Cartavio Sociedad Anónima Abierta Cartavio S.A.A — Res. 923-2025

Mediante Orden de Inspección N° 0287-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 0302-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva por la negativa del inspeccionado o sus representantes de facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Infracciones identificadas en mérito a

Que, mediante Imputación de Cargos N° 857-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, de fecha 28 de junio de 2022, notificada el 04 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1297-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN- IF, de fecha 19 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 097-2023- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 26 de enero de 2023, notificada el 30 de enero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 24,196.00 soles, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 097-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 226-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 05 de julio de 20232, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 31 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 226- 2023-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 949-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 07 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral. II. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 2.1. Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA CARTAVIO S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 226-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,196.00, por la comisión, de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA CARTAVIO S.A.A.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”.

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. Esta disposición es concordante con el artículo 12.1 literal d) del RLGIT, que prescribe que, en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarás las actuaciones de investigación, entre otras, mediante un requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica.

En tal sentido, los requerimientos de información recaen sobre instrumentales exigibles a los administrados ya sea por su debe legal de resguardo documental en la relación de trabajo, o bien porque el empleador cuenta con los medios para presentar dicha información, conforme con el deber de colaboración.

En el presente caso, serán materia de revisión las dos infracciones muy graves por incumplimiento de la labor inspectiva que han sido confirmadas por la instancia de mérito mediante Resolución de Intendencia N° 226-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral. En tal sentido, se verifica que el personal inspectivo emitió dos requerimientos de información en el marco de las actuaciones inspectivas de investigación, ambos notificados en la misma fecha: (i) el “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 24 de marzo de 2022, y (ii) el “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 29 de marzo de 2022. En ambos documentos se precisó de manera expresa la información que debía ser remitida por el sujeto inspeccionado, así como el apercibimiento de que su

Asimismo, conforme a la búsqueda realizada en el aplicativo de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, se verifica que la impugnante realizó su primer acceso a su casilla electrónica el 28 de mayo de 2020, registrando sus datos de su primer contacto el 19 de noviembre de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Cabe señalar que, de la verificación del referido aplicativo, se advierte que en consideración a que el impugnante registro sus datos de contacto, se remitió las alertas correspondientes, conforme se aprecia a continuación:

En tal sentido, se verifica que la Inspeccionada tenía conocimiento de la existencia de la casilla electrónica, no solo por la obligatoriedad determinada con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, sino también con el hecho de que accedió a la

Más aún si se verificó que el incumplimiento de los requerimientos de información de fechas 24 y 29 de marzo de 2022 no obedeció a una imposibilidad real o sobreviniente que configure caso fortuito o fuerza mayor, pues la inspeccionada no acreditó la existencia de un fallo técnico objetivo del sistema de notificaciones electrónicas, ni tampoco demostró que dicho supuesto haya impedido efectivamente el acceso al contenido de los requerimientos. Por el contrario, conforme al registro del sistema, se advierte que el administrado contaba con medios de contacto registrados con anterioridad, recibió las alertas complementarias respectivas y realizó ingresos previos a la casilla electrónica, descartándose así notificaciones indebidas o ineficaces.

En su calidad de empleadora, la inspeccionada ostenta la potestad de organizar internamente el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Administración Pública, por lo que, ante cualquier eventualidad que afecte la revisión del buzón electrónico institucional o la atención de requerimientos —como fallos parciales del sistema, ausencia de personal o delegación—, le corresponde activar mecanismos de contingencia que aseguren la continuidad operativa, tales como el reemplazo, encargo o redistribución funcional. Por tanto, resultaba exigible que la inspeccionada adoptara las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos dentro del plazo otorgado, máxime si la fiscalización se desarrollaba por medios digitales y conforme al marco normativo vigente.

En consecuencia, no puede alegar válidamente la existencia de una eximente ni invocar la vulneración del Principio de Razonabilidad, cuando no ha demostrado la existencia de una causa objetiva, insuperable y debidamente acreditada que justifique el incumplimiento de requerimientos legalmente notificados.

Respecto al alegato de que la empresa habría cumplido con presentar documentación relevante desde el primer requerimiento de información, corresponde precisar que los requerimientos emitidos los días 24 y 29 de marzo de 2022 no reiteraron los pedidos formulados en el requerimiento del 07 de marzo de 2022 ni en el requerimiento de comparecencia del 18 de marzo de 2022, sino que formularon nuevas solicitudes derivadas del análisis de hechos identificados en el desarrollo de la fiscalización, entre ellos: la conversación de WhatsApp de fecha 03 de diciembre de 2022 sobre el primer descanso médico del trabajador accidentado, las declaraciones juradas del trabajador Luis Cerna, los números de contacto de trabajadores intervinientes, y las averiguaciones sobre lo comunicado por el señor Carlos Bazán respecto a la “vista roja” del denunciante y las acciones adoptadas al respecto. Estos pedidos fueron distintos y no se encontraban contemplados en los requerimientos previos, ya que estaban referidos a comunicaciones específicas, declaraciones de trabajadores y datos de contacto personal.

En ese sentido, se advierte que, el incumplimiento de los requerimientos de fechas 24 y 29 de marzo de 2022 configuran infracciones autónomas, distintas a los requerimientos del 07 y 18 de marzo del mismo año (estos últimos no son materia de reproche administrativo en el presente procedimiento), por lo que el argumento del administrado carece de sustento y debe ser desestimado.

En este punto, se debe invocar la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria11, entre otros, ha establecido lo siguiente:

Entonces, siguiendo los precedentes aprobados por este Tribunal en la Resolución N° 001-2021-SUNATIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL. La entrega de información o la presentación de documentos solicitados durante la fase de fiscalización laboral, cuando se realiza después del inicio del procedimiento administrativo sancionador no constituye un supuesto de subsanación o de eximente de responsabilidad

En el presente caso, tal como lo advirtió la primera instancia en el considerando 5.21 de la Resolución de Sub Intendencia, la documentación habría sido enviada recién el 08 de abril de 2022, es decir, cuando ya se había culminado la etapa de actuaciones inspectivas y se había emitido el acta de infracción (01 de abril de 2022), sin que fuera posible por parte de los inspectores comisionados verificar el contenido de lo remitido a través de la captura de pantalla presentada (véase folio 83 del expediente sancionador). Por tanto, la conducta atribuida generó una afectación concreta a la labor inspectiva, al impedir que la autoridad administrativa cuente oportunamente con información relevante para el esclarecimiento de los hechos materia de fiscalización.

En ese sentido, al momento de la notificación de la imputación de cargos (04 de julio de 2022) y del inicio del procedimiento sancionador, las dos conductas infractoras

En consecuencia, no se configura una vulneración al derecho de defensa que justifique el incumplimiento de los requerimientos formulados en el marco del procedimiento inspectivo. Por el contrario, conforme a lo dispuesto en la LGIT y su reglamento, la falta de colaboración con la labor inspectiva constituye una infracción muy grave de naturaleza insubsanable por cada hecho verificado, al comprometer la eficacia de la función fiscalizadora y el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo otorgado. A pesar de ello, la inspeccionada incurrió en el incumplimiento constatado en el Acta de Infracción, por lo que los alegatos dirigidos a cuestionar tales infracciones deben ser desestimados.

Sobre el alegato de una supuesta vulneración del principio Non Bis In Ídem debe ser desestimado, toda vez que los requerimientos de información del 24 y 29 de marzo de 2022 fueron distintos entre sí y formularon pedidos específicos derivados de hechos diferenciados detectados en la fiscalización. Por tanto, el incumplimiento de cada requerimiento configuró infracciones autónomas, no existiendo una doble sanción por un mismo hecho.

Al respecto, debemos precisar que el Principio del Non Bis In Ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC12 y N° 2050-2002-AA/TC13, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio, que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y procesalmente no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

De manera explicativa, según Morón Urbina14, los presupuestos de operatividad de este principio rector se encuentran supeditado a los siguientes elementos:

En ese contexto, se advierte que, si bien los requerimientos de información del 24 y 29 de marzo de 2022 contenían pedidos sustancialmente similares, se emitieron en momentos distintos del procedimiento de fiscalización y cada uno fijó un plazo independiente para su cumplimiento. Por tanto, su inobservancia constituye infracciones autónomas, pasibles de reproche individual en el marco del presente procedimiento sancionador.

Por tales razones, este extremo del recurso debe ser desestimado.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 097-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 226-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.