099-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 419-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE con fecha 20 de mayo de 2021, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao multó a la impugnante por la suma de S/. 22,618.00 (Veintidós mil seiscientos dieciocho con 00/100 soles) por haber incurrido en:

Con fecha 11 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 419-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, solicitando que se revoque y desestime la multa señalada en la referida resolución, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de julio de 20212, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 221-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, por considerar que:

Con fecha 30 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 132- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 692-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 03 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la impugnante presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 22,618.00 (Veintidós mil seiscientos dieciocho con 00/100 soles) por la comisión de infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el artículo 28.10 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles9.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por FIBRAS MARINAS S.A.

Con fecha 30 de julio de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 132-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando lo siguiente:

De conformidad al principio de prevención y protección, consagrados en el Título Preliminar de la LSST, el empleador garantiza el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, así como el desarrollo del trabajo en un ambiente seguro y saludable.

En esa línea, el literal a) del artículo 49° de la LSST expresa que el empleador posee la obligación de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo”.

Respecto a los hechos que componen el accidente de trabajo materia de investigación10, la autoridad inspectiva constató que, al momento de realizar la labor de pintado de rótulos de los paños embalados, el trabajador José David Zeta Crisanto transitó en una zona cubierta de resina, resbalando de manera inmediata.

Asimismo, de acuerdo al “Informe de Investigación de Incidente”, la impugnante ha considerado la zona derramada de resina como causa inmediata (condición sub- estándar) del presente siniestro, tal como se aprecia a continuación:

Siguiendo con la revisión del referido documento11, la impugnante destacó que la zona de escurrimiento de paños (la que generó la existencia de resina) se encontró colindante a la zona de rotulación (en la que se desempeñó el trabajador afectado), por lo que, en calidad de acción correctiva, dispuso la reubicación de esta última área de trabajo.

De esta manera, se advierte que, previamente a la existencia del accidente de trabajo del 16 de agosto de 2017, la impugnante incumplió con el deber de garantizar las condiciones de seguridad en el centro de trabajo, lo que permitió a la primera instancia determinar la existencia de responsabilidad administrativa por la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

Ahora, la impugnante afirma que, ante la imprudencia del trabajador, relativa al haber caminado en una zona cubierta de resina, no existe nexo causal entre el incumplimiento y el accidente de trabajo12, máxime si -de acuerdo al recurso de revisión- tal acto se encuentra prohibido de acuerdo al artículo 128 del RISST y el artículo 79 de la LSST.

Al respecto, se debe destacar que la presente inconducta resulta reprochable en función a los riesgos que produce en el centro de trabajo (existencia de resina), pues incentiva que el empleador desconozca el deber de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Por tanto, ante la concurrencia de un accidente de trabajo, resulta razonable deducir que existe una relación causal con el incumplimiento del ordenamiento de seguridad y salud en el trabajo. Dicha situación ha sido debidamente comprobada, constituyendo así una relación indivisible de causa y efecto.

A propósito de la negligencia de los trabajadores ante un eventual accidente de trabajo, la Corte Suprema de Justicia13 ha dispuesto, en un caso en concreto, que “el empleador tiene poderes de dirección y de control del trabajador y del trabajo, entonces es precisamente aquel quien debe asumir el deber de cuidar la vida, la integridad y la salud del trabajador”.

En esa línea, contrariamente a lo alegado, la voluntad del trabajador afectado, ya sea que incurra en negligencia, no supone una excepción al deber de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, por lo que el presente alegato no desvirtúa la determinación de responsabilidad de la impugnante como consecuencia de la comisión de la presente infracción.

En consecuencia, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Debido a que la impugnante cuestiona el deber de capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo como causa del accidente de trabajo, corresponde evaluar si la construcción de la presente imputación guarda armonía con el tipo descrito en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

De conformidad al principio de tipicidad, regulado en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG14, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En esa medida, es posible afirmar que la observancia del principio en cuestión, constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un procedimiento administrativo

La primera instancia ha determinado responsabilidad administrativa por infringir el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT que sanciona “El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal” (énfasis añadido).

La norma antes citada califica, como conducta reprochable, el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, cuya trascendencia revista de tal eficacia que permita la existencia de un siniestro en el centro de trabajo.

Sin embargo, si el incumplimiento detectado no guarda tal determinación en la configuración del accidente de trabajo, a juicio de este Tribunal, no corresponderá reprocharlo bajo la infracción antes dicha; ello bajo la función garantista que representa el principio de tipicidad.

En el caso sub examine, el inspector calificó la falta del deber de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo como causa del accidente de trabajo del 16 de agosto de 201715, bajo el siguiente sustento:

Sin embargo, a juicio de este Colegiado, no existe causalidad adecuada entre el deber de capacitar y el presente siniestro, dado que no se ha desarrollado los motivos por los que la falta de capacitación en materia de seguridad y salud en la labor de pintando permitiese dicho evento.

En efecto, de acuerdo a la teoría de la causalidad adecuada16, Jorge Suescún Melo17 -de manera ilustrativa- ha manifestado que “sólo deben considerarse como causa, aquellos hechos de los cuales quepa esperar, con base en criterios de probabilidad o de razonable regularidad, la producción de la consecuencia dañosa de que se trate, circunstancia que el inspector deberá acreditar en cada caso en concreto, y así permitir la determinación de responsabilidad administrativa de los sujetos inspeccionados entre el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y el accidente de trabajo.

Por esta razón, al no ajustarse a la esencia del tipo infractor que refiere el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, los hechos imputados en el presente extremo del procedimiento administrativo sancionador han vulnerado el principio de tipicidad, en consecuencia, el inspector no ha acreditado que la impugnante haya cometido la infracción imputada.

Por tanto, corresponde que esta Sala revoque lo resuelto por la autoridad de segunda instancia, conforme al razonamiento expresado en el presente recurso de revisión.