Andecorp S.A — Res. 124-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1648-2019-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción 357-2019-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (3) infracción a la seguridad y salud en el trabajo calificadas como muy graves, según el siguiente detalle:

Mediante Imputación de cargos N° 0080-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC de fecha 20 de enero de 2020, la autoridad instructiva da inicio al procedimiento sancionador, notificando a la entidad el acta de infracción, notificación efectuada el 31 de enero de 2020.

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 313-2020- SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 25 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) por haber incurrido en:

Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 081-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de mayo de 20212, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE.

Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 081-2021-SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000460-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, ingresando el 09 de junio de 2021 a evaluación por parte del Tribunal.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ANDECORP S.A.C. (antes CORPORACIÓN FRUTOS DEL MAR) presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 081-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 9,450.00 por la comisión de una

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ANDECORP S.A.C. (antes CORPORACIÓN FRUTOS DEL MAR).

La impugnante fundamenta el recurso de revisión en los siguientes argumentos:

De la revisión del recurso de revisión, se observa que la impugnante cuestiona el hecho de que se haya observado el contenido de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), señalando que el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, únicamente:

Añade que su matriz IPERC sí consideraba el peligro de salpicadura de agua con soda caustica a los ojos dentro del peligro “Químico” desarrollado en el riesgo “Contacto/ingesta con insumos químicos”, situación que no se condice con lo señalado en la propia matriz IPERC, obrante a folios 66 y 67 del expediente inspectivo, tal y como se observa del siguiente extracto:

En ese sentido, es importante recordar al Principio de prevención, recogido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, que establece en el empleador la obligación de garantizar “…en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores…”, así como de todos aquellos que sin tener un vínculo laboral con el empleador, “…presten servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores…”, extendiéndose sus alcances incluso a aquellos supuestos en los

Frente a su incumplimiento, el mismo Título Preliminar contempla al Principio de Responsabilidad, a través del cual el empleador “…asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de …”.

Precisamente como parte de la aplicación del Principio de prevención, es correcto afirmar que el empleador se encuentra obligado a identificar los peligros y evaluar los riesgos9 presentes -recalcamos- “durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo”10, a fin de aplicar las medidas de prevención11 según el orden establecido en la Ley12.

Por ello, el no identificar el contacto de la referida sustancia con los ojos de un operario como un riesgo en la matriz IPERC -a consideración de esta Sala- no permitió identificar a la impugnante las medidas de control destinadas a eliminar o en su defecto reducir la ocurrencia de tal hecho; en las medidas de control de la referida matriz se evidencia, respecto del equipo de protección personal (EPP), que este se encuentra conformado por “ropa de trabajo, guantes con resistencia química, respirador de media cara, mandil y botas de jebe/p.acero”, sin considerarse algún tipo de protección para los ojos frente a salpicaduras, cuando en distintos escritos la misma impugnante reconoce que como parte del EPP para el manejo de dicha sustancia se debía de utilizar, tal y como aparecen en los descargos obrantes a folio 65 del expediente sancionador:

En similar sentido, el punto 1.2 del recurso de revisión presentado por la impugnante hace mención a capacitaciones y a formación del trabajador afectado (entendidas estas como medidas de control) con incidencia en el uso de lentes de seguridad para la labor, señalándose en el punto 2.1.6 del mismo escrito que la causa del accidente del ex trabajador José Luis Linares Laura fue la negligencia del mismo al no utilizar el EPP adecuado para la labor (lentes de protección); sin embargo, la asignación de EPP o la capacitación -tal y como se señala al inicio del presente punto- se realiza luego de la correcta evaluación del peligro y de los riesgos inherentes al mismo, ejercicio que no se realizó al no encontrarse debidamente identificados como tales dentro de la matriz IPERC, siendo consecuente la infracción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE:

El incumplimiento identificado por el Inspector de Trabajo en torno a las falencias de la matriz de Identificación de Peligros y Riesgos y Medidas de Control (IPERC) y la responsabilidad de la impugnante en este sentido se encuentra ajustado a derecho, no siendo amparable el recurso en este extremo.