Empresa Municipal Agua Potable y ALC — Res. 688-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materias: registro de accidente de trabajo e incidentes; registro de exámenes médicos ocupacionales; registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos; reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (sub materia: incumplimiento(s) en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial), equipos de protección personal (sub materia: incluye todas), formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (sub materia: incluye todas), seguro complementario de trabajo de riesgo (sub materia: cobertura en invalidez-sepelio), identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) (sub materia: prevención de riesgos). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

materia de seguridad y salud en el trabajo; así como, por la comisión de una (01) infracción a la labor inspectiva, en mérito a la investigación del accidente de trabajo mortal del trabajador José Julio Aquije Palacios.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo – cobertura de invalidez – sepelio; tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómico, en perjuicio de un (01) trabajador; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de contar con el registro de accidente e incidente de trabajo, en perjuicio de un (01) trabajador; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no implementar un Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST), en perjuicio de un (01) trabajador; tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo mortal respecto a la falta de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, en perjuicio de doscientos once (211) trabajadores; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 118,615.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo mortal respecto al incumplimiento de contar con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos conforme a ley, en perjuicio de doscientos once (211) trabajadores; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 118,615.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo mortal respecto al incumplimiento de la entrega de equipos de protección personal, en perjuicio de doscientos once (211) trabajadores; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 118,615.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de contar con los registros de exámenes médicos ocupacionales, en perjuicio de un (01) trabajador; tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 02 de septiembre de 2020, en perjuicio de un (01) trabajador, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Que, conforme es de verse del acta de infracción, el ente fiscalizador (Sub Intendencia de actuaciones inspectivas - Ica) da inicio a las actuaciones de investigación mediante la comprobación de datos (ver folios 1 – rubro medios de investigación N° 1 – comprobación de Datos) de fecha 26 de febrero del 2020, culminando estas actuaciones con la emisión de la referida acta, con fecha 08 de septiembre del 2020. ii. Siendo así, el inciso 13.3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley General de Inspección de trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 020-2019-TR, publicado el 24 de diciembre de 2019; señala que “(…) las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo señalado en las ordenes de inspección. El plazo máximo de treinta (30)

días hábiles a que se refiere el artículo 13 de la Ley, se computa desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas. En el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, las actuaciones de investigación o comprobatorias deben culminar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, prorrogables por única vez hasta por el mismo plazo (…)”, en consecuencia, se tiene que la autoridad administrativa, no ha cumplido con efectuar dichas actuaciones de investigación dentro del plazo que señala la Ley, pues dicho plazo vencía el día 11 de marzo del 2020; lo cual es una clara muestra de la vulneración al debido procedimiento, al encontrarse acreditado un exceso en el plazo de actuaciones de investigación; especialmente la aplicación arbitraria, irracional e ilegal de los plazos que establece la Ley. iii. En el mismo sentido, señala que su representada con fecha 03 de marzo del 2019, aportó documentación requerida entre la cual se anexó, el documento denominado Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 99-2015-GG-EPS EMAPICA S.A. Sin embargo, el ente fiscalizador (SUB INTENDENCIA DE ACTUACIONES INSPECTIVAS – ICA), en el acto resolutivo materia de la presente en el cuadro N° 01 –sanciones, señala como conducta infractora el hecho de que su representada no contara con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo; no obstante, pese a haber cumplido con lo requerido, se le está sancionando por una presunta infracción que en su debida oportunidad fue presentado. iv. Sin perjuicio de lo señalado, refiere que el ente fiscalizador al ejercer su potestad sancionadora, debe valorar una serie de circunstancias vinculadas al caso concreto que le permitan determinar si se ha configurado un supuesto de exclusión de responsabilidad (condiciones eximentes) o un supuesto de reducción de la sanción aplicada (condiciones atenuantes) en los casos en que así corresponda; así tenemos que, el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece como condición atenuante el reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor de forma expresa y por escrito, debiéndose de reducir la multa a imponérsele hasta no menos de la mitad del monto de su importe. v. Que, mediante escrito de fecha 19 de agosto del 2021, su representada en un primer momento acepta el incumplimiento, por la cual se les está sancionando; sin embargo, al momento de expedir la resolución materia de apelación, no se ha tenido en cuenta lo establecido en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444; toda vez, que no se ha cumplido con reducir a la mitad el monto de las multas impuestas; por lo que también, no solo se observa una clara vulneración del derecho a un debido procedimiento, sino también la obligación de imponer sanciones por parte del ente fiscalizador en estricta observancia de la ley, es decir una correcta motivación de su resolución.

i. Que, obra en autos el cuadro de la red de causalidad en donde, entre otras cosas, se narra los datos del accidente de trabajo mortal ocurridos a las 09:10 horas del día 23 de febrero de 2020, en perjuicio del Sr. José Julio Aquije Palacios, siendo la causa básica del fallecimiento inhalación por ingestión o absorción de sustancias

2 Notificada a la impugnante el 22 de junio de 2022.

nocivas, ello en el desarrollo de sus funciones como obrero de redes de la inspeccionada. ii. Estando ante los hechos suscitados, descritos en el numeral 4.16 de los hechos constatados del acta de infracción, como a los medios de prueba obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, y del expediente sancionador, que forman parte de un mismo cuerpo de comprensión, se tiene pues que el hecho suscitado el día 23 de febrero de 2020 cuando el trabajador afectado se encontraba realizando el desmontaje de la bomba con la finalidad de expulsar los sólidos retenidos en la válvula, es cuando inició a salir agua y el trabajador ya se habría desvanecido llegando el agua a cubrirlo completamente, hecho considerado como un accidente de trabajo, que causó la muerte del trabajador afectado. iii. Ahora bien, la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/INII, señala que el accidente mortal, es todo suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador; y como efectivamente lo ha descrito el inspector comisionado en la red de causalidad, se está frente a un accidente de trabajo que produjo la muerte de uno de los trabajadores de la inspeccionada. Sobre lo delineado, téngase presente que lo relevante no es la conducta del trabajador afectado, sino la existencia de condiciones inseguras que propiciaron el accidente de trabajo, lo cual se encuentra asentado en la red de causalidad. iv. En ese sentido, se advierte de los descargos presentados frente al informe final de instrucción que la inspeccionada no ha presentado argumentación referente al cuestionamiento del plazo de la orden de inspección, como sí lo está realizando ahora en su escrito venida en alzada, por tanto se tiene en evidencia que el inferior en grado fundamentó su decisión conforme a los hechos de prueba obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas y además de ello cumplió con pronunciarse sobre cada uno de los cuestionamientos planteados por la inspeccionada, los mismos que fueron objeto de pronunciamiento en el ítem de cuestión previa de la resolución venida en alzada. Por tales consideraciones, no existe una motivación aparente por parte del inferior en grado en la emisión de la resolución que impone sanción. v. En el caso de autos, se desprende del numeral 1.1 del artículo IV del Texto único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Principio de legalidad, que conlleva a que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le hayan sido atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que les fueron conferidas; lo cual conlleva a vigilar y garantizar el cumplimiento del Principio del Debido Procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del TUO de la LPAG. En tal sentido, con la publicación del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19, las mismas que

alcanzaron a los centros laborales, tal como se señala en el numeral 2.1.2. del artículo 2 de la referida norma; siendo dicho estado de emergencia, según Decreto Supremo N° 020-2020-SA, prorrogado por noventa (90) días calendarios adicionales, que, al computarse desde el 10 de junio de 2020, concluye el 8 de septiembre de 2020. Seguido a ello, el 15 de marzo de 2020, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se estableció la declaración del Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendarios dada las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, plazo que, ante las prórrogas sucesivas se encuentran vigentes hasta agosto 2022, conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se emitieron los Decretos de Urgencia N° 026- 2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en el Territorio Nacional (en adelante, DU 026-2020), y Decreto de Urgencia N° 029-2020, que dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana (en adelante, DU 029-2020), corresponde destacar la suspensión para el cómputo de plazos que tales dispositivos normativo establecieron. vi. Así las cosas, se advierte a todas luces el cumplimiento de los términos para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, habiendo tenido los inspectores comisionados un total de 20 días hábiles para el desarrollo de sus actuaciones, las mismas que iniciaron el 26 de febrero de 2020, culminando el 08 de septiembre de 2020, teniendo en consideración el periodo de suspensión de plazos (desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020) y además de ello el feriado regional (viernes 13 de marzo de 2020). En efecto, los argumentos esbozados en el recurso de apelación no desvirtúan la infracción en la que ha incurrido la inspeccionada, la cual ha sido debidamente determinada por los inspectores comisionados, siendo colegida por el inferior en grado. vii. Del accidente de trabajo acaecido, y de lo recogido por los inspectores comisionados como por la autoridad de primera instancia, se advirtieron los siguientes incumplimientos:

