Camposol S.A — Res. 1176-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Incluye todas); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas); y, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submaterias: Registro de accidente de trabajo e incidentes; y, Registro de inducción capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia). 2 Véase folio 29 del expediente inspectivo. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por la falta de señalización del recorrido de equipos móviles y operarios de cámara que laboran en precámara 1, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por la falta de formación y capacitación en tránsito seguro por la zona de trabajo y capacitación en manejo de montacargas del recurrente, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el registro de accidente de trabajo en el cual debe constar la investigación y las medidas correctivas respecto al accidente de trabajo del recurrente, en fecha 10 de julio de 2020, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva requerimiento de fecha 19 de enero de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Menciona que, la resolución apelada no habría determinado y establecido los motivos por los cuales se determinó la existencia de un accidente de trabajo, punto que debió ser analizado en este caso, ya que fue materia de cuestionamiento a lo largo del procedimiento; habiéndose limitado a asumir que el hecho ocurrido el pasado 10 de julio de 2020 constituyó un accidente de trabajo, pese a que desde el inicio de la investigación han indicado que se trató de un incidente. ii. Consideran que el suceso ocurrido el 10 de julio de 2020 se encuentra tipificado como un incidente; dado que, el trabajador no sufrió una lesión corporal que requiera de

incapacidad médica; debiendo valorarse que luego de su atención con la Unidad Médica, el trabajador afectado retornó de manera inmediata a sus actividades; situación que fue mostrada con los videos de fecha 10 de julio de 2020 que se alcanzaron dentro del procedimiento inspectivo y que no fueron valorados dentro de esta investigación. iii. Indican que, no resulta pertinente atribuirles las infracciones por no contar con registro de accidente de trabajo y no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, cuando el hecho no tipifica como tal; quedando demostrado que las imputaciones realizadas carecen de razonabilidad y asidero legal. iv. Finalmente, refiere que el monto total de multa impuesto en su contra no ha sido analizado en virtud al principio de razonabilidad.

i. De la revisión del cuadro de sanción consignado en el numeral 3.5.3. de la resolución apelada, observamos que, en el presente caso, al sujeto responsable se la ha sancionado por la comisión de 01 infracción grave a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT; 02 infracciones muy graves a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. ii. Posteriormente, al verificar el cuadro anexo al Lineamiento antes mencionado, apreciamos que las infracciones tipificadas en los numerales 27.6 y 46.7 del RLGIT están clasificadas como infracciones instantáneas con efectos permanentes, y vemos que el referido lineamiento define a ese tipo de infracciones como “la conducta que se produce y se consuma en un único instante o momento, sin embargo, genera un estado de cosas antijurídico duradero y que permanece a través del tiempo”; mientras que, las infracciones tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGT, están clasificadas como infracciones instantáneas y según el mismo lineamiento, dicho tipo de infracción hace referencia a “la conducta ilícita que se

3 Mediante Resolución N° 0374-2025-SUNAFIL/IRE-PIU se rectifica el error material, respecto al año de emisión consignado en la numeración de la resolución (…) “Debe decir: Resolución de Intendencia N° 339-2025-SUNAFIL- IRE-PIU” 4 Notificada al impugnante el 03 de julio de 2025. Véase folio 95 del expediente sancionador.

produce y se consuma en un único instante o momento, sin que ésta se prolongue o perdure en el tiempo. Además, se lleva a cabo en un solo acto”. iii. Que, desde la fecha de inicio del cómputo del plazo prescriptorio (fecha de ocurrencia del accidente) hasta el día en que la autoridad sancionadora de primera instancia procedió a notificar al impugnante la resolución de primera instancia, imponiéndole sanción de multa en su contra, transcurrieron un total de 05 años y 20 días; lo que pone en evidencia que, a la fecha de emisión de la resolución impugnada, ya se encontraban prescritas las conductas infractoras por las que fue sancionada la recurrente referidas a “No contar con el registro de accidente de trabajo en el cual deben constar la investigación y las medidas correctivas respecto al accidente de trabajo del recurrente en fecha 10.07.2020”; “Falta de señalización del recorrido de equipos móviles y operarios de cámara que laboran en precámara 1” y “Falta de formación y capacitación en tránsito seguro por la zona de trabajo y capacitación en manejo de montacargas”; motivo por el cual, en aquella oportunidad dicha instancia debió declarar de oficio la prescripción de su facultad para imponer sanción contra el impugnante, por la comisión de tales infracciones; de conformidad a lo señalado por el literal l) del punto 6.4.2.4 de la versión 2 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII. iv. Por su parte, la conducta infractora tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT se cometió el 22 de enero de 2021, día en que se vencía el plazo máximo (03 días hábiles) que tenía el sujeto inspeccionado para dar cumplimiento a lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento; y por ello, es que a partir de esa fecha se debe comenzar a computar el plazo de prescripción de esta infracción a la labor inspectiva. v. Se advierte que, desde la fecha de comisión de esta infracción a la labor inspectiva hasta el día en que la autoridad sancionadora de primera instancia procedió a notificar al impugnante la resolución de primera instancia, imponiéndole sanción de multa en su contra, solamente transcurrieron un total de 02 años, 06 meses y 10 días; determinándose que dicha infracción aún no había prescrito, y por tanto, la autoridad sancionadora aún se encontraba facultada para sancionar al impugnante por la comisión de tal infracción. vi. Debido a que, las infracciones tipificadas en los numerales 27.6 y 28.10 del RLGIT, habían prescrito 20 días antes de que notificara la resolución apelada, se aprecia que, al imponer sanción por infracciones prescritas, la autoridad sancionadora de primera instancia incumplió el requisito de validez, referente a la competencia que debe tener toda autoridad administrativa para emitir un acto administrativo, y en vista de esto, se ha puesto en evidencia la existencia de un vicio durante la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador, en virtud a lo señalado en el numeral 1) del artículo 10 del TUO de la LPAG. vii. Por tanto, corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 1245-2024-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA, en el extremo de las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en los numerales 27.6 del artículo 27 y 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dejándolas sin efecto. viii. Que, el recurrente cuestiona que el hecho ocurrido el 10 de julio de 2020, en las instalaciones de su centro de labores no fue un accidente de trabajo; sino que solamente calificó como un incidente y que por ello no tenía la obligación de contar con un Registro de Accidentes de Trabajo; al respecto, de la revisión del documento denominado “Informe de salud – Accidente de Trabajo N° 01-2020”, de fecha 15 de julio de 2020, se advierte que la Médico de Vigilancia Ocupacional Eliana Martino recomendó al trabajador afectado que tuviera “reposo con elevación del miembro inferior derecho y retorno a casa”, debido a que su diagnóstico médico fue “contusión en el muslo derecho”; y además le prescribió todo un tratamiento médico

y también le otorgó licencia con goce de haber por espacio de tres días “por exceso de días subsidio”; lo que, también concuerda con lo manifestado por el señor Marco León, en calidad de Jefe de Cámaras y Distribución del sujeto inspeccionado durante la visita de inspección efectuada el 16 de diciembre de 2020; donde explicó que “por sugerencia de la doctora se le dio 3 días de licencia con goce hasta el día 13”, hechos que, no hacen más que evidenciar que el suceso en cuestión, en realidad constituyó un accidente de trabajo y no un simple incidente. ix. Asimismo, al revisar el numeral 8 del Informe de Incidente Transpaleta Eléctrica de fecha 10 de julio de 2020, presentado por el recurrente en formato digital y que se encuentra grabado en el CD que obra a folios 22 del expediente inspectivo, el inspector comisionado se percató que fue el mismo recurrente quien consignó lo siguiente: “el incidente se catalogó de acuerdo a la Ley 29783 como accidente leve”.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CAMPOSOL S.A.

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

(15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 04 de julio de 2025.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de julio de 205, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0339-2025 -SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, desde el inicio del procedimiento, sostuvieron y acreditaron documentalmente que el hecho ocurrido el 10 de julio de 2020 fue un incidente sin consecuencias graves ni incapacidad médica para el trabajador involucrado que, retornó a sus labores de forma inmediata, lo que fue demostrado con grabaciones y registros internos. ii. Sostienen que la clasificación como “accidente leve” en algunos documentos no desvirtúa su real naturaleza de incidente, ya que no hubo parte médico que determinará impedimento o incapacidad, y se trató de una medida preventiva sugerida por la médico ocupacional, sin calificación legal obligatoria. iii. Por tanto, alegan que, al no haberse producido un accidente de trabajo, conforme a los requisitos del artículo 87 de la Ley N° 29783, ni del artículo 33 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, no existía la obligación legal de remitir registro alguno. Al respecto, señalan que, la supuesta omisión no puede tipificarse como infracción, pues no hay norma que imponga deber alguno en caso de incidentes menores. iv. Agregan que se ha vulnerado el principio de tipicidad, el mismo que exige que la infracción y la sanción deben estar expresamente previstas en la ley. Y en este caso, no existe norma que sancione la no entrega del Registro de Accidentes cuando no se ha producido un accidente conforme a ley. v. Por otro lado, consideran que se ha vulnerado el principio de razonabilidad, en tanto que, la imposición de una multa de S/ 11,572.00 resulta desproporcionada, considerando que no se afectó la vida ni la salud del trabajador, y que no existió dolo ni negligencia reiterada por parte de la empresa, ya que, actuaron con diligencia al realizar una investigación interna y al mantener políticas de prevención de riesgos laborales. vi. Invocan la STC Exp. N° 2340-2006-PA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional, referida a que las sanciones administrativas deben ser proporcionadas, motivadas y coherentes con la realidad fáctica. Asimismo, agregan que, la SUNAFIL, en precedentes vinculantes y resoluciones de revisión, ha declarado la improcedencia de multas cuando no se configura un deber legal concreto, como en casos de requerimientos sobre hechos no acreditados. vii. Aducen que la resolución de intendencia no ha tenido en cuenta el principio de verdad material, contenido en el artículo 1.11 del TUO de la LPAG, por el cual la autoridad administrativa deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. viii. Precisan el principio del debido procedimiento para señalar que existe falta de motivación en el caso concreto, pues ven una exposición genérica de sus argumentos sin ahondar en los alcances brindados sobre las pruebas presentadas dentro del proceso inspectivo realizado, pruebas que evidencian que los supuestos incumplimientos no tienen sustento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

11 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”12, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

FIGURA Nº 01

12 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

13 Véase folio 32 del expediente inspectivo.

decisión, respecto del hecho ocurrido el 10 de julio de 2020, alegando que este fue un incidente sin consecuencias graves; por tanto, al no haberse producido un accidente de trabajo, no existía la obligación legal de remitir registro alguno.

preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.23 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

14 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 15 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, puesto que, se evidencia que las instancias previas han dado respuesta a sus alegatos referidos a que ven una exposición genérica de sus argumentos sin ahondar en los alcances brindados sobre las pruebas presentadas dentro del proceso inspectivo realizado, el cual no sólo ha sido valorado sino absuelto por la Autoridad Instructora, a través del Informe Final de Instrucción N° 497- 2024-SUNAFIL-SIFN-IRE-PIURA, así como, por la autoridad de primera instancia, a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 1245-2024-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA, y conforme se aprecia de autos, la instancia de apelación mediante la Resolución de Intendencia N° 0339- 202 5-SUNAFIL/IRE-PIU, en el considerando 6.2.3. procede a analizar el “Informe de salud – Accidente de Trabajo N° 01-2020”, de fecha 15 de julio de 2020, así como el “Informe de Incidente Transpaleta Eléctrica” de fecha 10 de julio de 2020.

Sobre la solicitud de informe oral

16 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007- HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva requerimiento de fecha 19 de enero de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CAMPOSOL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 0339-2025 -SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 26 de junio de 2025, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 664-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0339-202 5-SUNAFIL/IRE-PIU, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CAMPOSOL S.A., y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903MCR - HR 281179-2020