Carbonell Figueras S.A.C — Res. 846-2025

Mediante Orden de Inspección N° 358-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico correspondiente a la materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 278-2019- SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción), , por la comisión de, entre otras, tres (03) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 878-2022-SUNAFIL/ILM/AI-I, de fecha 29 de abril de 2022, notificada vía casilla electrónica el 03 de mayo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1274-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 30 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), notificada en fecha 14 de julio de 2022, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 875- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 10 de agosto de 2022, notificada vía casilla electrónica el 12 de agosto de 2022, le impuso sanción a la impugnante por la suma de S/ 34,020.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 02 de setiembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 875-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de la cual se identifican los siguientes principales argumentos:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1661-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de octubre de 2022 y notificado el 17 de octubre de 2022, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción la sanción contra la administrada, sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

Con fecha 4 de noviembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1661- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002013-2023- SUNAFIL/ILM recibido el 10 de julio de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CARBONELL FIGUERAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1661-2022- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 34,020.00, por la comisión, entre otra, de tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 18 de octubre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CARBONELL FIGUERAS S.A.C.

Previa evaluación de los argumentos postulados en el recurso de revisión, resulta pertinente tomar en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022- SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, el cual constituye precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, y que expresamente señala:

Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.

Sobre esa base, se advierte del recurso de revisión algunos argumentos genéricos, no ceñidos a los criterios antes señalados; es decir, no se ha incorporado en el recurso fundamentos encuadrados en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso8, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.

El RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo, las siguientes:

Sobre el particular, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales9, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; y e) en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido). Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores.”(énfasis añadido).

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

En principio, la administrada sustenta su recurso impugnatorio desde la alegación de cumplimiento y la afectación de principios sustanciales asociados al debido procedimiento administrativo, lo cual constituye un directo cuestionamiento del nexo causal de las infracciones imputadas al administrado. Respecto del primer extremo, alega que respecto de cada una de las materias vulneradas consideradas como generadoras del accidente de trabajo (IPER, PETS y formación e información de SST) se ha logrado acreditar su cumplimiento en el marco del cargo desempeñado por el sujeto afectado, el de soldador. En cuanto al segundo extremo, alega que la Intendencia Regional no ha valorado adecuadamente los medios de prueba proporcionados por la administrada, ni considerado que para el desempeño de la labor de izaje se requiere equipo especializado.

En ese sentido, resulta pertinente citar los alcances del principio de verdad material, según lo define el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG:

De acuerdo a ello, se establece que la decisión de la administración requiere encontrarse justificada desde el plano fáctico que compone el procedimiento. Dicho proceder exige a la administración el determinar más allá de toda duda razonable las aristas sustanciales de responsabilidad de la inspeccionada, a fin de justificar de manera solvente la imputación de las infracciones identificadas.

En ese mismo sentido, resulta pertinente tomar en consideración los alcances del precedente vinculante definido mediante Resolución de Sala Plena Nº 005-2022- SUNAFIL/TFL, de fecha 2 de agosto de 2022, el cual determina lo siguiente:

En ese entendido, corresponde analizar la concurrencia del nexo causal entre las infracciones atribuidas al administrado respecto del evento lesivo evaluado. Así, se verifica que al impugnante se le ha imputado tres infracciones contra la norma de seguridad y salud en el trabajo, que ocasionaron el accidente de trabajo del trabajador, acontecido el 15 de junio de 2018, en específico, por no cumplir con el IPER, PETS y formación e información de SST. Infracciones que componen la imputación contra la administrada y que procedemos a evaluar.

En principio, ante el cuestionamiento de la condición de accidente de trabajo por parte de la administrada ante lo acontecido en el centro de trabajo el 15 de junio de 2018, del cual resultó afectado el trabajador, se identifica que, sobre la base de lo recabado en actuación inspectiva, el accidente se generó por motivo de la prestación de servicios del mencionado trabajador en favor de la empresa impugnante, en el marco del servicio que esta proporcionaba a la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., a propósito del Contrato de construcción para el trabajo de: obra civil RLP21 BGA – Adecuación a nuevas especificaciones de combustibles, con fecha de vigencia hasta el 31 de julio de 2019. Accidente que le ha generado al sujeto afectado una contusión en el muslo derecho y en la rodilla derecha y del cual se identifica la siguiente información:

En cuanto a la materia de PETS, según el artículo 85 de la LSST, se regula la obligación del empleador de elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión.