(I) Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo Sobre el presente incumplimiento, se tiene por advertido que el sujeto inspeccionado no acreditó contar con Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo conforme a ley (en adelante, RISST) por lo siguiente: • No acreditó haber establecido estándares de trabajo seguro para la realización de la labor mantenimiento de cámara de bombeo. • No acreditó haber adoptado las medidas necesarias en materia de primeros auxilios ante casos de intoxicación, exposición y/o envenenamiento por agentes químicos y/o biológicos. En ese sentido, si bien es cierto la inspeccionada acreditó tener un RISST, cierto es también que este último no se encontraba elaborado de acuerdo a ley, habiendo los inspectores comisionados observado las falencias antes detalladas. Al respecto de ello, el artículo 74 de la LSST establece que los empleadores con 20 o más trabajadores deben elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo con la siguiente estructura mínima de contenido: - Objetivos y alcances. - Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.

- Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. - Estándares de seguridad y salud en las operaciones. - Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. - Preparación y respuesta a emergencias. Bajo dichos alcances, se puede advertir que los inspectores comisionados han evidenciado la falta del requisito mínimo referido a “estándares de seguridad y salud en las operaciones”; en esa medida, al no estar implementado adecuadamente uno de los ítems que forman parte de la estructura que debe contener el RISST, se configura el incumplimiento de la inspeccionada. (II) Formación e información En este punto y conforme a lo recogido por los inspectores comisionados, la inspeccionada no acreditó haber brindado la formación e información en seguridad y salud en el trabajo a la fecha del accidente mortal, de acuerdo a ley, habiéndose observado las siguientes falencias: • No acreditó capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo durante los periodos de 2018 y 2019. • No acreditó haber brindado inducción. • No acreditó haber brindado capacitaciones en la labor específica respecto a: o Los peligros y riesgos asociados al mantenimiento de cámaras de bombeo. o Uso de equipos de protección personal. o Uso de herramientas entre otras relacionadas a la labor de mantenimiento de cámaras de bombeo. En atención a ello, precisa que tanto las organizaciones sindicales, como los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia; aunado a ello el artículo 35 de la LSST señala que el empleador debe realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. En tal sentido, el empleador debe garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.

(III) La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Se advierte que los inspectores comisionados luego de sus actuaciones inspectivas observaron que la inspeccionada no cumplió con haber desarrollado la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles (en adelante, IPERC), a la fecha de lo ocurrido el accidente de trabajo mortal a favor del trabajador afectado. En esa medida luego de la revisión de los documentos que obran en el expediente de actuaciones inspectivas se tiene que la inspeccionada no adjunta su matriz IPERC, habiendo incluso los inspectores comisionados dejado constancia de ello luego de la comparecencia llevada a cabo donde la inspeccionada no presenta la matriz IPERC. (IV) Equipos de protección personal. Al respecto, del desarrollo de sus actuaciones inspectivas, se logra apreciar que la inspeccionada no acreditó la entrega de los equipos de protección personal (en adelante, EPP) a favor de su trabajador afectado tales como: • Herramientas y equipos necesarios para su labor • Equipos de oxigeno • Detector de gases • Bomba sumergible (en caso sea necesario evacuar de las aguas servidas de la cámara). En ese entender, se evidencia que la inspeccionada no acreditó la entrega de los EPP a favor de su trabajador afectado, siendo responsabilidad de la inspeccionada garantizar las buenas y correctas condiciones de seguridad en su centro de trabajo, teniendo la obligación de hacer la entrega de los EPP que requieran sus trabajadores, máxime si las labores que realizan son de alto riesgo que pueden derivar a la muerte del trabajador, como ha sucedido en el presente caso. A mayor abundamiento, el artículo 60 de la LSST señala expresamente que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud, éste verifica el uso efectivo de los mismos. Así pues, los EPP son dispositivos, materiales e indumentarias personales destinadas a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud, y como es de verse en el presente caso lo exigido por el inspector comisionado es la entrega de los equipos de protección personal que deben brindar protección frente a los riesgos a los que se encontraba expuesto el trabajador afectado. (V) Registro de monitoreos ocupacionales. Sobre este punto, sostiene que la inspeccionada no acreditó con documentos fehacientes que cumplió con realizar su registro de monitoreos ocupacionales, agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico, en el puesto de trabajo del trabajador afectado. En esa medida, luego de la revisión de los documentos que obran en el expediente de actuaciones inspectivas se tiene que la inspeccionada no adjunta su registro de monitoreos, habiendo incluso los inspectores comisionados dejado constancia de ello luego de la comparecencia llevada a cabo donde la inspeccionada no presenta el registro de monitoreo. (VI) Registro de accidente de trabajo. Al respecto, del presente incumplimiento advertido, se tiene que los inspectores comisionados advirtieron que la

inspeccionada no acreditó el desarrollo correcto del Registro del Accidente de Trabajo en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y haber desarrollado la investigación del accidente del trabajador afectado. Todos los accidentes de trabajo, así como las enfermedades ocupacionales que se produzcan como resultado del desarrollo de una actividad dentro de una empresa, deben ser reportados tal como se hace mención en el artículo Nº 82 de la LSST. En efecto, si bien la inspeccionada cuenta con un registro de accidente de trabajo, este último consignó en su red de causalidad lo siguiente: CAUSAS INMEDIATAS: • Fallo de la válvula • Inhalación de gases tóxicos CAUSAS BÁSICAS: • Falta de arnés • Escalera de Salida • Falta de Soga • Falta de señalización. Por tanto, se advierte que la inspeccionada no investigó de manera correcta los hechos que produjeron el accidente de trabajo mortal acaecido el día 23 de febrero de 2020 en perjuicio del trabajador afectado, siendo las causas inmediatas y básicas correctas las detectadas por los inspectores comisionados detalladas en el numeral 4.16 del acta de infracción. En tal sentido la inspeccionada no acreditó haber efectuado la investigación correcta del accidente de trabajo. (VII) Seguro Complementario de trabajo de riesgo. Luego de la revisión de los documentos que obran en el expediente de actuaciones inspectivas se tiene que la inspeccionada no acreditó contar con el SCTR, máxime si los inspectores comisionados le otorgaron un plazo razonable para que acredite el cumplimiento de ello como respuesta a la medida de requerimiento extendida como última actuación para acreditar o desvirtuar el incumplimiento. (VIII) Exámenes médicos ocupacionales. Luego de la revisión de los documentos que obran en el expediente de actuaciones inspectivas se tiene que la inspeccionada no adjunta los registros del EMO, habiendo incluso los inspectores comisionados dejado constancia de ello luego de la comparecencia llevada a cabo donde la propia inspeccionada sostiene que no ha realizado este tipo de evaluaciones a favor de su trabajador afectado. viii. Por los argumentos antes disgregados, la Intendencia arriba a la conclusión que la inspeccionada cuenta con responsabilidad frente a las inobservancias en materia de seguridad y salud en el trabajo, debiendo confirmar la sanción impuesta por el inferior en grado.

ix. Sobre el atenuante de responsabilidad solicitado, la inspeccionada manifiesta que mediante escrito de fecha 19 de agosto del 2021, su representada en un primer momento acepta el incumplimiento, por la cual se le está sancionando; sin embargo, al momento de expedir la resolución materia de apelación, no se ha tenido en cuenta lo establecido en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444. Bajo dicha premisa, la Directiva del procedimiento sancionador sostiene que para la aplicación de la atenuante de responsabilidad las infracciones sancionadas deben ser subsanables, es decir que sus efectos puedan ser revertidos. En el presente caso, las infracciones detalladas en los numerales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09 del cuadro N° 02 de la resolución venida en alzada tienen la característica de infracciones insubsanables, las cuales los inspectores comisionados pusieron de conocimiento a la inspeccionada en la notificación del documento intitulado hechos insubsanables, ya que las infracciones no podrían ser revertidas. Ahora bien, respecto a la infracción subsanable detallada en el numeral 08 del cuadro N° 02 de la resolución venida en alzada, la inspeccionada no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.5.6 de la Directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo. En consecuencia, la Intendencia no aplica lo establecido en el literal a) del numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LAPG por carecer de los requisitos especiales que se requieren para sus efectos. Así las cosas, los argumentos esbozados en el recurso de apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido la inspeccionada, la cual ha sido debidamente determinada por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

(15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada Resolución; esto es, el 23 de junio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

(i) Alega una vulneración del principio del debido procedimiento administrativo, sustentándose en que no se ha respetado los plazos establecidos para las actuaciones inspectivas en la fase instructora y sancionadora. (ii) Argumenta que el Informe Final de Instrucción y la Resolución de Sub Intendencia, se emitió fuera del plazo que señala la Ley, pues no se ha observado los plazos dispuestos en el numeral 13.3 del artículo 13, literal g del numeral 53.2 y el literal c del numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT; de conformidad al artículo 10 del TUO de la LPAG. (iii) Sostiene que no se ha tomado en cuenta, el cumplimiento de su representada de acreditar, que sí contaba con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, aprobado a través de la Resolución de Gerencia General N° 99-2015-GG-EPS EMAPICA S.A. (iv) Expone que no se ha tenido en cuenta, el reconocimiento de responsabilidad por parte de la EPS EMAPICA S.A., como atenuante de responsabilidad- aplicación del artículo 257, numeral 2, del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del plazo y la afectación del derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a

ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

9 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...)”.

inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

10 Conforme al proveído s/n de fecha 03 de marzo de 2020, a folio 137 del expediente inspectivo, se amplió por 10 días hábiles más, siendo debidamente notificada la impugnante en la misma fecha del 03 de marzo de 2020.

inspectivas, no existía norma expresa que señalara un plazo perentorio para notificar el Acta de Infracción; aunado a ello, si bien el numeral 24.111 del artículo 24 del TUO de la LPAG, dispone que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (05) días a partir de la expedición del acto que se notifique. Es importante recalcar lo dispuesto en el artículo 15 del TUO de la LPAG que señala lo siguiente: “Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su validez”, y lo consignado en el numeral 151.3 del artículo 151 del mismo cuerpo legal que precisa: “El vencimiento del plazo para cumplir un acto o cargo a la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo” (énfasis nuestro).

11 TUO de la LPAG, “Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: (…)”.

“Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.”

12 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “(…) no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

De los estándares de seguridad y salud en el trabajo que debe contener el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

Salud en el Trabajo (RISST) refiriendo que dicha documentación corresponde a sus procedimiento y estándares de trabajo para la labor de MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE BOMBEO.

Sobre la aplicación del atenuante de responsabilidad, contenido en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG

existen elementos que por su trascendencia en el procedimiento administrativo sancionador, ameriten la disminución de la graduación de la sanción aplicable”13.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo; respecto a la materia inspeccionada: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST. Numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

13 MORÓN URBINA, J.C. (2017). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 12º edición. Tomo III. Página 515.

Seguridad y Salud en el Trabajo El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal; respecto a la materia inspeccionada: Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal; respecto a la materia inspeccionada: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles - IPERC. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal; respecto a la materia inspeccionada: Equipos de Protección Personal - EPP. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado; respecto a la materia inspeccionada: SCTR – Cobertura de Invalidez – Sepelio. Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

seguridad o salud de los trabajadores; respecto a la materia inspeccionada: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo – Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgos disergonómicos. Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores; respecto a la materia inspeccionada: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo – Registro de exámenes médicos ocupacionales. Numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo; respecto a la materia inspeccionada: Registro de Accidentes e Incidentes. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, notificada en la fecha 02 de setiembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 075- 2022-SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 89-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en los extremos referentes a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 28.9, 28.11 y 28.13 del artículo 28 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230719JCR