Cnpc Perú S.A — Res. 1446-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de gestión de seguridad y salud en las empresas (Sub Materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub Materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub Materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub Materia: Cobertura salud e invalidez y sepelio); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub Materia: Incumplimientos en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, relativas a la supervisión y vigilancia adecuada y efectiva (IPERC y SST), afectando al trabajador, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT.

i. Respecto a lo señalado en el considerando 19 de la resolución apelada, se ha acreditado que, durante la inducción, se informó al personal sobre las distancias mínimas, la velocidad de aproximación y la atención necesaria en la ejecución de las tareas. Asimismo, dichas medidas fueron incorporadas en el Análisis del Riesgo de la Tarea (ART). Pese a ello, la autoridad desconoció tales actuaciones, a pesar de que las acciones de prevención cuestionadas fueron efectivamente ejecutadas, conforme se evidencia en el “Informe de supervisión y vigilancia de seguridad y salud en el trabajo” emitido por la empresa contratista. No resulta conforme a derecho que no se haya valorado la documentación presentada ni que se atribuya la ocurrencia de un evento frente al cual se adoptaron todas las medidas posibles para evitarlo. En tal sentido, la resolución apelada vulnera el Principio de Debido Procedimiento al carecer de la debida motivación. ii. El Acta de Infracción que sustenta la Imputación de Cargos adolece de nulidad, por cuanto vulnera el Principio de Debido Procedimiento al no encontrarse debidamente motivada ni fundada en derecho. iii. Se solicita se conceda el uso de la palabra.

i. Respecto del accidente de trabajo y sus causas, el numeral 4.3 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, las actuaciones inspectivas se realizaron respecto a un trabajador de la empresa contratista JEFRON Y COMPAÑÍA PERÚ S.A.C., quien sufrió un accidente de trabajo mortal el 10 de mayo de 2021, mientras

desempeñaba labores de transporte en el Lote X-CNPC El Alto, colisionando con un equipo de servicio, hecho que ocasionó su deceso inmediato. Como resultado de la investigación, se determinaron como causas del accidente la identificación y evaluación inadecuada de los riesgos, la deficiente supervisión y liderazgo, así como la falta de control del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la contratista. La inspeccionada adoptó medidas preventivas y de capacitación en manejo defensivo; sin embargo, se le requirió establecer mecanismos de supervisión y vigilancia permanentes respecto a sus contratistas. ii. En cuanto al incumplimiento del deber de vigilancia y supervisión, corresponde señalar que, de la revisión de los hechos, se advierte que la empresa principal mantenía una relación contractual con la empresa contratista, por lo que le resultaban exigibles los deberes de prevención, supervisión y vigilancia previstos en el literal d) del artículo 68° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho precepto establece que el empleador principal debe garantizar la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal en materia de SST por parte de sus contratistas, siendo responsable solidario ante eventuales daños o indemnizaciones. iii. En este contexto, la responsabilidad atribuida a la inspeccionada no deriva del incumplimiento directo de la contratista, sino de la omisión de su deber de control y supervisión respecto al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual contribuyó a la ocurrencia del accidente. Conforme a la doctrina especializada, el deber de vigilancia impone al empleador principal la obligación de controlar y exigir a las empresas contratistas la observancia de las normas preventivas. Este deber no es absoluto, pero sí amplio, abarcando todos los aspectos de la seguridad y salud laboral vinculados con la actividad desarrollada dentro de sus instalaciones. En consecuencia, resulta exigible que el empleador principal despliegue acciones efectivas de supervisión, sin que ello implique asumir las obligaciones propias de la contratista, sino verificar su cumplimiento. iv. El objeto de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sustentado en el Principio de Prevención, impone al empleador garantizar las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, incluyendo aquellos que, sin mantener vínculo laboral directo, desarrollen actividades dentro del centro de trabajo. Por tanto, la impugnante debió adoptar medidas que aseguren la observancia de las disposiciones legales en materia de SST por parte de su contratista. En ese sentido, la infracción atribuida se subsume en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT, que sanciona el incumplimiento de la normativa sobre SST que ocasione un accidente de trabajo mortal. La conducta de la inspeccionada se encuentra configurada al no haber ejercido una adecuada supervisión ni control sobre el cumplimiento de la normativa de SST de su contratista. v. Por otra parte, respecto de la graduación de la sanción, el artículo 38° de la LGIT, la sanción se gradúa atendiendo a la gravedad de la falta y al número de trabajadores afectados. En el presente caso, al tratarse de una infracción muy grave y conforme al numeral 48.1-C del artículo 48° del RLGIT, se consideró como trabajadores

afectados al total de 267 trabajadores de la empresa, aplicándose además una sobretasa del 50%, dado que el accidente generó la muerte de un trabajador. vi. Respecto del contenido del Acta de Infracción, ésta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 46° de la LGIT y el artículo 54° del RLGIT, al consignar los datos de identificación de la inspeccionada, las actuaciones realizadas, los hechos constatados, las normas vulneradas y la propuesta de sanción, constituyendo un acto debidamente motivado que sustenta el inicio del procedimiento sancionador. vii. Asimismo, cabe precisar que, durante el procedimiento sancionador se garantizó el Principio de Debido Procedimiento, al otorgarse a la inspeccionada la oportunidad de presentar sus descargos tanto en la etapa instructiva como en la sancionadora. Asimismo, la solicitud de uso de la palabra resulta improcedente, en tanto la empresa ejerció plenamente su derecho de defensa mediante la presentación de escritos y medios probatorios. Ello se ajusta al Principio de Economía y Celeridad Procesal previsto en el artículo 44° de la LGIT y en el numeral 1.9 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. viii. Por tales consideraciones, la impugnante no acreditó haber cumplido con su deber de vigilancia respecto de su contratista, configurándose la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT. En consecuencia, corresponde confirmar la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia, al haberse emitido el acto administrativo dentro del marco legal y garantizando el debido procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CNPC PERU S.A.

7 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 18 de abril de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 370-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se solicita que se declare la nulidad o, en su defecto, se revoque la resolución impugnada, en atención a la vulneración de los derechos fundamentales al Debido Procedimiento y a la Defensa. En consecuencia, una vez declarado fundado el recurso y reformada la resolución apelada, deberá disponerse la anulación de la multa impuesta en el procedimiento administrativo sancionador. ii. Respecto al incumplimiento del numeral 17.5 del artículo 17° del RLGIT, dicho precepto dispone que, una vez concluidas las actuaciones de investigación o comprobatorias y emitida el Acta de Infracción, el expediente debe ser remitido a la autoridad competente para el inicio del procedimiento sancionador en un plazo máximo de quince días hábiles. Sin embargo, el Acta de Infracción fue emitida el 01 de junio de 2021, mientras que la Imputación de Cargos fue notificada recién el 10 de febrero de 2022, es decir, transcurridos 254 días. Este exceso temporal constituye una infracción al Principio de Debido Procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, por lo que corresponde declarar la nulidad de lo actuado. iii. La resolución de intendencia carece de la debida motivación exigida por el artículo 6° del TUO de la LPAG. La falta o insuficiencia de motivación configura una actuación arbitraria e ilegal, al contravenir las garantías propias del Debido Procedimiento Administrativo, cuyo contenido incluye el derecho de toda persona a que los actos administrativos estén debidamente motivados y fundados en Derecho. En relación con los puntos 3.4 y 3.5 de la resolución impugnada, se encuentra acreditado que durante la inducción se informó al personal sobre las distancias mínimas, la velocidad de aproximación y la atención en la tarea. Tales aspectos fueron incluidos en el Análisis del Riesgo de la Tarea (ART), y las acciones de prevención fueron efectivamente ejecutadas, conforme se acredita en el “Informe de Supervisión y Vigilancia de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la contratista. Pese a ello, la autoridad no valoró la documentación aportada ni consideró los medios probatorios que demostraban que se actuó conforme a los procedimientos internos, configurándose así una vulneración al Principio de Debido Procedimiento por falta de motivación.

iv. Finalmente, ante la denegatoria del uso de la palabra en la instancia anterior, se solicita que este derecho sea concedido en la presente etapa, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y el respeto al Principio de Debido Proceso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT;

o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la emisión extemporánea de la Imputación de cargos

actos administrativos emitidos conforme a derecho, incluso si presentan defectos formales no sustanciales que no inciden en el fondo del asunto ni generan indefensión.

Sobre el accidente de trabajo

8 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral (2ª ed., p. 18). Editorial Heliasta. 9 Almansa Pastor, J. (1991). Derecho de la seguridad social (7ª ed., pp. 238-239). Tecnos. 10 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

obligatoria constituyen fuentes del Derecho, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.8 del artículo V de la citada norma, corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005- 2022-SUNAFIL/TFL. Mediante la citada resolución se establecen como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos contenidos en los considerandos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21, conforme al siguiente detalle:

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…). 6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”11. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente. 6.19 Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto

11 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción”. (Énfasis añadido).

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

12 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 13 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo TÍTULO PRELIMINAR PRINCIPIOS I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido). Asimismo, su artículo 50° establece que: “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”. (Énfasis añadido).

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar dentro del ámbito del centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (Énfasis añadido).

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT

mismo modo, es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

i. El daño. – Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual). ii. Conducta antijurídica. – Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin

14 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 15 El concepto señalado ha sido reiteradamente desarrollado por esta Sala, tal como se advierte en las Resoluciones N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 046-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 16 Casación N° 18190-2016 Lima.

perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”17. iii. La relación de causalidad. – Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo. iv. Factor de atribución. – Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo18.

i. Teoría de la Responsabilidad Contractual. – Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal. ii. Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

17 Casación N° 4321-2015 Callao. 18 Casación Laboral N° 4258-2016 Lima.

iii. Teoría del Riesgo Social. – Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Sobre las circunstancias y causas del accidente

DATOS DEL ACCIDENTE

DATOS DEL EMPLEADOR:

Razón Social Empresa : JEFRON Y COMPAÑÍA PERU S.A.C. RUC : 2055439706

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO:

Nombres y Apellidos : Jefferson Rolando Sandoval Cruz. DNI : 41269065 Cargo : Conductor de cisterna y flota vehicular

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: Lugar : Interior Lote X – CNPC El Alto Carretera principal LA 06, altura cruce El Dólar – Área servicio de Pozo Pulling Lote X. Fecha : 10 de mayo de 2021 Hora : 23:33 horas.

CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: El accidente de trabajo ocurre en circunstancias en que siendo aproximadamente las 23:33 horas, el trabajador Jefferson Rolando Sandoval Cruz, identificado con DNI N° 31269065, en su calidad de conductor de Cisterna y flota vehicular, realizando labores de transporte detrás del equipo, en la zona Interior Lote X – CNPC El Alto, Carretera principal LA06, altura cruce “El Dólar”, impacta por alcance contra la parte posterior del equipo de servicio de pozos en el lado derecho (Equipo pulling de color blanco con rojo con placa de rodaje JYC-101), lo cual causó el deceso del conductor al instante.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:

Forma de accidente : Accidente vehicular

Agente causante : Equipo pulling de color blanco con rojo con placa de rodaje JYC-101. Parte del cuerpo lesionado : Partes múltiples Naturaleza de la lesión : Muerte

(…).

CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO:

CAUSAS INMEDIATAS: ACTOS SUBESTÁNDAR: De acuerdo a la presente investigación: no se verificó.

CONDICIONES SUBESTÁNDAR: De acuerdo a lo consignado por el sujeto inspeccionado en su Informe de Accidente Mortal: • Condiciones del Camino. Se deja constancia que en el documento exhibido por el sujeto inspeccionado denominado “Planilla de inspección vías de locación e instalaciones de pozos” de fecha 10 de mayo de 2021 de la razón social CNPC PERU, no se aprecia observación alguna al respecto.

CAUSAS BÁSICAS: FACTORES PERSONALES: De acuerdo a la presente investigación: no se verificó. FACTORES DE TRABAJO: De acuerdo a la investigación efectuada: • Identificación y evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas. • Liderazgo supervisión inadecuada. • Falta de control de cumplimiento de la normativa de SST por parte de su contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS ADOPTADAS POR LA EMPRESA: De acuerdo a lo consignado por el sujeto inspeccionado en su Informe de Accidente Mortal: • Capacitación y manejo defensivo – reinducción. • Capacitación práctica en manejo defensivo

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBE ADOPTAR LA INSPECCIONADA: Establecer actividades preventivas a fin de que se pueda adoptar la vigilancia y supervisión de seguridad y salud en el trabajo a sus contratistas

19 Lengua Apolaya, C. (2016). Coordinación, vigilancia y la responsabilidad administrativa de la empresa principal en la seguridad y salud en el trabajo. Derecho & Sociedad, (46), 386. Conforme al siguiente enlace: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/18861/19079

servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza:

Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.

20 Lengua Apolaya, C. (2016). Coordinación, vigilancia y la responsabilidad administrativa de la empresa principal en la seguridad y salud en el trabajo. Derecho & Sociedad, (46), 389. Conforme al siguiente enlace: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/18861/19079

es extenso e intenso, pues estará sujeto al deber de vigilancia del empleador principal el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo que correspondan ser observadas por esas terceras empresas, sin desconocer que el deber en cuestión no puede ser absoluto, ni en lo material ni en lo cualitativo.

1.- SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS EMPRESAS: Control de Cumplimiento de Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Vigilancia y Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo a Contratistas).- Que, el sujeto inspeccionado no acreditó haber efectuado la vigilancia y supervisión en seguridad y salud en el trabajo a la contratista JEFRON Y COMPAÑÍA PERU S.A.C, con RUC N° 20554329706, empleador del trabajador: JEFFERSON SANDOVAL CRUZ, quien sufrió un accidente de trabajo con fecha 10 de mayo de 2021, con respecto a la vigilancia y supervisión del cumplimiento de la normatividad de seguridad y Salud en el Trabajo, por cuanto se ha determinado en la Orden de Inspección N° 430-2021-SUNAFIL/INSSI, que la empresa JEFRON Y COMPAÑÍA PERU S.A.C, incumplió las normas de seguridad y salud en el trabajo con respecto a las materias de sistema de gestión de seguridad y salud en las empresas — Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos, y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Actividades Preventivas, hecho que afecto al trabajador JEFFERSON SANDOVAL CRUZ, quien sufrió un accidente de trabajo con consecuencia mortal en fecha 10/05/2021, Estos hechos vulneran los señalado en el artículo 68° de la Ley N° 29783 - "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, artículo 12 del Convenio 176 de la OIT y artículo 2 de la Resolución 957 - “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Los incumplimientos de la empresa contratista JEFRON Y COMPAÑÍA PERU S.A.C, en temas de seguridad y salud en el trabajo y que no fueron materia de vigilancia y supervisión por parte de la empresa inspeccionada, fueron los siguientes: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Que, si bien el sujeto inspeccionado acreditó contar con la Matriz de Identificación de Peligros y evaluación de riesgos —IPERC, en dicho análisis no se ha considerado la labor realizada por el trabajador JEFFERSON SANDOVAL CRUZ al momento del accidente, donde se haya identificado los peligros y evaluado los riesgos en relación a la tarea realizada por el trabajador al momento del accidente, es decir en la actividad de: conductor de Cisterna y flota vehicular, realizando labores de transporte en convoy del equipo de servicio de Pozos J&C 101, del Pozo EA9024 CE10 al Pozo EA1261 LAO8 no habiendo por ende procedido a identificar los peligros y a evaluar los riesgos de la labor a realizar y a establecer las medidas de control a tomar en cuenta. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS EMPRESAS: Actividades Preventivas - Supervisión:

En el sentido que la inspeccionada si bien exhibió el documento denominado ANALISIS DE RIESGO DE LA TAREA de la fecha del accidente de trabajo, 10/05/2021 donde dentro del personal involucrado suscribe el Sr. Jefferson Sandoval Cruz, y donde fue evaluado como riesgo “Choque - Volcadura” se limitó a considerar como medida preventiva "Comunicación Constante”, sin haber considerado la necesidad de mantener una distancia de precaución entre cada equipo; límite de velocidad; correcta ubicación de los equipos; iluminación adecuada; estado de los frenos; entre otros. No habiendo acreditado la existencia de una supervisión eficiente y adecuada para la prevención de los riesgos a los que estaba expuesto el trabajador, al momento del accidente, que hayan permitido realizar las acciones pertinentes para evitar dicho suceso. Por lo expuesto, se establece que, CNPC PERU S.A., no ha realizado el Control de Cumplimiento de Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Vigilancia y Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo a su Contratista JEFRON Y COMPAÑÍA PERU S.A.C., a la fecha del accidente de trabajo, calificándose como causa del accidente de trabajo ocurrido al Sr. Jefferson Sandoval Cruz.

el accidente guardaban relación directa con la conducta imputada a la empresa principal. Tal omisión vulnera el Principio de Verdad Material, previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la Administración la obligación de verificar plenamente los hechos antes de emitir una decisión sancionadora.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CNPC PERU S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 370-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de abril de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1840-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 874-2022-SUNAFI/ILM/SISA2, de fecha 26 de julio de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 370-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a CNPC PERU S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015MABJ – HR: 90158-2023