Compañía Minera Poderosa S.A — Res. 406-2022

Mediante Orden de Inspección N° 242-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 224-2019- SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Mediante Imputación de cargos N° 451-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 13 de marzo de 2020, notificada el 09 de setiembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1049-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 18 de noviembre de 2020 (en adelante, el informe final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 344-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 30 de abril de 2021, notificada el 03 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 226,800.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 344-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1632-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de octubre de 20212, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 05 de noviembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1632-2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum Nº 002124- 2021-SUNAFIL/ILM, recibido el 02 de diciembre de 2021, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que COMPAÑÍA MINERA PODERA S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1632-2021- SUNAFIL/ILM que confirmó la sanción impuesta de S/ 226,800.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 19 de octubre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por COMPAÑÍA MINERA PODERA S.A.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a no haber efectuado las coordinaciones con la contratista respecto a la vigilancia y cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por no cumplir con el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y con formación e información.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales11, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo12.

El artículo 21 de la LSST prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 de la LSST establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a)

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En el caso de las empresas usuarias, como lo es la impugnante, es preciso indicar que, el artículo 68 de la LSST, establece que:

Respecto de la configuración del tipo legal previsto en el artículo 28, numeral 28.10 del RLGIT, se requiere la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo y ii) que se produzca la muerte o cause daño en el cuerpo o la salud del trabajador, requiriendo asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.

Concordante con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2016-EM, señala expresamente: “El titular de actividad minera es responsable de garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o fuera de él; así como desarrollar actividades permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes.”

Lo expuesto se encuentra acorde a lo dispuesto en el literal b), c) y d) de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que prescribe:

En el presente caso, la inspeccionada es una empresa usuaria, y el trabajador afectado tiene como empleador a la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C., conforme el numeral III del Acta de Infracción, la cual brinda servicios en las instalaciones de la impugnante.

Ahora bien, en un escenario de subcontratación de servicios, como el presente caso, alegar que un accidente de trabajo resulta imputable exclusivamente al empleador directo, es una afirmación que desconoce lo dispuesto por el artículo 68 de la LSST,

Asimismo, es obligación del empleador el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas u otros, la obligación de vigilar que aquella cumpla efectivamente con sus obligaciones, todo ello, debe ser interpretado en conjunto con el principio de prevención contenido en la Ley N° 29783, que regula la garantía que, en el centro de trabajo, se establezcan los medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, tal como ha ocurrido en el presente caso (énfasis añadido).

Esta garantía fluye de la lectura de los literales b), c) y d) del citado artículo. Asimismo, lo alegado por el impugnante referido a su no responsabilidad en el accidente producido, pasa por alto que el artículo 10313 del mismo cuerpo normativo, indica de forma expresa la responsabilidad de la empresa principal en casos como el que es objeto de este procedimiento administrativo.

En esa línea, Ospina y Béjar14 han señalado que “(…) el deber de prevención se ejerce frente aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, lo cual incluye a los visitantes y usuarios, conforme a lo establecido en los artículos 68 y 103 de la LSST.” Asimismo, respecto a la obligación de la empresa usuaria de proteger la seguridad y salud en el trabajo: “En principio, cada empresa es responsable directa de las obligaciones que se hayan delimitado producto de la coordinación –por ejemplo, la empresa principal se encarga de la capacitación sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo y la contratista sobre los riesgos generales–; además, la empresa principal tiene a su cargo el deber de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la tercerizadora. Sin embargo, si esta última incumple con sus deberes asignados, la empresa principal, en

El artículo 17 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Decisión N° 584 de la Comunidad Andina de Naciones, establece que siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales; debiendo entenderse para el presente caso que tanto la empresa de intermediación laboral como la usuaria les une un vínculo obligacional con el trabajador destacado por medio del cual éste último tiene derecho a exigir la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales a cualquiera de ellos, para la protección eficaz de su seguridad y salud. (énfasis añadido).

Con fecha 13 de junio de 2019, se produjo el accidente de trabajo después de realizar la limpieza de mineral con el wiche, los trabajadores (el perforista y el trabajador accidentado: Jurado Tuncar Gozman de 27 años16) realizaron el re-desatados de rocas sueltas, para luego iniciar la perforación. Mientras tanto el trabajador Jurado Tuncar Gozman, pasa, desde la entrada con dirección al fondo, por detrás del perforista y en ese momento se desprende, entre otros objetos, un block de roca de 1.8 x 1 x 0.3 metros de la caja techo, golpeando la espalda del trabajador Jurado Tuncar Gozman, con consecuencia mortal. Así las cosas, se aprecia que, el accidente ocurrió cuando el trabajador accidentado prestaba servicios en las instalaciones de la empresa usuaria, Compañía Minera Poderosa S.A., producto del contrato suscrito entre la inspeccionada y la empresa Marose Contratistas Generales S.A.C.

En la reunión extraordinaria del comité de seguridad y salud en el trabajo de la unidad Minera Poderosa, se señala como una de las causas: “a) FALLA O FALTA DE PLAN DE GESTIÓN: Insuficiente Identificación de los Peligros y Evaluación de Riesgos por parte de la supervisión y trabajadores en el desarrollo de la tarea (…)17” y como causas inmediatas: “1. Actos sub estándares: i) Posición inadecuada para la tarea: El trabajador se ubica en una zona que no contaba con sostenimiento (…)18”. Por su parte, el Ingeniero residente de la ECM Marose Contratistas Generales SAC, Cesar Cuellar Laupa, en relación al accidente mortal del ex trabajador, señala: “7. Diga Ud. ¿Qué se debe hacer para evitar la recurrencia de este tipo de accidentes? Dijo: Realizar una buena evaluación geomecánica por parte de la supervisión de la EXM Marose y del área geomecánica de Compañía, ya que el plano que nos entregan es genérico no indica la presencia de fallas ni fisuras, falsas cajas, etc.19”

Conforme se desprende del acta de infracción “(…) la empresa materia de inspección, exhibió el IPERC continuo, de fecha 13 de junio de 2019, elaborado por el trabajador accidentado Jurado Tunear Gozman (Ayudante perforista) y el trabajador Chacón Honorio Efesor (Maestro perforista), en donde se precisa que la única medida correctiva del supervisor Vidal Canahuire, es la de “doblar clavos parado en la madera en desuso”, no señalando nada sobre medidas de control para la roca fracturada; así

Lo descrito precedentemente permite advertir que la impugnante no cumplió con vigilar que la empresa contratista supervisara y cumpliera con las normas en materia de seguridad y salud en el trabado de las labores de los trabajadores destacados a sus instalaciones de forma eficiente: de haberlo hecho, el supervisor de la obra hubiera precisado en el IPERC continuo que los trabajadores cumpliesen con realizar las medidas de control para la roca fracturada, así como vigilar labor riesgosa orientando y vigilando a los trabajadores afectados. Este conjunto de hechos generó que se haya producido el accidente mortal el 13 de junio de 2019. Por lo que, no se ha vulnerado el principio de prevención, del numeral I del Título Preliminar de la Ley Nº 29783, en los términos alegado por la impugnante. Por ende, corresponde desestimar este extremo del recurso de revisión.

De otro lado, tampoco se acreditó que la empresa contratista haya identificado los peligros y evaluación de riesgos en la labor del trabajador afectado, pues como refiere el ingeniero de la empresa Marose Contratistas Generales SAC., la empresa usuaria debió entregar una evaluación precisa del plano donde se realizaban las labores, a efectos de que pueda precisarse las fallas que existían, como fisuras, falsas cajas21. Sobre este aspecto, la empresa impugnante, presentó el estudio geomecánico, “Para los trabajos en labores subterráneas, los estudios de geomecánica deberán ser actualizados mensualmente o en un plazo menor si el caso lo amerita”, pero no exhibió el estudio de geomecánico del mes de junio de 2019. En cuanto, a los PETS colocado de puntales con Jack pot", código PET-C-MIN. CON-011, de fecha 09 de enero de 2019, en esta no obra descripción y detalle del lugar de ubicación o posición del ayudante perforista al momento de realizar la patilla de la base para poner el puntal con Jack pot. Por tanto, los estándares de seguridad señalados en dicho PETS insuficientes, lo que no ha permitido dar una adecuada capacitación al trabajador Jurado Tunear Gozman; por lo que, no se brindó capacitaciones adecuadas a favor del trabajador a la fecha del accidente de trabajo. De lo que también es responsable la impugnante por su deber de prevención en relación a al trabajador destacado en sus instalaciones.

