Compañía Minera Miski Mayo S.R.L — Res. 1533-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1152-2021-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 038-2022-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción) En mérito a lo estipulado en el artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 753-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 30 de marzo de 2022, notificado el 20 de abril de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1230-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 20 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1391-2022- SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 28 de noviembre de 2022, notificado el 30 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 12,098.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1391-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2.

Mediante Resolución de Intendencia N° 506-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 08 de mayo de 2023 y notificado el 10 de mayo de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la sanción impuesta por la primera instancia.

Con fecha 29 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 506- 2023-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003145- 2023-SUNAFIL/ILM recibido el 12 de octubre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 506-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 12,098.00, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de mayo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas,

Con fecha 29 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 506-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Adicionalmente, en el “segundo otrosí decimos” del recurso impugnatorio se advierte la solicitud del impugnante del uso de la palabra para informar oralmente ante el Tribunal, con el fin de exponer sus argumentos de defensa.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”8. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”9.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”10.

El RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo, las siguientes:

Sobre el particular, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales11, a

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; y e) en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 de la misma fuente, establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido). Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en la Casación Laboral 1225- 2015-Lima, ha establecido lo siguiente:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

En principio, más allá de los cuestionamientos que integran el recurso de revisión de la administrada, sobre la base de la línea de criterio que viene construyendo el Tribunal de Fiscalización Laboral, corresponde generar evaluación de la responsabilidad imputada a la administrada desde la evidencia fáctica y probatoria recabada en actuación inspectiva, a fin de establecer el nexo causal en la presente causa, lo cual se define como la causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido materia de evaluación.

En ese sentido, resulta pertinente citar los alcances del Principio de Verdad Material, según lo define el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG:

De acuerdo a ello, se establece que la decisión de la administración requiere encontrarse justificada desde el plano fáctico que compone el procedimiento. Dicho proceder exige a la administración el determinar más allá de toda duda razonable las aristas sustanciales de responsabilidad de la inspeccionada, a fin de justificar de manera solvente la imputación de las infracciones identificadas.

En ese mismo sentido, resulta pertinente tomar en consideración los alcances del precedente de observancia obligatoria definido mediante Resolución de Sala Plena Nº 005-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 2 de agosto de 2022, el cual determina lo siguiente:

En ese entendido, según lo verificado en actuación inspectiva, se le imputa al administrado el no haber efectuado la adecuada vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo respecto de la contratista, la empresa Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru S.A., en el accidente de trabajo acontecido el 22 de junio de 2021, en el que resultó afectado su trabajador, el Sr. Pablo Palacios.

De la fundamentación empleada, se aprecia que el cuerpo inspectivo ha tomado en cuenta las conclusiones arribadas en el proceso de inspección desarrollado contra la empresa contratista, bajo la Orden de Inspección Nº 1152-2021-SUNAFIL/INSSI, mediante la cual se determinó su responsabilidad en el accidente de trabajo sobre la base de los siguientes hechos, argumentación que ha resultado también acogida por las instancias precedentes en el proceso administrativo y que es materia de análisis en la evaluación de responsabilidad de la administrada; así tenemos:

Ante esos hechos, no existe duda que el marco fáctico nos posiciona ante un accidente de trabajo y que la autoridad de inspección ha identificado como responsable primario a la empresa contratista (en Orden de Inspección Nº 1152-2021-SUNAFIL/INSSI); sin embargo, en el presente caso, corresponde generar evaluación sobre la concurrencia del nexo causal entre la infracción imputada al impugnante, la Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., y el evento dañoso materia de análisis. Así, de lo recabado y fundamentado en el acta de infracción, se verifica que la determinación de responsabilidad para el personal inspectivo se ha definido según lo descrito en los numerales 4.5 y 4.6 del acta de infracción, así tenemos:

De este modo, se evidencia que el personal inspectivo a arribado a la conclusión de responsabilidad por parte de la administrada, en razón a los hechos definidos en la inspección generada contra la contratista, bajo la Orden de Inspección Nº 1152-2021- SUNAFIL/INSSI, desarrollando desde su fundamentación, una exposición de la valoración de los medios documentales que establecen el marco fáctico del hecho lesivo y la responsabilidad de la empresa Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru S.A. en el mismo, más no se establece valoración probatoria ni exposición fáctica que defina la responsabilidad singularizada de la empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., quien es el sujeto imputado en el presente proceso.

De lo analizado, se advierte que el personal inspectivo ha pretendido extender para la inspección de trabajo los efectos de la responsabilidad solidaria que establece el literal d) del artículo 68 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo13. Así, de la fundamentación empleada en el acta de infracción, se interpreta que el comisionado consideró que al determinarse la responsabilidad de la contratista respecto del accidente de trabajo el 22 de junio de 2021, la responsabilidad de la inspeccionada se configura directamente, sin expresar para esta, una evaluación de responsabilidad de manera particularizada.

En ese sentido, se advierte que el acta de infracción carece de fundamento orientado a definir el nexo causal de la infracción imputada a la empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. (indebida vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo respecto de la contratista) con el hecho dañoso (22 de junio de 2021). Es decir, el resultado de los actos inspectivos no se han encontrado orientados a establecer la responsabilidad de la misma, aun a pesar que se ha contado con medios de prueba que hubieran permitido establecer un marco de responsabilidad más sólido.

Así tenemos, según el requerimiento de información de fecha 04 de enero de 2022, se verifica que en el numeral 15, se le requirió a la administrada lo siguiente: “Documentos de la inspeccionada que acrediten la vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru S.A., relacionado con la actividad o labores que realizaba el trabajador accidentado, vigente a la fecha del accidente, tales como: Inspecciones internas realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo; matriz deidentificación de peligros y evaluación de riesgos – IPERC; programa de capacitaciones al personal; procedimientos escritos de trabajo seguro – PETS de la actividad realizada, entre otros”.

Ante ello, la administrada dio respuesta a la misma, en fecha 10 de enero de 2022, presentando diversos documentos en referencia a la fiscalización generada a la contratista, respecto de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, así tenemos: la Lista de verificación de materias de seguridad y salud en el trabajo en el sub sector de minería, fecha noviembre de 2021 (formato Excel); el Formato de inspección de SSMA en el taller de mantenimiento, de fecha 14 de abril de 2021 (formato Excel); el Formato de inspección de SSMA en el taller de mantenimiento, de fecha 27 de abril de 2021

Sobre la base de dicha evidencia, y conforme lo cuestiona la administrada en el ítem i) del resumen de su recurso de revisión, no se identifica un análisis específico generado por parte del personal inspectivo dirigido a determinar válidamente el acto de vigilancia de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte de la administrada para con su contratista, un acto de inspección que exigía valorar cada medio de prueba por parte de la inspección a fin de establecer si la impugnante ha incurrido en una omisión de dichos deberes o, de haberlos generado, si estos han resultado pertinentes bajo la condición de garante de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro de trabajo.

Del contenido de los numerales 4.5 y 4.6 del acta de infracción, se aprecia el simple traslado de la evaluación generada en el proceso de inspección tramitado bajo la Orden de Inspección Nº 1152-2021-SUNAFIL/INSSI. Sin embargo, se ha omitido contemplar que bajo dicho análisis se revela el marco fáctico del accidente de trabajo respecto de la responsabilidad de la contratista más no de la administrada. Así, no se identifica análisis alguno generado por la inspección de trabajo que establezca fáctica y probatoriamente el incumplimiento de la empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en cuanto a su deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo respecto de la contratista, lo cual constituye un débil ejercicio de la carga probatoria de la administración en la presente inspección.

En ese sentido, resulta pertinente, lo establecido por el máximo intérprete de la constitución, el cual en la sentencia recaída en el expediente Nº 2192-2004-AA/TC- TUMBES, precisó sobre el Principio de Licitud, lo siguiente:

En ese mismo sentido, en la doctrina nacional el profesor Morón Urbina indica:

Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena Nº 001- 2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de enero de 2023, el cual tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, ha establecido ciertas directrices respecto de la obligación de la administración de desvirtuar la presunción de licitud del administrado mediante la verificación plena de los hechos (verdad material), recabando medios probatorios idóneos antes de sancionar, sobre la base de los siguientes términos:

Sobre dicho marco normativo, doctrinario y jurisprudencial, se establece el parámetro de valoración probatoria para la administración, debiendo considerar las directrices que definen los Principios de Licitud y de Verdad Material. Mediante dichas aristas, se define la necesidad que la inspección de trabajo genere un esfuerzo por establecer la responsabilidad de la inspeccionada, desde la dirección de la investigación y la valoración de lo recabado en el proceso. Sin embargo, en el presente caso, se verifica, desde la actuación inspectiva, un defecto en la estructura de análisis que ha generado una imputación gaseosa contra la administrada, no respaldada en la valoración probatoria y determinación fáctica de responsabilidad de la misma, en cuanto a la imputación de infracción formulada en su contra.

En ese sentido, ante la flagrante carencia en la fundamentación de la imputación desde el acta de infracción, esta Sala concluye que no se encuentra determinado válidamente el nexo causal de la infracción imputada en contra de la administrada (indebida vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo respecto de la contratista) con el hecho dañoso (22 de junio de 2021).

Dicha omisión se ha reiterado en el proceso administrativo, conforme lo argumenta la administrada en el ítem v) del resumen del recurso de revisión; así, se evidencia de los pronunciamientos de primera y segunda instancia la misma fragilidad en sus conclusiones, al encontrarse basadas directamente en lo valorado y fundamentado por el cuerpo inspectivo. Es más, de los numerales 27 de la Resolución de Sub Intendencia N° 1391-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2 y el 3.11 de la Resolución de Intendencia N° 506- 2023-SUNAFIL/ILM, se identifica el mismo tenor argumentativo, la atribución de responsabilidad a la empresa principal desde la obligación determinada por ley, sin la determinación del nexo causal en el marco de lo exigido por el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Resolución de Sala Plena Nº 005-2022- SUNAFIL/TFL, conforme a lo cuestionado por la impugnante en el ítem iii) del resumen del recurso de revisión.

De este modo, el proceso de inspección no ha satisfecho su finalidad en razón al incumplimiento de su carga probatoria, al no establecer válidamente los presupuestos necesarios de responsabilidad en contra de la administrada respecto de la infracción imputada (nexo causal), advirtiendo para ello la insatisfacción del contenido debido y mínimo del acta de infracción, definido por ley16 y requerido por la jurisprudencia17. Así, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta en contra de la impugnante ante las carencias de la imputación advertida.

En el marco de lo resuelto, carece de objeto emitir pronunciamiento de los restantes argumentos identificados en el resumen del recurso de revisión de la administrada, al haberse considerado los necesarios en los fundamentos precedentes y haberse alcanzado la finalidad del recurso impugnatorio.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral solicitado por el impugnante. POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;