Farfan Encalada María Engracia — Res. 643-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Subgrupo materia: Incumplimiento (s) en materia de SST que cause daño a la salud de trabajador), Equipos de protección personal (Subgrupo materia: Incluye todas), Identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Subgrupo materia: Prevención de riesgos) y; Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Subgrupo materia: incluye todas). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativa a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), que ocasionó el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 3,388.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a los Equipos de protección personal, que ocasionó el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 3,388.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a la Formación e información, que ocasionó el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 3,388.00.

i. El personal inspectivo establece erróneamente el inicio del vínculo laboral, conforme el Acta de Infracción se señala 01 de febrero de 2021 y no se toma en cuenta que antes de dicha fecha el trabajador accidentad ya prestaba servicios. ii. Resulta errada la tipificación del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sobre la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), Equipos de protección personal y Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la IPER, manifiesta que la materia es contar o no con un IPER, no existiendo nexo causal entre la no actualización del IPER y el accidente de trabajo;

también, sobre los equipos de protección personal, señala que no es lo mismo la no entrega que no contar con un registro de entrega; finalmente, con respecto a la formación e información, indica que el personal inspectivo cuestiona la inexistencia del registro que es distinto a la materia de formación, lo cual se acredita con cualquier documento y no necesariamente con el registro. iii. El Acta de Infracción no contiene lo requerido en el artículo 54 del RLGIT, citando en específico la sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos y, la responsabilidad que se imputa con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. iv. Por los argumentos expuesto, solicita la nulidad del Acta de Infracción y la resolución de primera instancia.

i. Con relación a la vulneración del debido procedimiento y derecho de defensa al no comunicar de las materias a fiscalizar ni la ampliación de materias: La incorporación de la última materia ha sido refrendada de acuerdo a lo regulado por ley, no existiendo exigencia en nuestra ley especial de notificar dicha ampliación al administrado, salvo la ampliación de plazos cuyo trámite se encuentra regulado en el numeral 13.4 del artículo 13 del RLGIT; por lo que, el procedimiento inspectivo se

2 Notificada a la impugnante el 29 de abril de 2022. 3 Notificada a la impugnante el 22 de mayo de 2023.

efectuó acorde a ley, al no existir una ampliación de plazos que deba ser notificada, no habiéndose vulnerado el debido procedimiento ni el derecho de defensa del administrado. Asimismo, menciona que, el desarrollo de las actuaciones inspectivas se encuentra regulado en el artículo 13 de la LGIT, concordante con el artículo 13 del RLGIT, verificándose que no existe exigencia legal de notificar la orden de inspección que contiene las materias a inspeccionar al sujeto inspeccionado, sin perjuicio de ponerles a conocimiento de la misma ante la solicitud del administrado, siendo que lo que sí resulta exigible es que el personal inspectivo se identifique con la credencial respectiva, conforme el artículo 5 y 28 de la LGIT y, en la praxis, en el despliegue de las actuaciones inspectivas, el personal inspectivo pone en conocimiento del sujeto inspeccionado sobre las materias a investigar desde las primeras actuaciones inspectivas, hecho que no ha sido refutado durante toda la etapa inspectiva. Es así que, se verifica de la revisión del expediente de inspección que obran documentos presentados por el sujeto inspeccionado vía casilla electrónica; también, obran constancias de actuaciones inspectivas suscritas por la administradora del sujeto inspeccionado y, en ninguno de ellos el sujeto inspeccionado deja constancia de solicitud de las materias a fiscalizar o el desconocimiento de las mismas o, la negativa del personal inspectivo de brindar dicha información ante su pedido, llevando toda la etapa inspectiva sin observación alguna. ii. Hace mención a que el punto 6.5.3 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, contempla el supuesto en que el personal inspectivo actúa solicitando el refrendo respectivo al directivo competente, siendo en el caso en particular, esto es, la Intendencia Regional de Apurímac, el Subintendente de Fiscalización e Instrucción, antes Subintendente de Actuación Inspectiva, el directivo competente, figura que es totalmente diferencia a la segunda parte del subnumeral 6.5.3, dado que se refiere en el caso de que el personal inspectivo se encuentre imposibilitado de actuar dentro de los plazos de la orden de inspección asignada, siendo aplicable lo dispuesto en los subnumerales 6.5.4 y 6.5.5 de la referida directiva iii. Con relación a que el personal inspectivo estableció de forma errónea el inicio del vínculo laboral del trabajador afectado: En el expediente investigatorio obra un recibo de fecha 19 de enero de 2021, por concepto de Pago enero 19 días trabajados y 5 días de descanso pagados y el monto de S/775.00, pero dicho documento no acredita de forma fehaciente la existencia de un vínculo laboral a dicha fecha, y mucho menos acredita la impartición de formación e información o capacitación como lo afirma la impugnante. Precisa que, el personal inspectivo no sólo deja constancia de la fecha de inicio y cese del trabajador afectado, sino que éste cita la fuente de dicha conclusión, esto es, para la fecha de inicio invoca el contrato de personal y, para la fecha de cese invoca la carta de despido del citado trabajador, conclusiones que no han sido desvirtuadas por la impugnante. iv. Sobre la tipificación errada de las infracciones por IPER, Equipos de protección personal y formación e información en seguridad y salud en el trabajo:

− IPER: Conforme el punto 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción, verifica que la infracción ha sido debidamente tipificada dentro de los alcances del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, toda vez que, se ha expuesto desde la notificación del Anexo de Hechos Insubsanables la causalidad de la ocurrencia del accidente de trabajo, expresando que la falta de acción de no actualizar la IPER conforme a ley, intervino en la ocurrencia del accidente de trabajo analizado, concluyéndose con una causalidad correcta entre la no actualización del IPER y el accidente acaecido. Agrega

que, la ley de la materia establece una temporalidad para la actualización e implementación de dicho documento de gestión, por cuanto, así no existan hechos extraordinarios que ameriten una actualización del mismo, éste debe efectuarse cada año. − Equipos de protección personal: De conformidad con el punto 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se verifica que, la infracción ha sido debidamente tipificada dentro de los alcances del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, toda vez que, de la lectura del Acta de Infracción que contiene los hechos fácticos, constitutivos de infracción, se aprecia que, se describe de forma clara las consecuencias de no haber entregado los equipos de protección personal adecuados y de forma oportuna al trabajador afectado, verificándose además que la conducta observada es la no entrega y no la implementación de registro, máxime si de las normas sustantivas citadas, tanto en el Anexo de los Hechos Insubsanables como en el Acta de Infracción se aprecia aquella que obliga a la entrega de equipos de protección personal y no sobre el registro. Por otro lado, si bien en autos obran imágenes sobre el cartel de Uso obligatorio de equipo de protección personal; sin embargo, dicho cartel no acredita la entrega oportuna a favor del trabajador afectado, antes de la ocurrencia del accidente de trabajo; asimismo, dicho cartel no desvirtúa la infracción en dicho extremo, debido a que no constituye un cargo de entrega y/o recepción por parte del trabajador. − Formación e información: Acorde al punto 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se verifica que la infracción ha sido debidamente tipificada dentro de los alcances del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, toda vez que, de la lectura del Acta de Infracción que contienen los hechos constitutivos de infracción se aprecia que describen, de forma clara, la evaluación de las manifestaciones y documentos recabados en la etapa inspectiva, y las razones por las cuales no desvirtúa la infracción detectada, verificándose además que en todo momento la conducta observada es la falta de capacitación, formación e información y no la implementación del registro, máxime si de las normas sustantivas citadas tanto en el Anexo de los Hechos Insubsanables como en el Acta de Infracción se aprecia aquella que exige la impartición de capacitaciones.

v. En cuanto a que el Acta de Infracción no contiene lo requerido en el artículo 54 del RLGIT: En el Acta de Infracción se aprecia que en su acápite V. se detalla la graduación de la multa con especificación de su cuantificación y criterios utilizados, asimismo, en el acápite IV se describen cuáles son los hechos constitutivos de infracción, con su fundamento fáctico y jurídico. A mayor abundamiento, se observa que el personal

inspectivo deja constancia de todo el análisis de la investigación del accidente de trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Farfan Encalada Maria Engracia

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-APU, señalando los siguientes alegatos:

i. Vulneración del debido procedimiento y el derecho de defensa: La Resolución de Intendencia N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-APU incurre en los mismos vicios de la Resolución de Intendencia N° 038-2022-SUNAFIL/IRE-APURÍMAC, toda vez que, persiste en el argumento de que no es una exigencia administrativa notificar con ampliación alguna al administrado, hecho que materializa una motivación aparente, dado que el personal inspectivo no ha seguido el debido procedimiento, para obtener la ampliación de las materias que fue objeto de sanción, tampoco éste ha informado cuáles serían las materias objeto de fiscalización ni la duración de la investigación; consecuentemente, de forma errónea, ha establecido el inicio del vínculo laboral, conforme el Acta de

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Infracción cuya nulidad ha sido deducida y fue resuelta como improcedente y no ha lugar, conforme la Resolución N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-APU. ii. Con relación al argumento de la resolución impugnada, de que no existe exigencia legal de notificar al sujeto inspeccionado la orden de inspección, que contiene las materias objeto de fiscalización, se tiene que, cuando se efectuó la fiscalización se encontraba vigente la Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL que aprobaba la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva; por lo que, al momento de tomar conocimiento del expediente coligieron que las materias objeto de inspección y el plazo de la investigación no fueron puestas en conocimiento oportunamente, es más, en ninguna etapa de la fiscalización, materializándose una suerte de transgresión al derecho de defensa. iii. La resolución impugnada no ha tomado en cuenta los extremos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.6.10 y 6.11 de la Resolución N° 406-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, consistente en el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que debe aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas se encuentren en condiciones de defenderse, adecuadamente, sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos, conforme la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 04289-2004-AA. iv. En seria transgresión del principio de legalidad, la resolución impugnada ha señalado que el procedimiento inspectivo se efectuó acorde a ley, sin tomar en cuenta el informe del personal inspectivo de fecha 24 de junio de 2021 (a fojas 26 del expediente investigatorio), que no se encuentra visado por el supervisor inspector, sino la Subintendencia de Actuación Inspectiva – SIAI es quien emite el visto bueno y no el supervisor, lo que ha transgredido la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, que regula el supuesto de ampliación de materias en la orden de inspección originaria, conforme el punto 6.5.3 y 6.5.4 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII. A mayor abundamiento, indica que, el referido informe no tiene como asunto o no se solicita expresamente la ampliación de las nuevas materias en la orden de inspección originaria, sino que como asunto a dicho informe fue “se incorporen materias inspectivas”, influyendo de alguna forma en la decisión de la Subintendencia de Actuación Inspectiva – SIAI respecto a cuál sería la forma de proceder; además, conforme la referida directiva, el informe del personal inspectivo debe contemplar la explicación de las circunstancias y la forma en que habría tomado conocimiento de los hechos nuevos, lo que no ha sucedido en el presente procedimiento. v. No se ha establecido de forma clara la infracción que corresponde al vínculo laboral del trabajador, dado que precisa fechas como 01 de febrero de 2021 y 23 de diciembre de 2020 en que mantendría vínculo con su representada, hecho que resulta importante porque el personal inspectivo indica que el inicio del vínculo laboral sería el 01 de

febrero de 2021 y el accidente fue el 11 de febrero de 2021; por lo que, determinó que el accidente fue por falta de capacitación o pericia del trabajador; sin embargo, ello contradice la realidad de los hechos, debido a que el trabajador sí fue capacitado respecto de su puesto de trabajo, sin perjuicio de que en la cláusula primera de su contrato de trabajo, el trabajador indica que tenía conocimiento y experiencia en la labor que iba a desempeñar; por lo que, estos hechos no han sido debidamente motivados por la resolución impugnada; por tanto, se incurre en un vicio insubsanable que motiva su nulidad. vi. Sobre los incumplimientos que ocasionó el accidente: El personal inspectivo determinó que lo que ocasionó el accidente son: No entregar equipos de protección personal, no haber formado e informado de manera específica al trabajador y no haber actualizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

− Con relación a la entrega de equipos de protección personal, aclara que existen otras formas de acreditarla, ya que no sólo se basa en plasmar la entrega en el registro respectivo, ya que esa exigencia corresponde a la materia de Registro de Equipos de seguridad o emergencia, la misma que no ha sido invocada en la orden de inspección y que se diferencia de la materia que fue objeto de fiscalización, es decir, la materia de equipos de protección personal. También, hace referencia a que se pudo verificar la entrega con la visita inopinada que efectuó el personal inspectivo al centro de trabajo, donde ocurrió el accidente; asimismo, acorde a las fotos tomadas por el personal inspectivo, se visualiza que los equipos de protección personal se encuentran al alcance y disposición de los trabajadores. Por consiguiente, sí cumplieron con la obligación relativa a la materia de equipos de protección personal; por lo que, pretender sostener que no es lo mismo la no entrega que no contar con un registro de entrega, así como que habría habido consecuencias por no entregarse los equipos de protección personal de forma oportuna, relacionada con lo indicado en el Acta de Infracción; resulta ser evidencia de un subjetivismo para imponer sanción que ha todas luces no tiene prueba. − Precisa que, en ninguno de los extremos de la resolución de Intendencia N° 077- 2023 existe motivación alguna, pese a que se encuentra fundamentado en el recurso de apelación que el personal inspectivo no ha señalado que la impugnante, por su condición de pequeña empresa, no se encuentra obligada a llevar los registros generales detallados en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, el RSST), siendo que lo aplicable es la Resolución Ministerial N° 085- 2013-TR en cuyo contenido se prevé que las pequeñas empresas no están obligadas a llevar este registro; por lo que, el personal inspectivo incurrió en error al requerir un documento del que no se encontraba obligada. − Con relación a la materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): El personal inspectivo no ha establecido el nexo causal entre el incumplimiento y el accidente de tránsito. La resolución impugnada concluye en la existencia de causalidad entre la no actualización del IPER y el accidente acaecido; sin embargo, lo que no se ha tomado en cuenta es que la Matriz IPER va a seguir siendo el mismo, por ser la misma máquina y la misma forma de manipularla, es decir, la tarea,

acabados, corte, encuadernado; en consecuencia, existe motivación insuficiente cuando se pretende establecer que la no actualización todo el IPER es causa directa del accidente de trabajo. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la vulneración del debido procedimiento, derecho de defensa y principio de legalidad al no comunicar de las materias a fiscalizar ni la ampliación de las materias 6.1. Las actuaciones inspectivas del presente caso se desarrollaron bajo los alcances de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL. En ese sentido, mediante el documento denominado INFORME Nro. 475-2021-NADT de fecha 24 de junio de 2021, de su contenido íntegro se advierte que, expresamente, el personal inspectivo solicitó la incorporación de la materia de Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo.

inspección, conozcan hechos que guarden relación con la orden recibida o puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico vigente.”, concordante con el numeral 9.2 del artículo 9 del RLGIT que establece: “El inicio de actuaciones inspectivas, a iniciativa de los inspectores o de los equipos de inspección designados, que sólo podrán llevarse a cabo en los casos prescritos en el literal e) del artículo 12 de la Ley y el literal d) del artículo 8.4 del presente Reglamento, debe ser refrendada por el directivo competente de la Inspección del Trabajo mediante la posterior expedición de la correspondiente orden de inspección y su inclusión en el sistema de registro de órdenes de inspección”.

Sobre el accidente de trabajo: 6.8. El glosario de términos del RSST, define al accidente de trabajo como:

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 6.9. Las actuaciones inspectivas se desarrollaron con el fin de investigar el accidente de trabajo ocurrido, respecto del cual el personal inspectivo verificó que:

“(…) El día 11 de febrero de 2021 a las 10:30 aproximadamente, en circunstancias que el trabajador (…) realizaba el reperfilamiento de papel en la máquina cortadora de papel eléctrica en el equipo marca Schneider- Cónsul 85, es que al momento de sujetar el papel con la mano izquierda para reperfilarlo, accionó el pedal deprensado que se encuentra en la parte inferior de la máquina, ocasionando que la prensa aplaste contra el papel tres dedos (índice, medio y pulgar) de la mano izquierda, resultando el más afectado el dedo de la mano izquierda del trabajador que de acuerdo al informe radiológico y certificado médico de fecha 17 de julio de 2021 (…) produjo el desprendimiento óseo a nivel de la porción distal de la falange distal del 1er. dedo del trabajador. ”

“Causas inmediatas: - Actos sub estándar: Manejo inadecuado del equipo de reperfilamiento del papel porque el trabajador accionó el pedal de prensado sin haber culminado de colocarlo en la plataforma de cortado." - Condiciones sub estándar: Equipo de protección personal faltante (guante). La matriz IPERC se encuentra desactualizada en el Sub Proceso: Imprenta; Actividad: Diseño e impresión; Tarea: Acabados, corte, encuadernado; Peligro: Guillotina de Corte y el Riesgo: Atrapamiento, aplastamiento de manos con la consecuencia de lesiones a manos, mutilación de dedos, y que determinó como medida de control: No exponer las manos a partes móviles y como control de ingeniería: verificar que los equipos cuenten con guardas de protección en las partes móviles. No implementó el Procedimiento de Trabajo Seguro (PETS) que se encuentra detallado en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente el numeral 3.4 Control de documentos, sub numeral 3.4.1 Procedimientos de trabajo seguro (PETS)

Causas Básicas: - Factor personal: Inexistente formación e información respecto al control de los riesgos relacionados al reperfilamiento del papel al utilizar el equipo cortador (guillotina de corte). - Factor de Trabajo: o No se identificó

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual). ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”11 iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo. iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo.12

10 Casación N° 18190-2016 Lima 11 Casación N° 4321-2015 Callao 12 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

i. Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii. Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii. Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“Octavo (…) 9. La relación causal en los accidentes de trabajo: (…) En el campo laboral la relación causal exige en primer lugar la existencia de vínculo laboral y en segundo lugar que el accidente de trabajo que cause daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo o con ocasión del mismo. (…) Noveno. - Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (…) Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo".”

Sobre la formación e información en seguridad y salud en el trabajo 6.18. Al respecto, los artículos 27, 27-A y 29 del RLSST13, establecen el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, que se entiende por capacitación a la actividad “que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”

13 RLSST, Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos 14 Artículo IV del Título Preliminar de la LSST

quedado acreditado la existencia de vínculo laboral entre el trabajador y el entonces sujeto inspeccionado, teniendo en cuenta que, con el sustento debido, el personal inspectivo ha determinado la existencia de una relación laboral desde el 01 de febrero de 2021. Asimismo, se hace referencia a que en el contrato de trabajo, por parte del trabajador se indica que tenía los conocimientos y experiencia; sin embargo, ello no resulta ser suficiente como para olvidarse del deber de protección que emana del contrato de trabajo, el que tiene su fundamento en la puesta a disposición del trabajador al empleador, para que use su fuerza de trabajo, física y/o intelectual, a cambio de una retribución; en ese sentido, ponerse el trabajador a disposición de su empleador, le otorga a éste último que determine la manera en que se organiza la actividad, generando el mayor o menor riesgo a los que expone al trabajador en un determinado puesto de trabajo, correspondiendo al empleador controlar dichos riesgos; por lo que, en atención al principio de prevención y el principio de información y capacitación, el empleador debe de proporcionar a los trabajadores los conocimientos y habilidades necesarios para realizar su trabajo de manera segura, evitando riesgos y promoviendo una cultura preventiva.

Sobre la obligación del empleador de entregar los equipos de protección personal (EPP)

15 Conceptos recogidos del Glosario de términos prescritos en el RLSST.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”16. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

16 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes.

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

17 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348”.

de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

18 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 19 J. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405.

Sobre la obligación relativa a la materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo 6.48. En principio, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal,

en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.55. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material20.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

20 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 21 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 22 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

23 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 24 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo25.

25 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido). Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”(énfasis añadido).

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”26, señalándose de manera expresa que:

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 27.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”28. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

26 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 27 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 28 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

como con sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o la o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso”; por lo que, considerando la fecha de dicha matriz y la del accidente de trabajo (11 de febrero de 2021), concluye que al no haberse actualizado la matriz IPERC exhibida ha contribuido en la ocurrencia del accidente de trabajo investigado, porque, definitivamente, los riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador varían de acuerdo a la dinámica de ejecución de las labores ejecutadas por el trabajador.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) (…).

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a la Formación e información, que ocasionó el accidente de trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por FARFAN ENCALADA MARIA ENGRACIA en contra de la Resolución de Intendencia N° 0077-2023- SUNAFIL/IRE-APU de fecha 19 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 246-2021-SUNAFIL/IRE-APU por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 062-2022- SUNAFIL/IRE-APU/SIRE, de fecha 23 de febrero de 2022, en el extremo referido a una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativa a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador en dichos extremos, conforme a lo señalado en los numerales 6.47 al 6.93 de la presente resolución. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 062-2022- SUNAFIL/IRE-APU/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativa a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Intendencia N°0077-2023-SUNAFIL/IRE-APU, únicamente en el extremo referido a la infracción calificada como MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a los Equipos de protección personal, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. QUINTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-APU en el extremo de la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajador, relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a la Formación e información, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

SEXTO. -Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Apurímac, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.94 de la presente resolución.

SÉTIMO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto a los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo relativo a la Formación e información y a los Equipos de protección personal, cada una tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del mismo cuerpo normativo.

OCTAVO. - Notificar la presente resolución a FARFAN ENCALADA MARIA ENGRACIA y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

NOVENO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250611SPDC- HR: 80016-2021