Compañía Minera Poderosa S.A — Res. 672-2026

Antecedentes

20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con las obligaciones sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Vigilancia del cumplimiento de la normativa de SST por parte de la empresa contratista, debidamente notificado a través de la casilla electrónica, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

1 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 3 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 4 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 5 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

6 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de julio del 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 803-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada determina que de acuerdo con la Decisión N° 584 de la Comunidad Andina de Naciones, la empresa realizaba en el mismo lugar, labores conjunta y simultáneamente con los trabajadores de la empresa contratista, lo que no está probado en autos y no lo está por cuanto la Ley N° 29245 (Ley que regula los servicios de Tercerización) con la que se celebró el contrato de tercerización con la contratista no lo permite. ii. Se atribuye la responsabilidad de empleador solidariamente responsable de la aplicación de medidas de prevención. Sin embargo, nosotros no somos los empleadores, por lo que no existe solidaridad en ese alcance de nuestra empresa con la contratista minera.

7 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

iii. No nos corresponde cumplir como titular de la unidad de producción minera, donde el Sr. Ismael Valqui Rojas Rojas desarrolló sus actividades - como trabajador de la contratista MONTE CARMELO-, atendiendo al Contrato de Obra, celebrado en el marco de una Tercerización Laboral entre PODEROSA y MONTE CARMELO, iv. Sostiene que estableció en la Cláusula Decimocuarta del Contrato de Obra celebrado que, la obligación de la empresa contratista Monte Carmelo de conocer, respetar y hacer cumplir a su personal las normas internas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Minera, el Reglamento Interno de Transporte, las políticas ambientales y el IPER, conforme al Decreto Supremo N.° 024- 2016-EM. Asimismo, refiere que se previó la aplicación de sanciones ante incumplimientos y la paralización de labores en caso de condiciones inseguras. En esa línea, señala que la inspeccionada cuenta con instrumentos de gestión como el Plan de Minado, el IPERC Línea Base y el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales contemplan la identificación, evaluación y control de riesgos, siendo aplicables tanto a sus trabajadores como a los de las empresas contratistas. v. Alega que, estableció en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra celebrado con MONTE CARMELO que, la empresa contratista asumió la obligación de someter a su personal a exámenes médicos ocupacionales, así como de cumplir y hacer cumplir las normas legales y disposiciones internas en materia de seguridad e higiene minera establecidas por la inspeccionada. Asimismo, señala que se previó como causal de resolución contractual el incumplimiento reiterado de dichas obligaciones, reservándose la inspeccionada el derecho de efectuar supervisiones. En esa línea, refiere que la inspeccionada cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a la prevención de riesgos laborales en la actividad minera, promoviendo la participación de trabajadores y contratistas. Finalmente, indica que, en atención a su deber de vigilancia, viene implementando de manera permanente mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas contratistas. vi. Alega que la inspeccionada supervisó que la empresa contratista proporcione a su personal los equipos de protección personal adecuados conforme a los estándares en minería, así como la realización de charlas de inducción, orientación y capacitación, y la implementación de PETS para cada actividad desarrollada. Señala que la contratista contaba con equipos de protección propios debidamente identificados, y que la inspeccionada, en su calidad de titular minero, también brindaba capacitaciones a todo el personal que labora en la unidad minera. vii. Refiere que se verificó la existencia del PETS correspondiente a la actividad de “rotura de bancos sobre parrillas”, el cual resultaría adecuado al tipo de trabajo realizado. Así también, indica que se estableció contractualmente la obligación de la contratista de contratar y mantener vigentes pólizas de seguros para su personal y para daños a terceros, señalando que ello fue cumplido, por lo que no correspondería atribuir responsabilidad a la inspeccionada. viii. Se estableció contractualmente la obligación de la empresa contratista de respetar las disposiciones legales vigentes y las normas internas en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, incluyendo el Reglamento Interno de Seguridad. Asimismo, refiere que se contempló la aplicación de sanciones ante incumplimientos y la paralización de labores frente a condiciones inseguras. En ese sentido, señala que dichas disposiciones contractuales evidencian que la inspeccionada cumplió con su deber de vigilancia respecto del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte de la contratista. ix. No se ha acreditado la supuesta responsabilidad de la inspeccionada, pues queda claro que no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre el accidente del Sr. Ismael Valqui Rojas Rojas y un acto u omisión que haya originado, contribuido o

