Cerámica Lima S.A — Res. 809-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Sub materia: IPER), Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Todas), Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad, Escaleras). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (condiciones de seguridad, así como identificación de peligros y evaluación de riesgos), ocasionando el accidente de trabajo de la señorita Jhennyfer Beatriz Sinche Matías, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Se ha vulnerado el principio de celeridad procesal debido a que la primera visita del inspector se realizó el 18 de septiembre de 2018, el Acta de Infracción fue firmada el 11 de octubre de 2018, la Imputación de Cargos es del 19 de octubre de 2020 y fue notificada el 04 de noviembre de 2020, es decir, más de dos años de haberse emitido el Acta de Infracción. ii. Las actuaciones de investigación realizadas por los Inspectores de Trabajo tuvieron su origen en el accidente de trabajo sufrido por la practicante del área de SSIMA, al caer por las escaleras del área de laboratorio sufriendo un esguince de tobillo izquierdo. iii. De la declaración de la señorita Sinche Matías, se desprende que el accidente no fue por la ausencia del pasamanos lo que originó el accidente, sino la falta de cuidado por parte de la propia afectada. Así, la Sub Intendencia no ha tomado en cuenta que lo que incrementó el riesgo fue el actuar inseguro de la trabajadora, pues incumplió las restricciones medidas de la empresa al subir y bajar las escaleras con el pie lesionado, lo que causó su caída al haber realizado un movimiento forzado del miembro inferior izquierdo. iv. La resolución apelada ignora y omite que se implementaron las medidas correctivas, tales como el colocar una baranda en el lado derecho de la escalera, lo cual fue remitido mediante correo electrónico de fecha 01 de octubre de 2018, y pese a ello se consideró que la infracción era de carácter insubsanable. v. La evaluación de riesgos fue realizada de manera correcta, debido a que las lesiones incapacitantes no se originaron en la ausencia de una baranda al lado derecho de la escalera sino por el incumplimiento de la señorita de forma deliberada al realizar una rotación interna y externa del tobillo izquierdo. vi. Conforme al principio de razonabilidad, no existe fundamento legal para sancionar a la impugnante y determinar que se incurrió en un incumplimiento laboral, cuando

fue la propia trabajadora quien incurrió en responsabilidad, al incumplir las restricciones médicas a las que estaba sujeta del 27 de junio al 18 de julio de 2018.

i. La extemporaneidad de la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos no están afectas de nulidad, al no existir norma alguna que expresamente así lo establezca. ii. Respecto del accidente de trabajo del 04 de julio de 2018, el Informe Final de Instrucción es bastante claro al señalar las causas que originaron el accidente, definiéndose como “Causa Inmediata – Acto Sub estándar” el descender de las escaleras sin hacer uso de la baranda/ pérdida de fuerza, y como “Causa básica – Factor de trabajo” la baranda pegada a escalera que no permite un adecuado agarre, detallándose como medidas correctivas, el implementar la señalización de uso de escalera de laboratorio y el implementar pasamanos faltante en la escalera de laboratorio. iii. De las declaraciones efectuadas por la trabajadora accidentada, se advierte que ella señala que "{...) ya en el segundo tramo mientras bajaba no sentí el pie izquierdo y el peso de mi cuerpo me ganó dirigiéndose hacia adelante (en ese momento no estaba agarrada del pasamanos porque este estaba pegada a las gradas de concreto, del primer tramo, la cual impedía poder usarla) intenté coger el pasamanos pero no pude (...}", lo cual corrobora el incumplimiento atribuido a la inspeccionada de no haber acreditado contar con las condiciones de seguridad en el trabajo {instalaciones civiles), escaleras fijas (Fundamento 3.6); en clara contradicción a los alcances del Principio de responsabilidad. iv. De igual modo, respecto de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se ha determinado adecuadamente que al no realizarse una correcta evaluación de riesgos y no llevar a cabo los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, no consideró medidas de control directas y suficientes que permitan planificar acciones correctivas. v. Conforme lo ordena el sétimo criterio de la Resolución Directoral N° 029-2009- MTPE/2/11.4, conlleva a que no corresponde la extensión de la medida inspectiva de requerimiento al tratarse de infracciones insubsanables, con arreglo al artículo 18 del Convenio N° 81 de la Organización internacional del Trabajo; el numeral 5.5 del artículo 5 y 14 de la LGIT y el artículo 49 del RLGIT que expresamente establece: "(...) Los infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos".

2 Notificada a la impugnante el 03 de noviembre de 2021. Ver folio 54 del expediente sancionador.

vi. Respecto de la invocación al principio de Razonabilidad, se advierte que la determinación de la multa de la sanción impuesta obedece a la aplicación en estricto del artículo 38 de la LGIT, que establece los criterios generales de graduación de las sanciones, que son: la gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados, y en el tipo de empresa; aplicando la multa prevista en la Tabla de cuantía prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, la cual contempla valores fijos, sin que la autoridad inferior en grado tenga discrecionalidad para imponer un monto diferente al establecido por el legislador reglamentario. Asimismo, en la referida Tabla se han recogido los criterios de graduación de sanciones de acuerdo con el principio de proporcionalidad y razonabilidad dispuestos en el TUO de la LPAG, careciendo de sustento lo alegado por la inspeccionada en este extremo, en tanto la asistencia a otras diligencias de comparecencia no desvirtúa ni exime de responsabilidad por la infracción incurrida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CERÁMICA LIMA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1725-2021-SUNAFIL/ILM, en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que se han inaplicado los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, vulnerándose los principios de legalidad y tipicidad, al subsumirse los hechos ocurridos en las normas que establecen sanciones. Así, sostiene que se ha vulnerado la tipicidad al desconocerse que la empresa impugnante contaba con una matriz IPERC que contemplaba el riesgo de caída a desnivel por el peligro (escaleras) como una severidad leve cuando correspondía asignarle un nivel de severidad moderado, ocasionando que no se lleven a cabo controles periódicos y medidas de control directas.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

ii. Respecto de la segunda conducta infractora, tal como los inspectores de Trabajo pudieron corroborarlo al momento de la fecha de la visita inspectiva, sí se contaba con una baranda en el lado izquierdo, siendo veraz lo establecido en el IPERC en ese sentido. Por el contrario, la evaluación de riesgos fue llevada a cabo de manera correcta, pues las lesiones que sufrió la trabajadora no se originaron en la ausencia de una baranda al lado derecho de la escalera sino a que incumplió de forma deliberada y consciente con las medidas de restricción médica indicadas por la empresa, toda vez que realizó rotación interna y externa del tobillo izquierdo al subir y bajar escaleras, “…además de efectuar un movimiento forzado del miembro inferior izquierdo al bajar escaleras a pesar de ‘no sentir el pie izquierdo’ como ha referido llevándola incluso a apoyar todo el peso de su cuerpo en su pie izquierdo que se encontraba lesionado”. iii. Por ello, el riesgo se encontraba bien evaluado debido a que, en el tipo de peligro en escaleras, la probabilidad de que ocurra una caída a desnivel es escasa (1) y la severidad es moderada – leve. Por el contrario, lo que incrementó el riesgo fue el actuar inseguro de la accidentada, que incumplió las restricciones médicas de la empresa al subir y bajar escaleras con el pie lesionado. iv. No se puede separar la identificación del peligro de la adopción de medidas de control tan solo para generar una multa de mayor monto como lo ha hecho la SUNAFIL. El razonamiento de la SUNAFIL ha sido que el accidente se produjo porque al no haberse identificado el riesgo de forma correcta no se colocaron las medidas de control que bajo su lógica hubieran evitado el accidente. Entonces, no se puede separar esta conducta en dos infracciones y además subsumirlas de forma errada en una norma que determina una infracción muy grave. En dicho caso, y en el supuesto completamente negado que se considere que existía una infracción de CELIMA, la norma aplicable era el artículo 27.4 del RLGIT: “27.3 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones." Esta es una infracción grave (que por lo tanto recoge una multa menor), siendo que se advierte un ánimo de la Administración de actuar de forma contraria a la razonabilidad y con mucha arbitrariedad; sosteniendo que “…la función y razón de ser de la Inspección de Trabajo, no es recaudar recursos a través de multas arbitrarias sino promover el empleo formal y el cumplimiento de las leyes laborales en el Perú”. v. Refiere que se han inaplicado los incisos a y b del artículo 44 de la LGIT, vulnerándose el principio de debido proceso, economía y celeridad procesal, al haberse emitido la notificación de la Imputación de Cargos más de dos años después de haberse generado el Acta de Infracción. vi. Añade que se ha inaplicado el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en lo referente al debido proceso, a través de su manifestación mediante el debido procedimiento administrativo; así, “…la Administración ha vulnerado de forma reiterada y arbitrarla los principios de legalidad y tipicidad a través de las

resoluciones emitidas incurriendo por lo tanto en una violación al debido procedimiento que es la dimensión administrativa del debido proceso. vii. No se han valorado adecuadamente los medios probatorios, pues el documento de reincorporación laboral de junio del 2018, en donde se aprecian dos restricciones que debía cumplirse en el plazo desde el 27 de junio de 2018 al 18 de julio de 2018; no siendo la ausencia del pasamanos la causa del accidente de trabajo de la señorita Sinche Matías; ignorándose la declaración de la propia afectada al respecto.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los precedentes de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los

citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción”.

Figura N° 01 Acta de Infracción

“…en materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones.

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 11

9 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona 10 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 11 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 12 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador

orden de prioridad preestablecido por Ley13, a fin de garantizar condiciones seguras para el trabajo (énfasis añadido).

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 13 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

Respecto de la presunta vulneración a los principios de Legalidad, Tipicidad y Debido Procedimiento

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”14.

14 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial

sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 15 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 16 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 17 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 18 Eugenia Ariano Deho, Problemas del Proceso Civil (Lima: Jurista, 2003), 196.

“6.18 En ese entendido, uno de estos derechos fundamentales en materia sancionadora, es el derecho a la presunción de inocencia, regulado en el literal e), inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política19. Este derecho, recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG bajo la denominación de presunción de licitud20, proscribe que se sancione a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable21.

19 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 20 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 21 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones” 22 Fundamento 45 de la STC recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC. 23 Miguel Carmona Ruano, “Prueba de la infracción administrativa y derecho fundamental a la presunción de inocencia”, Jueces para la democracia N° 9 (1990): 24. 24 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 25 Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (condiciones de seguridad, así como identificación de peligros y evaluación de riesgos), ocasionando el accidente de trabajo de la señorita Jhennyfer Beatriz Sinche Matías. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CERÁMICA LIMA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1725-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2998-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1725-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CERÁMICA LIMA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA