Amauta Impresiones Comerciales S.A.C — Res. 191-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos - IPER (Sub materia: Prevención de riesgos); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: Investigación de accidente de trabajo); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: incluye todas); Equipos de protección personal (Sub materia: incluye todas); Gestión Interna de SST (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); y, Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que ocasionó el accidente de trabajo del señor Germán Cumpa Quispe por no haber cumplido su obligación de brindar formación e información en relación con la función desempeñada como técnico de mantenimiento mecánico, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. La resolución sancionadora vulnera su derecho a la debida motivación y al debido procedimiento, toda vez que los medios de prueba ofrecidos durante la etapa de instrucción han demostrado que el trabajador afectado sí fue formado e informado respecto de la realización de trabajos en altura y la utilización y/o llenado del Permiso Escrito de Trabajo de Riesgo - Trabajo en Altura (PETAR). Asimismo, se ha aportado suficientes medios probatorios que permiten acreditar que ha cumplido con su obligación de capacitar adecuadamente al trabajador accidentado.

ii. La resolución sancionadora incurre en error al afirmar que el trabajador no tenía conocimiento respecto a la utilización del PETAR antes de la actividad realizada, toda vez que con fecha 1 de julio de 2020 recibió, entre otras capacitaciones, el Taller de PETAR y de investigación de accidente. Además, refiere que el señor Cumpa rindió el Examen N° 1 tomado por parte del Área de Seguridad Laboral y Medio Ambiente obteniendo una nota aprobatoria de 17.5 y una de las preguntas era si conocía lo que era un PETAR y en qué casos se empleaba. Por lo tanto, el referido ex trabajador conocía perfectamente lo que era un PETAR, los equipos de protección personal (EPP) necesarios, así como los trabajos en altura y las condiciones de seguridad para este tipo de trabajo.

iii. Niega que el trabajador accidentado no haya sido debidamente capacitado, formado e informado sobre la realización de tareas en altura, así como los riesgos que este tipo de funciones implicaban, toda vez que para suscribir el PETAR de fecha 1 de julio de 2019 sí cumplió con la obligación de formar e informarle sobre dichos trabajos. Es erróneo afirmar que la causa del accidente del señor Cumpa sea la falta de información, toda vez que es únicamente una de las tantas condiciones que se pueden dar al momento de la ocurrencia de un accidente. Incluso, en la resolución sancionadora se afirma que se determinó como

causa inmediata que el equipo protector se encontraba a disponibilidad del señor Cumpa y que el accidente se produjo como consecuencia de que el referido trabajador decidiera no usarlo para realizar la tarea de altura.

i. Que, el inspector del trabajo comprobó que la impugnante no presentó registros de capacitaciones sobre trabajos en altura, que es lo que se encontraba realizando el trabajador Germán Cumpa Quispe a la fecha del accidente. Asimismo, precisa que en ninguna parte del Acta de Infracción, se ha mencionado que no le brindó capacitación al afectado por la infracción respecto a la utilización y el llenado del PETAR. Por ende, tal como lo ha determinado la autoridad sancionadora, los registros de capacitación que se presentó en la etapa inspectiva y en el procedimiento sancionador, en su fase instructora, contienen cursos que no están relacionados con la labor de cambio de fajas al ventilador, lubricación y limpieza del contorno sobre la utilización de los equipos de altura; o, dicho de otro modo, con los riesgos que implicó realizar dicho trabajo en altura al que estaba expuesto el trabajador accidentado a la fecha del accidente, incluyendo las medidas de prevención y protección aplicables a tales riesgos.

ii. En cuanto al Formato de Registro con Código: PO.SSOMA.03.F1, Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR), señala que, conforme a lo advertido por la autoridad instructora, el referido documento suscrito por el trabajador accidentado es de fecha 1 de julio de 2019 para realizar soldadura de techos; sin embargo, dicho trabajo no corresponde al de cambio de fajas al ventilador, lubricación y limpieza del contorno sobre la utilización de los equipos de altura, labor que realizaba el trabajador afectado al momento de ocurrido el accidente de trabajo el 18 de julio de 2019.

iii. Reitera que los hechos sancionados no se basan en que el trabajador accidentado no haya sido formado o informado sobre el PETAR como herramienta de gestión, sino más bien por qué no tenía conocimiento del PETAR que se elaboró el día del accidente para dicho trabajo en altura.

iv. En tal sentido, la Intendencia no advierte que la autoridad sancionadora haya transgredido los principios del debido procedimiento y el de motivación de las resoluciones administrativas, en tanto la decisión adoptada se ha basado en los hechos comprobados por la autoridad inspectiva y el análisis desarrollado por la autoridad instructora, además de evaluarse debidamente los medios probatorios a los que aludió la impugnante como defensa; por ende, confirma la multa impuesta por no haber brindado formación e

2 Notificada a la impugnante el 31 de enero de 2022, véase folio 66 del expediente sancionador.

información sobre los riesgos laborales del puesto de trabajo o función específica del trabajador accidentado a la fecha del evento.

v. Por último, el inspector de trabajo, al investigar si el no haberse anclado con el gancho del arnés fue producto solo de un acto subestándar atribuible al trabajador, pudo detectar que existía otro hecho antecedente que lo originó ya que se determinó que el trabajador no estaba suficientemente capacitado en trabajos en altura; por lo que el no uso del equipo protector no solo se debió a la impericia del trabajador, sino principalmente porque no recibió la formación sobre las medidas preventivas y de protección que eran necesarias en trabajos en altura.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 146-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Las garantías constitucionales, esto es el debido proceso, el derecho a la adecuada valoración de los medios probatorios y a la debida motivación, han sido vulneradas por la autoridad instructora a lo largo del procedimiento materia de revisión, por cuanto se ha emitido una resolución administrativa, que contiene defectos en la motivación, también conocido como “motivación aparente”, pues ha enunciado el marco legal pertinente, pero su análisis y conclusiones no se condicen con el mismo, limitándose a repetir los puntos señalados por los funcionarios anteriores, sin apreciar su correcta fundamentación, así como tampoco se han valorado adecuadamente los medios probatorios aportados.

ii. El solo hecho de que el trabajador no haya suscrito el PETAR previo a la ejecución de una actividad, no necesariamente significa que ello sea la causa del accidente de trabajo, ya

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

que como está expresado en el numeral 3.2 de la resolución impugnada, éste se ha producido por un acto sub estándar muy básico -como es el correcto uso del arnés-, el cual, no es exclusivo o específico del trabajo de cambio de fajas, sino de cualquier trabajo de altura, para lo cual el trabajador sí estaba capacitado e inclusive evaluado; o por decirlo en otros términos, el no haber suscrito el PETAR no hubiera impedido la ocurrencia del accidente de trabajo, ya que éste se ha producido por la propia decisión del trabajador de no usar correctamente el arnés que se encontraba a su disposición, por lo cual sostiene que no se ha acreditado la relación causa/efecto en el presente caso.

iii. Si la causa inmediata del accidente de trabajo, es el no uso del equipo de protección personal disponible al trabajador, resulta incongruente concluir que: (i) la sanción impuesta se debe a que el trabajador no tuvo conocimiento del PETAR (cuando la verdadera causa es que el trabajador decidió no usar correctamente el arnés), y al mismo tiempo; (ii) que el accidente de trabajo se originó porque el trabajador no ha sido capacitado para el trabajo en altura (lo cual no es cierto, ya que sí tenía pleno conocimiento de dichos riesgos). Es decir, consideran que la motivación es aparente o insuficiente, forzándose la misma, con la única intención de imponerle una multa, sin que corresponda.

iv. Resulta erróneo por parte de la Intendencia afirmar que la sanción Impuesta obedece únicamente a que el trabajador no habría tenido conocimiento del PETAR que se elaboró el día del accidente, ya que la infracción imputada requiere de otros requisitos adicionales para su tipificación, como es la causalidad entre la infracción administrativa y el accidente de trabajo, lo cual no ha sido acreditado en autos.

v. Si bien refiere que el señor Cumpa no firmó un PETAR específicamente para realizar el trabajo de “cambio de fajas al ventilador”, que habría ocasionado el accidente, no es cierto afirmar que aquel no fue debidamente capacitado, formado e informado sobre la realización de tareas en altura, así como los riesgos que este tipo de funciones implican, toda vez que, para suscribir el PETAR de fecha 01 de julio de 2019, sí se le brindó una capacitación integral sobre los referidos riesgos y, con ello, se puede afirmar que el trabajador accidentado sí contaba con la formación e información correspondiente.

vi. Asimismo, refiere que el presunto incumplimiento a una norma de SST, para que pueda sancionar al administrado, debe cumplir con acreditar una relación de causalidad entre dicho incumplimiento y el accidente de trabajo que cause daño en el cuerpo o salud del trabajador, lo cual no ha ocurrido en el presente procedimiento. Por ende, debe declararse su nulidad, por cuanto vulnera su derecho a la debida motivación de los pronunciamientos administrativos y su derecho al debido procedimiento administrativo.

vii. Asimismo, solicita se conceda el uso de la palabra (informe oral).

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador.

9 Cabanellas De Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. 2da ed., Editorial Heliasta, Buenos Aires, pp. 18. 10 Almanza Pastor, J. (1991). Derecho de la Seguridad Social. 7ma ed., Editorial Tecnos, Madrid, pp. 238-239. 11 Citado en el considerando tercero de la Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

- Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido).

Sobre la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas;

12 Artículo 1 de la LSST. 13 Principio de Prevención regulado en el numeral I del Título Preliminar de la LSST.

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta” (énfasis añadido).

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321 del Código Civil. (..) Es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar dentro del ámbito del centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

14 Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido, se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral.

ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción” (énfasis agregado).

15 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

Respecto a la concurrencia de los elementos que configuran la infracción establecida en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

Sobre la falta de capacitación suficiente para la adecuada ejecución de labores del trabajador

Figura 1

Figura 2

Respecto al examen del nexo causal

con los principios de prevención y de protección, hecho que trajo como consecuencia el accidente de trabajo en perjuicio del señor Germán Cumpa Quispe, conforme a continuación se describe:

Figura 3

Así, la falta de capacitación y conocimiento en la actividad desempeñada por el trabajador accidentado, se encuentra plenamente vinculada al accidente de trabajo, toda vez que, dicho desconocimiento de los peligros y riesgos, ocasionaron el accidente de trabajo. Por lo tanto, se verifica que el nexo causal ha sido plenamente determinado, para dicha conducta.

Respecto de la presunta vulneración a los principios de Debido Procedimiento y motivación

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”16. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre éstos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad17, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa18. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento,

16 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA/TC: “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 17 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)”. 18 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.”

de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”19. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración. (…)”.

Sobre la solicitud de informe oral

19 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I, Lima: Grijley, 83.

administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten20 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582- 2006-PA/TC; Exp. N. º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya

20 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.”

una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Incumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que ocasionó el accidente de trabajo del señor Germán Cumpa Quispe, por no haber cumplido su obligación de brindar formación e información en relación con la función desempeñada como técnico de mantenimiento mecánico. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 146-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5061-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 146-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230301MLA