Compañía Minera Antamina S.A — Res. 225-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); Accidentes de trabajo/incidentes (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Sistema de Gestión en SST en las empresas (Sub materia: incluye todas).

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conjuntamente con otro trabajador, pero al agacharse para levantar le vino un fuerte dolor en la espalda, siendo diagnosticado con lumbalgia, el cual la impugnante no lo considera como accidente de trabajo, sino como accidente común.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no impartir formación en seguridad y salud en el trabajo, respecto a los riesgos ergonómicos y malas posturas, en perjuicio del trabajador Ramón Cardenal Díaz Herrera, tipificada en el numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar la investigación de los daños producidos en la salud del trabajador Ramón Cardenal Díaz Herrera, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de marzo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Sostiene que el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, no establece que las capacitaciones se deban impartir de acuerdo al puesto de trabajo de cada trabajador y en base al IPERC. Añade que todos los puestos tienen un riesgo de mala postura al ser inevitable a la condición humana.

ii. Señala que no existe ninguna normativa que establezca el tiempo de duración que debe tener una charla que trate exclusivamente sobre ergonomía. Además, afirma que, al adjuntar la participación del trabajador supuestamente afectado en la capacitación sobre “higiene ocupacional y ergonomía 2020”, se le debe aplicar la reducción de la multa impuesta al 30%, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la LGIT.

iii. Asimismo, afirma que, resulte incoherente la imposición de tres multas en base a una escala de sanciones, para la cual se debe tener como criterio un número de trabajadores afectados; cuando la resolución que impugna ha señalado que no se determinó la existencia de trabajadores afectados. Por lo que, se transgrede el principio de proporcionalidad y razonabilidad.

iv. Indica que el empleador solo está obligado a investigar los daños que sean consecuencia del trabajo o con ocasión del mismo, y no aquellos que no tienen origen laboral y responden a la esfera privada del trabajador. Por lo que, refiere, no se ha determinado la existencia de un accidente de trabajo, que involucre una investigación, de allí que no se ha constatado la relación de causa-efecto entre la actividad del trabajador -levantar una varilla metálica- y el diagnóstico médico -lumbalgia-.

v. Sobre la medida de requerimiento, señala que no se ha precisado cuál es la documentación específica ordenada a presentar, careciendo, en consecuencia, de validez. Por ende, no era exigible su cumplimiento.

i. Si bien la impugnante advierte que se brindó capacitaciones sobre: "Seguridad: disposición y manejo de baterías, cuidados por su peso, riesgo ergonómico”, de fecha 17 de enero de 2018 y "Estándar ergonomía”, de fecha 05 de mayo de 2017, la Intendencia refiere que éstas resultan insuficientes para que sean consideradas como capacitaciones sobre riesgos ergonómicos y malas posturas a los que estaba expuesto el citado trabajador, en razón que, se tratan de charlas de cinco (5) minutos, que no permiten determinar si se realizó capacitaciones de manera eficiente y adecuada al

2 Notificada a la impugnante el 14 de marzo de 2022, véase folios 240 del expediente sancionador.

citado trabajador, así como tampoco cumplen con su finalidad, orientada a que el trabajador reciba información y capacitación preventiva en la tarea desarrollada de manera oportuna. Añade que, la capacitación debe tener una duración como mínimo de dos horas, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del RLSST y en el anexo 6 del citado reglamento, por lo que, la impugnante, al solo haber brindado charlas de cinco minutos, no cumple con lo dispuesto en las normas de seguridad y salud en el trabajo.

ii. Asimismo, precisa que cada puesto de trabajo se encuentra individualizado, de acuerdo a la labor y a las funciones que se realizan, y en base a ello se determinan los riesgos a los que se encuentra expuesto cada trabajador; siendo así, no resulta cierto lo manifestado por la impugnante referido a que es posible que todos los puestos de trabajo contengan el mismo riesgo solo por el hecho de tener la condición humana; por lo que, desestima este argumento.

iii. De otro lado, desestima la solicitud de aplicación del artículo 40 de la LGIT, pues, señala que el certificado sobre capacitación en el tema de “Higiene Ocupacional y Ergonomía 2020”, no desvirtúa la sanción, pues, en la medida inspectiva de requerimiento se señaló que debe acreditar haber brindado capacitaciones específicas en riesgos de ergonomía y malas posturas a favor del trabajador afectado, al 08 de enero de 2019, fecha en que ocurrió el evento materia de inspección. Sin embargo, la capacitación presentada fue llevada a cabo el 18 de setiembre de 2020, es decir, con fecha posterior y además no se consigna si se cumplió con el número de horas mínimas señalado en el anexo 6 del RLSST.

iv. En virtud a ello, no advierte afectación al principio de razonabilidad al determinar la sanción a imponer; por el contrario, en el presente caso, independientemente de no haberse podido verificar la existencia del accidente de trabajo, el inspector comisionado ha dejado constancia que la impugnante no realizó la investigación de daños a la salud del trabajador Ramón Cardenal Díaz Herrera, a pesar de tener conocimiento de su diagnóstico médico, no impartió información en seguridad y salud en el trabajo, y no cumplió la medida inspectiva de requerimiento.

v. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante esgrime los mismos argumentos de su escrito de descargos, sobre el cual ya la autoridad de primera instancia emitió su pronunciamiento, argumentos que es compartido por la intendencia.

vi. Finalmente, indica que, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión”. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 446-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

i. Sostiene que se ha configurado una aplicación errónea del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y del artículo 14 y numeral 17.2 del artículo 17 de la LGIT, pues, la medida inspectiva de requerimiento incumple el requisito de validez, ya que no se debe ordenar en ella, la generación de documentos.

ii. Asimismo, señala que la resolución impugnada contiene una indebida motivación para justificar la confirmación de la infracción por “no cumplir con la medida de requerimiento”, pues, solo se limita a “compartir las conclusiones de la autoridad de primera instancia”, lo cual atenta con su derecho al debido procedimiento.

iii. De otro lado, alega que, como empleador, solo está obligado a investigar los daños que sean consecuencia del trabajo o que se produzcan con ocasión del mismo, y no aquellos que no tienen un origen laboral, como es el caso del trabajador Diaz Herrera. Por lo que, afirma, si no hay evidencia de la existencia de un accidente, no se encuentra legalmente obligado a realizar una investigación. No obstante, señala que, ha cumplido con investigar los hechos ocurridos y concluyó que no se produjo un accidente de trabajo, al no haberse determinado la existencia de causa-efecto entre la actividad desarrollada -levantar una barra metálica- y el diagnóstico médico -lumbago-.

iv. Asimismo, señala que la Administración está obligada a tomar en cuenta la proporcionalidad entre la conducta imputada y el perjuicio causado sobre la base de la ponderación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización

Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV 1.2 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

respecto del reproche administrativo, calificado como infracción muy grave a la labor inspectiva, falta imputada al administrado.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

12 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas.

9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.”

Figura Nº 01

Información Adicional

13 Véase folios 58 del expediente inspectivo.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y salud en el trabajo No impartir formación en seguridad y salud en el trabajo, respecto a los riesgos ergonómicos y malas posturas, en perjuicio del trabajador Ramón Cardenal Díaz Herrera. Numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y salud en el trabajo No realizar la investigación de los daños producidos en la salud del trabajador, en perjuicio del trabajador Ramón Cardenal Díaz Herrera. Numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 446-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2057-2019- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 776-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 13 de setiembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 446-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230308ECHV