En tal sentido, a partir del contrato celebrado con la empresa contratista, la impugnante debió de adoptar medidas de prevención y vigilancia, atendiendo al riesgo que implica las labores a realizar en sus instalaciones. Sin embargo, no lo hizo a cabalidad, pues conforme a las declaraciones brindadas y de la documentación recabada en la fase inspectiva del procedimiento, se advierte que el día de los hechos los trabajadores afectados no contaron, con una adecuada capacitación y formación sobre los peligros en el ejercicio de sus labores, ello como consecuencia de una

Por lo que, se ha acreditado que la impugnante no cumplió con su deber de prevención y vigilancia del cumplimiento de la normativa sociolaboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la empresa contratista Marose Contratistas Generales S.A.C. En consecuencia, no se ha configurado la inaplicación del inciso d) del artículo 68 de la Ley 29783 y del inciso a) del artículo 26 del Decreto Supremo Nº 005- 2012-TR, como afirma la impugnante.

En tal sentido, la Sala coincide con la autoridad de segunda instancia, que los hechos materia de autos, se subsumen en el tipo infractor previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, que a la letra señala: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produzca la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”. En consecuencia, los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo deben ser desestimados, pues no se ha producido una vulneración al principio de legalidad, ni se ha inaplicado lo dispuesto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, como lo afirma la impugnante.

El inciso 248.9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, define el principio de presunción de licitud en los siguientes términos: “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.” Al respecto, podemos precisar que el principio de presunción de licitud precitado se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

También se aprecia que el Acta de Infracción, en los extremos que propone las sanciones, cumple con el contenido mínimo dispuesto por el artículo 4622 de la LGIT, así como con el artículo 5423 del RLGIT, y en la Directiva N° 01-2017-SUNAFIL, aprobada

En efecto, el Acta de Infracción Nº 224-2019-SUNAFIL/INSSI, de fecha 03 de setiembre de 2019, reúne los requisitos esenciales para su validez, de acuerdo a las normas descritas precedentemente, tal como se puede apreciar de los numerales 4.2 referido a los antecedentes, 4.3, a las circunstancias en que ocurre el accidente y contempla las causas y factores que contribuyeron a su ocurrencia; así como la relación de causalidad entre la conducta de la impugnante y el suceso ocurrido el 13 de junio de 2019, conforme consta en sus numerales 4.2 al 4.7. Por tales razones, se evidencia que el Acta de Infracción, se encuentra debidamente motivada.

Así las cosas, se ha demostrado que la infracción que se atribuye a la impugnante está debidamente acreditada, en virtud de los medios probatorios presentados por la misma, los cuales han probado el incumplimiento de su deber de vigilancia respecto a su contratista, en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, no se evidencia la vulneración invocada al principio de licitud: sus argumentos no tienen sustento normativo que los ampare. Por tanto, el recurso de revisión no resulta sustentable tampoco en este extremo.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.”

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 24625 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por ende, no se ha realizado una interpretación errónea del numeral 47.3 del artículo 47 del RLGIT y del numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en los términos señalados por la impugnante. En tal sentido, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión interpuesto.

Respecto del cálculo para la imposición de la multa por infracción del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, se debe indicar que, el numeral 48.1-C del artículo 48, precisa que: “Tratándose de las infracciones tipificadas en (…) el numeral 28.10 del artículo 28, cuando cause muerte o invalidez permanente total o parcial (…) únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa (…)”. Por lo que, corresponde no acoger este extremo del recurso de revisión.

Asimismo, esta Sala considera que no existe vulneración al debido procedimiento, ni a la debida motivación, ni al derecho de defensa en los términos que alega la impugnante. La razón estriba en que, de los actuados, se aprecia que la autoridad inspectiva, evaluó y se pronunció sobre todos los argumentos presentados por la impugnante, emitiéndose la Resolución Intendencia N° 1632-2021-SUNAFIL/ILM, con los fundamentos de hecho y derecho que la motivan. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

En cuanto a la nulidad deducida por la impugnante, debe ser desestimada, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.