Compañía Minera Ares S.A.C — Res. 143-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: Supervisión efectiva); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud; y, Cobertura en invalidez – sepelio); e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos). Luis Mendoza Legoas 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de Trabajo Mortales e Incidentes Peligrosos, el Reporte de Notificación de Accidente Mortal enviando al Sistema de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Aviso de accidente mortal enviando al Ministerio de Energía y Minas, investigándose el accidente de trabajo ocurrido el 29 de febrero de 2020, al señor Esmerly Salazar Alejo (Perforista), verificándose incumplimientos que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente mortal del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 338,818.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con brindar una supervisión efectiva, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 338,818.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación respecto a la formación e Información sobre SST, en el puesto o función específica desarrollada por el trabajador Esmerly Salazar Alejo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 338,818.50.

i. Solicitan el archivo del procedimiento por contravención a la Constitución y la falta de motivación del acto administrativo, fundamentado en los artículos 10.1 y 10.2 de la Ley N° 27444, que establecen que toda decisión administrativa debe estar debidamente motivada. ii. Sostienen que se han vulnerado los principios de razonabilidad y debido procedimiento, conforme a lo estipulado en la Ley General de Inspección del Trabajo y el TUO de la LPAG. En el contexto del caso, se argumenta que las conductas

infractoras imputadas a la empresa, relacionadas con el accidente ocurrido el 29 de febrero de 2019, no fueron evaluadas de manera justa, ya que se consideraron 1831 supuestos trabajadores afectados sin una identificación clara. Esto implica que la administración debió considerar la naturaleza de las acciones y no imponer sanciones desproporcionadas, lo que se traduce en un trato injusto hacia la empresa. iii. Señalan que, en el acta de infracción, se imputaron cargos por presuntas infracciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el contexto del accidente que resultó en la muerte del trabajador Esmerly Salazar. Sin embargo, el Inspector de Trabajo no identificó adecuadamente a los supuestos trabajadores afectados, mencionando un total de 1831 trabajadores sin proporcionar nombres o números de identificación (DNI) en el documento. Esta omisión es crítica, ya que la Resolución N° 393-2021 del Tribunal de Fiscalización Laboral establece que el acta de infracción debe incluir la identificación de las personas afectadas, y la falta de esta información vulnera el derecho de defensa de los trabajadores y afecta la validez de la imputación de cargos. iv. Afirman que la Resolución de Sub-Intendencia carece de la motivación adecuada, lo que contraviene el artículo 6 del TUO de la LPAG. En el caso, se argumenta que la resolución no presenta una relación clara de los hechos probados ni las razones jurídicas que justifican la sanción impuesta. La falta de una narrativa coherente y comprensible en la resolución no solo afecta la transparencia del proceso, sino que también impide que la empresa pueda ejercer su derecho a defensa de manera efectiva, ya que no se le proporcionan las bases necesarias para impugnar la decisión. v. Precisan que, el accidente de trabajo ocurrió el 29 de febrero de 2019, cuando el trabajador Esmerly Salazar Alejo, un perforista con más de 9 años de experiencia en el sector minero, sufrió un accidente que resultó en su muerte. Durante el desarrollo de sus labores, se produjo un desprendimiento de rocas, lo que se considera un hecho imprevisible, ya que el trabajador se encontraba en una posición que le dio la espalda a las áreas donde se estaba perforando. A pesar de que la empresa Minera ARES había implementado mecanismos de supervisión y había capacitado al trabajador en materia de seguridad y salud, la resolución de la Sub-Intendencia concluyó que la empresa incurrió en incumplimientos, lo que llevó a la imposición de sanciones, aunque no se demostró que estos incumplimientos fueran la causa directa del accidente. vi. Mencionan la sentencia del expediente N° 728-2008-PHC/TC, que establece que la inexistencia de motivación es un motivo de nulidad. Reforzando la argumentación de que la falta de motivación adecuada en la resolución de la Sub-Intendencia puede

llevar a la nulidad del acto administrativo. Destacan que la resolución no responde a las alegaciones de la empresa sobre su cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que se traduce en una falta de consideración de los argumentos presentados por la empresa, afectando su derecho a un debido proceso. vii. informan que el trabajador Salazar recibió múltiples capacitaciones sobre los peligros y riesgos relacionados con su labor, específicamente sobre la caída de rocas y las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad. A pesar de esta capacitación, el accidente ocurrió cuando el trabajador se encontraba en una posición vulnerable, lo que llevó a la fatalidad del incidente. Asimismo, argumentan que cumplieron con las normativas de seguridad y que el trabajador estaba consciente de los riesgos, lo que se refleja en la documentación de las capacitaciones recibidas. viii. Argumentan que han cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que no se ha comprobado que un incumplimiento haya originado el accidente que resultó en la muerte del trabajador Esmerly Salazar, buscando que se declare la nulidad de la resolución, permitiendo así que la empresa pueda presentar su defensa de manera efectiva y demostrar que las sanciones impuestas no son justas ni fundamentadas, dado que no se ha establecido una relación directa entre sus acciones y el accidente ocurrido. ix. Por último, manifiestan que cumplieron con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, implementando medidas adecuadas y capacitando a sus trabajadores sobre los riesgos, incluida la caída de rocas. No se comprobó que la empresa fuera responsable del accidente que resultó en la muerte del trabajador Esmerly Salazar, ya que se consideró un hecho imprevisible. Demostraron que contaban con mecanismos de supervisión y que el trabajador estaba informado sobre los riesgos asociados a su labor.

i. Sobre la infracción por no brindar una supervisión efectiva, se advierte que los inspectores han valorado la documentación presentada por la inspeccionada concluyendo que no se tuvo una supervisión de la zona de trabajo por parte de los responsables, siendo que, si bien el extrabajador (perforista), era líder del equipo de trabajo y los otros dos trabajadores eran los ayudantes; y que la labor de desatado principalmente lo realizaba el perforista, intercambiando el rol de desatado con un ayudante, más aún, cuando la labor “desatado de rocas” realizada por el trabajador, era de alto riesgo para las ocupaciones de “Operador de Scycler, maestro y ayudante”, según evaluación inicial de riesgos del IPERC línea base es una actividad con nivel de riesgo de 8. ii. Además, durante las investigaciones del accidente mortal, realizadas por el equipo de investigación de la inspeccionada, se verificó que el área de geotécnica identificó el 29 de febrero de 2020, un tipo de roca IV-A y no se registró en el cuaderno de recomendaciones geomecánicas la presencia de factores influyentes (presencia de

2 Notificada a la impugnante el 06 de junio de 2022. Véase folio 120 del expediente sancionador.

falla y presencia de fracturas), siendo que, según la tabla GSI el sostenimiento necesario era de cuadros de manera y no con malla y perno como se venía realizando, sobre el cual la supervisión o jefatura no detectó esta nueva característica ni implementó los controles adecuados, aunado a ello, de acuerdo a las declaraciones de testigos del accidente, ayudantes, el geotecnista realizó solo la inspección del 29 de febrero de 2020, es decir, no participaron los ayudantes, ni el perforista, ni la supervisión o jefatura de dicha inspección, no obstante, según el informe de investigación el procedimiento de inspección geomecánica no indica que la evaluación sea con el supervisor o líder de la labor. En tal sentido, la inspeccionada no dispuso de una supervisión efectiva y eficaz, necesariamente en el puesto de trabajo, para asegurar la seguridad y salud del trabajador accidentando. iii. En cuanto a la infracción por no brindar formación e información sobre SST, el personal inspectivo verificó que la inspeccionada no cumplió con brindar formación e información suficiente y adecuada al trabajador accidentado acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables, siendo esto una de las causas del accidente de trabajo. iv. Sobre la supuesta vulneración al principio de razonabilidad en la determinación de las conductas infractoras tipificadas en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, se aprecia que no se ha vulnerado el principio de legalidad y razonabilidad, toda vez que, de acuerdo a lo expuesto, la autoridad de primera instancia tipificó tres conductas infractoras independientes con el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, de acuerdo a lo señalado por la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de la SUNAFIL, que estableció que mediante Memorándum Circular N° 001-2019-SUNAFIL/INII que los incumplimientos a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido catalogadas como causa del accidente de trabajo y que no se encuentren dentro de los supuestos de la aplicación del concurso de infracciones, deben ser calificados, cada uno, como infracción muy grave tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, no vulnerando el principio de concurso de infracciones. v. Respecto a la aplicación del artículo 48.1-C del RLGIT, al tratarse de una infracción tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas. 3.5 En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 929-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Refieren que, se ha interpretado erróneamente el artículo 26.C del RLSST, en tanto que, la Intendencia establece criterios sobre la supervisión efectiva que no se condicen con lo expuesto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. ii. Sostienen que la interpretación de la Intendencia es errónea porque no se puede exigir un estándar irrazonable de supervisión, la cual se caracteriza por solicitar a un personal que monitoree permanentemente al señor Salazar. Al respecto, invocan la Resolución N° 469-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que desarrolla los alcances de una adecuada supervisión efectiva la cual no guarda relación con implementar un supervisor que se encuentre vigilando en todo momento al trabajador, sino es el medio para realizar una mejora continua en la empresa. iii. Precisan que presentaron los elementos por los cuales se comprueba una supervisión efectiva; por ejemplo, las órdenes de trabajo, el Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo y la inspección diaria con fecha 28 de febrero de 2021, donde se encuentra la visita del jefe de guardia, lo que no fue valorado por la Sub Intendencia, dado que su análisis únicamente precisa la supuesta deficiencia de la malla y la falta de una inspección en las horas de la madrugada los cuales no tienen relación directa con el accidente. Sin embargo, los propios planes de trabajo muestran que tienen a dos supervisores encargados de cada tajo, además de los

