Agrícola Cerró Prieto S.A — Res. 82-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1904-2019-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 41-2020-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 126-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 12 de agosto de 2020, y notificada el 18 de agosto de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 143-2020/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 357- 2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 17 de noviembre de 2020, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00 por haber incurrido en:

Con fecha 9 de diciembre del 2020, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 357-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 25-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 30 de diciembre de 2020, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, declaró improcedente el recurso de reconsideración, por considerar lo siguiente:

Con fecha 11 de febrero de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la resolución de Sub Intendencia N° 25-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 181-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 21 de setiembre de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 357-2020-SUNAFIL/IRE-LAM-SIRE, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 19 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 181-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQYE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 967-2021- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 22 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 181-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 9,450.00 por la comisión de una infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 28 de setiembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A.

Conforme al numeral 16 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 (en adelante, la LGIT), “El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores:(…) 16. Objetividad, en razón de la cual toda actuación de la

Al respecto, es pertinente indicar que, la normativa alegada se encuentra referida a la inspección de trabajo, en dicho sentido, de la revisión del expediente inspectivo, se advierte que a fojas 69 obra el documento denominado “Registro de investigación de accidentes e incidentes de trabajo”, en donde se observa que, en el acápite “Descripción” se detalla, de manera textual: “El trabajador Sr. Sánchez Martínez Andrés se encontraba en la actividad de deshierbo palana junto a sus compañeros de trabajo en el grupo del auxiliar Sr. Barturen Fernández Elías, al promediar las 8:30 de la mañana mientras realizaba su labor de palaneo una partícula se desprende del suelo directamente a su ojo derecho ocasionándole incomodidad al transcurrir las horas empezó a sentir mayor molestia y decidió lavarse con agua del tanque para reducir su molestia, luego procedió a comunicárselo a su compañero el Sr. Quispe Chavarri Alberto quien comunica a su auxiliar para su atención en tópico, quien le brinda el permiso para que vaya caminando al tópico debido a que se encontraba cerca”.

Como es de verse, en el mencionado documento, presentado por la impugnante en la diligencia inspectiva de fecha 06 de enero de 2020, detalla que el evento que ocasionó el accidente del señor Sánchez Martínez, ocurrió cuando se encontraba realizando la actividad de deshierbo de palana; lo cual fue consignado, de manera objetiva, por el inspector comisionado en el punto 4.3 de los hechos constatados del Acta de infracción, de ello, se desprende que, fue la impugnante quien en el documento mencionado en el considerando precedente, señaló que ingresó una partícula al ojo derecho del señor Sánchez, y que ello ocurrió cuando se encontraba realizando sus labores. En tal sentido, corresponde no acoger lo alegado en este extremo del recurso de revisión.

Conforme al numeral 4 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 (en adelante, la LGIT), “El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores:(…) 4. Equidad, debiendo dar igual tratamiento a las partes, sin conceder a ninguna de ellas ningún privilegio, aplicando las normas establecidas con equidad.”.

Al respecto, y estando a lo alegado por la impugnante, la Resolución de Sub Intendencia N° 357-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, encuentra su sustento en los hechos constatados consignados en el Acta de infracción, producto de las diligencias inspectivas de investigación realizadas en atención a la Orden de Inspección N° 1904-2019-SUNAFIL/IRE- LAM, en donde se recabaron documentos tales como: registro de investigación de accidentes e incidentes de trabajo y el Informe de investigación de accidente e incidente, los cuales fueron los medios con los que el inspector comisionado pudo determinar los incumplimientos de la impugnante. Así, de ninguna manera se ha ido en contra del principio de equidad, ya que se recabó información solicitándola a la impugnante; además, el procedimiento sancionador garantizó la equidad alegada, en tanto la impugnante tuvo la oportunidad de presentar su escrito descargos en cada etapa del procedimiento; por lo que, se desestima no acoger lo argumentado en este extremo del recurso de revisión.

De acuerdo con el Principio de Responsabilidad, previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 (en adelante, la LSST), que señala: “El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”.

Asimismo, sobre el hecho de que “se hace responsable de cualquier accidente de un trabajador a todo empleador”, importa traer a colación lo señalado por Morón Urbina respecto de la culpa: “Sobre la culpa corresponde indicar que el actuar imprudente implica la inobservancia de un deber legal exigible al sujeto. Este debe adecuar su comportamiento a lo prescrito por la norma; al no observar los parámetros normativos establecidos y, por ende, realizar la conducta tipificada, corresponde imputársele la comisión por un actuar imprudente, negligente, imperito o descuidado. Como se observa no existe una voluntad de transgresión de la norma, sino una desatención de esta que conllevó a la comisión de una infracción”9.

Los principios citados, en su recepción normativa refieren respectivamente a sistemas de responsabilización objetiva y subjetiva. A juicio de esta sala, la compatibilización entre ambos lineamientos lleva a apreciar razones válidas para deducir, junto con la normativa en seguridad y salud en el trabajo, el fundamento de la responsabilización objetiva, dado el valor de los bienes jurídicos tutelados (la integridad de la persona en su salud y su vida); lo mismo que para el procedimiento administrativo se considera al sistema de responsabilidad subjetiva, como expresión de la tutela de los derechos de los administrados que son conducidos a procedimientos sancionadores. Es así que, en la evaluación de este tipo de casos, esta Sala procurará adentrarse en el encausamiento de la responsabilidad subjetiva a partir de lo determinado por el inspector actuante, como forma de perfeccionar el encuadramiento genérico de responsabilidad objetiva declarada por la LSST y, en específico, de velar por una debida motivación en las competencias ejercidas dentro del Sistema de Inspección del Trabajo.

De lo expuesto, y los medios recabados por el personal inspectivo, ha quedado acreditado lo siguiente: a) la inobservancia de la normativa vigente relacionada a la formación e información por parte de la impugnante; y, b) el incumplimiento de las obligaciones de la impugnante, al no otorgar el equipo de protección personal, para asegurar la protección de la seguridad y salud del trabajador accidentado. Además, cabe mencionar que, es la propia impugnante quien elaboró su Informe de investigación del accidente, y consigna en éste que el accidente ocurre mientras el señor Sánchez Martínez realizaba labores de palaneo

Conforme a lo señalado en el artículo 16 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Es decir, los hechos comprobados en el Acta de Infracción gozan de una presunción relativa de certeza, la que puede ser desvirtuada con las pruebas que aporte la inspeccionada; sin embargo, no se ha presentado ninguna documentación que acredite lo alegado por la inspeccionada, respecto a la fecha y hora del accidente, máxime si lo constatado fue teniendo en consideración lo aportado por la misma impugnante en el trámite de las actuaciones inspectivas de investigación; en consecuencia, corresponde desestimar este extremo del escrito recursivo (énfasis añadido).

De acuerdo al numeral 28.10 del artículo 28 de la LGIT, “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”.

En esa línea, debe precisarse que para la configuración del tipo infractor previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo, y ii) que, como consecuencia de lo anterior, se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.

Así, la subsunción del incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo respecto a la formación e información de acuerdo con el puesto de trabajo; y, la entrega de equipos de protección personal, como causa del accidente de trabajo, ocurrido el 25 de setiembre de 2019, dentro del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, es acertada. Al respecto, debe dejarse establecido que el incumplimiento materia del presente procedimiento tuvo incidencia directa en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el trabajador afectado. Por tanto, carece de sustento alegar una vulneración al principio de tipicidad. En tal sentido, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.