Corporación Lindley S.A — Res. 170-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de SST (Sub materias: Comité de SST, Reglamento Interno de SST, Registro de accidentes de trabajo e incidentes), Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad), Identificación de peligros y evaluación de riesgos, Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

procedimiento sancionador, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la entrega bajo cargo de una copia del Reglamento Interno de SST a favor del señor accidentado Juan Zegarra Medina, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo (en adelante, RLGIT). Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,147.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la notificación o el aviso de la ocurrencia del accidente de trabajo mortal del señor accidentado Juan Zegarra Medina a la Autoridad Administrativa de Trabajo, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,147.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con llevar a cabo la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a ley, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,147.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir en adoptar medidas preventivas adecuadas aplicables a las condiciones de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 266,625.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 15 de abril de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,912.50.

i. No se sancionó por haberse verificado un incumplimiento de manera probada sino por una suposición. ii. En la resolución apelada en ningún momento se niega que la inspeccionada cuente con un IPER de la actividad que se realizaba cuando ocurrió el accidente, siendo así que la única discusión es la valoración de la probabilidad del peligro de la actividad, era correcta según el inspector o no, como se ha señalado en el octavo hecho verificado del Acta de Infracción. En ese sentido el inspector de trabajo sin ningún sustento técnico o metodología ha considerado que la valorización del índice de probabilidad debió ser distinto al señalado por la inspeccionada, es más no existe norma o disposición en el ordenamiento nacional que determine el nivel de

valorización del índice de probabilidad de un peligro que debe darse, lo que sí existe es una normativa que indica que la inspeccionada debe elaborar un IPER eligiendo una metodología, que la empresa considere, donde se evalúe el riesgo, se determine un nivel de peligro y se señale la medida de prevención, con lo cual sí se ha cumplido. iii. La opinión de unos trabajadores, la existencia de un plan de trabajo, el permiso para trabajos controlados y una política de protección de caídas no pueden acreditar que la inspeccionada incurrió en un incumplimiento; en ese sentido, lo señalado por el inferior en grado es incorrecto ya que el inspector comisionado no cumplió con señalar ni sustentar las razones por las cuales se determinó que la empresa había incumplido con las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. iv. Los documentos de prevención no pueden probar que la Inspeccionada incumplió porque justamente prueban lo contrario, no siendo cierto que no adoptó medidas de prevención para evitar que se produzca el accidente, como tampoco lo constatado por el inspector de trabajo. v. Aun cuando la inspeccionada acredite todas las medidas de prevención si los trabajadores deciden incumplirlas, se presentarán accidentes, pero ello no significa que el responsable sea la inspeccionada. vi. Conforme se puede verificar de las actuaciones recogidas en el Acta de Infracción y como fue señalado en los descargos, la inspeccionada presentó diversa documentación que evidencia el cumplimiento de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, de las medidas de prevención aplicables, además, del accidente de trabajo ocurrido el 9 de febrero de 2016.

i. El inspector comisionado ha determinado con precisión los documentos y medios de prueba que al amparo de lo estipulado por los principios citados, en el presente caso, acreditan debidamente la responsabilidad de la inspeccionada respecto al accidente de trabajo acaecido al trabajador afectado el 09 de febrero de 2016, pues de la investigación realizada se dejó constancia que no se acreditó las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esto es, la inspeccionada no vigiló el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de la empresa contratista YRS ASOCIADOS S.R.L., respecto a las medidas preventivas toda vez que el supervisor residente de la empresa contratista, es una de las personas que empuja el andamio con otro operario, ocasionando la caída del trabajador afectado; en ese sentido, no se verifica que el inspector comisionado haya concluido la responsabilidad de la inspeccionada en base a una percepción, sino en base a hechos constatados que merecen fe y se presumen ciertos.

2 Notificada a la impugnante el 30 de julio de 2021, véase folio 116 del expediente sancionador.

ii. Los inspectores comisionados están facultados a practicar cualquier diligencia de investigación que consideren necesaria, como requerir información a los trabajadores, para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente; por lo que, ello no vulnera en modo alguno el derecho de defensa de la inspeccionada, más aún, si tuvo oportunidad de contradecirlos a través de sus descargos; por lo que, corresponde desestimar lo alegado por la inspeccionada en estos extremos. iii. De la revisión efectuada a la Matriz de Identificación de Peligros y controles y al cuadro que obra en el reverso del Plan de Trabajo PCP N° 001993, obrante de fojas 76 del expediente inspectivo, este Despacho coincide con el análisis realizado por el inspector comisionado y la autoridad de primera instancia, en tanto que, la inspeccionada no evaluó adecuadamente los riesgos de la actividad que realizaba la empresa contratista consignada en el IPER como Sub Proceso "Trabajos controlados por personal tercero", pues la actividad de movilización de andamios en área de trabajo, está considerada como improbable (2), sin considerar que por ser una actividad de altura, reviste alta peligrosidad, más aún, si, se utilizaban equipos inapropiados como andamios, debiendo ser dicho índice considerado en un índice de probabilidad: 3 (probable), dando como resultado un nivel de riesgo: 12; aunado a ello, no se advierte que se haya adoptado ninguna medida control de ingeniería, como correspondía, esto es, haber implementado una plataforma con elevación articulada con uso de la canastilla de seguridad para el trabajador, lo que se hizo en el mes siguiente, como se verificó por el inspector comisionado en la visita de inspección de fecha 09 de marzo de 2016, que de haberse efectuado dicho control con anterioridad hubiese reducido el riesgo de ocurrencia del accidente de trabajo; en ese sentido, la conducta desplegada por la inspeccionada se encuentra adecuadamente configurada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT; por lo que, corresponde desestimar lo alegado por la inspeccionada en estos extremos. iv. La constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se reunió para investigar el accidente de trabajo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, las señales y avisos de seguridad en el almacén, la Matriz IPER con el plan de trabajo y el permiso de trabajos controlados, no eximen de responsabilidad a la inspeccionada, pues como se ha precisado en líneas precedentes la Matriz de Identificación de Peligros y controles presentada, no se encuentra dentro de los parámetros de ley.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1214-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- La acreditación de entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la notificación o aviso de accidente de trabajo mortal eran mandatos imposibles de cumplir materialmente en tanto no era factible retroceder el tiempo para entregarle al señor Juan Aníbal Zegarra Medina una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que producto del accidente falleció el 09 de febrero de 2016, y, por otro lado, el plazo de notificación al MTPE ya se encontraba ampliamente excedido. - Respecto a la IPER, la Empresa presentó este documento de gestión de fecha 01 de enero de 2014 (es decir, previa a la expedición de la medida inspectiva de requerimiento); sin embargo, el Inspector del Trabajo recién, en el Acta de Infracción, cuestionó la calificación del índice de probabilidad sin ningún sustento técnico, lo cual no fue objeto de cuestionamiento o requerimiento en la medida inspectiva de requerimiento cuyo incumplimiento se pretende sancionar. - La resolución de intendencia es nula en tanto ya se aplicó el silencio administrativo positivo, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución de intendencia. - Debe declararse la nulidad por cuanto operó el plazo de prescripción de 4 años. En el caso de la medida inspectiva de requerimiento, se configuró el 15 de abril de 2016, razón por la cual la facultad de la administración para imponer sanción ya se encontraba prescrita al momento de la expedición y notificación de la resolución de intendencia. En efecto, desde el 15 de abril de 2016 al 27 de julio de 2021 han transcurrido más de 5 años. Respecto a la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, esta se configuró el 09 de febrero de 2016, fecha del accidente.

- Teniendo en cuenta que el trabajador falleció el 09 de febrero de 2016, era materialmente imposible retrotraer el tiempo a fin de cumplir lo requerido en la medida de requerimiento, en todo caso debió dejar constancia de la naturaleza insubsanable. - Respecto a la notificación o aviso del accidente de trabajo, debió realizarse a más tardar el 10 de febrero de 2016, motivo por el cual la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de abril de 2016 era imposible de subsanar. - La empresa contaba con IPER desde el 2014, por lo que no correspondía ser solicitado en la medida inspectiva de requerimiento. Sin embargo, el inspector no ha justificado técnicamente cuál es el motivo por el que la valoración del índice de probabilidad esta errada. - No se ha ubicado el nexo causal entre el supuesto incumplimiento y la configuración del accidente de trabajo, lo que denota una investigación superficial que constituye una transgresión al debido procedimiento y el ejercicio abusivo del ius puniendi conferido a SUNAFIL. - El pronunciamiento evidencia la inaplicación del principio de culpabilidad. - Se ha afectado el principio de tipicidad en la medida que la intendencia sanciona a la empresa en base a una norma que no resulta aplicable al caso concreto, y por si ello no fuera suficiente, que no tiene sustento en los hechos verificados durante la investigación pues la imputación parte de una afirmación genérica. - Se incurre en falta de motivación por los siguientes supuestos: i) No ha analizado la pertinencia de la medida inspectiva de requerimiento; ii) No se ha establecido cuáles son las infracciones en la que habría incurrido la empresa ni cómo éstas provocaron el accidente de trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración de los plazos

9 “TUO de la LPAG Artículo II.- Contenido 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales”. 10 “TUO de la LPAG Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo (…)

destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas”. (énfasis añadido)

Sobre la alegación de prescripción de las infracciones detectadas

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

Sobre la sanción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

condiciones de seguridad en el ambiente de trabajo, la cual constituye medidas de prevención que no fueron administradas a la fecha del accidente de trabajo.

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones.

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 16.

13 Artículo I del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 14 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona 15 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 16 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

de adoptar una serie de medidas de prevención17 de acuerdo al orden de prioridad preestablecido por la Ley18.

“Las manifestaciones tomadas a los testigos entre los cuales están: el señor Faustino Fernández Haro (operario de la empresa TRABAJOS MANUALES S.A.) que refiere en su manifestación del 11 de febrero del 2016 "... algunas veces vi al supervisor con otro operario empujar el andamio mientras que otro estaba sentado arriba con el andamio..."; el señor Domingo Cárdenas Vargas (operario de la empresa TRABAJOS MANUALES S.A.) que refiere en su manifestación del 11 de febrero del 2016 "... pero horas antes también observe que el traslado del andamio lo realizaban con un trabajador encima del andamio y dos empujaban de abajo..." y algunas veces también observo al supervisor empujar el andamio con otro operario mientras uno estaba

17 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 18 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

sentado arriba.."; el señor Felipe Velásquez Mariños (operario de la empresa YRS ASOCIADOS S.R.L.) que refiere en su manifestación del 12 de febrero del 2016 "... al empujar con mi supervisor (David Medina López) el andamio este comenzó a inclinarse y caer conjuntamente con mi compañero Juan Zegarra..."

El Plan de Trabajo PCP N° 001993 de tres folios, de fecha 1 de febrero del 2016, referida a la labor a realizar por la empresa contratista YRS ASOCIADOS S.R.L.: "Instalación de Tijerales y Manta Techo" con las siguientes actividades a realizar: Desmontaje de tijeral. Desmontaje de manta. Instalación de andamios. Instalación de tijeral. Orden y limpieza. Se consigna como Supervisor de Trabajo (contratista) al señor David Medina López (persona que empuja el andamio que se cayó según manifestación de varios testigos).

El Permiso para Trabajos Controlados, de fecha 9 de febrero del 2016, referida a la descripción de la tarea "Instalación de Mantas - Almacén" (trabajo en altura), donde se consigna como Vigía / Supervisor de Trabajo / Observador / Señalador, Supervisor Residente (contratistas). Responsable del Contratista, el señor David Medina López (persona que empuja el andamio que se cayó según manifestación de varios testigos) y donde se indica en el reverso permiso de trabajos controlados, la suspensión del trabajo por: "No cumplir con las disposiciones de seguridad; No usar equipos o elementos y protección exigidos...".

El documento Protección de Caídas en el literal "e: Andamios" consigna en unos de sus párrafos: No se transportará el andamio mientras trabajadores se encuentren sobre el mismo.”

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”19.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” 20.

19 El subrayado no es del original. 20 El subrayado no es del original.

vuelvan las cosas –en la medida de lo posible– al estado anterior al de la infracción”21. En ese contexto, nos encontraremos frente a una infracción insubsanable cuando, pese a las acciones del titular de la falta, se advierta la imposibilidad de retornar al estado fáctico anterior a la consumación de los efectos ilícitos de la conducta pasible de sanción.

21 César Abraham Neyra Cruzado, La subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracciones ambientales detectadas en los sectores extractivos y productivos, Revista Derecho & Sociedad (2020): 82.

su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

22 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 23 Folio 212 del expediente inspectivo. 24 Folio 7 del expediente inspectivo. 25 Folio 127 del expediente inspectivo. 26 Folio 129 del expediente inspectivo. 27 Folio 203 del expediente inspectivo. 28 Folio 209 del expediente inspectivo.

efectuado con dicha medida es la acreditación de la presentación documental; sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, la medida inspectiva de requerimiento se emite cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, con la finalidad de que el mismo efectúe las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, más no, constituye un medio de requerimiento documental. Cabe señalar que, el comisionado ha tenido la oportunidad de poder efectuar dicho requerimiento documental, sin embargo, en la medida inspectiva solo señala como fundamento: “Que la empresa inspeccionada, si bien exhibe un documento titulado: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - Primera Edición Mayo 2014, sin embargo no evidencia la entrega de la copia del Reglamento antes aludido, al señor Juan Aníbal Zegarra Medina, trabajador de la empresa contratista YRS ASOCIADOS S.R.L., antes de ocurrirle el accidente de trabajo con consecuencia mortal en las instalaciones de la inspeccionada sito Av. Colonial N° 1108 - Lima, incumpliendo con lo normado y afectando a la trabajador antes aludido”.

Sobre la vulneración del principio de culpabilidad

29MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, págs.

30 Título Preliminar de LSST. – I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 31 Título Preliminar de LSST. – II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes 32 Acuña Arréstegui, María Elena (2017). Los límites de la responsabilidad del empleador en el pago de indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo (Trabajo Académico para optar el grado de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). PUCP, Lima. Págs 11 y 12. En: http://hdl.handle.net/20.500.12404/8404.

culpabilidad sería el reproche que se dirige a una persona porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, para lo cual debió tener la posibilidad de actuar de otro modo (es decir, no puede castigarse por no haber realizado un comportamiento imposible). Mientras que en el ámbito civil es perfectamente posible establecer una responsabilidad objetiva por daños, la exigencia de culpabilidad para sancionar una infracción deriva de que en este caso está implícito un «juicio de reproche», que sólo sería posible si el autor podía haber actuado de otra manera.”33

Sobre la solicitud de informe oral

33¿Responsabilidad subjetiva u objetiva en materia sancionadora? Una propuesta de respuesta a partir del ordenamiento peruano, del Sr. Víctor Sebastián Baca Oneto, fojas 8. 2271_responsabilidad_subjetiva_u_objetiva_en_materia_sancionadora.pdf 34 Fs 14 15 35 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)". “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es

indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Seguridad y Salud en el Trabajo El sujeto inspeccionado no cumplir con la entrega bajo cargo de una copia del Reglamento Interno de SST a favor del señor accidentado Juan Zegarra Medina. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE S/ 4,147.50 Seguridad y Salud en el Trabajo El sujeto inspeccionado no cumplió con llevar a cabo la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a ley. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE S/ 4,147.50 Seguridad y Salud en el Trabajo El sujeto inspeccionado no cumplió con la notificación o el aviso de la ocurrencia del accidente de trabajo mortal del señor accidentado Juan Zegarra Medina a la Autoridad Administrativa de Trabajo Numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE S/ 4,147.50 Seguridad y Salud en el Trabajo El sujeto inspeccionado no cumplió en adoptar medidas preventivas adecuadas aplicables a las condiciones de trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE S/ 266,625.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 1214-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2085-2016- SUNAFIL/ILM/SIRE3, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1214-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la sanción impuesta por dicha infracción. CONFIRMARLA en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar los incumplimientos imputados referente a no cumplir con la entrega bajo cargo de una copia del Reglamento Interno de SST a favor del señor accidentado Juan Zegarra Medina, no cumplir con la notificación o el aviso de la ocurrencia del accidente de trabajo mortal y no cumplir con llevar a cabo la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a ley, sobre las que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 15 de abril de 2016.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981 ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, el literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004- 2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”.36

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan

36 GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38.

casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.37 Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos sólidos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión

37 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

(infracción muy grave – labor inspectiva), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 15 de abril de 2016.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

12. Respecto a los demás extremos del recurso de revisión, concuerdo con lo desarrollado por la posición mayoritaria, entendiéndose para efectos de la fundamentación, lo desarrollado en la presente resolución.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Presidente