Alicorp S.A.A — Res. 663-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia : Prevención de riesgos); formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo(Sub materia : incluye todas); gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materia: registro de accidentes de trabajo e incidentes y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo) y, Condiciones de seguridad : en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria ( Sub materia: condiciones seguridad) 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa a las condiciones de seguridad adecuados en la maquinaria y equipo de trabajo, al no contar con resguardo de norma de maquinaria en el eje de transmisión de bancos semoleros, causa inmediata coadyuvante del accidente que afecto al trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que obliga a incluir en el RISST los estándares de seguridad en las operaciones, sobre la colocación de resguardos de norma de maquinaria con el eje de transmisión de bancos semoleros y otras máquinas con partes en movimiento, lo que fue causa coadyuvante del accidente que afectó al trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, produciéndole la muerte, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que obliga a que se disponga de una supervisión efectiva que permita controlar los actos y condiciones subestándares que ocurren en los lugares de trabajo, afectándole al trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa a señalización y advertencia de seguridad adecuados, suficientes y efectivas en el lugar de trabajo con relación a la escalera móvil que fue agente causante de lesiones fatales del trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

i. Ninguna de las omisiones en seguridad y salud en el trabajo, constituyen

incumplimientos a la normativa vigente, no obstante, aún si alguna de las referidas omisiones pudiera ser reputada como un incumplimiento a la normativa vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, ninguna de ellas es la causa determinante del accidente de trabajo sufrido por el señor Jhonatan Chira, condición que debería verificarse conforme lo que exige el artículo 28.11 del RLGIT. Por el contrario, resulta indispensable constatar y motivar que entre ambos hechos exista un NEXO CAUSAL que permita afirmar que el primero ocasionó el segundo, este no se reduce a efectuar una, enumeración simplista de todos los eventos que antecedieron al accidente e identificar si, dentro de esta lista concurre algún incumplimiento a la normativa de SST al cual reputar como el elemento que ocasionó el accidente. Por el contrario, la causa determinante fue la realización de un acto subestándar por parte del señor Jhonatan Chira, consistente en la ejecución de labores no autorizadas por ALICORP cuando el trabajador ya había culminado las labores asignadas en su turno de trabajo y en una zona de molino a la que no estaba autorizado a ingresar. ii. La Sub Intendencia respecto de las guardas de protección en el eje de transmisión de los bancos semoleros, indica que si la empresa hubiese colocado "conforme debía hacerlo", dichas guardas, el accidente no se hubiera producido. A diferencia de ello, nuestra empresa solicita a vuestro despacho verificar que, según lo establece el artículo 217 Decreto Supremo 042-F, aplicable al presente caso, nos encontraríamos en un supuesto exceptuado de contar con protección especial (como las guardas sobre las que se discute). Que la altura de transmisión y polea no se encontraban al alcance de los trabajadores desde el nivel del piso, lo que determina que en ningún caso ofreciese peligro o riesgo de contacto con las personas o su ropa. De ello se desprende el Dictamen Técnico Pericial (Anexo 2), -donde se señala la no necesidad de protección especial, de no necesidad de guardas. Por lo tanto, cualquier tipo de exigencia en ese sentido, sería ilegal como lo sería también la imposición de una multa por no cumplirla, por lo que, cualquier referencia que la instancia hubiese realizado respecto de las guardas solo podría calificar como "recomendación", pero no como exigencia. iii. No es posible pretender que el RISST sea un manual de especificaciones técnicas de cada equipo y maquinaria que utiliza el empleador ni, mucho menos una copia literal de la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que, la instancia previa omite indicar con precisión qué es aquello que se encuentra ausente del RISST de ALICORP y mucho menos cuál es su base legal de sustento, dando a entender que a su juicio, dicho instrumento normativo debería transcribir el estándar de seguridad previsto en el artículo 299 del Decreto Supremo 42-F y porque no, todas las disposiciones normativas vigentes que contengan "estándares de seguridad" a efectos de garantizar "Seguridad y Salud en el Trabajo" y una "condición óptima en el lugar de trabajo. iv. Cómo se puede pretender exigir un PETS para un trabajador que se encontraba realizando una actividad que nadie le asignó operando una maquinaria para la cual no se encontraba autorizado y en una zona en la que no se debía encontrar, más aún cuando había concluido sus labores y debía estarse retirarse de la empresa. Por lo que, resulta ilógico y desproporcionado pretender que la empresa asigne un PETS para actividades no previstas, que impliquen la supervisión de trabajadores que, inclusive, se exceden en sus funciones y autorizaciones de circulación de la compañía. v. La falta de señalización, conforme consta en el registro de accidentes de trabajo, fue efectivamente advertida como una oportunidad de mejora, sin embargo, ello no significa que dicha circunstancia constituye una causa determinante del accidente mortal, toda vez que de las actuaciones inspectivas ha quedado acreditado que el trabajador accidentado descendió del tercer piso del molino por una escalera que se encontraba a dos metros de la salida y tomó la decisión, inopinada, de caminar quince metros a una zona en la que no tenía ninguna autorización de estar para conversar con uno de sus compañeros. En ese sentido, teniendo en cuenta que el trabajador conocía y había sido oportuna y debidamente capacitado para no operar maquinaria sin autorización, cómo es que la señalización. de la escalera portátil hubiera impedido el accidente mortal si el trabajador accidentado fue quien voluntariamente realizó labores que eran de su absoluto conocimiento. vi. Conforme a lo ampliamente desarrollado en nuestros descargos contra el informe final, los errores que han sido descritos en los acápites que anteceden resultan abiertamente lesivos al principio - derecho al debido procedimiento y al principio de tipicidad. Por ello, en el negado caso de que vuestro despacho considerase que algunas de las supuestas conductas omisivas que habría verificado la autoridad inspectiva constituyen incumplimientos a la normativa sobre SST, y que estos, a su vez, realmente fueron causa determinante del accidente ocurrido el 06 de enero de 2021, igualmente, ser necesario que se enmiende un mayúsculo error en el que han incurrido todas las autoridades de las instancias previas. Que, no es jurídicamente correcto que, por un mismo accidente, se le atribuya al administrado la comisión de la infracción prevista en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT más de una sola vez. Por el contrario, todos los incumplimientos a la normativa sobre SST que se consideren causa determinante del siniestro deben ser tomados en su conjunto para la única aplicación del tipo infractor del artículo 28.11 del RLGIT, no pudiendo ser cada uno de ellos pasibles de una multa independiente por el mismo artículo sancionador. Lo que es acorde a la Resolución 324-2021-SUNAFIL/TFL.

i. En la resolución apelada se advierte que en el caso en particular el accidente de trabajo se encuentra relacionado con el atrapamiento del camisaco del señor Chira en el eje de transmisión de bancos semoleros, que se encuentran a 2.45m de altura y sin guardas de protección de partes móviles de equipos y máquinas, omisión que trasgredió lo previsto en el artículo 299 del D.S. N° 042-F. Estando a ello, el inspeccionado no acreditó contar con condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria sobre protección ( guardas), lo que coadyuvó a la ocurrencia del accidente fatal. ii. La citada normativa establece para las transmisiones por correas, cuerdas o cadenas colocadas a 2.6 m, o menos sobre el suelo, dos excepciones como datos importantes para la omisión en el resguardo, de las cuales ninguna es aplicable al presente caso. iii. La conducta infractora se encuentra referida a la omisión en el desarrollo de los estándares de seguridad y salud, las cuales no contienen los requerimientos mínimos

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022. Véase folio 179 del expediente sancionador.

para prevenir accidentes por contacto no intencional con partes móviles de las maquinarias, conducta omisiva en razón, de que el trabajador no tuvo conocimiento oportuno de las actividades pasibles de riesgos y/o peligros frente a las actividades que realizaba, siendo que los estándares de seguridad en las operaciones son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador, razón por la cual las actividades realizadas por el trabajador el día del accidente al ser posibles de generar accidentes era de suma importancia incluir directrices que regulen la forma de ejecutarlas de forma segura, a efectos de prever la materialización de un accidente. iv. Lo que nos lleva a indicar que lo requerido por la autoridad inspectiva no fue una transcripción de un manual de especificaciones técnicas, sino que lo, que se precisó para el presente caso, y de acuerdo a la normatividad vigente es que debía existir estándares de seguridad y salud en relación a las guardas de protección de partes móviles de equipos y maquinarias en el RISST, antes de la ocurrencia del accidente. v. Se tiene constatado que el inspeccionado no acreditó contar con los procedimientos escritos de trabajo seguro – PETS, en el que se establezcan los estándares de seguridad y salud en forma clara y correcta, riesgos medidas preventivas de seguridad y responsabilidad para que los trabajadores puedan realizar sus actividades de desatoro de tubería de forma segura, conducta infractora que se encuentra como parte causante del accidente, formando parte del análisis realizado por el inferior en grado, en el que se indica que en el referido lugar no existía personal responsable (supervisión efectiva) en el área, que verifique y autorice el acceso solo al personal autorizado. vi. El inspeccionado no implementó adecuadamente algún impedimento rígido o mínimamente una señalización para que el trabajador no se acerque a la zona de máquinas., ello con el ánimo de inducir alguna acción preventiva, con la finalidad de impedir el paso, lo que se condice con las medidas correctivas establecidas por el propio inspeccionado en su registro de accidentes de trabajo. vii. La multa impuesta por la autoridad de primera instancia, fue determinado sobre la base de los hechos constatados por la inspectora comisionada en el acta de infracción. viii. Con respecto a lo mencionado por el inspeccionado, respecto a la aplicación de la Fiscalización Laboral, esta no resulta ser un precedente vinculante instaurado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, de obligatorio cumplimiento, que ameriten su aplicación según el caso en concreto, como si lo es la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA y la Resolución de Sala Plena N° 002-2021- SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA, donde nuestro órgano colegiado estableció criterios a efectos de garantizar la uniformidad de la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral, de los cuales no se aprecia criterio o tema relacionado al presente caso. ix. La inspeccionada comisionada consideró que las cuatro infracciones incurridas se encuentran calificadas de forma independiente, resultando cada una calificada como muy grave, tipificada independiente en el numeral 28.11 del RLGIT, lo cual se encuentra acogido por el inferior en grado y que esta instancia comparte, dado que las infracciones en análisis se tratan de conductas distintas, las cuales se encuentran bajo diferentes dispositivos legales infringidos. Por tanto, no corresponde la subsunción de los incumplimientos cometidos por la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALICORP S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 097-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en base a los siguientes argumentos:

i. Estando a que el plazo con el que contaba la Autoridad Inspectiva para resolver el objeto de la presente inspección era de nueve (9) meses o, de manera excepcional -y previa justificación- doce (12) meses, demuestran que dicho plazo se ha superado en exceso al tomarse como referencia la notificación de la Imputación de Cargos, llevada a cabo con fecha 19 de mayo de 2021. ii. No basta que la autoridad inspectiva se limite a verificar fácticamente que, por un lado, el empleador incurrió en un incumplimiento a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, y, por otro lado, que se produjo un accidente mortal. Por el contrario, resulta indispensable constatar y motivar que entre ambos hechos exista un NEXO CAUSAL que permita afirmar que el primero ocasionó el segundo. iii. Estas resoluciones, conforme fue expresamente denunciando ante la instancia previa, no cumplen con explicar el nexo causal que se plantea entre las presuntas omisiones y el accidente del trabajador. Por lo tanto, calcar directamente su contenido, dando a entender que no existe nada más que esclarecer en cuanto a la vinculación entre los supuestos incumplimientos de la Empresa y el evento acaecido el 6 de enero de 2021 resulta una

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

actitud negligente por parte de la Intendencia, así como frontalmente contraria al deber de motivación que le impone el principio-derecho al debido procedimiento iv. Como resulta evidente de la sola lectura del referido documento, el desatoro de las tuberías de los molinos es una actividad que nunca se autorizó al trabajador a llevar a cabo, razón por la cual su conducta previa al accidente mortal de 6 de enero de 2021 constituye un acto subestándar, máxime si en aquella oportunidad la labor que le fue expresamente encomendada era el barrido del tercer piso del molino (donde en efecto estuvo laborando hasta que concluyó su jornada). v. El trabajador, no obstante, su absoluto conocimiento de los dispositivos antes referidos decidió operar voluntariamente una maquinaria que no le fue asignada y fuera de su zona de trabajo en el molino, circunstancias que hacen posible calificar su accionar como un acto subestándar. vi. Denuncian que se ha atentado contra el Principio de Culpabilidad, ya que las instancias inferiores en grado no han demostrado ─razonablemente─ que las supuestas faltas imputadas hayan sido causa determinante del accidente de trabajo de fecha 06 de enero de 2021, lo que vicia de manera irreparable el presente procedimiento administrativo sancionador. vii. Solicita verificar que, según lo establece el artículo 217 del Decreto Supremo Nº 042-F, Reglamento de Seguridad Industrial, aplicable al presente caso, nos encontraríamos en un supuesto exceptuado de contar con protección especial. viii. En este caso, conforme pudo ser corroborado por la autoridad inspectiva, la altura de la transmisión y polea no se encontraban al alcance de los trabajadores desde el nivel del piso, lo que determina que en ningún caso ofreciese peligro o riesgo de contacto con las personas o su ropa. ix. Se encuentran en un supuesto de excepción; es decir, de no necesidad de protección especial: de no necesidad de guardas. por lo tanto, cualquier tipo de exigencia en ese sentido sería ilegal, como lo sería también la imposición de una multa por no cumplirla. en ese sentido, vuestro despacho debe advertir que cualquier referencia que la instancia previa hubiese realizado respecto de las guardas solo podría calificar como “recomendación”, pero no como exigencia, en tanto nos encontramos en un supuesto de excepción previsto por ley. x. La Resolución se limitó a sostener que no resultaría de aplicación el artículo 217 del Decreto Supremo Nº 042-F, en la medida en que el trabajador sí logró acceder al eje de transmisión. Es decir, que se desvirtúa su argumento sobre la inexistencia de obligación de tener guardas porque, al subir por la escalera, el trabajador accidentado logró atrapar el brazo en el eje. xi. Este razonamiento llevaría al peligroso absurdo de concluir que jamás aplicaría una situación de excepción, sin importar la altura a la cual se encontrase la máquina, pues siempre es posible – ante el despliegue de los esfuerzos suficientes – de acceder a un lugar en altura utilizando cualquier dispositivo para ello: escalera móvil, escalera telescópica u otro medio. xii. La causa determinante del accidente fue, en realidad, el acto subestándar en que incurrió el señor Jhonatan Chira. Él, arbitrariamente, y pese a haber sido debidamente informado de tales restricciones y prohibiciones, decidió ejecutar labores no autorizadas por ALICORP, no obstante haber culminado las labores asignadas a su turno de trabajo, y en una zona del molino a la que no estaba autorizado a ingresar. xiii. La instancia previa omite indicar con precisión qué es aquello que se encuentra ausente del RISST de ALICORP, dando a entender que, a su juicio, dicho instrumento normativo debería transcribir el estándar de seguridad previsto en el artículo 299 del Decreto Supremo N° 42- F ─y, por qué no, todas las disposiciones normativas vigentes que contengan “estándares de seguridad” ─, a efectos de garantizar “Seguridad y Salud en el Trabajo” y “una condición óptima en el lugar de trabajo”. xiv. La ausencia de dicho estándar de seguridad en el RISST de la Empresa no constituye la causa determinante del accidente mortal, toda vez que, conforme le fue oportuna y ampliamente explicado a la Intendencia, el proceso de desatoro de las tuberías que se lleva a cabo en los molinos ─labor que se encontraba realizando sin autorización el trabajador accidentado─ es una actividad que se viene realizando rutinaria y cotidianamente bajo las mismas condiciones existentes el 6 de enero de 2021; es decir, con la presunta omisión de la inclusión de todas y cada una de las disposiciones normativas existentes respecto de todas y cada una de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos, en el contenido del RISST. xv. Conforme ha quedado acreditado a partir de lo expuesto en el presente escrito y de los hechos verificados durante la etapa de fiscalización, la causa determinante del accidente fue, en realidad, el acto subestándar en que incurrió el señor Jhonatan Chira. Él, arbitrariamente, decidió ejecutar labores no autorizadas por ALICORP, no obstante haber culminado las labores asignadas a su turno de trabajo, y en una zona del molino a la que no estaba autorizado a ingresar. xvi. Debe advertir que resulta incluso más irrazonable exigir a la Empresa -para que se considere que sí existe supervisión efectiva- contar con un supervisor que tenga por misión diaria y a cada instante, durante toda la jornada laboral y en cada espacio del molino, seguir personalmente a cada uno de los trabajadores para asegurarse de que, durante su turno de trabajo -o incluso y más grave aún, al término del mismo- aquellos no opten por ingresar a zonas no autorizadas o manipular equipos o máquinas para las cuales no hubieran sido capacitados. xvii. Se debe advertir que la implementación de un PETS para actividades no autorizadas, por un lado, NO resulta jurídica ni lógicamente coherente. Por otro lado, aún si lo fuera, y su ausencia pudiera ser calificada como una omisión a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, dicha omisión NO es la causa determinante del accidente sufrido por el señor Jhonatan Chira. La Intendencia, ni alguna de las autoridades de las instancias previas, no ha motivado debidamente el nexo causal que postula entre el (inexistente) incumplimiento de la Empresa a su supuesta obligación de contar con guardas de protección y el accidente acaecido el 6 de enero de 2021. xviii. ALICORP se preocupó por enfatizar que la falta de señalización, fue efectivamente advertida como una oportunidad de mejora; sin embargo, ello no significa que dicha circunstancia hubiese constituido una causa determinante del accidente mortal, toda vez que de las actuaciones inspectivas ha quedado acreditado que el trabajador accidentado descendió del tercer piso del molino por una escalera que se encontraba a dos (2) metros de la salida y tomó la decisión, inopinada, de caminar quince (15) metros a una zona en la que no tenía ninguna autorización de estar para conversar con uno de sus compañeros. Posteriormente, sin que nadie le haya dado una indicación ni se percatara de ello ─conforme reconoce el señor Castillo en su declaración─ aquel se subió a una escalera portátil para manipular la maquinaria sin autorización. xix. Ante la ausencia de mayor desarrollo argumentativo por parte de la Resolución en este extremo, no queda sino enfatizar, una última vez, que la falta de señalización en la escalera no constituye la causa determinante del accidente mortal.

xx. En mérito a los cuatro supuestos antes desarrollados ha quedado en evidencia la configuración de una afectación irreparable al principio de tipicidad que vicia el presente procedimiento sancionador en su integridad, máxime si, desde su inicio y en reiteradas oportunidades, se denunciaron estos hechos los cuales no han sido oportuna ni debidamente valorados, mucho menos revertidos. xxi. A partir de lo expuesto a lo largo del presente escrito, es inobjetable que la ausencia de fundamentos idóneos para sustentar la presunta inobservancia de la Empresa hacia la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, y la omisión de argumentos para respaldar el nexo causal que se afirma existiría entre dichos incumplimientos y el accidente padecido por el señor Jhonatan Chira, deviene en una ilegal aplicación del tipo infractor del artículo 28.11 del RLGIT. En ese sentido, es flagrante la lesión al principio-derecho al debido procedimiento, razón por la cual vuestro Tribunal debe revocar las multas que, sobre el particular, se ha resuelto imponernos. xxii. Por el contrario, todos los incumplimientos a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que se consideren causa determinante deben ser tomados en su conjunto para la una ÚNICA aplicación del tipo infractor del artículo 28.11 del RGLIT, no pudiendo ser cada uno de ellos pasibles de una multa independiente por el mismo artículo sancionador. La posición anterior no es antojadiza ni arbitraria, sino que resulta estrictamente acorde a los criterios interpretativos vigentes del Tribunal de Fiscalización Laboral, los que, debido a su permanencia en el tiempo nos permiten afirman con absoluta firmeza que evidencian una tendencia resolutiva xxiii. La ─escueta─ justificación de la Intendencia para desvirtuar la valiosa información que aporta el experto no hace otra cosa que poner en relieve la palmaria afectación a este principio. Pues, de haberlo respetado y adoptado una postura imparcial que procure la obtención de la verdad material, habría concluido que, efectivamente, ALICORP se encuentra dentro de la excepción contemplada en el literal a) del artículo 217° del Decreto Supremo N°042-F.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la conducta imputada y el nexo de causalidad respecto al accidente de trabajo acontecido

“a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”9.

“6.15 En ese entendido, (…) dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…) 6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, (….) En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

i) Para ambos supuestos: Que, el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

9 Citado en el considerando tercero de la Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral.

ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente”.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción” (el resaltado es nuestro).

Figura Nº 01

10 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23).

11 Citando al autor Miguel Carmona Ruano. 6.13. En efecto, de acuerdo a la teoría de la causalidad adecuada12 , Jorge Suescún Melo13 -de manera ilustrativa- ha manifestado que “sólo deben considerarse como causa, aquellos hechos de los cuales quepa esperar, con base en criterios de probabilidad o de razonable regularidad, la producción de la consecuencia dañosa de que se trate”, circunstancia que el inspector deberá acreditar en cada caso en concreto, y así permitir la determinación de responsabilidad administrativa de los sujetos inspeccionados entre el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y el accidente de trabajo.

Respecto al incumplimiento por no incluir en el RISST los estándares de seguridad en las operaciones

Figura Nº 02

12 Tesis que este Tribunal ha venido empleado en sus pronunciamientos, como es el caso de la Resolución N° 066-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 13 Suescún Melo, J. (1996). Derecho privado, Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad de los Andes, v. 1, p. 174.

cómo este incumplimiento ocasiona el accidente de trabajo, en consecuencia, no se puede asociar la responsabilidad a la impugnante por la causa del accidente de trabajo producido. En consecuencia, se evidencia que el personal inspectivo no ha motivado debidamente la conducta infractora materia de imputación, puesto que, no ha logrado establecer bajo una conexión lógica como el incumplimiento por parte de la Inspeccionada conlleva a que se produzca el hecho fortuito suscitado.

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

14 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220 15 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. 14va Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 421 6.22. Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino,

fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

(…)

Figura Nº 03

Figura Nº 04

El concepto, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador —deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por la inspección del trabajo a través del deber de colaboración y el ejercicio de las facultades de la inspección del trabajo.

el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

- Ausencia de guardas de seguridad en el eje de transmisión de bancos semoleros. - No implementar barrera física para impedir que los trabajadores haciendo uso de la escalera tengan contacto con las partes móviles de la maquina sin guarda de protección. - Falta de señal de advertencia en la escalera móvil restringiendo su uso.

“…en materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 17

16 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 17 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 18 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar. b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores.

Figura Nº 05

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

Figura Nº 06

Figura Nº 07

Figura Nº 08

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso de que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Sobre la vulneración al principio de razonabilidad y presunción de veracidad

19 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438. 20 En términos generales, existe una similitud entre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2192-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 15. 21 López González, José Ignacio. El principio general de proporcionalidad en derecho administrativo, Universidad de Sevilla, 1998, pág. 108. obligaciones a los particulares, en virtud de una causa justificada, y solamente en la medida necesaria para obtener el fin que justifica dicha causa22.

22 Jiménez Alemán, J. A. (2018). Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano. Derecho & Sociedad, (50), 57-58. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ derechoysociedad/article/view/20374 23 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 24 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”25.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 267-2021-SUNAFIL/IRE- CAL/SIAI-IC 19/05/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 103-2022- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE 17/02/2022

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que obliga a que se disponga de una supervisión efectiva que permita controlar los actos y condiciones subestándares que ocurren en los lugares de trabajo, afectándole al trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

25 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa a señalización y advertencia de seguridad adecuados, suficientes y efectivas en el lugar de trabajo con relación a la escalera móvil que fue agente causante de lesiones fatales del trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ALICORP S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 097-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 155-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO las sanciones impuestas mediante Resolución de Sub Intendencia N° 103-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 15 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 097-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa a las condiciones de seguridad adecuados en la maquinaria y equipo de trabajo y por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que obliga a incluir en el RISST los estándares de seguridad en las operaciones.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 097-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en los extremos referentes a las dos infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que obliga a que se disponga de una supervisión efectiva que permita controlar los actos y condiciones subestándares que ocurren en los lugares de trabajo, afectándole al trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte, y no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo relativa a señalización y advertencia de seguridad adecuados, suficientes y efectivas en el lugar de trabajo con relación a la escalera móvil que fue agente causante de lesiones fatales del trabajador Heber Jhonatan Chira Huallpa, causándole la muerte. CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a ALICORP S.A.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230712MLA