provocado al mismo; toda vez que el accidente de trabajo ocurrió cuando procedió a romper un banco de roca de aproximadamente 0.30mx0.50mx0.27m sobre parrilla con un combo de 12 lb., durante el desarrollo del trabajo realizado el 3 de setiembre de 2019, conforme se ha registrado en el numeral 4.7. del Acta de Infracción, a pesar de que se contaba con el PETS sobre "Rotura de bancos sobre parrillas", de fecha 30 de abril del 2019, en el que se describe el personal, los equipos de protección personal, los equipos/herramientas/materiales, el procedimiento y las restricciones, emitido por la inspeccionada para garantizar su deber de vigilancia frente a la contratista; el mismo que adjuntamos. Así las cosas, el accidente ocurrido al señor Rojas, se debió a su propia imprudencia, al proceder a romper un banco de roca de gran dimensión, confiándose de su accionar, cuando debió seguir el procedimiento y restricciones contenidas en el numeral 4.9 del PETS antes mencionado. x. El accidente se debió a la imprudencia del propio trabajador, configurándose una fractura del nexo causal que exonera de responsabilidad a la inspeccionada, al tratarse de un daño originado por una conducta negligente de la víctima y no por acciones atribuibles a aquella. En ese sentido, señala que la labor realizada por el trabajador al momento del accidente no constituye causa del daño. Asimismo, refiere que las afecciones médicas diagnosticadas no guardan relación con el accidente, por lo que no habrían sido consecuencia del mismo. xi. Corresponde aplicar el régimen de responsabilidad contractual subjetiva, en el cual el empleador queda exonerado si acredita haber actuado con la diligencia ordinaria en el cumplimiento de su deber de prevención. En ese sentido, señala que, en atención a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo —en particular las previstas en el artículo 68 de la Ley N.° 29783—, la inspeccionada cumplió con su deber preventivo, por lo que no existiría infracción ni responsabilidad, contrariamente a lo determinado por la autoridad instructora. xii. Se vulnera el debido procedimiento, toda vez que, la resolución impugnada vulnera la debida motivación y el derecho de defensa, al advertirse una falta de análisis sobre el caso en concreto y una exposición de los fundamentos que llevan a imponernos multa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el accidente de trabajo

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores.

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y,

ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la

8 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.

iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral.

ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción”. (énfasis añadido). 6.4 Posteriormente, mediante Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 19 de noviembre de 2022 en el diario oficial El peruano, se aprobaron como precedentes de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo los criterios contenidos en los fundamentos 6.5.14, 6.5.15 y 6.5.16 de dicha resolución, según el siguiente detalle:

“6.5.14. En tal sentido, la supervisión en la seguridad y salud en el trabajo constituye un concepto amplio que define a acciones significativas que posibilitan la mejora continua, siendo entonces un instrumento trascendente en el diseño, desarrollo, guía y parámetros dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la “supervisión” no se reduce a la figura de un personal (“supervisor”) cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control (“supervisar”). El concepto, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador — deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los

riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por la inspección del trabajo a través del deber de colaboración y el ejercicio de las facultades de la inspección del trabajo. 6.5.15. Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados. 6.5.16. Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador”. (énfasis añadido).

Sobre la infracción muy grave en materia de seguridad y salud atribuida

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijuridica. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”10

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

9 Casación N° 18190-2016 Lima 10 Casación N° 4321-2015 Callao

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo11.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“Octavo (…) 9. La relación causal en los accidentes de trabajo: (…) En el campo laboral la relación causal exige en primer lugar la existencia de vínculo laboral y en segundo lugar que el accidente de trabajo que cause daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo o con ocasión del mismo. (…) Noveno. - Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (…) Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332° del

11 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo”.

Sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas (Vigilancia del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la contratista)

1. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS): Que, de la revisión del documento denominado: "PETS DE ROTURA DE BANCOS SOBRE PARRILLAS", de fecha de aprobación el 30-04-2019, si bien describe el personal, los equipos de protección personal, los equipos/herramientas/materiales, el procedimiento y las restricciones; sin embargo, se desprende del mismo, que no especifica como elegir la comba adecuada a ser utilizada por el trabajador que labora en la rotura de bancos sobre parrillas, tampoco especifica el tamaño "bancos grandes" que no se pudieran romper para coordinar con su Jefe inmediato para su envío a cámara de plasteo de acuerdo al Instructivo de Voladura Secundaria, según dice el numeral 4.9 de dicho PETS.

2. САРАCITACION EN EL PETS DE ROTURA DE BANCOS SOBRE PARRILLAS: Que, de la revisión de las capacitaciones recibidas por el señor YSMAEL VALQUI ROJAS ROJAS, presentadas por el sujeto inspeccionado, este no ha acreditado haber capacitado al citado trabajador en el procedimiento escrito de trabajo seguro denominado "PETS DE ROTURA DE BANCOS SOBRE PARRILLAS”, de fecha de aprobación el 30-04-2019, el cual describía como desarrollar la tarea realizada por el trabajador al momento del accidente.

3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO: Si ben el sujeto inspeccionado acreditó la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo - SCTR, en salud (Contrato N° 001062722) уen pensiones (Póliza N° 00000062038374), ambos en Pacífico EPS - Pacífico Seguros, a favor del trabajador accidentado, señor YSMAEL VALQUI ROJAS ROJAS; sin embargo, durante las actuaciones inspectivas de investigación materia de autos, el sujeto inspeccionado no acreditó haber activado dicho SCTR, después del accidente de trabajo sufrido por el señor YSMAEL VALQUI ROJAS ROJAS, a fin de ser atendido hasta la total recuperación de su salud. Se deja constancia que la inspeccionada cesó al citado trabajador el 19-09-2019 por término de contrato de trabajo, sin que se haya recuperado totalmente. (énfasis añadido).

12 Orden de Inspección N° 432-2019-SUNAFIL/INSSI.

13 Constitución Política del Perú de 1993 Protección y fomento del empleo “Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. 14 Artículo II del Título Preliminar de la LSST. 15 LSST, “Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador

orden de prioridad preestablecido por Ley16. Precisamente, en el caso de empresas usuarias, aplica lo dispuesto en el artículo 103 de la LSST:

“Artículo 103. Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones”. (énfasis añadido).

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”. 16 LSST, “Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 17 Ver reverso del folio 46 del expediente inspectivo.

Figura N°1:

deficiencia del procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), lo que hubieran podido evitar la ocurrencia del accidente de trabajo ocurrido.

“Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores

El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: (…) d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse”. (énfasis añadido).

“28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”. (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (énfasis añadido).

Sobre los demás argumentos de la impugnante

partes de modo indisponible por mandato legal. En ese sentido, el sujeto inspeccionado se encontraba obligado a cumplir con efectuar la vigilancia con la empresa contratista CONTRATA MARIA DEL MONTE CARMELO S.A.C. respecto al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, no cabe acoger este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Vigilancia del cumplimiento de la normativa de SST por parte de la empresa contratista, hecho que fue identificado como causa del accidente de trabajo que afectó al trabajador Ysmael Valqui Rojas Rojas. Numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 803-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5490-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 803-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260430JAMT – HR: 110819-2019