Clínica San Francisco de Asis S.A — Res. 1106-2023

Mediante Orden de Inspección N° 210-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 185-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no implementar el registro de control de asistencia, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022; así como, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, por los incumplimientos detectados respecto a no implementar la

Que, mediante Imputación de Cargos N° 218-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 01 de junio de 2022, notificada el 06 de junio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 247-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 17 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional de Cajamarca, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 331-2022-SUNAFIL/IRE- CAJ/SISA, de fecha 18 de julio de 2022, notificada el 20 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 7,084.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 11 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 331-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 137-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 18 de agosto de 20222, la Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 13 de setiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 137- 2022-SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 713-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 15 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 137-2022- SUNAFIL/IRE-CAJ, que confirmó la sanción impuesta de S/ 7,084.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT y, una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 23 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.

Las Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley.

En el presente caso, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se ha dejado constancia en el numeral 4.3 de los hechos constatados del Acta de Infracción lo siguiente: “Durante las actuaciones inspectivas de investigación se ha determinado que el sujeto inspeccionado no contó con registro de control de asistencia durante los meses de enero y febrero de 2022. Al respecto, el sujeto inspeccionado indicó durante la comparecencia de fecha 03 de mayo de 2022, que cuentan con registro de control electrónico, desde hace cuatro años; pero, justifican su no presentación respecto a la denunciante al haber estado en pandemia y que el programador no registró la huella de esta en el reloj electrónico. Además, indicó que la denunciante sí registraba sus actividades en el cuaderno de incidencias (se exhibió de los días 11/01/2022, 12/01/2022, 26/01/2022, 29/01/2022, 30/01/2022, 31/01/2022 y 01/02/2022), se compartió pantalla de los cuadernos, y la denunciante indicó que dicho cuaderno es de reportes diarios que llenan al momento de realizar sus actividades y no es un cuaderno de asistencia”.

En tal sentido, se le atribuye a la impugnante el hecho de no contar con el registro de control de asistencia durante los meses de enero y febrero de 2022, respecto de la trabajadora Veronica Hortencia Vásquez Castañeda (Técnica en Enfermería), infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Ante lo verificado, el inspector comisionado pone en conocimiento de la inspeccionada, a través de la notificación del documento “Infracciones Insubsanables” de fecha 17 de mayo de 2022, que, “(…) el hecho verificado consignado en el numeral 4 se considera infracción insubsanable, en función de lo establecido en el numeral 7.15.8 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL (…)”. Al respecto, el inspector comisionado a través del numeral 4.24 de los hechos constatados del Acta de Infracción, deja constancia del “Hecho Insubsanable 1”, por el incumplimiento de no contar con el registro de control de asistencia, por lo cual, no emite medida inspectiva de requerimiento.

Cabe precisar que, conforme lo dispone el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT:

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Por lo que, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con el registro de control de asistencia de los periodos enero y febrero de 2022, respecto de la trabajadora Veronica Hortencia Vásquez Castañeda (Técnica en Enfermería), corresponde confirmar la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que es “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”10. Además, se señala que “si bien, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva; el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”11.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”12.

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. Así, el Glosario de Términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular sobre no implementar la medida de control administrativa propuesta en la matriz IPER y que a la fecha del accidente de trabajo no existió planificación y/o programación adecuada del trabajo, que ocasionaron el accidente de trabajo padecido por la señora Veronica Hortencia Vásquez Castañeda (Técnica en Enfermería), en fecha 20 de enero de 2021.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales13, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo14.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que:

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes del accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por la trabajadora accidentada, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, corresponde analizar si la infracción muy grave imputada a la impugnante, presenta el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo investigado. Al respecto, de los actuados se advierte que se imputa a la impugnante, la infracción por no implementar la medida de control administrativa propuesta en la matriz IPER y que a la fecha del accidente de trabajo no existió planificación y/o programación adecuada del trabajo.

Respecto a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. (énfasis añadido).

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo.

En ese contexto normativo, del Acta de Infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que la impugnante no implementó la medida de control administrativa propuesta en la matriz de la IPER - “Procedimiento de traslado de pacientes post operados desde la Unidad de Recuperación Post Anestésica – URPA a su habitación en hospitalización Clínica San Francisco de Asís S.A.”, para el riesgo de atrapamiento en el ascensor. Asimismo, se advierte que, a la fecha del accidente, no existió una planificación y/o programación adecuada del trabajo, habiéndose asignado a la recurrente una responsabilidad que no le correspondía desempeñar por sí sola, sino como apoyo a quien tenía asignada dicha responsabilidad. Que, los incumplimientos señalados, se constituyen en un factor determinante del accidente, en tanto que, la trabajadora accidentada tuvo que realizar varias acciones a la vez: movilizar la camilla, cuidar del paciente y del recién nacido y operar el ascensor; todo ello en un espacio restringido que dificultaba sus movimientos.

Al respecto, cabe señalar que, durante la comparecencia de fecha 04 de mayo de 2022 la impugnante presentó la matriz IPER de fecha 04 de enero de 2021, la misma que contiene la tarea “traslado de paciente de la URPA al área de hospitalización” y respecto de la cual se advierte que se ha evaluado el riesgo de atrapamiento en el ascensor y como medida de control administrativa: ”Procedimiento de traslado de pacientes post operados desde la Unidad de Recuperación Post Anestésica – URPA a su habitación en hospitalización Clínica San Francisco de Asís S.A.”.

No obstante, si bien se advierte, que la impugnante remitió el documento denominado: “Procedimiento de traslado de pacientes post operados desde la Unidad de Recuperación Post Anestésica – URPA a su habitación en hospitalización”, no entregó dicho procedimiento a la trabajadora afectada Veronica Hortencia Vásquez Castañeda (Técnica en Enfermería); por otro lado, tampoco se advierte que haya capacitado ni entrenado en el procedimiento a la trabajadora. En tal sentido, de autos, se evidencia que la medida de control administrativa propuesta en la IPER no se implementó.

Sumado a ello, se advierte que dentro de las causas que ocasionaron el accidente de trabajo, se tienen las siguientes:

Cabe señalar que, ante lo verificado, el inspector comisionado pone en conocimiento de la impugnante, a través de la notificación del documento “Infracciones Insubsanables” de fecha 17 de mayo de 2022, que, “(…) el hecho descrito en los numerales 14 y 19 se consideran insubsanables, en función de lo establecido en el literal a) del numeral 7.8.3. de la Versión 2 de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, Reglas generales para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 186-2019-SUNAFIL (…)”.

Al respecto, el inspector comisionado a través del numeral 4.14 de los hechos constatados del Acta de Infracción, deja constancia del “Hecho Insubsanable Nº 02”, por no implementar la medida de control administrativa propuesta en la matriz IPER [“Procedimiento de traslado de pacientes post operados desde la unidad de recuperación post anestésica – URPA a su habitación en hospitalización Clínica San Francisco de Asís S.A.”] para riesgo de atrapamiento en el ascensor. Por otro lado, en el numeral 4.20 de los hechos constatados del Acta de Infracción, deja constancia del “Hecho Insubsanable Nº 03”, referido a que, no existió, a la fecha del accidente, una planificación y/o programación adecuada del trabajo, habiéndose asignado a la recurrente una responsabilidad que no le correspondía desempeñar por sí sola, sino como apoyo a quien tenía asignada dicha responsabilidad, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la empresa inspeccionada.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 20 de enero de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, en tanto que, la impugnante no cumplió con implementar la medida de control administrativa propuesta en la matriz IPER; asimismo, que a la fecha del accidente de trabajo no existió planificación y/o programación adecuada del trabajo, siendo ambos factores determinantes en la ocurrencia del accidente.

En tal sentido, corresponde confirmar la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a la supuesta nulidad, en tanto que, no recibieron las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, respecto del Informe Final de Instrucción N° 247-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI; por tanto, señalan que, se estaría ante un supuesto de vulneración del derecho de defensa, debiéndose declarar nula la notificación efectuada y retrotraer, de ser el caso, los actos hasta el momento de

Sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante, se advierte del expediente sancionador, el Informe Final de Instrucción N° 247-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 17 de junio de 2022, el cual fue notificado el 30 de junio de 2022 en la Casilla Electrónica de la impugnante, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

En tal sentido, a la fecha de notificación del Informe Final de Instrucción (30 de junio de 2022), la impugnante ya había registrado los datos de contacto de sus representantes, información que esta Sala ha podido comprobar a través del aplicativo de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que había registrado sus contactos en dicho aplicativo y había recibido las alertas al correo electrónico, conforme se puede apreciar a continuación: Figura N° 02 Registro de Contacto:

En ese orden de ideas, quedan descartados los argumentos de la impugnante relacionados a cuestionar la notificación efectuada y en los que niega que se le haya remitido la alerta de la notificación, por cuanto ha quedado evidenciado que no se ha transgredido el derecho de defensa, ni se ha afectado el debido procedimiento, toda vez que, según lo detallado precedentemente, la impugnante fue debidamente notificada vía casilla electrónica, tanto durante las actuaciones inspectivas, así como de los documentos emitidos en el procedimiento sancionador que objetó la impugnante en el recurso de revisión.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.