Cosapi S.A — Res. 570-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidentes de trabajo/Incidentes, Sistema de Gestión SST en las empresas y Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub Materia: Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes).

20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft la en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la obligación referida a la investigación de los daños a la salud del extrabajador Eugenio Anacleto Poma Méndez, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670. 00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450 00.

i. La resolución apelada utiliza como único fundamento para rechazar los argumentos de defensa, los contenidos en los considerandos 4 y 13, donde señala que se notificó el Informe Final en una fecha que no corresponde a la realidad, ocasionando que se contabilice un plazo erróneo para la presentación de descargos y considerando los descargos presentados como extemporáneos. En tal sentido, dicha afirmación resulta falsa, pues el Informe Final fue notificado en físico a través de su casilla de notificaciones del Colegio de Abogados de Lima – Sede Palacio de Justicia (Casilla 4690) el día 18 de diciembre de 2020 a las 10:31 a.m., tal como se acredita con el sello de recepción de la notificación y no se ha recibido ninguna notificación física ni virtual con fecha 17 de diciembre de 2020, como erróneamente señala la autoridad. Por lo tanto, el mencionado error de negarse a analizar los argumentos de defensa contenidos en sus descargos correspondientes produce una afectación a su derecho de defensa y al debido procedimiento.

ii. La resolución apelada convalida un vicio en la motivación al replicar las mismas deficiencias en el análisis y la motivación de la imputación sobre la investigación de los supuestos daños a la salud, contenidas en el Informe Final, en detrimento del

principio de debido procedimiento. Al respecto, de acuerdo al examen médico ocupacional de ingreso, el señor Poma Meléndez se encontraba apto para laborar y no presentaba ninguna dolencia músculo esquelética sobre la cual debiera tener mayor restricción y cuidado que las medidas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas para el puesto que ocupaba; asimismo, nunca se presentó un accidente de trabajo que haya producido un daño a la salud del referido extrabajador y las dolencias del mismo fueron calificadas como enfermedad común; por lo que no se ha acreditado cuales fueron los indicios que dan cuenta de que las medidas de prevención implementadas eran insuficientes.

iii. La sanción por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento contraviene la presunción de inocencia, debido a que la imposición de la misma se debe dar cuando exista una resolución definitiva, considerando al sujeto inspeccionado como infractor, de lo contrario, antes de ello no existirá realmente una comprobación de hechos que, de manera suficiente y conforme al mencionado principio, desvirtué la presunción en su favor.

i. De la revisión de los actuados corresponde precisar que la notificación del Informe Final y el Proveído S/N de fecha 11/12/2020 fue efectuada el 17 de diciembre de 2020, Hora: 10:31 a.m. tal como aparece descrito en la Cédula de Notificación N° 60104-2020, en el recuadro de “Fecha de primera visita” en el que textualmente el notificador Abel Pérez Quintanilla hizo constar la fecha real de la notificación; en tanto, el sello estampado por el Colegio de Abogados de Lima – Of. De Notificaciones Judiciales Sede Palacio de Justicia, señala “2020 DIC 18 AM 10:31”, lo cual no desvirtúa la notificación efectuada.

ii. Al respecto, cabe precisar de la lectura del tercer párrafo del artículo 15 del Reglamento de la Oficina de Notificaciones Judiciales del Colegio de Abogados de Lima , expresamente se señala: “Se recepcionarán las cedulas de notificación con el sello de la Oficina de Notificaciones Judiciales del Colegio de Abogados de Lima, en la cual se registrará la hora de recepción mancándose como fecha de ingreso la del siguiente día hábil a la recepción de la cedula. (…)”; por consiguiente, ello no desvirtúa la fecha en que el notificador realmente ha efectuado la notificación del Informe Final, esto es el 17 de diciembre de 2020; en tanto, ésta fue efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto

2 Notificada a la impugnante el 04 de octubre de 2021, véase folio 134 del expediente sancionador. Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), que señala: “16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.”, acorde con lo establecido en el numeral 18.1 del artículo 18 de la misma ley que señala: “18.1 La notificación del acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad.”, y el numeral 1 del artículo 25 del mismo cuerpo normativo que señala: “Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. (…)”. Por consiguiente, la extemporaneidad señala por el inferior en grado, se encuentra conforme a ley.

iii. En el considerando 11 de la resolución apelada, la autoridad de primera instancia ha precisado que la autoridad instructora establece en el Informe Final que el sujeto inspeccionado no acreditó haber realizado la investigación de daños en la salud del extrabajador Eugenio Anacleto Poma Méndez, una vez que tomara conocimiento de su estado de salud, a raíz de los distintos descansos médicos presentados, con el fin de determinar si existía un nexo causal con las labores que realizaba en el centro de trabajo o era un problema de salud individual, y de ser el caso, tomar las medidas correctivas al respecto, habiendo precisado en el considerando 12 las normas en materia de seguridad y salud que fueron vulneradas por el incumplimiento señalado, concluyendo que la inspeccionada incurrió en la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT

iv. Se advierte del numeral 15 del Informe Final que la autoridad instructora ha desarrollado el análisis del caso en concreto, tomando en cuenta los hechos constatados por las Inspectoras comisionadas, descritos en el numeral 4.1 de los hechos constatados del Acta de Infracción, en el que se ha tomado en cuenta lo señalado por el trabajador Eugenio Poma Méndez, en su denuncia laboral en el que señala las circunstancia en que habría sufrido un accidente laboral con fecha 05/04/2019; en tal sentido, de acuerdo al Informe Médico N° 011-JMQ-DIR-HIMRN- ESSALUD-2019, el trabajador afectado ingresó con fecha 6 de abril de 2019 a las 20:06 horas al Hospital María Reiche, Marcona y fue diagnosticado con infección de vías urinarias y lumbago agudo, se verifica que sí habían indicios razonables para presumir que los daños causados a su salud se dieron con ocasión de las actividades realizadas por el trabajador afectado a favor del sujeto inspeccionado, por lo que se debió dar inicio a las investigaciones respectivas, en atención a las dolencias reportadas por el trabajador y determinar si existía un nexo causal con las laborales que realizaba en su centro de trabajo o era un problema de salud individual, ello en coincidencia con los hechos constatados descritos en el Acta de Infracción, en cuyo mérito la autoridad de primera instancia emitió su pronunciamiento.

v. Esta Intendencia comparte lo determinado en el procedimiento sancionador, en tanto se advierte que la dolencia que padecía el trabajador generan suficientes indicios de que fueron de pleno conocimiento de las inspeccionada, toda vez que el trabajador reportó y puso de conocimiento acerca de las circunstancias en que empezó a sentir dolor en la parte lumbar, corroborado con el diagnóstico médico antes señalado, como para que la inspeccionada de inicio a las investigaciones correspondientes a afectos de determinar si existía o no un nexo causal con las labores que realizaba el extrabajador Eugenio Anacleto Poma Méndez; máxime si la propia inspeccionada señala que de acuerdo al examen médico ocupacional de

ingreso, el señor Poma Meléndez se encontraba apto para laborar y no presentaba ninguna dolencia músculo esquelética, sobre la cual debiera tener mayor restricción y cuidado que las medidas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas para el puesto que ocupaba, toda vez que la infracción atribuida a la inspeccionada es respecto al incumplimiento de la normativa legal prevista en los artículos 42, 58, 92 y 93 de la LSST y los artículos 42 y 88 del Reglamento de la LSST, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2021-TR, descritos en el considerando 12 de la resolución apelada, cuyo incumplimiento se encuentra tipificado en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT; por consiguiente lo alegado por la inspeccionada en este extremo resulta carente de asidero.

vi. Se ha podido verificar que el procedimiento inspectivo y el presente procedimiento sancionador se realizaron conforme a Ley, dándole diversas oportunidades a la inspeccionada para que ejerza su derecho de defensa y sustente o demuestre el cumplimiento de la normativa legal en la materias objeto de inspección, acreditando con documentos fácticos su cumplimiento, lo que no hizo conforme se observa en autos.

vii. No se ha configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, que invaliden el presente procedimiento sancionador; en tal sentido, no puede acusarse que la resolución apelada adolezca de vicios que causen la nulidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR. IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COSAPI S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1582-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Se inaplicó el principio de culpabilidad, toda vez que en el presente caso se pretende sancionar a COSAPI por los supuestos daños a la salud del señor Eugenio Anacleto Poma Méndez como si los mismos tuvieran relación con un evento laboral; sin embargo, el trabajador no reportó haber sufrido un accidente de trabajo como la propia Acta de Infracción señala en su considerando 4.4., COSAPI cuenta con un procedimiento de comunicación de accidentes de trabajo, por el cual el trabajador debe reportar el accidente de trabajo a su supervisor inmediato para que este lo comunique al Área de SSOMA y esta área informe al Tópico, que se encarga de evaluar la gravedad del evento y determinar si el trabajador debe ser trasladado al Tópico. El médico ocupacional evaluará la situación y aplicará las medidas de atención necesarias.

- En este caso, del testimonio del señor Poma Méndez, desarrollado en el considerando 4.1. del Acta de Infracción, se observa que el trabajador no cumplió con el procedimiento referido a reportar el evento como un accidente de trabajo. De hecho, como el Acta de Infracción también recoge, el Ingeniero Deyvi Jackson Gama Cabana, supuesto superior al que el señor Poma Méndez habría reportado el evento no es trabajador de la empresa, pues a la fecha de la investigación ya había cesado. En consecuencia, los Inspectores no han acreditado que el señor Poma Méndez haya cumplido con reportar el evento como si se tratase de un accidente.

- Sin perjuicio de ello, es preciso indicar que el médico ocupacional desarrolló medidas de vigilancia de la salud para la reincorporación a sus labores, considerando incluso que los descansos médicos emitidos a nombre del señor Poma Méndez calificaban su dolencia como una “ENFERMEDAD COMÚN”. Esto ha sido confirmado por los Inspectores y consta en el considerado 4.5. del Acta de Infracción, en donde se señala que el diagnóstico del señor Poma Méndez fue “infección de vías urinarias, sitio no especificado y lumbago agudo”, consignándose también que dichas dolencias tenían carácter de “Enfermedad común”. Cabe señalar que en el Examen Médico Ocupacional de Ingreso se evidencia que el señor Poma Méndez se encontraba apto para laborar y no presentaba ninguna dolencia

músculo esquelética sobre la cual se debiera tener mayor restricción y cuidado que las medidas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas para el puesto que ocupaba.

- Al respecto, el artículo 58 de la Ley N° 29873 establece la obligación de realizar una investigación de daños de la salud de los trabajadores cuando se hayan producido o aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. No obstante, en el presente caso no se presentó ni un accidente de trabajo que haya producido un daño a la salud, ni los Inspectores han acreditado cuáles serían los indicios que dan cuenta de que las medidas de prevención implementadas eran insuficientes. En ninguna parte del Acta de Infracción ni la imputación de cargos se menciona los elementos que permitirían llegar a esta conclusión. Cabe indicar que, tanto la Resolución de Sub Intendencia como la de Intendencia asumen que el señor Poma Méndez habría reportado el evento como un accidente cuando, de la propia investigación de los inspectores, se evidencia que ello no fue así. En ese sentido, no se ha acreditado a lo largo del procedimiento que la conducta de la Empresa sea antijurídica, requisito necesario para que se pueda establecer la responsabilidad administrativa y como consecuencia de ello una sanción.

- Se ha vulnerado el principio de legalidad y debida motivación al emitir la medida de requerimiento, en el presente caso, el inspector, a través de la medida de requerimiento, solicitó, en el plazo de tres (03) días hábiles, se acredite la subsanación de las infracciones advertidas. Sin embargo, respecto a la primera infracción relativa a los exámenes médicos ocupacionales fue archivada, toda vez que no correspondía al haberse declarado insubsanable y respecto a la segunda presunta infracción imputada, como hemos explicado anteriormente, nunca se configuró.

- En ese contexto, además de la evidente falta de medios probatorios con lo que se pretende sustentar la Imputación de Cargos y la sanción, a lo largo del procedimiento se ha pretendido trasladar la carga de la prueba a la Empresa, señalando que esta “no acreditó” haber realizado la investigación, de daños en la salud del señor Poma Méndez, aun cuando el deber de la autoridad que imputa los cargos es tener la certeza de que los hechos imputados realmente fueron cometidos por la Empresa.

- Es de mencionar que el Informe Final fue notificado en físico a través de nuestra Casilla de notificaciones del Colegio de Abogados de Lima – Sede Palacio de Justicia (Casilla 4690) el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 10:31 a.m., como acreditamos mediante el sello de recepción de la notificación y no hemos recibido ninguna notificación física ni virtual de fecha 17 de diciembre de 2020, como erróneamente señala la Sub Intendencia; por tanto, es erróneo concluir que presentaron sus descargos fuera de plazo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (el énfasis es nuestro).

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

9 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01899-2017-AA.pdf

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). (énfasis añadido)

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

“4.4 En cuanto al argumento ii) del recurso de apelación, de la revisión de actuados, cabe mencionar que en el considerando 11 de la resolución apelada, la autoridad de primera instancia ha precisado que la autoridad instructora establece en el Informe Final que, el sujeto inspeccionado no acreditó haber realizado la investigación, de daños en la salud del extrabajador Eugenio Anacleto Poma Méndez, una vez que tomara conocimiento de su estado de salud, a raíz de los distintos descansos médicos presentados, con el fin de determinar si existía un nexo causal con las labores que realizaba en el centro de trabajo o era un problema de salud individual, y de ser el caso, tomar las medidas correctivas al respecto.”, habiendo precisado en el considerando 12 las normas en materia de seguridad y salud que fueron vulneradas por el incumplimiento señalado, concluyendo que la inspeccionada incurrió en la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. 4.5. En relación a ello, se advierte del numeral 15 del Informe Final que la autoridad instructora ha desarrollado el análisis del caso en concreto, tomando en cuenta los hechos constatados por las Inspectoras comisionadas, descritos en el numeral 4.1 de los hechos constatados del Acta de Infracción, en el que se ha tomado en cuenta lo señalado por el trabajador Eugenio Poma Méndez, en su denuncia laboral en el que señala las circunstancia en que habría sufrido un accidente laboral con fecha 05/04/2019, en circunstancias en que se encontraba realizando sus labores de mantenimiento a las distintas maquinarias de la empresa, al cargar su maleta de herramientas, combas, entre otros, a la camioneta para ser trasladadas a campo sintió un dolor con un hincón por la cintura, parte lumbar, lo cual no tomó en cuenta perro al transcurrir el día comenzó a fastidiarle y adormecerse la pierna y quemándole la planta del pie, (…); en tal sentido, en el numeral 18 del Informe Final, la autoridad instructora ha precisado que “(…) de acuerdo al Informe Médico N° 011-JMQ-DIR-HIMRN- ESSALUD-2019 ingresó con fecha 6 de abril de 2019 a las 20:06 horas al Hospital María Reiche, Marcona y fue diagnosticado con infección de vías urinarias y lumbago agudo, se verifica que sí habían indicios razonables para presumir que los daños causados a su salud se dieron con ocasión de las actividades realizadas por el trabajador

afectado a favor del sujeto inspeccionado, por lo que se debió dar inicio a las investigaciones respectivas, en atención a las dolencias reportadas por el trabajador y determinar si existía un nexo causal con las laborales que realizaba en su centro de trabajo o era un problema de salud individual. (…)”, ello en coincidencia con los hechos constatados descritos en el Acta de Infracción, en cuyo mérito la autoridad de primera instancia emitió su pronunciamiento. 4.6 Esta Intendencia comparte lo determinado en el procedimiento sancionador, en tanto se advierte que la dolencia del que padecía el trabajador generan suficientes indicios que, fueron de pleno conocimiento de las inspeccionada, toda vez que el trabajador reportó y puso de conocimiento acerca de las circunstancias en que empezó a sentir dolor en la parte lumbar, corroborado con el diagnóstico médico antes señalado, como para que la inspeccionada de inicio a las investigaciones correspondientes a afectos de determinar si existía o no un nexo causal con las labores que realizaba el extrabajador Eugenio Anacleto Poma Méndez; máxime si la propia inspeccionada señala que de acuerdo al examen médico ocupacional de ingreso, el señor Poma Meléndez se encontraba apto para laborar y no presentaba ninguna dolencia músculo esquelética, sobre la cual debiera tener mayor restricción y cuidado que las medidas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas para le puesto que ocupaba, toda vez que la infracción atribuida a la inspeccionada es respecto al incumplimiento de la normativa legal prevista en los artículos 42, 58, 92 y 93 de la LSST y los artículos 42 y 88 del Reglamento de la LSST, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2021-TR, descritos en el considerando 12 de la resolución apelada, cuyo incumplimiento se encuentra tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT; por consiguiente lo alegado por la inspeccionada en este extremo resulta carente de asidero.” (énfasis añadido)

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

12 Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente 13 Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. 14 Artículo 93. Finalidad de las investigaciones Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de: a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por COSAPI S.A. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 1582-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 468-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador a la fecha del acto señalado, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, y remitir copia de los actuados a la Gerencia General para su trámite correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.27.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a COSAPI S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES