Cencosud Retail Perú S.A — Res. 377-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); e, Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

señor Yeyson Michael Arroyo López (Ayudante de pastelería), para que se investigue el accidente de trabajo ocurrido el 22 de setiembre de 2020, verificándose incumplimientos que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de las condiciones de seguridad referida a controles inadecuados o incorrectos en el traslado y manipulación de las jabas con frutas y verduras en el interior de la cámara de frío; debido a que, el trabajador afectado Yeyson Michael Arroyo López, al momento del accidente se encontraba utilizando dos jabas como escaleras para realizar su trabajo, ocasionando la caída del trabajador al piso a una altura aproximada de 40 centímetros, lo cual generó golpes en la cadera, cabeza y tronco, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Niegan la existencia de la imputación en su contra, señalando que no existe nexo entre lo imputado y el accidente ocurrido.

ii. Señalan que el accidente se produjo porque el trabajador utilizó 2 jabas como apoyo/escalera) para apilar 12 jabas dentro de la cámara de refrigeración de frutas y verduras lo que ocasionó que se resbale de la altura de 40 cm, por tanto, se produjo por un acto negligente del trabajador, por lo que, dicho acto no puede ser imputado a su empresa.

iii. Alegan que el acto del trabajador fue determinado como un acto subestándar en el registro de accidentes, siendo que el trabajador desvía un procedimiento o la manera correcta para efectuar la tarea de uso inapropiado de equipos y toma de posturas inadecuadas.

iv. Demuestran que cumplieron con sus obligaciones en SST.

v. Sostienen que se vulneró el hecho de obtener una debida motivación, siendo que no se acreditó la supuesta responsabilidad sobre el accidente de trabajo, siendo que, el

trabajador, entre sus funciones, no estaba la función de utilizar escaleras y similares dentro de una cámara de refrigeración, por el contrario, no estaba permitido, porque al ser una zona húmeda, resulta peligros, siendo ello conocido por el trabajador.

vi. Precisan que, se capacitó debidamente al trabajador en su puesto de trabajo, siendo que simular una escalera, resulta un incumplimiento de sus funciones.

vii. Adjuntan una imagen de un trabajador de estatura similar a la del trabajador accidentado, el cual, puede acercarse con facilidad a las jabas, cuyo máximo son 10 jabas por pila, por lo que le causa sorpresa que el trabajador hubiera señalado que pidió a la jefa un escalón para poder apilar las jabas y que fue negado, por lo que le ocurrió el accidente, siendo que, además, el testimonio del trabajador no es prueba suficiente, siendo que no se entrevisto a la jefa, por lo que no se agotaron las facultades y se decidió tomar por cierto lo señalado por el trabajador, ignorando sus argumentos y medios presentados, omitiéndose analizar exhaustivamente los hechos ocurridos.

viii. Exponen que la subintendencia no valoró las pruebas presentadas, las cuales acreditan que actuaron diligentemente y cumpliendo sus obligaciones como empleador, afectando el derecho a la prueba, siendo que la SIRE no valoró que, en el IPER, en el cual, en ninguna parte del procedimiento, se exige a los trabajadores, la utilización de jabas como apoyo para apilar jabas; que, el trabajador fue debidamente capacitado para el desempeño de sus funciones (incluido capacitación ergonomía, incidentes y accidentes). Asimismo, una vez ocurrido el accidente, se decidió incrementar las medidas de seguridad para que no ocurra nuevamente (se colocó una cartelería de prevención al ingreso de la cámara de refrigeración y se delimitó la altura máxima de la cámara de frío de frutas y verduras).

ix. Manifiestan que la Subintendencia vulneró el artículo 5 del Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, en tanto que, no se acreditó que los supuestos incumplimientos en SST hayan originado el accidente de trabajo pues, se señala que la responsabilidad estaría basada en la supervisión deficiente a las labores realizadas por el trabajador, no obstante, el inspector es quien debe acreditar que dicho incumplimiento haya originado el accidente de trabajo, siendo que presumir dicha relación, afectaría lo señalado en la norma, siendo que el TFL también estableció la importancia del nexo de causalidad, siendo que la primera instancia no consideró que el accidente fue consecuencia del incumplimiento del procedimiento por parte del trabajador (factores personales y actos subestándares vinculados al uso inapropiado de equipos), siendo que no se fundamentó el nexo causal.

x. Agregan que, se vulneró el principio de culpabilidad pues, existe una falta de

antijuricidad de las supuestas inconductas imputadas y no hay responsabilidad subjetiva, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que corresponde a los procedimientos de SUNAFIL, que implica la existencia de dolo o culpa, no basta que el hecho sea causado para hacerlo responsable o que se haya producido pese a haberse podido prever o evitar. En el caso de las personas jurídicas, no se puede hablar en estricto de un dolo, la culpabilidad se identificaría con el llamado “déficit de organización”, siendo que su conducta sería reprochable cuando no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa la acción.

xi. Advierten que, de acuerdo a la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, estableció que la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención, requiere que se acredite que, la causa determinante del daño, es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo, debiendo considerarse la aplicación de los principios de causalidad y culpabilidad.

i. Contrariamente a lo señalado por el apelante, el acta de infracción materia del presente procedimiento, sí ha considerado el nexo causal que existe entre los incumplimientos del recurrente y el accidente de trabajo, lo que se puede advertir en el numeral 4.14 de los hechos constatados del acta de infracción.

ii. Como se puede verificar entonces, el personal comisionado sí detalló el incumplimiento a la norma de seguridad y salud en el trabajo, el nexo causal de los mismos y, asimismo, consignó la relación de causalidad, de manera precisa y clara sin dejar de lado los fundamentos razonables para tal fin. Estos incumplimientos consisten en la falta de condiciones de seguridad otorgadas por su empleador, pues el principio de causalidad, según el TFL en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022- SUNAFIL/TFL es: “6.4 (…). En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección), que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo”.

iii. Sobre la invocación al principio de culpabilidad, en el presente caso, el sujeto inspeccionado no acredito su obligación del cumplimiento de otorgamiento de condiciones seguras para el desarrollo de las funciones laborales, específicamente respecto a controles inadecuados o incorrectos en el traslado y manipulación de las jabas con frutas y verduras en el interior de la cámara de frío; en consecuencia, el sujeto inspeccionado no actuó con la debida diligencia; por tanto, ha quedado acreditado que la inspeccionada es enteramente responsable de la infracción en la que incurrió, pues no tomó las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo señalado en la Ley 28806; en tal sentido, es responsable de las infracciones administrativas tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; en consecuencia, se cumple con el principio de culpabilidad.

2 Notificada a la impugnante el 10 de abril de 2023. Véase folio 84 del expediente sancionador.

iv. Desde el acta de infracción materia del presente procedimiento, el personal inspectivo comisionado, se pronunció respecto de cada una de las materias asignadas a la orden de inspección, en las cuales, advirtió el cumplimiento de la capacitación, de entrega de EPP, del IPER y del registro de accidentes de trabajo; no obstante, ello no implica que, al haberse acreditado el cumplimiento de dichas obligaciones, implicaría que, no se hubiere cometido infracción en otra obligación, que es totalmente independiente y autónoma de las demás, la cual es, cumplir con otorgar condiciones laborales óptimas para el desarrollo de las funciones al trabajador, dentro de las cuales, se encuentra, realizar controles adecuados y correctos en el traslado y manipulación de las jabas.

v. Si bien se pudo constatar que el trabajador estaba capacitado; sin embargo, era obligación de la empresa, de realizar controles adecuados y correctos en el traslado y manipulación de las jabas, como en el presente caso, advirtiéndose que se incumplió con dicha obligación y por la cual, ocurrió el accidente de trabajo.

vi. Conforme se advierte del acta de infracción, se detalla específicamente que los hechos son narrados por el trabajador accidentado; no obstante, no se señala que ello es la única verdad de los hechos ocurridos; sin embargo, más allá de analizar si lo manifestado por el trabajador, respecto a la negación de su jefe, sea cierto o no, es el hecho que, el trabajador sufrió un accidente laboral y no hay evidencias de una supervisión efectiva, no por él o la jefe del referido trabajador, quien, debería haber advertido la ocurrencia del hecho y evitar que el trabajador subiera a las jabas, en el momento que las utilizó como escaleras; hecho ante el cual, se imputó el incumplimiento a título de cargo y ante el cual, la empresa no acreditó que hubiera cumplido con su obligación.

vii. De otro lado, respecto a las medidas correctivas, conforme a lo señalado por el propio administrado, éstas se realizaron luego de la ocurrencia del accidente; decidió incrementar las medidas de seguridad para que no ocurra nuevamente (se coloco una cartelería de prevención al ingreso de la cámara de refrigeración y se delimitó la altura máxima de la cámara de frío de frutas y verdura), siendo medidas que fueron posterior al accidente, lo cual, serviría solo para evitar que posteriormente ocurra un incidente o accidente laboral; no obstante ello no acredita el cumplimiento de su obligación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 115-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en base a los siguientes argumentos:

i. Refieren que el accidente de trabajo ocurrió como consecuencia de un actuar negligente del propio trabajador, debido a que utilizó 2 jabas como apoyo (escaleras) para apilar 12 jabas dentro de la cámara de refrigeración de frutas y verduras, lo que ocasionó que se resbale de la altura de 40 centímetros. Al respecto, señalan que eso no está permitido, ni forma parte del procedimiento de manipulación de mercadería, razón por la cual, ni siquiera está permitido el uso de escaleras, pues al ser una zona húmeda, resulta peligroso. El trabajador tenía conocimiento sobre ello. En ese sentido, el accidente no puede ser imputado como incumplimiento a las normas de SST, sino queda claro que fue producto de un acto negligente del trabajador.

ii. Advierten que la conducta del trabajador fue determinada como un acto subestándar, en el Registro de Investigación del Accidente; es decir, como un acto en el cual el trabajador desvía un procedimiento o la manera correcta para efectuar una tarea: uso inapropiado de equipos y toma de posturas inadecuadas.

iii. Precisan que cumplieron con sus obligaciones en materia de SST de manera íntegra. Prueba de ello son los certificados de las capacitaciones brindadas al señor Arroyo con la finalidad de que ejerza sus labores de manera correcta y fuera de peligro. Adicionalmente, antes de ocurrido el accidente, llevó dos cursos sobre Ergonomía e Incidentes y Accidente de Trabajo, los cuales aprobó satisfactoriamente.

iv. Alegan que, se ha inaplicado el numeral 1.2 del artículo IV y el artículo 6 del TUO

de la LPAG, debido a que el acta de infracción, la resolución de sub intendencia y la resolución de intendencia, vulneran el derecho a la debida motivación, y, por ende, el principio del debido procedimiento.

v. Exponen que la Intendencia no se pronunció sobre los argumentos expuestos en la apelación, ni mucho menos valoró las pruebas presentadas, sin embargo, señalan que el principio del debido procedimiento debe entenderse no solo como el derecho de los administrados a producir y ofrecer medios probatorios, sino que éstas sean debidamente valoradas.

vi. Agregan que, a pesar de que capacitaron al señor Arroyo en su puesto de trabajo, le dieron las instrucciones necesarias y nunca permitieron el uso de escaleras y/o similares por el riesgo que ello implica, el señor hizo caso omiso y decidió simular una escalera dentro de la cámara de refrigeración, situación que no resulta ser más que un incumplimiento de sus funciones de trabajo y desacato a sus obligaciones.

vii. Adjuntan una imagen en la que un colaborador de la misma estatura puede acercarse con facilidad a las jabas, cuyo máximo son de 10 jabas por pila. En ese sentido, les causa sorpresa que el trabajador sin prueba o indicio alguno, haya señalado que pidió a la jefa de sección, Janet Jara, un escalón para poder apilar las jabas, pero que ella se habría negado, y producto de ello fue el accidente.

viii. Cuestionan que el testimonio del trabajador sea prueba irrefutable, en tanto que no es la única prueba que debe evaluarse en un procedimiento, sino también los argumentos y medios probatorios presentados. Asimismo, señalan que se debió entrevistar a la jefa de sección, para agotar las facultades de inspección; sin embargo, se decidió tener por cierto el testimonio del trabajador, ignorando los argumentos expuestos y medios probatorios presentados.

ix. Sostienen que cumplieron con su deber de supervisión, en tanto, capacitaron al trabajador e identificaron los peligros y evaluaron los riesgos de su puesto de trabajo conforme se advierte de la matriz IPERC.

x. Aducen que el presunto incumplimiento por no emplear una “supervisión efectiva” que permita asegurar la protección de la seguridad y salud en el trabajo, es completamente arbitrario y falso, en tanto que, el deber de supervisión no consiste en que los empleadores estén vigilando en todo momento a sus trabajadores, no es razonable. Existen límites al deber de supervisión. Al respecto, invocan la Resolución N° 469-2021- Primera Sala del TFL, referido al deber de supervisión.

xi. Sobre las capacitaciones señalan que el trabajador fue debidamente capacitado para el correcto desempeño de sus funciones, a través de inducciones y cursos que aprobó satisfactoriamente, para lo cual, presentan el certificado de capacitaciones para evitar el accidente que por negligencia del trabajador ocurrió.

xii. Por otro lado, con respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos en la matriz IPERC, como se puede observar el peligro en la manipulación de carga en el almacenamiento de mercadería en cámaras de refrigeración se encuentra debidamente identificado, observándose que en ninguna parte del procedimiento se exige a los trabajadores la utilización de jabas como apoyo para apilar jabas.

xiii. Sobre la señalización, reconocen que, una vez ocurrido el accidente, decidieron incrementar las medidas de seguridad para que este tipo de accidentes no vuelva a presentarse. Por tanto, cualquier incumplimiento de los procedimientos, como los detectados en el presente caso, realizados por personal que ha sido debidamente capacitado, solo podría ser responsabilidad de los agentes que ejercieron tales acciones: en este caso, el señor Arroyo López.

xiv. Manifiestan que, la Intendencia inaplico el principio de legalidad, regulado en el inciso 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en tanto que, no se acreditó que el supuesto incumplimiento en SST haya originado el accidente de trabajo, conforme al artículo 95 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Al respecto, señalan que, la sola concurrencia de un accidente de trabajo no hace responsable al empleador, sino que es necesario acreditar la existencia del nexo causal, que acredite la relación entre la conducta infractora y el accidente de trabajo.

xv. Alegan que la interpretación sesgada de la Intendencia no solo evidencia una motivación aparente, sino también una clara vulneración al artículo 95 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en tanto que, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento ha originado el accidente de trabajo o enfermedad profesional.

xvi. Desde la constitución del Tribunal de Fiscalización Laboral, este órgano colegiado ha emitido diversos pronunciamientos desarrollando los requisitos que deben ser cumplidos por la Inspección de Trabajo para acreditar la existencia de un nexo de causalidad en la imputación de responsabilidad administrativa por accidentes de trabajo, desarrollando la “estructura lógica” detrás del análisis de causalidad. Al respecto, invocan la Resolución No. 464-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

xvii. Del mismo modo, la Resolución No. 169-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, estableció que el tipo infractor establecido en el numeral 10 del artículo 28 del RLGIT, exige la concurrencia de dos supuestos: el incumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga una relación causal con el accidente, y la existencia de un daño.

xviii. Dichos criterios han sido replicados mediante la Resolución de Sala Plena No. 005- 2022-SUNAFIL/TFL – la cual fue establecida como precedente vinculante – que ratificó la necesidad de un adecuado análisis del nexo de causalidad para imputar responsabilidad por el numeral 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

xix. Reiteran que, no se cumple con una estructura lógica que permita imputar responsabilidad por el accidente, incumpliendo los criterios establecidos por el TFL antes mencionados. En realidad, pese a que las investigaciones realizadas

demuestran que el señor Arroyo López incumplió un procedimiento interno.

xx. Observan del análisis de causalidad del accidente que acredita el desarrollo de la investigación, que el accidente fue producto de factores personales y actos subestándares vinculadas al uso inapropiado de equipos y/o herramientas, situaciones que no pueden ser atribuidas a la Empresa en tanto se configuran directa y lamentablemente de la persona que lo produjeron.

xxi. Evidencian que durante el procedimiento no se fundamentó adecuadamente la existencia de nexo causal, por el contrario, se asumió una posición genérica sin mayor sustento, sin que ello sea suficiente para afirmar las observaciones sobre obligaciones en SST.

xxii. Por otro lado, refieren que se ha inaplicado el principio de culpabilidad, tipificado en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, referido a que, reproche que se dirige a una persona porque debió actuar de modo distinto a cómo lo hizo, para lo cual debió tener la posibilidad de actuar distinto. Al respecto, precisan que, en el caso de las personas jurídicas, no existe en estricto de un dolo, la culpabilidad se identificaría con llamado “déficit de organización”, de modo que su conducta sería reprochable cuando no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa una infracción.

xxiii. Sostienen que, el Tribunal de Fiscalización Laboral concluye que debe existir una responsabilidad subjetiva en los casos que versen sobre accidentes de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 064-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

xxiv. Agregan que la Intendencia inaplicó los principios de licitud y verdad material, tipificado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG y el inciso 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en tanto que, se debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario; además de encontrarse prohibida de emitir conclusiones sin acreditar objetivamente lo afirmado.

xxv. Señalan que, en el presente caso, pese a que es obligación de la intendencia justificar y probar debidamente la existencia de infracciones para poder imputar y sancionar a una empresa; contrariamente, se presume la comisión de infracciones. por ese motivo, al momento de resolver, su despacho deberá tener en consideración los argumentos expuestos y pruebas presentadas en el presente escrito, en concordancia con los principios de licitud y veracidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.3. A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG establece que:

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 6.4. Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público

que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado) 6.7. Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto.

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo13.

13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)”.

“Con base a la información obtenida durante las actuaciones inspectivas de investigación, se tiene que, el accidente de trabajo se ha producido por una condición insegura (controles inadecuados o incorrectos en el traslado y manipulación de las jabas con frutas y verduras en el interior de la cámara de frío); debido a que, el trabajador afectado Yeyson Michael Arroyo López, al momento del accidente se encontraba utilizando dos jabas como escaleras para realizar su trabajo ocasionando la caída del trabajador al piso a una altura de 40 centímetros, lo cual generó golpes en la cadera, cabeza y tronco. En consecuencia, esta condición influyó como causa inmediata del accidente de trabajo acaecido al señor Yeyson Michael Arroyo López (accidente de trabajo incapacitante)”.

protección de la seguridad y la salud del trabajador, tal como se detalla líneas arriba, no dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 26, literal c) del Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 26.- El empleador está obligado a: “c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, verificándose que la inspeccionada no cumplió con dicha obligación, en consecuencia, esta condición influyó como causa inmediata del accidente de trabajo acaecido al trabajador accidentado”.

identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán

ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

del mismo, conforme lo anteriormente señalado. Por lo que, se advierte que su decisión carece de sustento jurídico exigido.

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A., en consecuencia, NULA de la Resolución de Sub Intendencia N° 842-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 10 de diciembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 334-2020- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 842-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 10 de diciembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. – Notificar la presente resolución a CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. -. Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.42. de la presente resolución.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250416MCR – HR 225614-2020