Distribuciones Olano S.A.C — Res. 708-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1025-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1 (en adelante, SST). Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 335-2021- SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo; en razón de la denuncia interpuesta por el trabajador Iván Álex Torres Rodríguez, al haber sufrido un accidente de trabajo, cuando se encontraba realizando labores de estiba en el área de almacén, habiéndose advertido

Mediante Imputación de Cargos N° 402-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 09 de julio de 2021, notificada el 16 de julio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 494-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 27 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 694-2021-SUNAFIL/IRE- LAM/SIRE, de fecha 24 de setiembre de 2021, notificada el 06 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,572.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 20 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 694-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 255-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 23 de diciembre de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 12 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 255- 2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 0027-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 13 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 255-2021-

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C.

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren al incumplimiento de las obligaciones laborales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en específico, respecto al incumplimiento de las obligaciones en materia de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPER), en perjuicio del trabajador Iván Álex Torres Rodríguez, siendo esta causa inmediata y básica del accidente.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales9, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo10.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral 1225-2015, Lima ha establecido:

En el presente caso, se ha podido comprobar que con fecha 30 de setiembre de 2020 se produjo el accidente de trabajo en circunstancias que el trabajador Iván Álex Torres Rodríguez, se encontraba realizando labores de estiba (tubos de plástico) del área de almacén hacia el camión, es en el trayecto que sufrió un tropezón cayendo al piso, en atención a que dicho piso no se encontraba emparejado en algunos tramos, dicha caída le generó un dolor intenso en la cintura. La forma de la caída, a consecuencia de que el piso presentaba irregularidades en el nivel, sumado al propio peso del trabajador y a los objetos que se encontraba trasladando, generó el dolor intenso en la cintura y columna, motivo por el cual comunicó de tal situación a su jefe inmediato (jefe de almacén), quien a su vez comunicó al área de Recursos Humanos, disponiéndose su traslado a la Clínica del Pacífico, diagnosticándole fractura de vértebras L5 y S1.

Ahora bien, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, respecto al resultado de la investigación del accidente de trabajo, en base al Registro de Accidentes de Trabajo11, el Informe de Investigación de Accidentes, Incidentes, Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales12, la entrevista al trabajador afectado13, la Solicitud de Atención Médica SCTR14, la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y la Determinación de Controles (IPERC)15, el Certificado Médico16 y la Historia Clínica17, exhibidos por la impugnante, y utilizando la técnica de análisis sistemático de las causas (Tabla Scat), se identificaron como causas inmediatas y básicas del accidente de trabajo las siguientes:

En tal sentido, se ha determinado que el accidente se produjo por el incumplimiento de la obligación en materia de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, y Medidas de Control (IPER), lo que trajo consigo el accidente de trabajo. Debido a que, respecto al área de almacén, se verificó que, si bien la impugnante presentó la documentación en la que se habría identificado el peligro locativo referente a los pisos irregulares, más aún, si se había incluido el riesgo de tropiezos, caídas a nivel de piso; no obstante, en el Registro de Accidente de Trabajo y de la Investigación de Accidentes, Incidentes, Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, se propone como una medida correctiva y preventiva: emparejar piso de la zona de tránsito de personas. Asimismo, se consigna como una de las causas inmediatas: el piso irregular en algunos tramos de almacén y, como una de las causas básicas: falta emparejar piso de zona de almacén, lo que se encuentra relacionado a la ocurrencia del accidente de trabajo del día 30 de setiembre de 2020 (énfasis añadido).

Conforme a lo precisado, la Identificación de los Peligros y Evaluación de los Riesgos y Medidas de Control por parte del empleador, permite identificar fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como adoptar medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, lo cual será esencial para la adopción de decisiones que tengan como finalidad

En tal sentido, se evidencia que la impugnante incumplió su deber de prestar condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades en el centro de trabajo. Habiendo incluso establecido en su matriz IPER el peligro locativo, referente a los pisos irregulares, lo que ocasionó el accidente de trabajo, causando que el trabajador tropezara y cayera al piso produciéndole una fractura a nivel de la columna. Es en ese contexto que, la misma impugnante establece como medida correctiva y preventiva: emparejar piso de la zona de tránsito de personas, reconociendo tener pleno conocimiento que el piso no se encontraba nivelado, verificándose de esa forma, las condiciones de inseguridad que ha determinado la causa del accidente de trabajo.

Por tanto, al estar plenamente determinado el nexo causal entre el incumplimiento del deber de prevención de la impugnante debido al seguimiento inadecuado o falta de revisión de los pisos del almacén donde desempeñaba funciones el trabajador accidentado, que ocasionó el accidente de trabajo (30 de setiembre de 2020), en perjuicio del trabajador Iván Álex Torres Rodríguez; en tanto no se adoptaron medidas de prevención necesarias y suficientes por parte de la impugnante, frente al accidente de trabajo, por lo cual, se asocia la responsabilidad a la impugnante por la causa del accidente de trabajo producido. Por ende, corresponde confirmar este extremo de lo resuelto por el inferior en grado.

Contrario a lo alegado por la impugnante, respecto a la acreditación de la responsabilidad en que habría incurrido y que se habría vulnerado el principio de legalidad, cabe precisar que, conforme al artículo 46 de la LGIT - Contenido de las Actas de Infracción: “las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejarán: a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo que motivaron el acta; b) La calificación de la infracción que se impute, con expresión de la norma vulnerada; c) La graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación y, d) En los supuestos de existencia de responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal”, todo lo cual se advierte en el Acta de Infracción de la presente investigación, y donde se acredita el incumplimiento a la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo; en mérito al análisis de los documentos exhibidos por la impugnante, precisados en el numeral 6.8 de la presente resolución, y conforme al establecimiento de las causas inmediatas y básicas del accidente de trabajo, que ocasionaron la incapacidad temporal del trabajador afectado, por el cual se impone infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo,

En ese contexto, en virtud del artículo 47 de la LGIT, “Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses”. Asimismo, resulta pertinente agregar que, en el caso en concreto, en mérito al numeral 17.4 del artículo 17 del RLGIT se tiene que: “En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, el informe o acta de infracción, según corresponda, deberá señalar: a) La forma en que se produjeron; b) Sus causas; y c) Sujetos responsables (de haberlos), todo lo cual fue establecido en los numerales 4.4 al 4.6 del Acta de Infracción, lo mismo que ha permitido al inspector comisionado acreditar la ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte de la impugnante.

Respecto a lo alegado, en relación a las facultades inspectivas, en virtud al numeral 5.2 del artículo 5 de la LGIT, y conforme a lo señalado en el numeral 6.14 de la presente resolución, “el inspector de trabajo debidamente acreditado, está facultado para 2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes, por los peritos y técnicos o aquellos designados oficialmente, que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva”, lo que no ha considerado imprescindible incorporar el inspector actuante, debido a que ha podido seguir el curso regular de la investigación, con la suficiente documentación recabada en las actuaciones inspectivas de investigación.

Por las consideraciones antedichas no es amparable el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.