propios ayudantes del señor Salazar, por lo cual, en todo momento se recoge información sobre posibles inconvenientes; a pesar de ello, la Intendencia considera que el estándar adecuado es la supervisión permanente, lo que contraviene el principio de razonabilidad y sobrepasa las exigencias de la norma, por lo que, no se puede sancionar cuando la norma no señala este grado de supervisión. iv. Resaltan que, el acto determinante del accidente fueron los movimientos del señor Salazar, dado que no le debió dar la espalda al techo recién desatado, incluso si hubiera encontrado un supervisor en ese momento, un hecho de cuestión de segundos no se pudo prever. Por tanto, solicitan la nulidad de la Resolución de Intendencia. v. Alegan que se ha interpretado erróneamente el principio de culpabilidad, en tanto que, no hay responsabilidad subjetiva al no establecerse el nexo de causalidad y debido a que, el accidente es consecuencia de la infracción a una prohibición del empleador. vi. Invocan la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sobre que la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento a su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. vii. Señalan que, cumplieron con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que elaboró un IPERC acorde a las normas, realizó una supervisión efectiva razonable, y formó e informó al señor Salazar sobre las funciones y peligros de su puesto, lo cual demostró durante todo el procedimiento con sendas pruebas. Sin embargo, consideran que la administración no realizó un análisis detallado de la relación de causalidad, esto se debe a que el señor Salazar sabía que no podía darle la espalda al techo por la posibilidad de caída de rocas. Sin embargo, el legislador no contempló que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea perfecto, sino lo complemento con los principios de mejora continua y participación de los trabajadores, dado que tiene una naturaleza perfectible. Ante ello, se pretende sancionar por un acto temerario del señor Salazar, mas no por un déficit de organización de Ares. viii. Manifiestan que se realizó una incorrecta interpretación del deber de prevención, protección y el artículo 50 de la LSST, ya que la norma no exige un sistema perfecto e incorregible; en cambio, exige un sistema que se encuentre en constante mejora

y que disminuya los peligros previsibles por la naturaleza de sus actividades lo que sucedió en este caso. ix. Sostienen que la Intendencia se equivoca al afirmar que la medida correctiva de revisión del IPERC de Base de Mina demuestra una supuesta infracción, ya que este proceso es parte del principio de mejora continua, esto se debe a que, el IPERC es susceptible a modificaciones, dado que los riesgos y peligros no son totalmente previsibles, por lo que, ante un accidente la empresa tiene la obligación de revisar sus medidas de control. x. Con respecto a la formación e información, alegan que tuvieron más de 30 capacitaciones durante la relación laboral y que contaba con más de 9 años de experiencia en el sector; es decir, advierten que el colaborador tuvo conocimiento de sus labores tanto por las capacitaciones y por su propia experiencia laboral; ante ello, el trabajador supo que no debía darle la espalda al techo recién desatado, dado que pueden existir desprendimiento de roca, a pesar de ello realizó una acción temeraria. xi. Mediante imagen muestran que el señor Salazar tuvo una capacitación sobre el desate de rocas, la cual versa sobre lo sucedido el día del accidente, por lo que, no se entiende la afirmación que no se capacitó de manera detallada y precisa al colaborador. En cambio, únicamente afirman que se no se capacitó de manera adecuada, mas no motivó las razones por las cuales existe una supuesta infracción. Por lo que, solicitan se declare la nulidad de la resolución. xii. Por otro lado, refieren que se ha inaplicado el artículo 248.4 del TUO de la LPAG, en tanto que, en el procedimiento no se acreditó la configuración del tipo infractor, lo que demuestra la falta de acreditación del nexo de causalidad entre los presuntos incumplimientos en SST y el accidente del extrabajador, asimismo, señalan que el tipo infractor no se ha configurado conforme a ley. xiii. Precisan la Resolución N° 169-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, referida al tipo infractor establecido en el numeral 10 del artículo 28 del RLGIT, tipificación similar al numeral 11 del artículo 28 del RLGIT, que exige la concurrencia de dos supuestos, el incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo que tenga una relación causal con el accidente, y la existencia de un daño. Asimismo, la Resolución N° 016-2022-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, en donde la tipificación adecuada es una sola infracción, la cual se fundamenta en todos los supuestos incumplimientos. xiv. Manifiestan que existe una incorrecta interpretación del artículo IV 1.1. del TUO de la LPAG, en tanto que, el pronunciamiento de la Intendencia supone la vulneración de los principios de razonabilidad y debido procedimiento, así como del deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible. Al respecto, consideran que, en el supuesto negado de que el tribunal ratifique la sanción, es importante evidenciar que, las conductas infractoras imputadas configurarían una sola infracción continuada, debido a que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción, lo que implica que se deba imputar y sancionar por una única infracción y no 3 como lo confirmo la Intendencia. Sobre el particular, invocan la Resolución N° 324-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, criterio ratificado mediante la Resolución N° 534-2021-

SUNAFIL/TFL-Primera Sala, y que no es aislado, ya que resolvió de la misma manera y decidió tipificar todas las infracciones en una sola, en la Resolución N° 421-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N° 422-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala y, Resolución N° 576-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. xv. Por lo que, advierten que los casos analizados por el tribunal contienen los mismos presupuestos que el presente, pues se aplicó erróneamente un criterio de individualización de multas aun cuando el numeral 10 del artículo 28 del RLGIT, de naturaleza similar al numeral 11 del artículo 28, contempla una infracción que puede reunir a todas las presuntas causas del accidente. xvi. Por último, alegan que se ha inaplicado el artículo IV del numeral 1.4 del TUO de la LPAG, sobre el principio de licitud y presunción de veracidad, en tanto que, la Intendencia y las demás instancias sin demostrar con hechos certeros o estudios debidamente realizados por expertos en el campo los sanciona por un supuesto incumplimiento en el IPERC Base Mina, supervisión efectiva, y formación e información al señor Salazar; sin embargo, presentaron el IPERC el cual contó con las diferentes medidas preventivas para evitar cualquier accidente; los planes de seguridad, PETAR y las inspecciones, además presentaron más de 30 capacitaciones al señor Salazar, que era jefe de equipo. No obstante, la Administración sin sustento alguno o medio probatorio de demuestre su posición cuestionó los elementos presentados. xvii. Por tanto, concluyen que la resolución ha vulnerado los principios de debido procedimiento y presunción de licitud y veracidad, toda vez que, no han aportado medios probatorios alguno que genere la certeza indubitable de las supuestas infracciones, por lo que, no se cumple con demostrar el déficit de organización y pretender trasladar la carga de la prueba a la empresa, cuando ello les corresponde.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones”15.

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por

14 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 15 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…) 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)”

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. - Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. - La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

“ART. 95.- El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en: a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas. b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinaras. e) Las deficiencias de las acciones correctivas. f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas. Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma”.

“ART. 97.- El titular de actividad minera debe elaborar la línea base de la IPERC, de acuerdo al ANEXO 8, como mínimo, y sobre dicha base elabora el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. La línea base de la IPERC debe ser actualizada anualmente por el titular de actividad minera y cuando: a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. b) Ocurran incidentes peligrosos. c) Se dicte cambios en la legislación. En toda labor debe mantenerse una copia de la Línea Base de la IPERC actualizada de las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en la IPERC estén totalmente implementados”.

evaluación y control de riesgos – IPERC línea base”, correspondiente al proceso de explotación, de fecha de actualización 29/10/2019 (con título IPERC BASE MINA), enviado a los correos institucionales de los inspectores actuantes el día 26/08/2020, vigente cuando ocurrió el accidente mortal del señor Esmerly Salazar Alejo; verificándose respecto a dicho documento que:

1) En el subproceso “Desate de rocas” dentro de la actividad “Desate manual/Desate mecanizado” no consideró la ocupación de “perforista” ni la tarea “desatado de rocas con barretillas”, ni se identificó el peligro “desprendimiento y caída de rocas”, ni se evaluó los riesgos que causaría dicho peligro ni incluyó como un control de ingeniería el “control topográfico de secciones”. 2) Dentro del subproceso “desate de rocas” y la actividad “Desate manual/Desate mecanizado”, no se identificó la tarea de inspección o evaluación de zona volada antes de efectuar el desatado de rocas, por parte del perforista, los ayudantes y el geotecnista”.

la fecha del accidente mortal de trabajo (29 de febrero de 2020); por lo que, lo consignado en el citado documento no logra desvirtuar el incumplimiento referido a no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgo.

adecuada en materia de SST, sobre los riesgos laborales en el puesto de trabajo y en la función específica que desarrollaba el trabajador afectado a la fecha del accidente de trabajo.

la seguridad y salud en su centro de trabajo, y en el ejercicio de su poder de dirección hacer cumplir a sus trabajadores la normativa y los reglamentos internos en seguridad y salud en el trabajo; constituyendo parte de la supervisión, instruir y verificar que los trabajadores realicen sus actividades evitando poner en riesgo su salud o integridad física; es decir que, la supervisión efectiva implica principalmente, vigilar y/o controlar que antes y durante la realización de las actividades laborales, los trabajadores cumplan con la normativa en seguridad y salud en el trabajo, precisamente para evitar accidentes o negligencias que deriven en un accidente de trabajo.

16 Véase folio 34 y 35 del expediente inspectivo.

cuestión de segundos no se pudo prever. Asimismo, consideran que la administración no realizó un análisis detallado de la relación de causalidad, esto se debe a que el señor Salazar sabía que no podía darle la espalda al techo por la posibilidad de caída de rocas. Sin embargo, el legislador no contempló que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea perfecto, sino lo complemento con los principios de mejora continua y participación de los trabajadores, dado que tiene una naturaleza perfectible. Ante ello, se pretende sancionar por un acto temerario del señor Salazar, mas no por un déficit de organización de Ares.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el

17 TUO de la LPAG, “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

” No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“24. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende, entre otros, el de solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda.

25. Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se motive la decisión de admitirlo o no.

18 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

26. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, ha sido enfático al considerar que no cualquier restricción del uso de medios legales de defensa supone un agravio al derecho constitucional de defensa ni, mucho menos, podría suponer el dejar al administrado en estado de indefensión. De esa forma, el informe oral ante el órgano que resuelve el recurso de revisión no es un componente indispensable para la eficacia real del derecho de defensa cuando los argumentos de la parte interesada ya se hicieron constar por escrito como sustento de su pretensión impugnatoria.

27. En el expediente administrativo que se eleva ante este Tribunal, deben constar (o deberían constar) los argumentos de defensa del administrado y aquellos que fundamentan la imputación efectuada por la Administración. Excepcionalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral puede ejercer la facultad descrita en el artículo 18.3 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, y requerir al impugnante la presentación de informaciones complementarias. Cabe precisar que, el trámite del recurso de revisión no da lugar a un proceso de conocimiento con estaciones probatorias ni audiencias. Por consiguiente, en situaciones ordinarias, el Tribunal de Fiscalización Laboral resolverá en base a los actuados en el expediente.

28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con brindar una supervisión efectiva. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación respecto a la formación e Información sobre SST, en el puesto o función específica desarrollada por el trabajador Esmerly Salazar Alejo. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 929-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 02 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6638-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 929-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C., a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250212MCR – HR 106815-2022