Felecin Ingenieros S.A.C — Res. 1146-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes); Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (Identificación de peligros y evaluación de riesgos, y procedimiento escrito de trabajo seguro), ocasionando el accidente de trabajo mortal de su trabajador , tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. La resolución recurrida no se encuentra suficientemente motivada, lo cual vulnera el Principio de Causalidad y el Principio de Culpabilidad, puesto que se ha limitado a transcribir lo que señala el Informe Técnico N° 006-DIVPOL-SU/DUE/UPIAT de fecha 23 de febrero del 2018 (presentado en calidad de nuevo medio probatorio), y ha omitido arbitrariamente pronunciarse sobre la conducción imprudente del trabajador, en un afán de evadir que la determinación de la responsabilidad administrativa del empleador, respecto a cuando se suscita un accidente de trabajo, se encuentra supeditada a que se establezca la existencia del nexo causal entre el incumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su configuración o resultado final (accidente). ii. La Autoridad Administrativa Sancionadora les atribuye la responsabilidad del accidente del trabajador afectado por, supuestamente, “no haberle garantizado” las condiciones de trabajo idóneas y de prevención, específicamente “no haber cumplido” con realizar: (i) la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y (ii) procedimiento escrito de trabajo seguro, los mismos que se encuentran previstos en la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, contenida en la LSST, el RLSST así como en la DECISIÓN 584, los Decretos Supremos N° 043-2007-EM y N° 016-

2009-MTC, lo que no resulta siendo cierto ya que se encuentra acreditado, con el “Instructivo de manejo seguro” (de fecha 10 de octubre del 2017), el “Instructivo Uso de Vehículos” (de fecha 13 de septiembre del 2017), el Procedimiento de manejo defensivo, el Reporte de GPS de la unidad de fecha 06 de diciembre del 2017, la matriz IPER, las certificaciones por capacitaciones y cursos que recibió el trabajador, los registros de su asistencia a charlas, conferencias, cursos y la evaluación de manejo defensivo y seguridad vial, que el trabajador se encontraba debidamente informado y capacitado. Por lo tanto, es falso que el conductor carecía de la formación adecuada; sin embargo, nuevamente, la Autoridad Administrativa sancionadora ignora los medios probatorios que se presentaron al expediente administrativo, a través de los cuales se corrobora que el trabajador tenía experiencia y si se encontraba debidamente capacitado. iii. La Autoridad Administrativa Sancionadora, en la resolución que se apela pretende restarles su valor probatorio pues se encuentra limitando su decisión solo a los medios probatorios exhibidos en la diligencia del 01 de febrero del 2018, como si el ordenamiento jurídico peruano le prohibiera al administrado aportar medios probatorios posteriormente (dentro de la consecución del procedimiento) pues, si el ordenamiento jurídico amparará dicho argumento inicuo, no tendría sentido otorgar plazos al administrado para que realice descargos o presente los recursos impugnatorios que considere pertinentes. iv. La Sub Intendencia de Sanción N° 4, omite arbitrariamente que el conductor del vehículo conducía la unidad a una velocidad imprudente, a pesar de que tenía la suficiente experiencia (acreditada en los descargos presentados durante la etapa instructiva y sancionadora), es decir, era plenamente consciente que iba a una velocidad no permitida por el Instructivo de manejo seguro (de fecha 10 de octubre del 2017), y el Instructivo Uso de Vehículos (de fecha 13 de septiembre del 2017). v. La Autoridad Administrativa Sancionadora intenta desconocer que tal hecho propio (la conducción de manera temeraria) ha sido la causa inmediata del accidente, pretendiendo excluir este hecho relevante que le permite al administrado acreditar que existe una ruptura del nexo causal, pues la autoridad administrativa sancionadora intencionalmente dejó de lado nuevamente, en la resolución que se impugna, que en el acta de infracción, cuando se describió el accidente, se estableció como el agente causante del accidente: “la velocidad en pendiente”. Esto, para el ordenamiento jurídico significa la fractura del nexo causal, dado que el artículo 1972 del código civil (el cual, para el caso concreto de la determinación de la responsabilidad se aplica supletoriamente), contempla que la relación de causalidad puede fracturarse y, por lo tanto, reconducir el daño a otra causa en cuatro supuestos legalmente previstos: a) el caso fortuito, b) la fuerza mayor, c) el hecho determinante de un tercero y d) la imprudencia de la propia víctima. vi. El literal a) del artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa que el empleador posee la obligación de “garantizar la seguridad y la salud de los

trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo”, cumpliendo el administrado con garantizarle al trabajador, a través de las directivas sobre seguridad y salud en el trabajo, toda la información y capacitación necesaria (además de la que ya contaba) para que pudiese cumplir con sus labores, no solo de una manera eficiente sino también diligente. Sin embargo, el conductor afectado incumplió con las directivas de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, regulados en el “Instructivo de manejo seguro” (de fecha 10 de octubre del 2017), el “Instructivo Uso de Vehículos” (de fecha 13 de septiembre del 2017), el Procedimiento de manejo defensivo, contraviniendo con sus obligaciones establecidas en el artículo 79 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante, LSST). Al respecto, la Autoridad Administrativa Sancionadora no se pronuncia sobre ello e intenta evadir este hecho determinante con la única finalidad de atribuirle la responsabilidad del accidente al administrado, pese a que el nexo causal se ha roto. vii. La autoridad Administrativa vulnera el Principio a la Debida Motivación, porque no desarrolla los elementos de la responsabilidad civil y tampoco se pronuncia sobre el desarrollo de cada elemento que sí se analizó para el caso en concreto en el recurso de reconsideración (y respecto del cual, tampoco se pronunciaron), análisis que se vuelve a presentar con la finalidad de que el superior jerárquico si se pronuncie sobre ello, pues es fundamental para determinar la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, establecer si la causa determinante es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, por lo que, se analiza a continuación los elementos de la responsabilidad. viii. La imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de SST.

i. Sobre el alegato que la causa del accidente está referida al descuido del trabajador, ello constituye una apreciación de la inspeccionada, lo cual no desvirtúa lo constatado por el personal inspectivo en el desarrollo de las actuaciones inspectivas; tanto más si se determinó que los incumplimientos detectados, relacionado a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos y Procedimiento de Trabajo Seguro, fue causa del accidente del trabajo del señor (…) Valdez (…) . Por ende, aun cuando haya existido factores personales, ello no ha sido la única causa que concurrió para la existencia del accidente laboral; sin perjuicio de ello, cabe mencionar que, en virtud al principio de responsabilidad, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes.

2 Notificada a la impugnante el 07 de noviembre de 2022, véase a folios 186 del expediente administrativo sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE FELECIN INGENIEROS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1826-2022-SUNAFIL/ILM señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha vulnerado el derecho de defensa y al debido procedimiento, ya que la recurrida no ha cumplido con evaluar los nuevos medios probatorios presentados. Así, se presentó el Informe Técnico N° 006-DIVPOL-SU/DUE/UPIAT de fecha 23 de febrero del 2018, elaborado por la Unidad de Prevención e investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú (Macro Región Policía Piura — Tumbes), con la finalidad de que la Autoridad Administrativa de Trabajo pudiese evaluar, valorar y analizar el mismo, dado que, con dicho medio probatorio se acredita que: “El vehículo había sido desplazado a una velocidad tal que, para las circunstancias del momento, resultó inapropiado; ya que, es evidente que su conductor, en un momento dado de su aproximación a la zona de conflicto, no logra maniobrar y/o controlar la unidad en forma oportuna y eficaz”.

ii. Se realiza una motivación aparente al “valorar” el nuevo medio probatorio indicando que la conducta del trabajador no fue la única causa que contribuyó para la existencia del accidente laboral, por lo que, bajo el principio de responsabilidad, es el empleador quien asume las implicancias del hecho, si o si del accidente o enfermedad que pueda sufrir el trabajador. Sin embargo, ello es prácticamente un razonamiento “iuris et de iure”, que no admite prueba en contrario, ya que si para la Autoridad Administrativa de Trabajo el empleador es el responsable sin importar los medios de defensa que este pueda aportar y los descargos que pueda realizar, entonces no tendría sentido hacerlo parte de un procedimiento sancionador si ya desde el inicio de las actuaciones inspectivas se le considerará como infractor. iii. La Autoridad Administrativa de Trabajo debió acreditar la relación causa — efecto pues, de existir ruptura del nexo causal, esto es, que el accidente ocurriera como consecuencia de la negligencia del trabajador (conducir a exceso de velocidad, lo cual, no estaba permitido), no sería posible imputarles responsabilidad. Sin embargo, para ello, resultaba trascendental que la Autoridad Administrativa de Trabajo hubiese podido valorar todos los medios probatorios aportados conforme a las garantías y disposiciones del ordenamiento jurídico peruano y no realizar una interpretación genérica. En el presente caso, se ha desconocido medios probatorios aportados por el administrado (Instructivo de manejo seguro” de fecha 10 de octubre del 2017 y el “Instructivo Uso de Vehículos” de fecha 13 de septiembre del 2017) y le ha restado el valor probatorio al Informe Técnico N° 006-DIVPOLSU/DUE/UPIAT, de fecha 23 de febrero del 2018, con la única finalidad de atribuirle al impugnante la responsabilidad por el accidente. Ello, pese a que, existe la prueba irrefutable de que el señor conducía la unidad fuera de los límites permitidos, de lo exigido en el Instructivo de manejo seguro y de Uso de vehículos, pese a encontrarse debidamente capacitado, pese a haber tenido amplia experiencia (pues el ex trabajador inició su relación laboral con FELECIN INGENIEROS S.A.C el 06 de mayo de 2014) y pese a que, en todo momento, fue consciente que su actuar era temerario pues no era la primera vez que realizaba sus actividades laborales en dicha zona. iv. Se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad, ya que durante la consecución del procedimiento administrativo, a pesar que FELECIN INGENIEROS S.A.C presentó diversos medios probatorios durante la consecución del procedimiento administrativo, sólo respecto al medio probatorio “Instructivo de manejo seguro” de fecha 10 de octubre del 2017 y el “Instructivo Uso de Vehículos” de fecha 13 de septiembre del 2017, la Autoridad Administrativa de Trabajo decidió arbitrariamente desconocerlos pues fueron presentados “recién” por el sujeto inspeccionado ante la autoridad instructora, y no durante las actuaciones inspectivas. Se vulnera su Derecho a la Defensa y el Principio de Presunción de veracidad preceptuado pues, dicha autoridad, más allá de justificar su decisión en la etapa en que fueron presentados los medios probatorios, jamás desvirtuó con medios probatorios la validez de los mismos. v. Se ha efectuado una interpretación errada del numeral 10 del artículo 28 del RLGIT, pues no se ha valorado, de manera adecuada, las pruebas aportadas al procedimiento, lo que ha ocasionado la incorrecta aplicación e interpretación del numeral 10 del artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Con el Informe Técnico N° 006-DIVPOL-SU/DUE/UPIAT, de fecha 23 de febrero del 2018, se acreditó, de manera categórica, que lo que ocasionó el accidente de trabajo fue el hecho que el trabajador condujera la unidad con exceso de velocidad; empero, la Autoridad Administrativa de Trabajo “realiza” una motivación aparente pues “valora” dicho Informe Técnico de una manera sesgada. La conducción temeraria del extrabajador, configura un supuesto de ruptura de nexo causal; sin embargo, la AAT no lo ha tenido en cuenta y lo ha desconocido durante

toda la consecución del procedimiento administrativo; es más, se limita a decir que los fundamentos del Recurso de Apelación son repetitivos, pero en ningún extremo profundiza sobre el Informe Técnico, solo REITERA que ya se pronunciaron en la resolución apelada y que por lo tanto, no procede realizar una reevaluación sobre la configuración del evento dañoso. vi. Al haberse acreditado con el Informe Técnico que el accidente de trabajo se encuentra relacionado al descuido del propio trabajador, se quiebra el nexo causal de responsabilidad administrativa, considerando que el ex trabajador, además de ser un profesional debidamente capacitado, también contaba con la experiencia de campo que le permitía poder realizar la labor de conductor de grúa. vii. Se ha inaplicado el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, vinculado con el principio de culpabilidad en el procedimiento sancionador y se presume la responsabilidad objetiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

reportar una multiplicidad de orígenes, por lo que la multicausalidad no puede destacarse de forma apriorística.

i. El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii. Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”11.

iii. La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en

9 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 10 Casación N° 18190-2016 Lima. 11 Casación N° 4321-2015 Callao.

segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv. Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo12.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190-2016-LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro

12 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL publicada en el Diario El Peruano, el 18 de agosto de 2022, en el cual se establece:

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”13. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la

13 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

esta Sala observa que, en relación con el “Instructivo Manejo Seguro”14, de fecha 10 de octubre de 2017, y respecto al “Instructivo Uso de Vehículos”15 de fecha 13 de septiembre de 2017, el fundamento 24 de la Resolución de Sub Intendencia N° 417-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, desestima la idoneidad de los mismos argumentando que estos “(…) no fueron presentados en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, sino recién fueron presentados ante la autoridad instructora”.

14 Véase los folios 20 a 22 del expediente administrativo sancionador. 15 De folios 17 a 19 vuelta del expediente administrativo sancionador.

16 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el

razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis añadido)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FELECIN INGENIEROS S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 417-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 31 de marzo de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 649-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 417-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 31 de marzo de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.41 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a FELECIN INGENIEROS S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250827RZR – HR 84467-2017