Es decir, no basta la emisión del procedimiento, sino se requiere la revisión y mejora continua en el marco de una adecuada vigilancia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la cual deberá materializarse por lo menos una vez al año, según lo prescrito por el artículo 90 de la misma fuente.

De acuerdo a ello, en cuanto a la materia inspeccionada, la empresa proporcionó el documento denominado “APR – Análisis Preliminar de Riesgo Genérico” de fecha 3 de agosto de 2015, y el “Instructivo de Trabajo – Soldadura de Ménsulas en Pilares de Rack Principal”, de fecha 14 de diciembre de 2016. Documentos de los cuales se verifica que la empresa si ha cumplido con la emisión de un procedimiento de sistema de gestión de

En ese sentido, si bien la tesis de defensa de la impugnante ha consistido a lo largo del proceso de inspección y administrativo sancionador, en negar la existencia de un accidente de trabajo y la determinación de una única función del sujeto afectado, esto es, la de soldador; sin embargo, no ha logrado rebatir el incumplimiento en la actualización anual de los PETS, máxime si los proporcionados datan de hasta casi dos años de antigüedad al momento de acontecido el accidente de trabajo.

En ese sentido, de la verificación de las documentales precedentemente citadas, no se advierte que la administrada con antelación al accidente de trabajo haya generado la actualización de los PETS, lo cual ha desencadenado que no tome medidas preventivas a fin de evitar su materialización e incidido en el desempeño del sujeto afectado al momento de generado el accidente de trabajo, cuando efectuaba la labor de soldador y traslado de tubos.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo materia de evaluación, dando cumplimiento al principio de causalidad. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en las empresas (PETS), conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

En cuanto a la materia de IPER, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. (énfasis añadido).

Asimismo, se tiene que el artículo 50 de la LSST, en concordancia con lo estipulado en el literal g) del artículo 26 del RLSST, establece que el empleador como medida de prevención de los riesgos laborales deberá gestionarlos, sin excepción, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo señalado por el artículo 57 de la LSST, en concordancia con el primer párrafo del artículo 82 del RLSST.

Sobre dicho marco normativo, según la verificación de la Matriz IPER de la empresa inspeccionada, se identifican dos cuestionamientos sustanciales: i) la Matriz IPER data del 4 de enero de 2019, esto es, de fecha posterior al accidente de trabajo (15 de junio de 2018); ii) no se encuentra consignado los peligros derivados de las labores dentro de las carpas de trabajo, principalmente los peligros en el traslado de manual de cargas (traslados de tubos); y, iii) no se identifica que el IPER haya sido actualizado e integre los riesgos propios del nuevo servicio brindado a Refineria La Pampilla S.A.A. a propósito del Contrato de construcción para el trabajo de: obra civil RLP21 BGA – Adecuación a nuevas especificaciones de combustibles, con fecha de vigencia hasta el 31 de julio de 2019.

De lo verificado en actuación inspectiva, el traslado de la carga dentro de la carpa se debe efectuar necesariamente mediante el levantamiento manual de cargas mayores a 25 kg empujándolo mediante caballetes, tarea que no es consignada en el IPER, por lo cual, no se evalúa el riesgo de desviación de carga y caída de objetos de altura, con posibilidad de consecuencia de golpe/alturas y otros por exposición de pies y piernas, como el caso que generó el accidente de trabajo.

En ese sentido, de la verificación de la Matriz de IPER, no se advierte que la administrada con antelación al accidente de trabajo haya identificado la totalidad de los riesgos que podría involucrar la prestación de servicios en la empresa, lo cual ha desencadenado que no tome medidas preventivas a fin de evitar su materialización. En ese sentido, se verifica que el sujeto afectado ha desempeñado la labor de soldador y traslado de tubos sin que la empresa haya adoptado medidas de control según el orden de prioridad, esto, de forma previa, al 15 de junio de 2018, que afectó al mismo en el momento de generado el accidente de trabajo.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo materia de evaluación, dando cumplimiento al principio de causalidad. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, respecto a la materia de formación e información sobre SST, el marco normativo establece en el literal f) del artículo 50 de la LSST, que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

De lo recabado en actuación inspectiva, la administrada a acreditado la inducción del sujeto afectado de los siguientes temas, previo al accidente de trabajo, esto es, 15 de junio de 2018:

Al respecto se advierte, que la administrada ha incurrido en las siguientes omisiones en la materia en cuestión, estas son: i) omitió acreditar capacitación del sujeto afectado en estándares de seguridad para la labor de soldador y traslado de tubos; ii) omitió acreditar capacitación del sujeto afectado en los documentos “APR – Análisis Preliminar de Riesgo Genérico” de fecha 3 de agosto de 2015, y el “Instructivo de Trabajo – Soldadura de Ménsulas en Pilares de Rack Principal”, de fecha 14 de diciembre de 2016; iii) omitió acreditar la capacitación no menor a 8 horas y su renovación anual en favor del sujeto afectado, del mismo modo, tampoco acreditó haber realizado charlas de inducción de al menos sesenta minutos al momento previo de ingresar a la obra, ni se acreditó haber realizado charlas semanales de treinta minutos por lo menos.

En ese sentido, de la verificación de la presente materia, no se advierte que la administrada con antelación al accidente de trabajo haya cumplido con las obligaciones de inducción en el tiempo y fondo pertinentes que le hubieran permitido al sujeto afectado desarrollar sus labores adecuadamente y consciente de los riesgos que ello involucra, lo cual afectó al mismo en el momento de generado el accidente de trabajo.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo materia de evaluación, dando cumplimiento al principio de causalidad. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la formación e información en SST, conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Finalmente, respecto a los argumentos formulados en el recurso de revisión, se identifica como principal tesis de defensa la identificación del cargo de soldador como única labor desempeñada por el sujeto afectado al momento de acontecido el accidente de trabajo. Sin embargo, las circunstancias en las cuales se ha generado el accidente de trabajo, dan cuenta que la labor de este no únicamente requería su desempeño como soldador, sino, además, la de traslado de tubos desde el interior de las carpas hacia las grúas, para que se genere el izado, lo cual constituye una labor complementaria que debía estar prevista en las medidas de seguridad y salud en el trabajo que el empleador debió gestionar (como el caso del IPER, PETS y formación e información de SST), a fin de prevenir accidentes como el presente.

En ese sentido, resulta forzado pretender desconocer los aspectos que han involucrado la labor en la empresa por parte del sujeto afectado, elemento identificado por el comisionado desde la materialización del principio de primacía de la realidad. Así, tampoco existe duda de la calidad de accidente de trabajo acontecido en las instalaciones de la Refinería La Pampilla S.A.C. el 15 de junio de 2018, conforme lo describe el informe médico de fecha 10 de julio de 2019, mediante el cual se consigna la información pertinente para determinar que las lesiones del sujeto afectado se han generado bajo motivo del accidente de trabajo de dicho día.

Por otro lado, la administrada sugiere la responsabilidad del administrado en el accidente de trabajo al haber incurrido en ciertas presuntas omisiones; al respecto, independientemente de las omisiones en las que este haya incurrido, esta Sala coincide con las instancias precedentes, pues ello no enerva la responsabilidad de la administrada al verificarse que cada una de los incumplimientos generados en cuanto a las materias investigadas ha contribuido directamente en el accidente de trabajo, desde la identificación del nexo causal en cada uno de los casos.

En ese sentido, sobre la base de los fundamentos precedentes, se desestima cada uno de los argumentos formulados en el recurso impugnatorio materia de análisis y se verifica que el nexo causal entre las infracciones (IPER, PETS y formación e información de SST) y el accidente de trabajo han resultado plenamente instaladas, motivo por el cual corresponde confirmar la Resolución impugnada.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.