Bethlehem Enterprises S.A.C — Res. 374-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Maquinaria y equipos de trabajo (sub materia: Incluye todas), Equipos de Protección Personal (sub materia: Incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (sub materia: Incluye todas), Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (sub materia: Incluye todas), Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas (sub materia: Incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo -Supervisión efectiva), y Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Riesgos de accidentes de trabajo e incidentes y Reglamento Interno de Segundad y Salud en el Trabajo). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con lo referido al registro de accidentes de trabajo, que sufrió el trabajador John Edward Herrera Fernández, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,602.50.

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las disposiciones referidas a los estándares de seguridad en la manipulación y transporte, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con lo referido a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9,337.50.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con lo referido a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9,337.50.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con lo referido a la supervisión efectiva en seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

además de no haber cumplido con la exigencia de la nueva prueba para interponer el referido recurso.

i. Se ha cometido vicio del acto administrativo por defecto de uno de los requisitos de validez previsto en el numeral 2 artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, por una motivación aparente, ya que del recurso de reconsideración en la parte resolutoria se sanciona a otra empresa denominada FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A, hecho por el cual no se puede determinar del contenido de la Resolución Sub Intendencia N° 179-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, que parte corresponde a dicha razón jurídica, lo cual no ha sido absuelto por la autoridad administrativa. Por ello, para poder ejercer su derecho de defensa, debe retrotraerse lo actuado hasta la comisión del vicio del acto administrativo. ii. En relación al registro de accidente de trabajo, la autoridad administrativa persiste en considerar que no se ha presentado prueba nueva y no les otorga valor a sus informes del 30 de junio de 2017 y 01 de setiembre de 2017, sin reconocer si ello ha servido incluso para determinar lo que se está evaluando como sanción. En ambos, documentos, se evaluaron las causas que generaron el accidente, en los propios términos que describe su personal sin que sean falsos. Se trata de actos referidos a no asegurar bien la bobina, tratar de detenerla con el brazo, lo que generó el aprisionamiento del brazo y muñeca y finalmente el atrapamiento de la bobina al perder el equilibrio como causa del sueño, lo que realmente pasó. Sobre el extremo que viene exigiendo la literalidad de lo consignado en el numeral 6 de los hechos verificados del Acta de Infracción, debe aplicarse los principios de informalismo y uniformidad, por lo cual no puede obligarse a seguirse determinadas formalidades y complejidades innecesarias. iii. Sobre los estándares de seguridad y salud en el trabajo sobre la manipulación y transporte de material, en los considerandos 14 y 22 de la Resolución de Sub Intendencia N° 271-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 le deniegan poder contar con un documento que sirva para ejercer su derecho de defensa. Se ha hecho referencia en los descargos contra el Informe Final que no poseen dicho documento por no encontrarlo dentro de sus antecedentes, por lo que se solicitó se sirva remitirlo a la brevedad posible. En todo recinto no pueden albergar documentos que datan de más de tres años por cuestiones de Defensa Civil. Sin perjuicio de que le hayan notificado previamente, no agota la posibilidad de obtener una copia en ejercicio de su derecho de petición; por lo que se ha violado el principio de impulso de oficio por haber denegado lo requerido, más aún si no puede acercarse a revisar el expediente ante el estado de emergencia sanitario.

iv. En el considerando 14 de la Resolución de Sub Intendencia N° 271-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, nuevamente se refieren a la máquina KSC COMEXA de cortado, que supuestamente debió regularse en el RISST; para tal efecto, lo consignado en dicho documento no se trata de un compendio que pueda regular una serie de estándares detallados de cada máquina por marca, sino una mención de parámetros que, a manera de directrices, regulan la seguridad en una determinada área, lo cual se puede encontrar en el "Instructivo de Montaje de Bobina Desembobinado", que tampoco ha sido valorado. v. Con criterio subjetivo se asume en la resolución apelada, y también en el considerando 35 de la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, que en el cambio de bobina no ha sido considerado en la charla de Procedimiento de Trabajo Seguro, área: Cortado y Doblado, lugar donde se encuentran las bobinas. Se presentó como prueba nueva uno de sus procedimientos internos de trabajo denominado "Instructivo de Montaje de Bobina y Desembobinado", que se adjuntó al recurso de reconsideración, por lo que no se puede aseverar su omisión en la charla de fecha 12 de junio de 2017 en función al principio de licitud. vi. La autoridad administrativa cuenta a la fecha con un IPER, que no puede tomar lectura por encontrarse en estado dé emergencia sanitaria, cuyos términos, contenido y verificación de firmas no puede observar porque se les viene denegando su derecho de petición a contar con una copia, a sabiendas de que existe un correo electrónico donde se pudo remitir la documentación, dado que como hubo diversos cambios y actualizaciones no pueden determinar cuál ha sido presentado hace casi 3 años atrás a la autoridad administrativa. Sin perjuicio de ello, los IPER han sido elaborados por puesto de trabajo, que incluye el de Corte-Doblado, con la participación de los trabajadores, de los cuales no tiene una lista de quienes aportaron algo o no y que el hecho que no contenga firmas o rúbricas no invalida el documento. vii. Finalmente, en cuanto a la supervisión efectiva, el nivel de sueño es propio de las causas personales e intrínsecas de cada individuo y que la autoridad administrativa pretende asumirlo como un defecto del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, no existiendo a la fecha un instrumento que pueda advertir el grado de cansancio o sueño, sino solamente la labor preventiva de incrementar la frecuencia de la supervisión, lo cual ha sido dispuesto para evitar un accidente y no puede ser aducido como un defecto.

i. Se debe señalarse que, para establecer si la resolución apelada ha vulnerado o no el derecho a la debida motivación debe analizarse tal situación, a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. Al revisar la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, se advierte que el único error material se presentó en la razón social de la inspeccionada en el artículo primero de su parte resolutiva, identificándose correctamente a la inspeccionada en el artículo quinto de la misma parte resolutiva, así como en el exordio de la referida resolución. Sobre la

base de ello, tal como se expresó en el considerando 4 de la resolución apelada, se trata de un error material que no altera el fondo de lo resuelto, habiendo sido corregido de conformidad con el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG. Por consiguiente, no se advierte que se haya originado afectación alguna al derecho de defensa de la inspeccionada y que no haya sido adecuadamente abordado este planteamiento de la inspeccionada en la resolución apelada. ii. Lo alegado por la inspeccionada en su recurso de reconsideración no se basó en nueva prueba, ya que solo hizo referencia a que los informes de los accidentes de trabajo emitidos con fecha 30 de junio y 1 de setiembre de 2017 que ya habían sido evaluados en la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, señalándose entre otras consideraciones en los fundamentos 18 y 19 que la finalidad del registro de accidente de trabajo busca la recopilación de los datos del accidente, que es una valiosa fuente de información; por lo que es primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente registrados para su posterior análisis y se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición; en tal sentido, se determinó que la observación realizada por el personal inspectivo es correcta, pues el registro de accidente de trabajo como tal debe contener toda la información referida a las causas del accidente de trabajo y al no reconocer como causas relevantes en el desencadenamiento del accidente las identificadas por el personal inspectivo repercute en al alcanzar la finalidad del mencionado registro. iii. No se trata de consignar las mismas causas bajo los términos empleados por la autoridad inspectiva, pues si se compara lo consignado en los informes de la inspeccionada con las causas halladas por la autoridad inspectiva están no se tratan de las mismas, en particular no se han consignado como causas básicas los factores del trabajo relacionados con los incumplimientos, con la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos y supervisión efectiva, que fueron detectados en la actividad de fiscalización, sin perjuicio de las demás identificadas. iv. Se comparte lo desarrollado en el considerando 15 de la resolución apelada, toda vez que es de verse del documento denominado Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia, que consta el tema: Capacitación y entrega de procedimiento de trabajo de cortado y doblado, llevada a cabo el 12 de junio de 2017. Se aprecia que esta capacitación estuvo orientada al uso del documento titulado "Procedimiento de Trabajo Seguro - Área: Cortado y Doblado", en cuyo contenido no se estableció un procedimiento seguro para el cambio de bobina. Ahora bien, la inspeccionada, en calidad de nueva prueba, aporto el Instructivo de Montaje Bobina es embobinado, de fecha 15 de mayo de 2017, que se trata de un documento distinto al Procedimiento de Trabajo Seguro; por lo que la presentación de aquel instrumental, sin aparejar el respectivo registro de capacitación al trabajador afectado no acredita el cumplimiento de la obligación de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, contemplada en el inciso g) del artículo 49“ de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que impone

el deber al empleador, entre otros, de garantizar oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, cualquiera sea la modalidad o duración, durante el desempeño de la labor. v. Resulta evidente que el análisis efectuado por el inferior en grado se ha realizado en la matriz IPER vigente al momento de la ocurrencia de los accidentes, situación que la inspeccionada no puede ignorar, de la que se ha advertido que no fue elaborado por puesto de trabajo; no ha sido elaborado con la participación de los trabajadores, y no se consideró los riesgos que puede generar los peligros detectados, entre ellos el desarrollo de la labor realizada por el trabajador afectado en el turno nocturno, lo que trajo como consecuencia el no implementar adecuadas medidas de control para disminuir el riesgo; más aún si no se ha aportado medios probatorios adicionales que desvirtúan la decisión adoptada por la autoridad sancionadora. vi. Cabe mencionar que la inspeccionada no presentó nueva prueba que conlleve la reconsideración de lo resuelto respecto de la materia supervisión efectiva; por lo que en el considerando 17 de la resolución apelada se señaló que, en el propio documento presentado por la inspeccionada, de fecha 30 de agosto, denominado "Accidente de Trabajo", se ha consignado como causa básica del accidente - factor de trabajo, literalmente "incrementar la frecuencia de supervisión"; lo que denota claramente la omisión de una supervisión efectiva en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligación contenida en el inciso c) del artículo 26° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-201-TR, que impone al empleador disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. vii. Sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, advierte que no se encuentra debidamente tipificado en tanto el tipo infractor mencionado en el párrafo anterior lo que sanciona es la falta de aplicación de los estándares de seguridad contenidos en la legislación de prevención de riesgos laborales en los equipos y las máquinas de trabajo, mas no el desarrollo de estándares de segundad para el uso de maquinarias de trabajo en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta Intendencia ha señalado, por medio del Memorándum Circular N° 026-2019-SUNAFIL/ILM, que la conducta previamente indicada se encuentra contenida en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT, teniendo en cuenta que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe cumplir con su estructura mínima de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 005-2012- TR, que es necesario para su adecuada aplicación; caso contrario, deviene en su ausencia. Por consiguiente, por las razones antes mencionadas, se aprecia que no se ha tipificado adecuadamente la conducta infractora.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE BETHLEHEM ENTERPRISES S.A.C.

7 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1392-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Inaplicación del principio de Presunción de Licitud i. Respecto a la Formación e Información en seguridad v salud en el trabajo, en el numeral 3.21 de la resolución impugnada la autoridad administrativa mantiene un criterio subjetivo y personal, que el cambio de bobina no se ha sido considerado en nuestra Charla de “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO - Área : Cortado y Doblado", lugar justamente donde existe una bobina y sin dicho instrumento no hay trabajo que realizar y por ende no existe operación de dicha área, es por ello cobra relevancia de nuestra Charla de Seguridad el documento presentado como INSTRUCTIVO DE MONTAJE DE BOBINA Y DESEMBOMBINADO de fecha 15 de mayo de 2017, que no solamente es un tema operativo sino de seguridad donde se puede observar de las imágenes, que la bobina se trata de un elemento indispensable para la operatividad, resultando materialmente imposible que se realice una Charla de Trabajo Seguro, donde justamente se ha obviado la bobina, supuesto hipotético, la autoridad administrativa no observando las particularidades operativas y fotos del ambiente de trabajo y máquina misma, solamente viene aplicando el ejercicio discrecional del jus imperium, sin mayor motivación con lo cual solamente viene violando el Principio de Presunción de Licitud, previsto en el numeral 9, del Artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444, es por ello la Charla de Seguridad es cierta que no debe descartarse, debiendo la administración tomar como cierto lo señalado por el administrado.

ii. Es así que no se ha valorado correctamente en base a la presunción de inocencia en calidad de Nueva Prueba, un documento adicional a nuestra Charla de Seguridad, que se adjuntó al recurso de reconsideración para que la autoridad pueda tomar en cuenta que ello no puede obviarse y tampoco haga suponer que no se consideró la bobina que se encuentra en el área de corte y doblado, y además la autoridad administrativa no tiene otra prueba

objetiva con el pueda aseverar su omisión en nuestra charla de fecha 12 de Junio de 2017, es así solicitamos que aplique el Principio de Presunción de Licitud, previsto en el numeral 9, del artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444.

Inaplicación del principio de acceso permanente

iii. Respecto a la Identificación y Evaluación de Riesgos, la autoridad administrativa cuenta a la fecha con un IPER del cual no podemos tomar lectura, por encontrarnos en un Estado de Emergencia Sanitaria y cuyos términos, contenido, verificación de firmas no podemos observar por que nos vienen denegando nuestro derecho de petición a contar con una copia, a sabiendas que existe un correo electrónico donde se pudo remitir la documentación del IPER presentado en autos pues como habíamos manifestado por los diversos cambios y actualizaciones no podemos determinar cuál ha sido presentado hace casi 3 años atrás a la autoridad administrativa, siendo nuestro argumento de la pandemia orientados para explicar los problemas de acceso de dicha información relevante para nuestro derecho de defensa, pero contrario a ello la autoridad viene otorgándole otra connotación y nos deja en estado de indefensión al señalar en el numeral 3.22 de la resolución impugnada que existe un canal previsto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, en otras palabras a seguir un trámite de transparencia con sus plazos propios para un procedimiento del cual somos parte y cuyo acceso debe ser permanente donde la autoridad no puede negarse a que los involucrados puedan tomar lectura y sacar copias. Es así, la autoridad administrativa debió atender nuestra petición, el cual pudo viabilizarlo en aplicación del Principio de Impulso de Oficio, pero no tiene la voluntad de emplearlo.

iv. El documento en análisis se realizó con participación de los trabajadores, pues se considera trabajadores desde nuestro Gerente General hasta nuestro personal de Limpieza y el hecho que no exista rubricas o firmas en el IPER de todos los que han participado directa o indirectamente, no invalida dicho documento, pues con las firmas que contiene son suficientes para señalar que contamos con un IPER con participación de trabajadores, cuyos firmantes no se le puede desconocer de su estatus de trabajadores participantes; tercero, definitivamente un IPER contiene los riesgos y peligros en las labores sino no sería un documento cualquiera distinto a su naturaleza, por lo cual para observar los riesgos y peligros descritos y si hay algo sobre turno nocturno, conforme a nuestro Artículo 15 del RISST debemos contar con el documento solicitado y el cual ha sido denegado su acceso sin base legal alguna por la autoridad administrativa.

Inaplicación del literal g) del Artículo 26° del Reglamento de la Ley de Seguridad v Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR (en adelante, RLSST)

v. Sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Supervisión Efectiva, la resolución en grado de apelación al igual que el de primera instancia administrativa no fundamentan sus argumentos con ninguna legalidad normativa que sustente que el nivel de sueño de una persona determinada es un defecto del Sistema de Gestión, cuando el sueño es propio a las causas personales e intrínsecas de cada de individuo, en un momento dado y por innumerables factores, no existiendo instrumento, medio, sensor o algún dispositivo que pueda advertir el grado de cansancio o sueño, solamente ello se puede alcanzar con acciones preventivas y responsables como el incremento la frecuencia de supervisión, pero esto no quiere decir que no exista supervisión o sea insuficiente al estándar implementado, todo lo contrario a lo ya establecido se puede sumar, incrementar, añadir más número de rondas de supervisión.

vi. Es así, la autoridad administrativa realiza una apreciación subjetiva que excede a sus facultades fiscalizadoras y de sanción para dar una interpretación extensiva de una supuesta conducta infractora, al recoger de nuestro documento denominado Accidente de Trabajo de fecha 30 de agosto de 2017, sobre el extremo "INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE SUPERVISION” como un acto perse de sanción no evaluando que la misma comprende a una recomendación orientada al trabajador accidentado por su incidencia de sueño, pero ello no significa de manera ex ante al accidente ocurrido que la supervisión ha sido insuficiente.

Análisis Del Recurso De Revisión

“Son derechos de los ciudadanos en la fase instructora y sancionadora, los siguientes:

a) A tener acceso al expediente administrativo sancionador Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, los ciudadanos dentro de un procedimiento administrativo sancionador tienen derecho de acceso, en cualquier momento de su trámite, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 171 del TUO de la LPAG. Para ello, se apersonan al área competente, cuyo/a servidor/a civil responsable deberá tener en cuenta el ítem 7.2.2 de la presente Directiva; as como, observar el anexo 01 para el registro de acceso al expediente sancionador.

El pedido de acceso al expediente puede realizarse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad de resolución expresa.

b) A obtener copia del expediente administrativo sancionador Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, los ciudadanos dentro de un procedimiento administrativo sancionador tienen la facultad de recabar copias de las piezas que contiene dicho expediente, previo pago del costo de las mismas conforme al TUPA vigente. En caso de solicitar las copias por escrito, deberá tener en cuenta el anexo 02.

El pedido de acceso al expediente, en este caso recabar copias, puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, siendo concedido, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente. Cualquier acceso a copia de los actuados del expediente sancionador, debe garantizar la protección del principio de

confidencialidad, relacionada a los documentos que permitan determinar la identidad del denunciante que no ha renunciado a la reserva de identidad. Por lo que, estos últimos documentos no podrán ser motivo de exhibición o entrega de copias” (énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

que resuelva el presente procedimiento conforme a ley y, en estricto cumplimiento de lo regulado en el artículo 248 del TUO de la LPAG, garantizándose el derecho al debido procedimiento.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por BETHLEHEM ENTERPRISES S.A.C., y en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, emitida por la Sub Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 696-2018- SUNAFIL/ILM, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Devolver todos los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a lo señalado en la presente resolución. TERCERO.- Notificar la presente resolución a BETHLEHEM ENTERPRISES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA