Constructora Málaga Hnos S.A — Res. 591-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidentes de trabajo/Incidentes (Sub Materia: Incluye Todas), Sistema de Gestión SST en las empresas (Sub Materia: Incluye Todas), Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub Materia: Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes).

soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft Eddie; asimismo, por una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, debido a que la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de junio de 2021.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no realizar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones retenidos, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La Empresa manifestó que, se ha vulnerado el debido proceso y tutela procesal efectiva porque la Resolución de Sub Intendencia N° 337-2021-SUNAFIL/IRE- SMA/SIRE, no tomó en cuenta lo resuelto en la Resolución de Intendencia N° 112- 2021-SUNAFIL/IRE-SMA, a través de la cual, se archivó la infracción por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; ello, en virtud a que, el Administrado cumplió con la totalidad de lo solicitado en la medida de requerimiento antes de la emisión de la resolución de primera instancia.

2 Notificada a la impugnante el 07 de octubre de 2021, folio 76 del expediente sancionador

i. Con referencia a lo señalado por la Empresa sobre el hecho que la autoridad administrativa de primera instancia no tomó en cuenta lo resuelto en la Resolución de Intendencia N° 112-2021-SUNAFIL/IRE-SMA; es de indicar que, en dicha resolución la autoridad administrativa de segunda instancia archivó la infracción por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; ello, en virtud a que, el Administrado cumplió con la totalidad de lo solicitado en la medida de requerimiento antes de la emisión de la resolución de primera instancia; siendo que, en el presente caso, la autoridad de primera instancia sancionó a la Empresa por incumplimiento de realizar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones retenidos a los trabajadores e incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

ii. Por otro lado, es de acotar que, la autoridad administrativa es autónoma al momento de emitir sus pronunciamientos; asimismo, la resolución antes referida no es un precedente vinculante que obligue a la autoridad administrativa de primera instancia a tomar en cuenta lo resuelto en la misma.

iii. Por otro lado, de la lectura de la Resolución de Sub Intendencia N° 337-2021- SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE se aprecia que el órgano resolutor se pronunció sobre los medios probatorios presentados y argumentos vertidos en su recurso de reconsideración por la Empresa, así como, cumplió con exponer las razones de hecho y de derecho para establecer su decisión final. De acuerdo con lo expuesto, se ha verificado que el órgano resolutivo de primera instancia ha cumplido con tramitar y resolver el recurso de reconsideración presentado por la Empresa, ello, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable al caso en concreto.

iv. De la revisión del expediente, se tiene que con fecha 14 de setiembre de 2021, la Empresa cumplió con realizar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones del trabajador Navarro Copa Eddie; sin embargo, la imputación de cargos fue notificada el 28.06.2021; es decir, con fecha posterior a la notificación de la imputación de cargos, por lo tanto, conforme lo refirió el órgano resolutivo de primera instancia en su pronunciamiento del recurso de reconsideración, no es procedente la aplicación de la causal de eximente contemplada en el literal f) del

3 Notificada a la impugnante el 29 de noviembre de 2021, véase folio 223 del expediente sancionador. artículo 257° de la LPAG; que prescribe que, constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. En ese sentido, corresponde confirmar lo resuelto en este extremo por el órgano resolutivo de primera instancia.

v. En el presente caso, el Inspector al haber detectado el incumplimiento a la normatividad en materia sociolaboral por parte de la Empresa, emitió una medida inspectiva de requerimiento, a fin de que, la misma cumpla con: i) acreditar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos del periodo laboral 12/04/2019 al 31/12/2021, en favor del extrabajador detallado en el Cuadro N° 01 de la medida inspectiva de requerimiento. Para efectos del cumplimiento señalado, se le otorgó como fecha máxima de cumplimiento el día 15 de junio de 2021. Asimismo, se le precisó que en caso de incumplimiento se incurrirá en infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

vi. El 14 de setiembre de 2021, la Empresa acreditó haber cumplido con la totalidad de lo solicitado en la medida de requerimiento; es decir, en su recurso de reconsideración.

vii. El Tribunal de Fiscalización Laboral en su Resolución N° 104-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, de fecha 15 de julio de 2021, ha señalado que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

viii. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, esta Intendencia Regional al igual que en un pronunciamiento similar (Resolución de Intendencia N° 112-2021- SUNAFIL/IRE-SMA) ha comprobado que la Empresa ha cumplido con acreditar el cumplimiento de la totalidad de la medida de requerimiento, inclusive, en su recurso de reconsideración.

ix. Ahora, si bien, la Empresa no ha cumplido con lo solicitado en la medida de requerimiento en el plazo otorgado; sin embargo, en su recurso de reconsideración cumplió con la totalidad de lo solicitado en dicha medida; por lo que, en consideración de lo expuesto; y, conforme lo refirió el Tribunal de Fiscalización Laboral en su Resolución N° 104-2021-SUNAFIL/TFL Primera Sala, de fecha 15 de julio de 2021, no resultaría razonable la imposición de la sanción a la labor inspectiva, toda vez que la finalidad del sistema inspectivo es la verificación del cumplimiento de la normativa Sociolaboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los empleadores, hecho que se produjo con la acreditación efectuada por la impugnante, y no exceder el carácter punitivo de la Administración Pública.

2021-SUNAFIL/IRE-SMA, recibido el 29 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 133-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando los siguientes alegatos:

i. En el recurso de reconsideración y apelación se ha cumplido con subsanar la infracción, pues se cumplió con abonar a la cuenta AFP NET, conforme a la Planilla de Declaración y Pago de Aportes Previsiones, por los periodos de devengue 2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11 y 2020-12; con los respectivos intereses tal como se puede acreditar, a fin de que sea tomado en consideración. En ese sentido, como se puede concluir la infracción laboral fue acreditada con el recurso de reconsideración, es decir, antes de que se emita la resolución de primera instancia, por lo que, se debió dejar sin efecto la propuesta de multa.

ii. Se ha incurrido en violación del debido procedimiento y de la tutela procesal efectiva, al no tomarse en cuenta los fundamentos del recurso de reconsideración; por lo que, la resolución impugnada es totalmente contradictoria a la Resolución de Intendencia N° 112-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 22.10.2021.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (el énfasis es nuestro).

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos

10 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01899-2017-AA.pdf

los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la

11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). (énfasis añadido)

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 6.16. Al respecto, el artículo 40 de la LGIT, dispone: “Las multas previstas en esta Ley se reducen en los siguientes casos: a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación. b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación. En ambos casos, la solicitud de reducción es resuelta por la Autoridad Administrativa de Trabajo de primera instancia […]”. (énfasis añadido).

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 133-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 160-2021- SUNAFIL/IRE-SMA, ordenándose RETROTRAER el procedimiento sancionador a la fecha del acto precitado, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de San Martín, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, y remitir copia de los actuados a la Gerencia General para su trámite correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.26.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A., y a la Intendencia Regional de San Martín, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES